domingo, 24 de septiembre de 2017

Atracos en el siglo XXI


Sobre una banca pública en Navarra



Por Carlos Andrés Uranga
Diario de Navarra, 04/09/2017

El pasado martes 29 de agosto este periódico publicaba un artículo titulado 'Txarka Pública' acerca del informe que estudiará la viabilidad de una banca pública en Navarra, tal y como se recoge en el Acuerdo Programático del cuatripartito. Creo que el artículo induce al lector a error, por lo que quisiera aclarar algunas imprecisiones. Antes que nada, debería saber la autora que gastar el dinero en un estudio previo es de todo menos malgastar, ya que como se dice en inglés, Prior preparation prevents poor performance. El auténtico despilfarro (además de negligencia) sería tomar una decisión en un ámbito tan delicado sin considerar toda la información disponible. Es más, esta es una máxima que se debería de aplicar independientemente del color del gobierno, pues favorece una gestión prudente de los recursos públicos.

La autora afirma que la CAN, “lo diga Kontuz o el sursuncorda” es una entidad privada por sentencia del Tribunal Supremo. Ni lo uno ni lo otro es cierto, ya que fue el Tribunal Constitucional quien en su sentencia 49/1988 dictaminó que se trata de un ente de carácter social, cuya finalidad no es la de distribuir beneficios, sino dedicar su excedente a obra social. Dicha sentencia, que parece obviar la autora, marcó su carácter atípico, al ser entidades sin ánimo de lucro, lo que no responde al concepto tradicional de empresa.

También afirma que “la banca pública no es una buena idea porque si no todas las CC AA tendrían una”. Y tanto que si la tienen. No estoy hablando ya de las Sociedades de Garantía Recíproca, a través de las cuales prácticamente todas las CC AA participan en la concesión de avales a empresas locales -asumiendo por tanto riesgo contra las cuentas públicas-, sino de entes públicos que funcionan como brazos financieros que permiten articular la política financiera. ¿Qué son si no el Instituto Vasco de Finanzas o el Institut Valencià de Finances? Auténticas herramientas para canalizar y centrar los recursos en aquellas actividades de mayor valor añadido, y que pueden quedarse fuera del flujo de financiación proporcionado por el sector privado.

Si bien estos entes no pueden realizar la actividad reservada para las entidades de crédito, como es la captación de fondos reembolsables del público, sí que su estructura les permite acceder a mercados mayoristas con unos márgenes cercanos al tipo medio de contratación de las entidades de crédito. Además, el hecho de no ser entidad de crédito les exime del cumplimiento de requerimientos que, de otro modo, imposibilitarían su actividad.

Tiene razón la autora al decir que “un banco público no daría dinero a quien no demuestra que puede devolverlo”. Si bien es una afirmación prudente, debería saber que la función de estos entes no sería en ningún momento la de sustituir o competir con el sector privado, si no de complementarlo y propiciar que el crédito llegue a aquellos sectores que podrían estar marginados si se analizan desde una óptica meramente financiera.

Por tanto, no se trata de descartar de entrada el proyecto simplemente porque nos chirríe aquello de “banca pública”, sino de estudiarlo en profundidad, sabiendo que es una herramienta que puede ayudar al desarrollo del territorio navarro durante las próximas generaciones.

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sábado, 23 de septiembre de 2017

Guindos se confiesa


Anticorrupción pide investigar a Ángel Ron y Emilio Saracho por la quiebra del Popular



Público.es, 22/09/2017.

La Fiscalía Anticorrupción se ha dirigido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu instándole a que admita a trámite las querellas presentadas contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho y sus consejos de administración, por la quiebra de la entidad.

En total, se han presentado una treintena de querellas por la liquidación del banco, intervenido el pasado 7 junio y posteriormente vendido al Santander al precio de un euro.

La operación, decidida por el Banco Central Europeo (BCE) a través de la Junta Única de Resolución y ejecutada por el FROB, implicó la reducción a cero del capital social del banco, y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en Bolsa.

Según fuentes jurídicas, si bien es partidaria de investigar a las antiguas cúpulas del banco, Anticorrupción no ve necesario incluir en las diligencias a los organismos supervisores, el Banco de España y la Comisión Nacional del Merado de Valores (CNMV).

Entre las querellas contra los exdirectivos destaca la que presentó la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el pasado mes de julio contra el expresidente Ron; el ex consejero delegado (CEO) Pedro Larena; el exvicepresidente Roberto Higuera; la firma auditora PwC, y el socio firmante, Francisco Barrios, por falsedad contable y estafa al inversor.

También el despacho Cremades & Calvo Sotelo amplió en julio con una querella la denuncia presentada contra Saracho por presunta administración desleal. Estos pleitos se suman a los recursos contencioso administrativos interpuestos contra el papel de la Junta Única de Resolución (JUR) y el FROB, encargado de ejecutar la operación.

Además, numerosos inversores del banco han demandado a la JUR para obligarla a publicar un informe de Deloitte que sirvió de base para la operación y que atribuía al banco una valoración negativa que oscilaba entre 2.000 y 8.200 millones de euros pero que, en un escenario más positivo, le concedía una valoración de 1.500 millones de euros.
Recursos de fondos de inversión

El fondo de inversión estadounidense Pimco y otras cuatro firmas inversoras -Anchorage, Algebris, Ronit Capital y Caim Capital- presentaron el 7 de septiembre un recurso contencioso administrativo contra el FROB por su papel en la resolución y venta del Popular, que en conjunto les costó 850 millones de euros.

Asimismo, el grupo chileno Luksic, cuya participación en el Popular -que pasó de 113 millones de euros a cero- alcanzaba un 3,45 %, también presentó un recurso contencioso-administrativo contra el FROB, y ayer hizo lo mismo contra la JUR y la Comisión Europea (CE) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por su parte, el que fuera el principal accionista individual en el Popular, el mexicano Antonio del Valle, que poseía un 4,2 % del capital del banco y que ha perdido 550 millones de euros, ya presentó su denuncia a la JUR.

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viernes, 22 de septiembre de 2017

Ali-Ba-Bank


La banca transmite a JP Morgan que el referéndum de Cataluña será "un fiasco"



El Economista.es, 20/09/2017 (Extracto).

JP Morgan Cazenove ha mantenido recientemente reuniones con bancos españoles y, según la firma, le han transmitido, entre otras cuestiones, que el referéndum sobre la independencia de Cataluña es un "fiasco" y "solo ruido".

"Los bancos españoles con los que nos hemos reunido creen que el referéndum de independencia de Cataluña será un fiasco, ya que es ilegal según la legislación española", señala la firma en un informe al que ha tenido acceso Europa Press, en el que añade que "el referéndum de la independencia catalana es solo ruido, de acuerdo con los bancos".

Por otra parte, la firma indica que el crecimiento estimado del 3,1% en el Producto Interior Bruto (PIB) español no se está trasladando a un crecimiento del crédito, con la expectativa de que el sistema de préstamos se equilibre en 2018.

Además, JP Morgan Cazenove apunta en el informe que "hay más alcance para reducciones de redes de oficinas y plantillas en España mientras la banca se haga más móvil".

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