martes, 21 de noviembre de 2017

Érase una vez...


Ocho grandes bancos se enfrentan a multas de más de 2.000 millones por manipular el Euríbor



Expansión, 20/11/2017.

Se espera que los acuerdos financieros definitivos entre las entidades y la CE se conozcan a comienzos del año que viene.

Un total de ocho grandes bancos deberán debatir en los próximos meses determinados acuerdos financieros con la Comisión Europea (CE), después de que el ejecutivo comunitario haya concluido cuatro años de investigación en la que se acusa a las entidades de participar en un acuerdo ilegal para manipular los tipos de interés de referencia, entre ellos el Euríbor.

En este sentido, se prevé que en los próximos meses se negocien los acuerdos concretos, que probablemente supondrán multas conjuntas de más de 2.000 millones de euros, por encima de las primeras multas impuestas por Competencia, según informaron fuentes cercanas al diario Financial Times. Tal y como apunta el rotativo británico, a principios de este año ambas partes se reunieron para poner en marcha los primeros pasos del proceso, mientras que se prevé que los acuerdos definitivos se conozcan a principios de 2018.

En diciembre de 2013, la CE imponía una multa a Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland (RBS), Société Générale, JPMorgan, Citigroup y la firma bróker RPMartin por importe de 1.710 millones de euros por participar en un cártel ilegal en el mercado de derivados financieros en el Espacio Económico Europeo (EEE), la sanción más elevada jamás impuesta por Bruselas hasta ese momento.

En concreto, cuatro de las entidades (Barclays, Deutsche Bank, RBS y Société Général) participaron en un cártel entre septiembre de 2005 y mayo de 2008 por manipular derivados del Euríbor. No obstante, Barclays se libró de una sanción de 690.000 euros por ser la primera entidad que denunció la existencia del cártel, mientras que las otras tres entidades vieron rebajadas sus multas entre un 5% y un 50% por colaborar.

La más alta fue para el alemán Deutsche Bank, con más de 465 millones de euros por el cártel del Euríbor. El Ejecutivo comunitario mantenía además procedimientos abiertos contra Crédit Agricole, HSBC y JPMorgan.

Al mismo tiempo, seis entidades UBS, RBS, Deutsche Bank, JPMorgan, Citigroup y RPMartin participaron en uno o varios acuerdos bilaterales entre 2007 y 2010 sobre productos derivados de tipos de interés referenciados al yen japonés, compartiendo además información comercial "sensible" entre ellos.

UBS, que recibió inmunidad total, se libró de una multa de 2.500 millones de euros por ser el primer banco que denunció la existencia del cártel. También Citigroup se benefició de una rebaja del 100% de la multa en uno de los casos, si bien tenía que pagar 70 millones de euros por otras infracciones. En este caso, la mayor penalización será para RBS, que tuvo que afrontar una sanción de 260 millones. En el marco de esta investigación, también se abrió un procedimiento contra el bróker ICAP.

Según la CE, esta colusión entre competidores está totalmente prohibida por el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 53 del EEE. "Lo que es impactante en los escándalos del Líbor y del Euríbor no es sólo la manipulación de los índices de referencia, sino también la colaboración entre bancos que deberían competir entre ellos", denunciaba entonces el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.

Finalmente, la Comisión consideró probado que estas entidades distorsionaron "el curso normal de la formación de precios de los componentes que formaban estos derivados".

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lunes, 20 de noviembre de 2017

Transparencia bancaria


La banca canadiense, sueca y australiana, vulnerable ante una burbuja inmobiliaria, según Moody's



Bolsamanía,| 20/11/2017. 

El sector bancario de Canadá, Suecia y Australia es cada vez más vulnerable a una posible caída repentina de los precios de la vivienda tras más de 16 años en los que se ha se ha fraguado una burbuja inmobiliaria en sus respectivos países.

Así se desprende de un informe titulado 'Banca global: la posible caída del precio de la vivienda plantea riesgos para los bancos canadienses, suecos y australianos' realizado por Moody's, donde apunta que los precios del sector inmobiliario han subido durante más de 16 años consecutivos en estos países.

En concreto, entre 2000 y 2016, los precios de las viviendas se han incrementado un 144% en Suecia, un 115% en Canadá y un 113% en Australia, al tiempo que el endeudamiento de los hogares ha aumentado "considerablemente" y las hipotecas representan hasta el 63% de los préstamos bancarios en Australia, el 48% en Suecia y el 39% en Canadá.

En este sentido, Moody's estima que los precios de los hogares continuarán aumentando en los próximos 12 a 18 meses en Canadá y Australia, aunque a un ritmo más lento, y asegura que los datos preliminares sugieren que el mercado de la vivienda en Suecia ya podría estar cambiando.

"Cualquier tipo de corrección en el precio de la vivienda en estos países, las medidas de protección de los contratos hipotecarios y otras prácticas regulatorias bancarias limitarían las posibles pérdidas", señala el documento.

No obstante, la vicepresidenta y directora de crédito senior de Moody's Louise Lundberg, explicó que estos bancos están expuestos a otros efectos de segundo orden. "Una desaceleración económica importante que, probablemente, acompañe a la corrección sustancial de los precios daría lugar a mayores impagos de préstamos", indicó Lundberg.

Con todo, Moody's prevé que los bancos puedan finalmente absorber cualquier pérdida a través de sus ganancias y que, el impacto sobre sus niveles de capital, que actualmente considera en un nivel "fuerte" y "adecuado", sería "limitado.

Suponiendo un escenario sin cambios, --aunque en caso de 'shock' el escenario se alteraría-- las pérdidas por préstamos de los bancos canadienses aumentarían un 2,2% (0,4% en 2016), en Australia lo harían un 1,8% (0,2% en 2016) y en Suecia un 1,4% (0,1% en 2016).

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domingo, 19 de noviembre de 2017

La bola de cristal del Banco de España


Los inspectores afirman que el supervisor español y europeo está en manos de la banca



Por Íñigo de Barrón
El País, 15/11/17. 

El secretario de la Asociación de Inspectores del Banco de España, José Antonio Delgado Manzanares, ha lanzado en el Congreso de los Diputados la crítica más dura conocida hasta ahora a la actuación del Banco de España y ha extendido al BCE buena parte de los males. A lo largo de su discurso en la comisión de investigación de la crisis financiera, Delgado apuntó entre las responsabilidades del Banco de España "la captura del supervisor ante la influencia de las propias entidades supervisadas" que se ha traducido en "apartar de la inspección de determinadas entidades a los que destapaban irregularidades".

Además, apuntó que en la época de las fusiones, el supervisor permitió que casi todas las cajas presentaran "beneficios ficticios" aunque tenían "pérdidas millonarias que les hubieran impedido" realizar las uniones. "El Banco de España tenía las herramientas para haber frenado la crisis, pero no lo quiso hacer", aseguró. Además, recordó que el Banco Popular ha quedado en manos del Santander sin "informe de inspección, solo con "un informe de una firma privada de auditoría".

La gravedad de las acusaciones de la Asociación de Inspectores del Banco de España se basa en que representa a la mayoría de este cuerpo y que lleva más de 10 años realizando advertencias de extrema gravedad sobre las deficiencias en la supervisión, antes del estallido de la crisis. Al inicio de su discurso dijo que era necesario "mirar hacia el futuro, analizando con rigor las medidas que se precisan para que no se vuelvan a cometer los mismos errores que han provocado devastadoras consecuencias para miles de ciudadanos". Dijo que no querían hacer "una enmienda a la totalidad de la actuación del Banco de España", aunque a continuación describió una actuación irresponsable y cercana al delito.

Arrancó su mensaje afirmando que "los gestores han sido los principales responsables de la crisis" y que deberían estar "inhabilitados para ejercer cualquier función similar en el futuro", pero lamentó que el Banco de España solo haya buscado castigos vía penal "sin incoar expedientes sancionadores".

Pero las cargas de profundidad llegaron después. Comentó que uno de "los temas más relevantes es la captura del supervisor ante la influencia de las propias entidades supervisadas. La influencia de la industria ha ido modulando la supervisión, de modo que con un supuesto buen clima de diálogo, se ha ido relajando la aplicación de medidas correctivas sobre las deficiencias observadas y se sustituyen actas de inspección por recomendaciones".

Incluso afirmó que "esta negativa influencia de las entidades en el supervisor es una de las causas (no la única) que explica" la crisis "y que, lamentablemente, seguimos teniendo que denunciar en el marco del Mecanismo Único de Supervisión", dependiente del BCE. "Se aparta de la inspección de determinadas entidades a compañeros que destapan irregularidades, deficiencias o déficits patrimoniales en dichas entidades que se tratan de minimizar o de ocultar".

En resumen, afirmó, "se ha actuado de un modo excesivamente suave con infracciones que podrían tipificarse de muy graves, que afectaban a la solvencia y a la gestión; se ha sido laxo con las remuneraciones estratosféricas de los gestores, sobre todo de cajas, muchas de las cuales han sido nacionalizadas y sus directivos condenados penalmente".

Y lo más grave es que aclaró que esta situación "no tiene visos de revertir en la actualidad por el proceso de concentración del sistema financiero que convierte en sistémicas a las entidades, lo que, además de hacer más difícil su control, implica un daño que puede causar una crisis que crece exponencialmente, lo que implica que el poder de influencia de las entidades sobre el supervisor se multiplica cuando la situación es saneada... y también cuando no lo es".

La regulación en la sombra

Según Delgado, la base de muchos problemas viene porque el Banco de España realizaba "interpretaciones de la normativa, que en realidad suponía no aplicar la normativa. Se mantuvo una especie de regulación paralela, en la sombra, carente de base legal". Esta actitud permitió desde 2010, se permitió que las pérdidas se cargaran contra los recursos propios y no contra la cuenta de resultados. La consecuencia fue, en opinión del secretario de la Asociación de Inspectores, que se evitó que "todas las cajas que participaron en los SIP (fusiones frías) habrían declarado pérdidas millonarias, que hubieran impedido las fusiones". En su opinión, se hizo para evitar su intervención. Negó que el efecto de esta medida fuera neutro, como han declarado los gobernadores del Banco de España que han declarado con anterioridad en esta comisión.

 Declarar los "beneficios contables ficticios, que no eran reales, les permitió declarar beneficios, pagar la obra social, intereses a los preferentistas y lo que es más escandaloso, pagar bonus a los directivos y empleados de entidades en crisis y con ayudas públicas". "Este quebranto supuso cargar contra reservas 450 millones, de los que 110 millones fueron bonus", cantidad que comparó con los 15 millones de las tarjetas black.

Delgado recordó que ha sido el FROB y los actuales gestores los que han llevado a la Fiscalía a los gestores "y no nuestra casa". Cargó con dureza contra las auditorías: "Ni una sola auditoría de las entidades en crisis presentó un informe con salvedades", recordó. Este asunto también se ha dado ahora con la quiebra del Popular. "No se ha requerido un informe de inspección sobre la crisis del Popular. No se han hecho los informes de fusión que consideramos imprescindibles. ¿Es admisible que una decisión tan grave", en referencia a su liquidación, "sobre entidad supervisada, se adopte basándose el informe de una firma privada de auditoría, que además está oculto?", se preguntó. Y cuestionó, entonces, la utilidad de la inspección del Banco de España y del BCE.

En las respuestas a los diputados, Delgado fue más lejos y afirmó que un responsable de inspección del Popular, Ignacio Pardo, tuvo problemas porque reflejó problemas en sus informes sobre el banco, "que después no llegaban a los de arriba". El ponente dijo haber sufrido represalias personalmente por parte de Margarita Delgado, antes responsable de la supervisión en el Banco de España y ahora en el BCE, "por no ser flexible y me apartaron de la inspección de Liberbank". Incluso comentó que se elevó su caso a Ramón Quintana, también algo cargo en España y ahora director general del MUS en Frankfort, "que no hizo nada".

Nueva regulación de la inspección

Para evitar todos estos problemas, Delgado propuso a los diputados el establecimiento de un marco regulatorio que garantice la independencia de los inspectores, al tiempo que destacó la necesidad de una revisión "con profundidad" del estatuto de la institución en materia de supervisión.

"El punto de partida debe ser dotar a la función inspectora de un adecuado marco regulatorio que garantice la independencia", afirmó Delgado. Según explicó, entre los principios básicos debería encontrarse la recuperación del "papel básico" del inspector, así como la obligatoriedad de realizar un informe previo de inspección en los procedimientos en los que se ejerzan potestades administrativas.

Además, destacó la necesidad de que exista un sistema de acceso que "garantice la independencia" de los inspectores. "Se debe potenciar el sistema de oposición como fórmula de entrada en la inspección", señaló Delgado. El secretario de la Asociación de Inspectores ha mostrado la "gran preocupación" de la misma por los cambios introducidos en esta materia por la comisión ejecutiva de la institución, como la mayor valoración de la "flexibilidad" del candidato.


"La flexibilidad malentendida ha sido una de las principales razones que nos han llevado a la crisis", ha señalado, y ha añadido que desde la asociación no entienden por qué estos cambios han sido introducidos "con tanta urgencia" en la fase final del mandato de la comisión. Delgado ha pedido "que se convoquen las plazas como tradicionalmente se ha hecho" con el objetivo de proporcionar un "máximo respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad".

Además, ha pedido que en ese marco regulatorio se regule la coordinación de la institución con los órganos jurisdiccionales, para que los inspectores puedan colaborar con la justicia "con las máximas garantías".

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