sábado, 24 de febrero de 2018

La ofensiva liberal


Banca e independentismo: el ejemplo de Canadá



Por Andy Robinson
CTXT.es, 21/02/2018.

Una de las cosas que me llamaron la atención durante una visita a Montreal el mes pasado fue el papel de las instituciones financieras en los años de tensión ideológica y territorial. Puesto que el encargo era explicar lo ocurrido en Quebec en clave catalana, creo que el asunto tiene mucha relevancia. Y la diferencia radical entre el comportamiento de las cajas y otras instituciones de ahorro quebequenses y los bancos canadienses con sede entonces en Montreal puede demostrar hasta qué punto echaremos de menos aquellas cajas borradas de la faz de la tierra por el gobierno del PP bajo instrucciones del Banco Central Europeo durante la euro crisis

Tal y como se explica en el artículo que publicó La Vanguardia, al comprobar el ascenso meteórico del independentista Partido Quebequense en los años setenta, los bancos más emblemáticos de Canadá se esfumaron tras dar aquel primer golpe de efecto claramente politizado, el llamado “coup de Brink’s” de abril de 1970, cuando nueve furgonetas blindadas de la empresa de seguridad Brink’s, llenas de billetes de 1.000 dólares canadienses, salieron de la sede histórica del banco Royal Trust y no pararon hasta llegar a Toronto. En los siguientes diez años se destruirían 50.000 empleos en el sector bancario.

Pero no se marcharon las mutuas, entidades sin ánimo de lucro que en Estados Unidos se calificarían de credit unions y que, salvando las distancias, en España se llamarían cajas. La red de cajas de ahorros quebequenses, Desjardins, por ejemplo –una sociedad mutua que no responde únicamente a criterios de mercado- desempeñó un papel crítico para la creación de un nuevo tejido empresarial local y francófono, una nueva clase de emprendedores francoparlantes que creó empresas como Cirque du Soleil o la empresa de juegos Ubisoft, inventora del juego Assassin’s creed. Una buena imagen del cambio es el coworking Crew en la vieja sede del Royal Bank of Canada, un edificio imperial de estilo deco en el Viejo Montreal, donde cientos de jóvenes emprendedores diseñan sus starts up en el espacio del viejo banco que abandonó Montreal.

Quebec logró implementar una política industrial que protegía a su economía del peligro de la deslocalización empresarial  y bancaria –bien sea por motivos políticos bien por razones de beneficios empresariales– y esas instituciones financieras semi públicas fueron imprescindibles. El más importante era el gigantesco fondo de pensiones semipúblico Caisse de Depots et Placement que gestiona activos por más de 230.000 millones de euros. “La Caisse sirve para proteger a nuestras empresas medianas de adquisiciones hostiles”, me explicó Alain Gagnon, catedrático de ciencias políticas en la Universidad de Quebec. El fondo ha invertido en empresas quebequenses como la cadena de supermercados Provigo y la papelera Domtar, lo cual ha prevenido cualquier deslocalización provocada por factores económicos o políticos.

Asimismo, la red de cajas de ahorros, Desjardins, apoya a empresas locales. “Es inimaginable que las cajas Desjardins hubiesen salido y montado sus sedes fuera como ocurrió en Catalunya”, dijo Gangon. Uno de los motivos por los que think tanksultraconservadores como el Fraser Institute en Vancouver –citado por ideólogos del PP para defender sus posiciones de negación del derecho a decidir en Catalunya– han arremetido con tanta dureza contra las políticas quebequenses, es el éxito de estos programas de política industrial dirigida por los bancos semipúblicos y la Caisse de Dépôt. Han resultado muy eficaces para permitir una espectacular reconversión de la economía quebequense tras la salida de los grandes bancos y otras gigantes de la economía “anglo”. Y eso preocupa a los neoliberales “anglo” en Canadá, que prefieren el modelo del salvaje oeste de Alberta, con su mercado libre, la financiación especulativa mediante la Bolsa de Toronto y las grandes minas de arenas bituminosas que destruyen el medioambiente.

Dado todo esto, quizás conviene hacer un un ejercicio intelectual, de los que escasean en el demagógico debate sobre la crisis de régimen española. Pongamos que, en vez de en octubre de 2017, hubiese ocurrido hace dos décadas el enfrentamiento entre Madrid y Catalunya por el derecho a celebrar un referéndum sobre la soberanía catalana. (En Canadá se celebraron dos referendos sobre la soberanía de Quebec y, en caso de que los quebequenses quisieran, podrían celebrarse cien más). Pongamos que la gran crisis hubiese ocurrido en 1987 o 1997 o incluso en 2007. Entonces, la Caixa de Catalunya, con su logotipo tan nacionalista y mironiano, aún era una institución que no respondía únicamente a criterios de mercado en sus decisiones de invertir y prestar dinero.

La Caixa, cuando yo llegué a Catalunya en los años ochenta, se parecía más a un hibrido entre la Caisse de Dépôt et Placement y la caja Desjardins. Contaba con una enorme cartera de inversiones y la capacidad para frenar OPAs hostiles en empresas consideradas importantes para el proyecto de crear una economía ajustada a las necesidades del desarrollo local (nacional si se quiere), y también de una red de pequeñas oficinas cuyo objetivo era proporcionar créditos a las pymes catalanas.

Pongamos, pues, que se hubiese celebrado en aquellos años el referéndum extra-constitucional sobre la independencia, y que se hubiese producido la extraordinaria actuación de la Policía en Catalunya que, como me comentó Mario Polese, un economista del Centro de Urbanización Cultura y sociedad en Montreal, “jamás hubiera podido ocurrir en Quebec ni después del asesinato del político canadiense [a manos del Frente de Liberación quebequense]”.

Yo plantearía que, aun siendo una caja, tal vez la Caixa habría actuado como la Caisse de Dépôt et Placement y la caja Desjardins, que permanecieron en Quebec incluso en los momentos más oscuros. A fin de cuentas, como sus homólogos financieros quebequenses, existía entonces precisamente para proteger la economía local (o nacional, si se prefiere) y fomentar su desarrollo. Si este fuera el caso, conviene preguntar por qué la Caixa se convirtió en un banco convencional, regido únicamente por el ánimo de lucro, al igual que aquellos grandes bancos canadienses anglosajones que sacaron el dinero de muchos clientes quebequenses en furgonetas blindadas ante el auge del separatismo.

¿Porque La  Caixa acabó siendo Caixabank? La respuesta, claro, es la crisis del euro. Pese a que esta crisis hubiera sido provocada por los bancos de EEUU que, siguiendo las consignas de su mandato de optimizar beneficios y globalizarse como fuera, habían especulado hasta límites desconocidos en la historia  financiera, la respuesta de Europa al contagio en la zona euro no fue desmantelar los grandes bancos y hacerles actuar en nombre del bien público. No, la respuesta fue convertir las cajas en bancos anglosajones...

Cuando España miraba al abismo de la insolvencia, las recetas que llegaron desde el Banco Central Europeo en Fráncfort decían: “Las cajas son instrumentos politizados, hay que cerrarlas o convertirlas en bancos”. Por supuesto, esta estricta condicionalidad alemana aplicada al programa de rescate vino de perlas a quienes en Madrid siempre prefirieron el modelo Banco Santander al modelo Caixa.

Avanzando aún más en el experimento, quizás esa es la razón por la que los gobiernos europeos han cerrado filas en torno al gobierno en Madrid con tanto entusiasmo, una posición políticamente complicada ya que, como sabe cualquiera que lea la prensa europea, la opinión pública fuera de España está claramente contra la intransigencia de Madrid.

La defensa acérrima de los líderes europeos al Estado español en su defensa de una constitución hecha de piedra (a diferencia de la canadiense) y contra el referéndum catalán no se debe a que, como dice el genio de la evasión fiscal Jean Claude Juncker, el nacionalismo siempre acaba en guerras. No. Según el experimento intelectual hecho en Montreal quedaría claro que el miedo europeo al nacionalismo responde al hecho de que la UE ya representa un proyecto de globalización neoliberal financiarizada en el cual la protección del espacio local (nacional, si se quiere) no es permisible.

Todo local confirma lo que muchos han dicho con acierto en la izquierda catalana y española, sean partidarios de la independencia catalana o no. La banca pública ya es una reivindicación clave para defendernos contra el autoritarismo centralizador compinchado con el globalismo neoliberal. Quebec Solidaire, el partido de la izquierda independentista que empieza a quitar votos al Partido Quebequois lo sabe muy bien. “Estamos hablando mucho de la importancia  de la banca pública y de la protección de servicios públicos como la sanidad, la educación y la vivienda”, dijo Andre Frappier, cartero de correos jubilado y sindicalista que milita en Quebec Solidaire. “Y seguimos convencidos de que para lograrlo hace falta un Quebec independiente”.

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viernes, 23 de febrero de 2018

Forges en el recuerdo


El constante desfile por los juzgados, el triste epílogo de las antiguas cajas catalanas



Por Marc Font
Público.es, 20/02/2018.

El mapa financiero catalán ha cambiado radicalmente en la última década. El último movimiento ha sido el reciente traslado de las sedes de Caixabank y Banco Sabadell, las dos grandes entidades catalanas, a Valencia y Alicante, respectivamente. Antes, sin embargo, el antiguo mapa de cajas de ahorro ya había desaparecido casi completamente, hasta el punto de que hoy sólo conservan su sede en Catalunya dos entidades pequeñas como son Caja de Ingenieros y Caixa Guissona.

Con la excepción de la todopoderosa Caixabank, el grueso de las cajas catalanas pasó a la historia mediante procesos de fusiones y adquisiciones después de que la crisis económica pusiera de manifiesto la pésima gestión que, en numerosos casos, habían arrastrado. En muy poco tiempo pasaron de ser el gran poder económico local a convertirse sólo un recuerdo del pasado, en buena parte salpicado por una desaforada apuesta por el ladrillo en los años de la burbuja.

Fruto de esta gestión, los últimos años han salido a la luz varios escándalos que han llevado a los tribunales a los responsables de algunas de las antiguas cajas.

A partir de este 20 de febrero, empiezan a declarar los 15 exdirectivos de la antigua CatalunyaCaixa citados como imputados en la Audiencia Nacional por un presunto delito de administración desleal que generó un agujero de 720 millones de euros a la entidad. No es el único escándalo de CatalunyaCaixa, ya que una parte de su cúpula, que presidía el ex ministro socialista Narcís Serra, también tiene pendiente el juicio oral por los sobresueldos que se otorgaron. Directivos de las antiguas Caixa Penedès y Laietana también han pisado los juzgados por escándalos varios. Ninguna de estas entidades existe hoy en día.

Hace una década había una decena de cajas de ahorro de cierta dimensión en Catalunya, de las que sólo resiste Caixabank, aunque transformada en un banco. La entidad de la estrella absorbió Caixa Girona en 2010. Las antiguas cajas Catalunya, Tarragona y Manresa se fusionaron para crear CatalunyaCaixa también en 2010. Dos años más tarde, la entidad fue intervenida y rescatada con 12.000 millones de euros públicos y en 2014 pasó a manos del BBVA. La misma entidad abonó un euro en 2012 para quedarse Unnim, que había sido el resultado de la fusión de las cajas de Manlleu, Sabadell y Terrassa. Caixa Penedès unirse a otras entidades del Estado para formar el Banco Mare Nostrum, pero en mayo de 2013 salió para integrarse al Banco Sabadell. Finalmente, la antigua Caja Laietana quedó disuelta en Bankia, otra entidad rescatada con fondos públicos.

La ruinosa apuesta por el ladrillo de CatalunyaCaixa

¿Qué pasó en CatalunyaCaixa? Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, entre los años 2000 y 2007 —cuando aún se llamaba Caixa Catalunya— la entidad habría participado en una quincena de operaciones inmobiliarias en las que se habrían producido "notables irregularidades".

Según la instrucción, la caja avaló "la mayoría" de las operaciones analizadas "confiando en la palabra" de los socios en la inversión, "sin informes previos externos independientes al proyecto" y sin llevar a cabo "análisis exhaustivos de aspectos como la solvencia y capacidad de los asociados ". Tampoco se habrían llevado a cabo informes jurídicos sobre los contratos de las operaciones.

La Fiscalía añade que casi todas las operaciones analizadas requerían superar trámites urbanísticos "ineludibles" y de "resolución incierta" antes de poder construir las viviendas.

En algunos casos se adquirieron terrenos no urbanizables o, incluso, declarados de especial interés. El mismo Narcís Serra, presidente de la entidad entre 2005 y 2010, resumió la apuesta por el inmobiliario con una frase reveladora: "Hay cajas que tenían una inmobiliaria, pero nosotros éramos una inmobiliaria que tenía una caja".

Los proyectos especulativos iban mucho más allá de su área de influencia y había, por ejemplo, en Murcia o Polonia. Aparte de Serra, que ha sido alcalde de Barcelona, ​​ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno, los principales imputados son Josep Maria Loza y Adolf Todó. Loza era el director general de la entidad cuando Sierra llegó a la presidencia, mientras que Todó sucedió Loza en 2008 y se mantuvo en el cargo hasta el 2013.

Paralelamente, Serra, Todó y 39 personas más que formaban parte del consejo de administración de la entidad en el año 2010 están a la espera de juicio oral, también imputados por administración desleal, por el caso de los sobresueldos a la entidad . Según la Fiscalía, los exdirectivos aprobaron otorgarse a sí mismos "retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas" y "ajenas a la situación real de solvencia" de la entidad ".

Prejubilaciones astronómicas en Caixa Penedès

En mayo de 2014 cuatro exdirectivos de la antigua Caixa Penedès evitaron el ingreso en prisión tras alcanzar un acuerdo con la Audiencia Nacional para devolver los 28,6 millones de euros que se habían adjudicado irregularmente en pensiones y prejubilaciones en 2010, justo antes de que la entidad se integrara en el Banco Mare Nostrum. El acuerdo provocó una rebaja de las penas y, por tanto, permitió esquivar la cárcel a Ricard Pagès, ex director general de Caixa Penedès, y en tres de sus colaboradores, Manuel Troyano, Santiago Abella y Joan Caellas.

Curiosamente, días antes de admitir el delito los cuatro condenados habían defendido su inocencia en la Audiencia Nacional. Paralelamente, hace un par de años 760 trabajadores presentaron una denuncia colectiva para reclamar que su plan de pensiones y previsión social se había reducido fraudulentamente en 8,7 millones de euros. Según acreditó la sentencia de la Audiencia Nacional, los exdirectivos condenados fueron los que se apropiaron de los fondos en beneficio propio.

El fraude de las preferentes de Caixa Laietana

Caixa Laietana fue una de las entidades que contribuyó a inflar el enorme agujero de Bankia, posteriormente rescatada con carretadas de dinero público. La entidad de Mataró fue una de las grandes protagonistas de la enorme fraude de las participaciones preferentes.

Según diversos cálculos, la entidad habría vendido este producto financiero a unos 15.000 clientes, una cifra elevadísima teniendo en cuenta la población de Mataró (125.000 habitantes), donde se concentraba buena parte de su negocio.

Con los años, numerosas sentencias han condenado la entidad —ahora ya como Bankia— a devolver el dinero a los clientes, que no fueron informados debidamente sobre los riesgos de este producto. Además, el ex director general de la entidad Pere Antoni de Doria y ex presidente Josep Ibern, además de otros cinco directivos, fueron imputados por un presunto delito de estafa por la colocación de participaciones preferentes a una familia de Vallgorguina. El juicio se celebró hace un tiempo, pero de momento aún no tiene sentencia firme.

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jueves, 22 de febrero de 2018

Se nos ha ido uno de los mejores. Hasta siempre, Forges.


El gobernador letón acusado de exigir sobornos teme por su vida y se aferra al banco central



Por Álvaro Sánchez
El País, 22/02/2018.

Un criterio para medir la influencia es la distancia a la que se vive del susurro de Mario Draghi. Ilmars Rimsevics, gobernador del Banco Central de Letonia, ha residido a unos metros de las palabras y oídos del presidente del BCE cada mes y medio. Rimsevics es un hombre importante. Su nombre, como el de otros muchos hombres importantes, apenas era conocido hasta este sábado fuera de las fronteras de su país. Visto el motivo de su repentina celebridad, nadie duda de que habría preferido preservar ese semi-anonimato.

Miembro del consejo de gobierno del BCE como máxima autoridad bancaria de Letonia, la última semana ha paseado por el ojo del huracán. Un banquero central sube tipos de interés, controla la inflación, y transmite señales de lo que está por venir en política monetaria. Rimsevics ha sido acusado de exigir sobornos, ha respondido preguntas de los inspectores anticorrupción durante ocho horas en plena noche, ha sido detenido dos días. Y mientras el escándalo le salpica de lleno, ha evitado con todas sus fuerzas conjugar el verbo dimitir.

Los hechos se conocieron en la mañana del domingo, cuando el Gobierno letón hizo pública su detención sin explicar los motivos. Al ser requerido por los agentes antifraude, Rimsevics regresó al país urgentemente, y nada más aterrizar en Riga tuvo que responder a un extenso interrogatorio sobre los cargos de soborno que se le atribuyen. Según la agencia Associated Press, la entidad financiera letona Norvik Bank acusó a Rimsevics de exigirle 100.000 euros bajo la amenaza de represalias si no efectuaba el pago.

La secuencia desde entonces ha sido de vértigo. Tras quedar en libertad mientras la investigación avanza, Rimsevics convocó una rueda de prensa en la que negó tajantemente haber reclamado sobornos, y culpó a varios bancos letones de intentar echarle de su puesto. “Me he convertido en el objetivo de bancos que quieren destruir la reputación de Letonia”, recriminó. Según su versión, las entidades le achacan haber impulsado investigaciones de la agencia anticorrupción contra ellas, motivo por el que le acusaron de recibir sobornos para provocar su caída y reemplazarlo por otro banquero más complaciente.

Embarcado en la batalla por probar su honestidad, y empeñado en crear un clima de normalidad en torno a su figura pese a la gravedad de las acusaciones, incluso se mostró dispuesto a asistir a la reunión del BCE de este miércoles. Mientras, a su alrededor, varios ministros exigían su dimisión para preservar el buen nombre del banco central letón hasta probar su inocencia. No lo consiguieron. Rimsevics admite haber mantenido reuniones con el propietario de Norvik Bank, el ciudadano británico residente en Rusia Grigory Guselnikov, pero rechaza con ahínco cualquier sospecha de corrupción.

Pese a la vehemencia con que ha defendido su inocencia, el banquero letón fue suspendido de sus funciones por el Gobierno el lunes. Pero en un nuevo giro de guion, la teoría de que Rimsevics ha sido víctima de una conspiración ha ido ganando terreno entre los miembros del Ejecutivo. El martes, el ministro de Defensa insinuó que las acusaciones de corrupción pueden ser parte de una campaña de desinformación promovida desde el exterior para dañar la confianza en el país e inmiscuirse en las elecciones letonas de octubre. Según su tesis, el modus operandi ha sido idéntico al de otras campañas de injerencia en las elecciones francesas, alemanas y estadounidenses, aunque eludió mencionar a Rusia.

Amenazas de muerte

Los interrogantes son amplios. Rimsevics también ha vinculado el inicio de la investigación contra él con su negativa a dar liquidez al letón ABLV Bank, investigado por EE UU por blanqueo de capitales y mantener negocios con Corea del Norte. Y en medio de la confusión, el banquero teme por su vida. “He recibido amenazas de muerte y he informado de ellas a las fuerzas de seguridad”.

Mientras se resuelven los acertijos que rodean la trama, la carrera de Rimsevics pende de un hilo. Pese a su relativa juventud, a sus 52 años es el más veterano entre los gobernadores de los bancos centrales de la zona euro, dado que dirige la entidad desde 2001. Este miércoles, sin embargo, se mantuvo lejos de los susurros de Draghi: la subgobernadora del banco central letón, Zoja Razmusa, ocupó su lugar en Fráncfort.

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