lunes, 29 de abril de 2013
Los nacionalizados
Diario El
País, 28/4/2013.
Una parte significativa del
Gobierno, al frente de la cual se halla el ministro de Economía Luis de
Guindos, quiere utilizar los bancos nacionalizados por la crisis (Bankia,
Catalunya Banc, Novagalicia Banco) como instrumento de su política económica.
No en vano entre ellos alcanzan alrededor de un 15% de la cuota de mercado del
sistema financiero español. Sustancialmente, en dos terrenos: que abanderen la
recuperación del crédito a las empresas y familias, y que al desprenderse de
sus participaciones industriales (sobre todo Bankia en IAG, Indra o Iberdrola)
no den cabida en las mismas a socios indeseables, tipo fondos buitres.
Para ello, la banca nacionalizada
habrá de convertirse en banca pública al menos mientras no se inicie un proceso
de privatización de la misma, si es que se hace (de lo que dudan pocos, al
menos mientras gobierne el PP). Una banca pública compuesta por entidades
distintas, sin holding ni fusiones, con consejeros delegados
distintos, limpia de productos basura (traspasados al banco malo),
recapitalizadas con 40.000 millones de euros procedentes de Bruselas, y con
buenos equipos de gestión (muchos destacan la presencia de José Ignacio
Goirigolzarri). Por tanto, nuestras autoridades habrán de explicar con
profundidad, luz y taquígrafos, en qué consistirá esa coordinación de la que
hablan.
Si la misma es efectiva, no será
bien recibida por el resto del sector financiero privado, que en estos momentos
no pasa por un romance con el Gobierno Rajoy. Lo dijo hace unos días el
presidente de la patronal bancaria, Miguel Martín: “La parte sana del sector
está pagando lo que no puede poner el Estado [seguramente se refería a las
derramas al Fondo de Garantía de Depósitos para dar liquidez a las preferentes,
a las ayudas al banco malo...]. Si se necesita que haya crédito habrá que
cuidar a la parte sana porque es quien puede atender a la economía”.
Tampoco parecía estar muy de
acuerdo con la banca pública el subgobernador del Banco de España, Fernando
Restoy, quien en un artículo teórico titulado “La intervención estatal en el
sector bancario”, dentro de un libro homenaje al economista Julio Segura (Ensayos
sobre economía y política económica. Antoni Bosch editor) —escrito
bastante antes de que el Gobierno se pronunciase sobre este asunto— dijo en
esencia que la propiedad pública no resulta, en general, un mecanismo eficaz
para corregir las imperfecciones del mercado de servicios bancarios y, con
frecuencia, tiende a acentuarlas.
Después de una nacionalización
por necesidad, en una especie de socialización de pérdidas, el Gobierno se ha
encontrado con un grupo de entidades bancarias que, en el extremo, podría ser
una especie de germen de la antigua Argentaria. Habrá que estar atentos a su
hipotética privatización (¿en este caso también se comería el pez pequeño al
grande, como antaño?) y a la extraordinaria concentración del sector
resultante, muy parecido a un oligopolio.
Disponible en:
Un frente contra los abusos de la banca
Diario El
País, 27/4/2013.
Desbanka, organización ciudadana que reivindica un
servicio financiero como prestación pública y social, ha organizado este fin de
semana unas jornadas para crear un frente ciudadano común contra los abusos del
sistema financiero y de la banca en particular. Las jornadas reúnen a expertos
en economía y sociología. así como representantes de movimientos
reivindicativos, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Estafa
Banca o Ecologistas en Acción de Cataluña.
Con estas aportaciones e
intervenciones multidisciplinares, Desbanka propone analizar en diferentes
mesas los problemas actuales y las posibles soluciones que retraten el panorama
global de la situación. Desde la criminalidad finaciera, pasando por la deuda,
que actualmente refleja un déficit del 92% del Producto Interior Bruto (PIB) de
España, la Europa del euro para contextualizar y establecer el escenario de la
problemática, y alternativas como la banca pública o las finanzas éticas. Como
cierre y punto álgido de las jornadas se ha convocado una asamblea ciudadana
para que los asistentes expongan soluciones y acciones para combatir los abusos
de la banca y, como proclama el movimiento, del poder financiero. El propósito
inicial es crear un frente ciudadano con un programa de acción después de poner
al alcance de todos la información necesaria.
El pistoletazo de salida de las
jornadas corrió a cargo de una ponencia contundente sobre los abusos de la
banca. Participaron Andreu Missé, exsubdirector de EL PAÍS y director de la
revista Alternativas Económicas; Eva Corredoira, miembro de la PAH;
Diego Herrera, coordinador de Estafa Banca en Mataró, y Carlos Bugallo,
economista y miembro de Plataforma Valenciana por la Banca Pública.
Missé se encargó de poner las
bases que fundamentan los principales problemas que aquejan a la ciudadanía:
los desahucios y las participaciones preferentes. El periodista xplicó cómo el
obstáculo principal para establecer una organización económica es la presión
que ejerce “un fuerte sistema financiero sin recursos para combatirlo”. En su
opinión, este sistema se ha ido alimentando y fortaleciendo a raíz de la
desregularización que se ha fomentado en los últimos veinte años. También
denunció los paraisos fiscales como sistemas que “anulan la democracia”.
Por su parte, ya sea en el ámbito
de las hipotecas o en el de las preferentes, tanto Herrera como Corredoira
coincidieron en analizar primero “los engaños y las estafas por parte de las
entidades bancarias”. En el caso de las hipotecas, Corredoira insitió en los
múltiples abusos que practica la banca, como falsear las nóminas de los
solicitantes de las hipotecas, presentar avales falsos o tasar la vivienda por
encima del valor de mercado para conceder después un préstamo sobre la
totalidad del valor de la vivienda.
En cuanto a las preferentes,
Herrera se centró en la población de Mataró y explicó cómo la entidad Caixa
Laietana concedió preferentes a los colectivos más vulnerables, jubilados y
jóvenes en paro, sin explicarles al detalle las condiciones y riesgos que
comportaban.
Desde una vertiente académica o
desde la experiencia adquirida como activistas de movimientos ciudadanos, todas
las partes coindieron en que “necesitamos otro tipo de bancos, en este caso,
completamente al servicio de la ciudadanía”.
Disponible en:
jueves, 25 de abril de 2013
Nada ha sido por casualidad. La estrategia procesal de 15mPaRato con las preferentes
15MPaRato
El diario.es,
24/04/2013.
El Dispositivo Ciudadano
15mPaRato se constituye en mayo de 2012 con el objetivo de iniciar un proceso
penal contra Rodrigo Rato y los consejeros de BFA-Bankia por la salida a bolsa
de la entidad, a todas luces plagada de irregularidades.
En apenas dos semanas, se elabora
la web, se crean perfiles en redes sociales, se consigue la financiación a
través de un "crowdfunding" en la red y se encuentran accionistas
afectados dispuestos a otorgar sus poderes para iniciar el proceso.
Este elemento, la intervención de
accionistas, no fue casual. Se criticó en su inicio que 15mPaRato no hiciese
uso de la "acción popular", como el partido político que está
personado también en el caso, y se decantase por la "acusación
particular" (de ahí la necesidad de contar con accionistas).
Sin embargo, el uso de una en
detrimento de la otra fue completamente deliberado y respondía a una estrategia procesal. En primer lugar porque
sospechábamos que nos iban a poner todas las dificultades posibles para admitir
nuestra querella y personarnos en el proceso. Mediante la acusación particular,
nos encontraríamos en mejor derecho, legitimados completamente y a salvo de
obstáculos como una posible oposición del fiscal a nuestra personación. De
hecho, aún utilizando esta fórmula, el fiscal se opuso, pero el juez no tuvo más remedio que admitir nuestra querella,
que redactamos y presentamos en tiempo récord.
Pero la participación de
accionistas nos brindó una oportunidad más interesante aún. Tres de los
accionistas a los que incluimos en la querella habían conseguido sus acciones
mediante canje de preferentes de Bankia. A pesar de no versar el juicio sobre
participaciones preferentes, introdujimos en nuestra querella una petición al
juez, una diligencia previa, consistente en reclamar a Bankia información sobre
las series de preferentes comercializadas por las cajas que se las vendieron a
los accionistas a los que representábamos, en las fechas en las que Bankia
salió a bolsa. El juez estimó la petición y abrió esta línea procesal, a pesar
de que el resto de las partes, acusaciones y defensas, no comprendían por qué
realizábamos esa jugada.
Lo cierto es que desde 15mPaRato
ya estábamos familiarizados con la posible estafa de las participaciones
preferentes. Sospechábamos que consistía en un timo generalizado, orquestado
por la banca para recapitalizarse, que diversos organismos públicos debían
conocer y que, pese a ello, no habían actuado según su deber de proteger a los
clientes de las entidades, a las personas. De esta forma, consideramos que el
proceso al Consejo de Administración de Bankia era una ocasión inmejorable
para, a través de la investigación judicial, obtener las pruebas que
necesitábamos para demostrar la estafa.
Básicamente, había que probar que
nunca existió un mercado regulado, legal y supervisado de participaciones
preferentes, y que todas las posibles ilegalidades cometidas estaban siendo
encubiertas por los Gobiernos, primero el del PSOE y luego el del PP. Este último
despachó, además, sendas reformas financieras (31 de agosto y 14 de noviermbre
de 2012) que limitaban la capacidad de actuación de los afectados en los
tribunales. Es más, en atención a las noticias que surgían durante el verano
pasado acerca del rescate a los bancos españoles, al Memorandum de
Entendimiento con la Troika y a la extraña dilación con la que dicho rescate
llegaba (lo anunciaron antes de verano, pero se retrasó hasta casi octubre),
dedujimos que se estaba presionando al Gobierno español para que hiciese estas
reformas, con el objetivo de detener el creciente número de demandas judiciales
contra los bancos y, de este modo, no poner en riesgo el pago de intereses y
capital del rescate. En definitiva, se estaba
utilizando el Memorandum de Entendimiento para saltarse la legalidad vigente.
Nos enfrentábamos a unos
criminales muy poderosos, con el arma más mortífera: el Boletín Oficial del
Estado (BOE).
Conforme iba desarrollándose la
fase de instrucción del caso Bankia, continuamos pidiendo información e
investigando la legislación y los mercados de preferentes. Así
descubrimos que la primera regulación legal que se hace de las mismas fue en
2003, precisamente cuando Rodrigo Rato era Ministro de Economía. Por
su parte, el juez iba concediéndonos todas las informaciones que requeríamos,
ante la sorpresa del resto de las partes, que seguían sin comprender hacia
dónde íbamos y hasta dónde queríamos llegar.
De esta forma, observamos que
Bankia cesó de comercializar preferentes en Noviembre de 2011 y que, hasta
entonces, el valor de las mismas, las condiciones de venta y sus intereses,
apenas habían variado durante muchos años. Este hecho era bastante sospechoso,
pues es difícil que un mercado con miles de compradores y vendedores se
comporte así, más aún en plena crisis financiera.
Repasando los comunicados de
Bankia en fechas cercanas a ese noviembre de 2011, encontramos una mención,
como hecho relevante, a una comunicación de la CNMV que, según la entidad,
causó el cese de operaciones con participaciones preferentes. Exactamente se
detuvieron el 14 de noviembre de 2011, y permaneció cerrado el mercado hasta
abril del siguiente año, cuando reabrió con una bajada del valor repentina, al
75% del mismo, es decir, una pérdida del 25% para los preferentistas.
Curiosamente, ese 75% era el mismo valor que Bankia ofrecía a los
preferentistas para realizar el canje por acciones del banco.
Si el precio de las preferentes
lo regulaba el mercado, las ofertas y demandas, por lo menos debió haber una
operación en abril de 2012 realizada a ese precio, al 75% del valor. Al no
encontrarla, sospechamos que era una maniobra deliberada de la propia Bankia,
destinada a meter miedo a los preferentistas, con la excusa de que sus
participaciones se desplomaban, para que aceptasen el canje por acciones y así
obtener financiación.
Siguiendo ya esta buena pista, de
repente la CNMV remite recientemente el informe
que ha sido publicado en eldiario.es y en el que viene a confirmar todas
nuestras hipótesis. Un informe que, en un país democrático, en un
Estado de Derecho, conllevaría la inmediata dimisión de buena parte de los
máximos responsables del Ministerio de Economía y de organismos como el Banco
de España y de la propia CNMV. Este demoledor informe lo remite la CNMV al juez
gracias a la estrategia procesal desarrollada desde 15mPaRato como acusación en
el caso y, además, lo hace en el momento oportuno ya que, de no haberle
solicitado al juez estas actuaciones, los posibles delitos hubieran prescrito a
los dos años desde su comisión, es decir, en abril de este año. Lo cogimos
justo a tiempo.
Las repercusiones de dicho
informe no tardarán en producirse, tanto en forma de querellas masivas contra
los bancos comercializadores de preferentes, como en presión social contra el
gobierno por encubrir (ahora favoreciendo arbitrajes, canjes y quitas) una
estafa de miles de millones que afecta a cientos de miles de ahorradores y a
sus familias.
Pero todavía queda mucha tela que
cortar, sobre todo tras descubrir que el cierre del mercado de las preferentes
que hace Bankia a mediados de noviembre de 2011 fue ordenado por la CNMV un mes
antes, que Bankia no comunicó nada a sus clientes y que, en ese mes, se
multiplicaron las operaciones. ¿Quiénes vendieron y con qué información?
¿Cuánto beneficio obtuvieron y a costa de quiénes?
Aún quedan muchos cabos por atar,
pero no nos dejaremos ni uno suelto.
Disponible en:
miércoles, 24 de abril de 2013
La deuda y la supuestamente anticuada lucha de clases
Por Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias
Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Juan Torres, en un excelente
artículo publicado en Público (24.03.13), titulado La guerra mundial de la deuda señalaba que
el mayor problema existente hoy en el mundo referente al crecimiento de la
deuda no es la deuda pública, como constantemente subrayan la mayoría de medios
de información, sino la deuda privada, la cual ha alcanzado unos niveles
inasumibles en la práctica totalidad de países a los dos lados del Atlántico
Norte. Según el Banco Internacional de Pagos (BIP), la deuda total privada de
los países de la Eurozona es de 15,7 billones de euros, una cantidad que es
casi el doble de la riqueza de los países de tal zona monetaria, medida por su
PIB (8,7 billones de euros). Algo semejante ocurre en EEUU, cuya deuda privada
es de 24,98 billones de dólares, que es muy superior a su PIB, que es de 16
billones de euros.
Y lo que es también alarmante,
como subraya Juan Torres, es su elevado crecimiento. Según el BIP, la deuda
privada en la Eurozona se ha duplicado en los últimos nueve años, una situación
que se ha producido también con la deuda privada de EEUU, que se ha doblado en
nueve años.
Otro dato de gran importancia es
que la deuda de los hogares, que históricamente era mucho más baja que la deuda
empresarial, se ha incrementado mucho más rápidamente que esta última. La
explicación de todo este proceso es fácil de encontrar, aunque raramente la
verá en los medios de mayor difusión, altamente influenciados por los grupos
financieros y empresariales que dominan la vida económica del país y que están
entrelazados con tales medios (un ejemplo de ello: el dueño de La Vanguardia,
el conde de Godó, es el vicepresidente de CaixaBank, el mayor grupo financiero
de Catalunya).
La causa del enorme crecimiento
de la deuda privada es el enorme descenso de la masa salarial, que explica que
las rentas del trabajo, de la cual derivan sus rentas la mayor parte de la
ciudadanía, han ido descendiendo como porcentaje de la renta salarial total,
mientras que las rentas del capital han creciendo enormemente. Es lo que solía
definirse como lucha de clases, término que hoy no se utiliza por considerarse
“anticuado”. Sólo algunos grandes financieros, como el Sr. Warren Buffet, uno
de los hombres más ricos de EEUU, pueden citarlo sin reservas, afirmando que
existe una guerra de clases, y que la suya es la que gana en bases diarias. Los
datos muestran que el Sr. Buffet lleva toda la razón del mundo.
Las causas del descenso de
las rentas del trabajo
En EEUU el salario horario (es
decir, el salario que un trabajador recibe por hora) ha ido disminuyendo desde
los años ochenta cuando el presidente Reagan (el ídolo de los economistas
neoliberales) inició su guerra contra los sindicatos, despidiendo a todos los
controladores aéreos, mostrando así al mundo empresarial que la veda estaba
abierta en contra de los sindicatos. Algo similar ocurrió con la Sra. Thatcher,
cuando inició la guerra contra los mineros. Esta guerra ha sido exitosa, pues
el porcentaje de la población sindicalizada en EEUU ha disminuido notablemente,
siendo hoy sólo un 11,3% de toda la población activa (y ello a pesar de que el
porcentaje de población a la que le gustaría sindicalizarse, si pudiera, ha ido
aumentando) y ello debido a las enormes dificultades que el mundo empresarial pone
a que sus trabajadores puedan sindicalizarse. El temor al despido (debido a la
gran desregulación existente en el mercado laboral de EEUU) es una de las
mayores causas de esta disminución de la tasa de sindicalización.
Pero existen otras intervenciones
públicas que debilitan a los sindicatos. Una es la destrucción de empleo,
aumentando el número de parados y personas buscando trabajo. El desempleo tiene
un enorme impacto en disciplinar al mundo del trabajo. Atemoriza a toda la
población que trabaja, temerosa de perder su empleo. Este aumento del miedo
determina un gran deterioro de las condiciones de trabajo (el número de
trabajadores que indican estar trabajando bajo condiciones estresantes ha
aumentado en EEUU y en todos los países de la UE), un aumento de la precariedad
y un descenso de los beneficios sociales.
Otra intervención pública es la
reducción de la protección social, con disminución, no sólo de los derechos
laborales, sino también de los sociales. Los recortes de gasto público social
tienen también como objetivo el debilitamiento de tal protección social, que
desgasta a las clases populares, atemorizándolas al perder seguridad.
Éstas son las armas del capital
frente al mundo del trabajo en lo que mi amigo Noam Chomsky llama la guerra de
clases (“the class war”) en su introducción al libro Hay alternativas.
Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, de Juan Torres,
Alberto Garzón y yo mismo. Ni que decir tiene que las pérdidas del mundo del
trabajo conllevan ganancias del capital.
¿Quién gana esta guerra?
La pregunta que me hacen mis
estudiantes es: ¿cómo el capital se beneficia de las pérdidas que la guerra de
clases determina en el mundo del trabajo? La respuesta tiene varios niveles.
Uno es que en la medida que las
rentas del trabajo bajan, las rentas del capital suben. Y los datos hablan por
sí mismos (en España, el porcentaje de las rentas del trabajo sobre el PIB ha
pasado de 2008 a 2012 —datos del cuarto trimestre— del 49 al 46%, mientras que
las rentas del capital han aumentado durante este periodo del 42 al 46%). En
realidad el crecimiento de las últimas se debe al descenso de las primeras. Y
la mejor prueba de ello es que en el análisis de dónde va la riqueza que el
mundo del trabajo está creando se ve que ha ido predominantemente a las rentas
superiores que derivan sus rentas de la propiedad del capital.
Otro beneficio que el capital,
específicamente el financiero, consigue del descenso de los salarios, es la
necesidad que tiene la población de endeudarse. El profundo endeudamiento de
las familias se debe precisamente al descenso tan notable de su capacidad
adquisitiva. La enorme expansión del capital financiero ha sido precisamente
basada en este endeudamiento familiar. El sector financiero está hoy, en la
mayoría de países, sobredimensionado, lo cual ha creado un problema gravísimo.
El enorme poder de la banca sobre los aparatos estatales y mediáticos del país
ha forzado unos comportamientos públicos, como la desregulación del capital
financiero, que han causado la enorme crisis financiera que, indicador de su
poder, se ha intentado resolver a base de apoyo público para garantizar su
existencia. La escasa demanda, causada por la disminución de la capacidad
adquisitiva de la población, ha hecho que la rentabilidad de las inversiones
financieras se haya desplazado de sectores productivos a sectores especulativos
(facilitados por la desregulación del crecimiento del capital financiero) causa
de la enorme crisis.
Nos encontramos así que junto a
la austeridad que experimentan las rentas del trabajo hay una exuberancia de
las rentas del capital, que está detrás de la crisis financia que está llevando
a la pobreza y a la miseria a grandes sectores de la población. Ésta es la
situación raramente descrita en los medios de mayor difusión y, desde luego, en
La Vanguardia.
Diario Público.es, 28/3/2013.
Disponible en:
martes, 23 de abril de 2013
El rescate a la banca eleva el déficit público al 10,6%, el mayor de la UE
Diario El
País, 22/4/2013.
La lucha contra el déficit
público, la prioridad del Gobierno en 2012, se salda con un resultado
agridulce. Las pérdidas contabilizadas por ayudas públicas a la banca que no se
confía en recuperar elevan el desfase de las cuentas del año pasado al 10,6%
del PIB, según acaba de certificar Eurostat,
la agencia estadística de Bruselas. Es el mayor agujero presupuestario en toda
la Unión Europea, solo cercano al de Grecia (10%).
Si se excluye del cómputo el
rescate financiero, se confirma un recorte del déficit (del 9% de 2011 al 7% de
2012), pero ni se cumple el compromiso pactado con Bruselas (6,3%), ni se
sale de la primera línea de atención de los mercados. Más aún, si la deuda
pública, donde suma el rescate
financiero, pero también los créditos del Gobierno a las comunidades
autónomas para pagar a proveedores, es la que crece a mayor velocidad de la UE
en los últimos meses: siete puntos porcentuales en el último trimestre del año
pasado y contando.
España tiene a ocho países
europeos por delante en el nivel de deuda pública acumulado, un indicador al
que los mercados prestan casi tanta atención como a la falta de actividad —la economía
española sufre una recesión más prolongada ya que la de 2008-2009—.
Pero, para los inversores, más importante aún es la velocidad a la que crece:
el salto entre finales de 2011 (69,3%) y de 2012 (84,2% del PIB) es más que
notable. Y en los dos primeros meses del año, la deuda pública española ronda
ya el 87%.
Nada refleja mejor la dificultad
de ajustar los presupuestos en plena recesión como la evolución de los ingresos
públicos. Tras la mayor subida de impuestos de la democracia (recargo al IRPF,
alza del IVA, eliminación de deducciones en el impuesto de sociedades), la
proporción de ingresos sobre el PIB solo aumentó del 35,7% al 36,4%, con la
recaudación lastrada por el enorme desempleo (al que los recortes y la reforma
laboral han dado otro empujón) y la falta de actividad económica. Solo Irlanda,
dentro de la zona euro, tiene un nivel de ingresos públicos menor.
El contraste con Alemania, la
primera economía del euro, es enorme. El Gobierno de Angela Merkel ha coseguido
cerrar 2012 en superávit (0,2% del PIB), algo fuera del alcance del resto de la
Unión Europea. También, un recordatorio de que Berlín no cree en la expansión
del gasto para apoyar al resto de la eurozona, como le reclama el FMI. Y el
leve aumento de la deuda pública (del 80,4% al 81,9%) tiene que ver sobre todo
con el dinero puesto en los rescates de Grecia, Irlanda y Portugal (más de
56.000 millones).
El Gobierno se apoyará en la
evidencia estadística para fundamentar su petición de que la Comisión
Europea le de hasta dos años más para llevar el déficit al 3% del
PIB. Más aún cuando las previsiones económicas, que el Ejecutivo del PP
revisará esta semana, apuntan a que la recesión, más aguda de lo que anticipaba
la estimación oficial (-0,5% frente al -1,6% que pronostica el FMI), se
prolongará hasta finales de año.
Disponible en:
lunes, 22 de abril de 2013
IU anuncia una querella contra las entidades y los políticos responsables de la estafa de las preferentes
Diario Público.es,
22/4/2013.
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha anunciado que
su formación está estudiando presentar una querella contra "entidades
responsables y políticos" por el caso de las preferentes. Lara ha
explicado, durante su intervención en la reunión de la Presidencia Ejecutiva
Federal de IU, que los responsables de este "desastre" han
"usurpado" y "robado" los ahorros de miles de personas, por
lo que los abogados de la formación están preparando esta querella.
Por otra parte, la Presidencia de
IU ha aprobado una resolución sobre vivienda para rechazar el
"cerrojazo" del PP a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y
mostrar su apoyo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). En este
sentido, Lara ha indicado que el PP está criminalizando a los movimientos
sociales "en lugar de buscar una alternativa a los problemas de la
gente". A su juicio, intenta desacreditar mediaticamente "a todo lo
que se mueve" incluida su formación.
El dirigente de IU ha propuesto a
los miembros de su partido parar esta "ofensiva" con el "trabajo
y explicando a los ciudadanos que hay una alternativa". "Nos han
puesto las lupas. Tenemos las lupas puestas en toda la organización.
Intensifiquemos nuestra honestidad en la vida pública", ha señalado Lara.
Disponible en:
<http://www.publico.es/454083/iu-anuncia-una-querella-contra-las-entidades-y-los-politicos-responsables-de-la-estafa-de-las-preferentes>
domingo, 21 de abril de 2013
El Gobierno aprueba el decreto que permitirá a Sáenz seguir en el Santander
Por Iñigo de
Barrón
Diario El País,
2/4/2013.
El Gobierno ha aprobado el
decreto que permitirá que los banqueros con antecedentes
penales puedan seguir ejerciendo. Despeja así el camino para que Alfredo Sáenz,
consejero delegado del Santander, continúe en la entidad, pese a que el
Tribunal Supremo anuló parcialmente el indulto
que le había sido concedido. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, ha anunciado en la rueda de prensa tras el Consejo de
Ministros la aprobación de la medida, que permite a los directivos que
conserven "su honorabilidad" seguir ejerciendo. Según el Ministerio
de Economía, es una adaptación de las recomendaciones europeas sobre el tema.
La nueva norma cambia la
definición de honorabilidad. Según la redacción prevista, "concurre
honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido mostrando una
conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su
capacidad para desempeñar una diligente y prudente gestión de la entidad",
señalaba el proyecto. Según ha añadido hoy Economía, en cuanto a los requisitos
de experiencia se valorará no solo la trayectoria profesional sino también
"la formación de carácter teórico, en particular en las áreas de banca y
servicios financieros".
Para realizar esa nueva
valoración, se tendrá en cuenta: "La trayectoria del consejero,
directivo o empleado en su relación con las autoridades de regulación y
supervisión; las razones por las que pudiera haber sido despedido o cesado en
puestos o cargos anteriores; su historial de solvencia y cumplimiento de sus
obligaciones; los resultados obtenidos en el desempeño de sus
responsabilidades; o si se hubiera declarado en concurso". Además, también
se valorará si la condena es por de delitos dolosos, las sanciones "o si
los hechos que motivaron la condena o sanción se realizaron en provecho propio
o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de
negocios le hubiese sido confiada". El tiempo transcurrido desde el
delito, la "conducta posterior" y la reiteración de condenas o
sanciones por faltas o infracciones también influirán.
En el caso de que se considerara
que el directivo de un banco no cumple estos requisitos, las entidades
dispondrán de un plazo de seis meses para sustituirlos, de acuerdo con los
nuevos requerimientos.
El Tribunal Supremo hizo pública
en febrero una sentencia en
la que se anulaba parte del indulto que el Gobierno de Zapatero
concedió a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander. En la práctica, esa
sentencia implicaba que Sáenz seguía teniendo antecedentes penales, por lo que
legalmente no cumpliría la condición de “honorabilidad” y no podría ejercer de
banquero. La consideración de honorable, sin embargo, ahora cambia, por lo que
se despeja la continuación de Sáenz en la entidad si encaja en los nuevos
requerimientos.
Disponible en:
Los europeos consideran que las instituciones financieras están entre los principales responsables de la crisis
Fundación BBVA, 4/4/2013. (Extracto)
La Fundación BBVA presenta los primeros resultados del Estudio Values
and Worldviews (Valores y Visiones del mundo), que examina un amplio
conjunto de percepciones, actitudes y valores centrales de los ciudadanos de 10
países europeos. El estudio se ha estructurado en dos partes: esfera pública
(política, economía), y plano privado (familia, religión, ética).
Esta es su percepción sobre
la gravedad de la crisis y sus responsables.
Mayoritaria
percepción de que la economía internacional está atravesando una grave crisis. En todos los países predomina la percepción de que la economía
internacional está atravesando una crisis grave, pero la intensidad de la
percepción de la gravedad varía entre países. Los italianos y los españoles y,
en menor medida, los franceses y los ingleses, tienen una percepción más
acentuada de la gravedad de la crisis económica internacional: más de la mitad
la percibe como “muy grave” (en España
7 de cada 10 personas).
División
de opiniones sobre la intensidad de la crisis económica nacional. Existe una distancia valorativa en cuanto a la gravedad de esta crisis
según los distintos países. Así, mientras que en España e Italia más del 80%
cree que se trata de una crisis económica nacional “muy grave”, este porcentaje
se sitúa en torno al 10% en Suecia y
Alemania.
Los
principales responsables de la crisis. Los
europeos distribuyen la responsabilidad de la crisis en un amplio conjunto de
grupos e instituciones, entre los que destacan los políticos, los bancos, los
gobiernos nacionales, los dirigentes de la UE, las compañías financieras y las
agencias de calificación. Los españoles destacan de la media europea por
adjudicarle mayor responsabilidad en la crisis a las empresas constructoras y
menor responsabilidad a “los países del Sur de Europa”.
Disponible en:
viernes, 19 de abril de 2013
La banca adeuda a las comunidades de vecinos 250 millones de euros
Diario El
País, 21/3/2013.
Malas perspectivas para 2013. La
crisis no cede y las comunidades de vecinos la acusan por la subida de los
gastos a pagar en la primera y en la segunda vivienda. Los ayuntamientos y las
empresas de suministros aumentan las facturas de los gastos.
Y los impagos arrecian. Según una
encuesta realizada entre más de 800 administradores de fincas que administran
43.000 comunidades en toda España, las deudas alcanzaron los 1.551 millones de
euros en 2012. Y este año pueden llegar a los 1.900 millones de euros.
Estos datos se han puesto de
manifiesto en la presentación del II Informe nacional sobre la morosidad en las
comunidades de vecinos, del Observatorio de las Comunidades de Propietarios,
del grupo editorial Francis Lefebvre. Esta plataforma analiza y realiza
propuestas como la formulada por Salvador Díez, presidente del Consejo General
de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAF), que, ante la morosidad de las
entidades financieras, solicita reformas legales. Destacan dos. La primera, que
la comunidad pueda solicitar que se considere crédito preferente el pago de la
deuda no solo del último año y de la anualidad corriente, como marca la Ley de
Propiedad Horizontal (artículo 9.1. E), sino de hasta cinco años naturales
inmediatamente anteriores, algo necesario por la dilación en los procesos de
ejecución hipotecaria.
Aparte de que la redacción de la
Ley de Propiedad Horizontal ha dado lugar a que algunos nuevos propietarios
esperen a escriturar en el mes de enero, para afrontar el pago de 13 meses
solo, lo que ahora se solicita a los ministros de Justicia y de Fomento, a los
grupos parlamentarios y al Defensor del Pueblo es que el nuevo propietario
responda a lo adeudado durante cinco anualidades.
La segunda de las peticiones
enviadas esta semana es que se modifique la Ley Concursal (artículo 90.1) y se
incorporen como créditos con privilegio especial de cobro las deudas contraídas
por impago de las cuotas para afrontar los gastos generales de la comunidad.
“Las comunidades, ante la banca,
o los promotores que entran en liquidación y dejan deudas impagadas se
enfrentan a un retraso en el cobro de varios años y sufren las quitas
importantes por la Ley Concursal, y durante ese tiempo, la aportación del resto
de los propietarios está sirviendo para que el inmueble esté en condiciones de
tener un aprovechamiento del que se beneficiaran los demás acreedores”. El
Consejo contabiliza que las deudas de las entidades financieras ascendieron a
unos 250 millones, y las de promotores rondaron los 600 millones de euros.
En la presentación del Informe
también se alertó de que la subida de las tasas judiciales “supone una nueva
carga impositiva para reclamaciones a partir de 2.000 euros, lo que hará que la
junta de propietarios renuncie a reclamar deudas que son difícilmente asumibles
por una comunidad de propietarios en la que haya un alto índice de impagados”,
según explicó Manuel Gambin, consejero del Observatorio.
Díez ha solicitado a la Agencia Tributaria que las
comunidades de propietarios sean consideradas como consumidores finales, al no
poseer personalidad jurídica propia, con lo que no les sería de aplicación la
subida de las tasas judiciales. Tal interpretación ya se venía haciendo con la
legislación anterior.
Pero a veces no se logra atajar
la morosidad, no por falta de respaldo legislativo, sino por falta de recursos
económicos de la comunidad o de profesionalidad a la hora de reclamarla:
defectos formales, como notificaciones o certificaciones deficientes y
documentación incompleta.
Disponible en:
jueves, 18 de abril de 2013
Fraudes e irregularidades en la actividad financiera
Por Julio Fdez-Sanguino
Fernández
El sector financiero siempre ha
sido propicio a fraudes e irregularidades, que han ocasionado importantes
quebrantos económicos, tanto a entidades como a inversores, así como otras
consecuencias negativas, entre las que destacan pérdidas de imagen y de
clientes, sanciones e, incluso, la desaparición de sociedades.
El secreto y la discreción,
especialmente en las entidades financieras, son básicos para sustentar el principio
de confianza, lo que, unido a la confidencialidad con que tratan las empresas
los actos indebidos que se producen en las mismas, siempre ha dificultado el
conocimiento de la cuestión objeto del presente trabajo.
No obstante, prácticamente todos
los días aparecen en los medios de comunicación referencias a irregularidades
producidas en las empresas, especialmente en las financieras. Con independencia
de las actuaciones judiciales que procedan y de los resultados de las mismas,
esta información permite, aunque sea con ciertas limitaciones, establecer una
visión de las distintas modalidades defraudatorias y sus repercusiones
económicas.
Tipos de fraudes
En las entidades de crédito se
pueden desarrollar los mismos actos indebidos que en cualquier otro tipo de
empresas; ahora bien, las características propias de la actividad bancaria, por
la diversidad y exclusividad de sus operaciones y los numerosos riesgos
existentes, hacen que en este sector se puedan producir más fraudes que en
otras empresas y aparezcan, también, fraudes específicos que únicamente se
producen en este tipo de entidades.
Además, en el negocio bancario el
dinero está siempre presente y, salvo excepciones por motivos de venganza o
notoriedad, se le considera el principal causante de la mayoría de los fraudes
internos, entendidos como aquellos actos indebidos o desleales realizados por
empleados y directivos en sus organizaciones. Por este motivo, destacan en
primer lugar los casos relacionados con la apropiación indebida de fondos
en una amplia gama de modalidades, desde la substracción o robo del dinero
físicamente hasta su desvío mediante la manipulación de cuentas, tanto internas
de la entidad como de clientes.
En relación con los fondos de los
clientes, hay que hacer referencia a uno de los fraudes tradicionales más
típicos de la actividad bancaria y que está relacionado con el uso indebido de
esos fondos por los empleados y directivos desleales al margen de la entidad de
crédito, bien en su utilización pasajera para solventar necesidades económicas,
bien de forma permanente para instrumentar lo que se denomina "banca
paralela".
Siguen en importancia las actuaciones
indebidas o negligentes relacionadas con la actividad crediticia,
destacándose, además, como la morosidad ha llevado a algunas entidades a
situaciones muy delicadas, incluso de quiebra.
Sobresalen
los sucesos relacionados con la concesión irregular de préstamos y créditos,
fundamentalmente para beneficiar a los propios directivos, a determinadas
empresas o a terceros. Además, las irregularidades se extienden también a los
afianzamientos, al concederse créditos sin las garantías suficientes o,
incluso, falsas, y en las reclamaciones posteriores con la finalidad de evitar
o dificultar las recuperaciones de créditos fallidos.
En tercer lugar, aparecen una
serie de actuaciones indebidas relacionadas con la operativa de las
entidades y que se centran en bienes distintos al dinero, como por ejemplo
cheques; en la información, tan sensible en este sector; o en las operaciones
que se realizan en los diversos mercados.
Estas últimas actuaciones han
generado quebrantos significativos en bastantes casos, como se indica en el
apartado correspondiente a los derivados, pudiéndose observar cómo personas
vinculadas a las entidades de crédito han aprovechado la actividad de la
empresa, saltándose las normas y los controles existentes, para efectuar por
cuenta propia operaciones de la compañía con la finalidad de especular o de
realizar operaciones secretas para tratar de compensar las pérdidas generadas
por inversiones desafortunadas.
A continuación figuran una serie
de noticias relativas a presuntas actuaciones delictivas relacionadas con la
actividad bancaria, como fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Entre las noticias publicadas,
destacan por su gran repercusión las relacionadas con la gestión fraudulenta o
defectuosa de administradores, que han ocasionado importantes pérdidas, tanto
para las propias empresas afectadas como para los depositantes, e, incluso, la
desaparición de entidades. Hay que recordar que las últimas crisis bancarias en
nuestro país han afectado a más de veinte sociedades con saneamientos en torno
a los tres mil millones de euros.
Además, otras actuaciones
irregulares de los administradores han ocasionado a las entidades daños
considerables, como sanciones o pérdidas de imagen y depositantes, y hacen
referencia a temas relacionados con incumplimientos de normas, riesgos
excesivos, información privilegiada, etc.
Nota: es un extracto del documento disponible en:
miércoles, 17 de abril de 2013
El FMI alerta de una crisis financiera crónica si la economía no levanta el vuelo
Por Amanda Mars
Los popes de la economía mundial
que estos días desfilan por Washington ya no hablan sobre un eventual rescate a
España en los pasillos de la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) ni
sobre la ruptura de la zona euro. El llamado precipicio fiscal en Estados
Unidos, una fuerte subida de impuestos acompañada de recortes, que tenía al
mundo en vilo por su efecto global, también se ha esquivado. Y la guinda: Japón
ha aprobado un plan de gran calado que hace posible el final de su deflación.
El mundo, en definitiva, no se ha acabado. Y, sin embargo, el rumor de batalla
persiste, el miedo a un nuevo tsunami se desprende del reverso de cada gráfico
o estadística estos días e impregna todo discurso oficial o informal durante
las reuniones de primavera el Fondo.
La actual situación de calma es
muy frágil. Si los problemas de la economía productiva no se resuelven, la
tregua finalizará y “la crisis financiera mundial podría entrar en una fase más
crónica, caracterizada por un deterioro de las condiciones financieras y por
episodios recurrentes de inestabilidad”, alerta el informe de estabilidad del
FMI. El organismo que dirige Christine Lagarde no deja de repetirlo estos días:
Europa debe culminar el saneamiento de su sistema bancario y favorecer que el
crédito vuelva a fluir por la economía, mientras que en el ámbito global todos
los países deben comprometerse con la agenda de reformas regulatorias y aprobar
planes fiscales de largo plazo.
El responsable financiero del
FMI, José Viñals, ha echado mano este miércoles de las socorridas metáforas
meteorológicas para presentar las nuevas perspectivas. “La primavera ha llegado
claramente, y también ha ocurrido en los mercados financieros globales, donde
después de repetidas tormentas y nubes amenazantes, está surgiendo el cielo
azul y más días soleados”.
La buena marcha de las
principales bolsas mundiales de los últimos meses y la mejora de los títulos de
deuda pública de los países con más problemas —como España—
dan buena cuenta de esta sensación de alivio. El panorama, sin embargo, empieza
a oscurecerse cuando se acerca el foco al flujo de crédito –se ha contraído un
5% desde el inicio de la crisis-, el sobreendeudamiento de muchas empresas o la
contracción prevista para la Eurozona. Sí, se ciernen más nubarrones sobre la
economía.
En el caso europeo, la mayor
parte de la mejora se debe al programa de compra de bonos soberanos que aprobó
el Banco Central Europeo (BCE) para ayudar a los países que soliciten el
rescate, un mecanismo que sin necesidad de ser aplicado ha producido un efecto
de placebo y ha reducido los intereses que los inversores piden por adquirir
títulos de deuda de los países periféricos. “Aunque los inversores y los
funcionarios parecen cómodos con el hecho de que el programa OMT [siglas en
inglés de este plan] permanezca virtual, esta dinámica podría cambiar”, agua la
fiesta el FMI. Además, la situación política en Italia complica la implantación
de cualquier medida y, aunque las condiciones de financiación se han suavizado
para muchos países, las necesidades netas de esta financiación siguen al alza.
El Fondo advierte en su informe
de que los diferenciales de intereses que los países pagan respecto a la
referencia de Alemania —la llamada prima de riesgo— perderán prácticamente toda
la mejora hasta 2016 si no se llevan a cabo las reformas y la economía continúa
renqueante. En concreto, prevé que la prima de riesgo de los bonos españoles a dos
años prácticamente se duplique, hasta superar los 400 puntos básicos (o cuatro
puntos porcentuales), una tendencia que seguiría Italia (su prima pasaría de
cerca de 200 hasta los 400 puntos básicos), Francia o Bélgica, aunque estos dos
últimos países quedan en niveles mucho más bajos, sin sobrepasar los 100 puntos
básicos.
Los mercados juegan infiltrados
en todo el mundo gracias a las inyecciones de liquidez de los grandes bancos
centrales, que han evitado lo peor, pero las autoridades se empiezan a preocupar
por lo que ocurra cuando estos estímulos se retiren. Los riegos que están
asumiendo los bancos centrales constituyen un peligro incipiente, por el
síndrome de abstinencia que generan en las economías de los países, por los
riegos que están asumiendo en sus balanzas y por posibles burbujas que puedan
generar en los países emergentes, al rebajar tanto el precio del dinero en los
países desarrollados.
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martes, 16 de abril de 2013
Querella de UPyD por las preferentes contra Bankia, MAFO y el exjefe de la CNMV
Diario Público.es,
15/4/2013.
Caja Madrid y Bancaja crearon
"un mercado interno ficticio en el que literalmente se inventaron los
precios de cotización" de las preferentes, "a fin de
mantener la ilusión de que el producto tenía liquidez e incluso una buena
cotización, fingiendo ante los inversores la existencia de un mercado
secundario real".
Es el argumento central de la
querella criminal presentada este lunes por el partido Unión Progreso y
Democracia (UPyD) contra cinco exresponsables de las dos cajas citadas (hoy
integradas en Bankia), y también contra el exgobernador del Banco de España Miguel
Angel Fernández Ordóñez y el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores Julio Segura, en estos dos últimos casos por no haber
controlado la emisión delictiva de las preferentes y su colocación fraudulenta
a miles de pequeños ahorradores.
La formación también ha
interpuesto dicha querella contra Caja Madrid y su filial, la mercantil Caja
Madrid Finance Preferred S.A.; Bancaja Eurocapital Finance y contra el Banco
Financiero y de Ahorros, S.A.
En cuanto a las personas físicas
denunciadas, el partido que lidera Rosa Díez se ha querellado contra
los responsables de los folletos de las emisiones de participaciones
preferentes de Caja Madrid Finance Preferred S.A., Carlos
Stilianopoulus; de Caja Madrid, Fernando Cuesta y Carlos Contreras; de Bancaja
Eurocapital Finance, Aurelio Izquierdo; y de Bancaja, José Fernando García.
La denuncia también se dirige
contra "todos los consejeros y directivos de las anteriores entidades que
hubieran intervenido, consciente y deliberadamente, en el diseño, implantación
y comercialización de las participaciones preferentes y otros instrumentos
híbridos".
A todos ellos se les imputa la
comisión de los delitos de estafa, estafa de inversores, apropiación
indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y
maquinación para alterar el precio de las cosas.
Así lo ha manifestado Rosa Díez,
en una rueda de presa ofrecida este lunes en la sede del partido, en la que ha
estado acompañada por su asesor jurídico y miembro del Consejo de Dirección
Andrés Herzog. Según la presidenta de UPyD la interposición de dicha demanda
responde a una "batalla" por la justicia y la regeneración
democrática y contra la "impunidad".
La querella se basa en el
reciente informe de la CNMV incorporado al 'caso Bankia',
fechado en febrero de este año, que concluye que Caja Madrid, Bancaja y Bankia
vendieron preferentes a precios fuera de mercado "de forma no aislada o
puntual", perjudicando los intereses de los clientes compradores. También
incorpora otros documentos del Banco de España y de expertos relevantes como
Prosper Lamothe.
El 'caso Bankia', por lo que
están imputados el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y otros 32 exconsejeros
de la entidad por la gestión de la crisis del banco, se inició en julio de 2012
a raiz de la admisión a trámite de una querella de la misma UPyD.
<http://www.publico.es/453743/querella-de-upyd-por-las-preferentes-contra-bankia-mafo-y-el-exjefe-de-la-cnmv>
lunes, 15 de abril de 2013
La banca obtendrá 13.000 millones por las quitas a las preferentes y subordinadas
Diario Público.es, 08/04/2013.
Las entidades españolas obtendrán
unos 13.000 millones de euros en capital gracias a las quitas impuestas a la
deuda subordinada y a las participaciones preferentes, según calcula
la agencia de calificación crediticia Fitch, que, advierte de que los bancos
podrían necesitar más capital en función de los resultados del arbitraje por la
mala comercialización de preferentes, que podría afectar al 20% del total de
estos instrumentos emitidos.
"Algunas de las
necesidades de capital del sector serán cubiertas por el autorrescate
(bail in) de la deuda subordinada y de los inversores en acciones
preferentes", señala Fitch, que cifra en "unos 13.000 millones"
el capital generado a través de estas medidas, aunque en algunos casos los
inversores podrán recibir acciones u otros instrumentos de deuda a cambio.
Respecto a estas medidas de
autorrescate, la agencia aprecia cierto retraso en su aplicación, en parte por
la mala comercialización potencial de estos instrumentos entre clientes
particulares.
"Estimamos que hasta
el 20% de los instrumentos híbridos emitidos podrían verse afectados por las
alegaciones, un porcentaje que varía de una entidad a otra. Esto daría
como resultado la necesidad de inyectar capital adicional", apunta Fitch.
Por otro lado, la agencia
advierte de que, si bien los progresos en la reforma del sector
bancario español son "buenos", aún persisten riesgos para el sector,
incluyendo un deterioro adicional de la calidad de los activos de la banca,
cuya rentabilidad se verá afectada por los bajos tipos de interés y la
morosidad.
"Hay varias cuestiones
pendientes que influenciarán en el éxito o el fracaso del proceso", apunta
Fitch Ratings, que mantiene una perspectiva "negativa" sobre
el sector bancario español en general. "Somos pesimistas respecto
a la calidad de los activos y nuestros ratings asumen un incremento de los
préstamos en riesgo de mora este año a medida que los problemas se extienden a
los préstamos a pymes y a las hipotecas residenciales", señala la agencia.
Asimismo, Fitch espera que las
provisiones por riesgo de crédito se mantengan elevadas, "aunque
probablemente no a los niveles de 2012", y advierte de que la
gestión de Sareb, el banco malo, de su cartera de activos podría tener un
"efecto llamada" sobre la calidad de los activos de los bancos no
recapitalizados.
Disponible en:
domingo, 14 de abril de 2013
Manifiesto "de vida o muerte" de 50 juristas contra los desahucios
Por Andrés
Muñiz
Diario Público.es, 09/04/2013.
Más de 50 juristas españoles han
firmado un manifiesto para apoyar expresamente la Iniciativa Legislativa
Popular que tramita el Congreso de los Diputados para resolver el drama de los
desahucios, lo que consideran "una obligación moral" y una
"cuestión de vida o muerte" en los tiempos que corren. El
documento avala expresamente la dacion en pago retroactiva para liquidar una
deuda hipotecaria y la paralización de los desalojos, en ambos casos cuando
afecten a la vivienda habitual.
El manifiesto está firmado por 53
jueces, magistrados, secretarios judiciales, abogados, procuradores,
catedráticos de Derecho, funcionarios y también por un notario. Entre ellos
figura el juez de Barcelona José María Fernández Seijo, que elevó la
consulta a los tribunales europeos que derivó en la condena a España por no
tener mecanismos para frenar los abusos en materia de ejecuciones hipotecarias.
El documento está redactado en
forma de "carta a todos los/las compañeros/as juristas de España a
propósito de la tragegia de los denominados 'desahucios'".
La misiva destaca que los
firmantes dan su apoyo a la iniciativa legislativa que puede suponer "un
cambio importantísimo en la vida de muchísimas personas, presentada con el
apoyo de más de 1.400.000 firmas".
"No nos dirigimos a ti
--dicen estos juristas a sus compañeros-- para que nos ayudes a buscar soluciones
o a realizar estudios de carácter jurídico sobre la cuestión. Tampoco vamos a
hacer contigo gestos grandilocuentes, ni queremos animarte a
desarrollar comportamientos de desobediencia civil (...) Únicamente estamos
mostrando nuestro apoyo a una iniciativa para que, por los mecanimos
democráticos, una determinada norma sea modificada, como tantas otras son
modificadas todos los días."
Los firmantes se desmarcan de las
"voces de expertos en Economía (y también de “supuestos expertos” en
Economía) diciendo que no es viable la dación en pago. Estos expertos sólo
representan a una parte de los técnicos en la materia. Pero es que el hecho de
que España se constituya como Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1.1
de la Constitución) implica entre otras cosas la sumisión de todos los poderes,
no a criterios económicos, sino al imperio de la Ley. Y en cuestión de
Leyes, los expertos somos nosotros. Y sabemos de qué hablamos cuando
decimos que la ley, en un régimen democrático, debe ser la expresión de la
voluntad del pueblo".
Agregan que "no es
consustancial a la hipoteca el que una persona, además de perder su vivienda
entregándola a la entidad financiera (con la posibilidad para ésta de volver a
enajenarla, en definitiva de volver a obtener beneficio de ella), haya de
responder con todo su patrimonio actual y futuro de una deuda hipotecaria que
sigue subsistiendo a pesar de la entrega del bien. Tampoco que
haga frente a unos altísimos intereses fijados unilateralmente por el Banco.
Todo eso no sucede en otros países".
Por ello, entienden que en España
se modifique la regulación es sólo cuestión de voluntad política. "Sólo
están pidiendo, con nosotros, dación en pago cuando la vivienda
hipotecada sea la vivienda habitual (con efecto retroactivo, sí), y la
paralización de los desahucios cuando se trata también de vivienda habitual y
de deudores de buena fe, con conversión en alquiler social, de modo que un
máximo del 30% de sus ingresos se destinen a pagar por el uso del
inmueble".
"Pero que ese deudor
--añaden los firmantes-- no se quede en la calle. Estas medidas afectan, según
los cálculos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a un porcentaje muy
reducido de las ejecuciones hipotecarias".
"Te pedimos que,
públicamente, apoyes la proposición de ley. Con ellos, podemos hasta
salvar vidas humanas. Dar esperanza a muchísma gente, ayudarles para que
puedan tener una segunda oportunidad. La presión social, para que se apruebe
la propuesta, es fundamental. Y nosotros somos. Entre otras cosas, porque
cada día vemo una voz relevante en el debate que se está abriendos
de cerca las consecuencias que en las personas tiene la aplicación de las
normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico", agrega la carta.
"Sólo te ruego --señalan los
firmantes-- que nos coloquemos junto al dolor de tantos seres humanos. Somos
juristas; en muchos casos, además, servidores públicos. Pero la neutralidad y
objetividad que debemos observar en el desarrollo de nuestras actividades
profesionales, son compatibles con nuestro legítimo ejercicio del derecho a la
libertad de expresión, como ciudadanos. Nada hay ilegal, nada reprochable, en
expresar nuestra voluntad de que una norma jurídica sea modificada por los
trámites legalmente previstos".
"Para nosotros, apoyar esta
causa, es una obligación moral. Más que nunca, una cuestión de vida o muerte.
Literalmente. Porque por comportamientos de las entidades financieras,
calificados ya como “abusivos” en muchas instancias, incluso judiciales, hay
personas que están muriendo".
Como colofón, señalan: "Nos
ha tocado vivir un momento histórico, y el día de mañana, queremos
tener la conciencia tranquila de que, pacíficamente, luchamos. Hicimos
todo lo que estaba en nuestra mano. Y mucho de lo que está en nuestra mano, no
está en la de todas esas personas que esperan que les ayudemos. ¿Te unes a
nosotros?"
Paralelamente a esta carta, la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha iniciado una campaña de apoyo de
juristas de toda España a la misma Iniciativa Legislativa Popular, a través de
la página: www.juristasporlailp.wordpress.com
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sábado, 13 de abril de 2013
Análisis urgente del sistema financiero gallego
Por Angel Cardín
ATTAC Galicia (Abril de 2013).
Nuestro sistema Financiero hace quince años era en
un 70 % de propiedad, dirección y gestión gallegas. Hoy, después del desastre
de las Cajas y de las ventas del Bº Pastor y Echeverría, contamos con un escaso
1 %. Por ello la economía y sociedad gallega tiene un grave y nuevo problema
más de futuro al no contar con un sistema financiero propio, situación que
exige actuaciones urgentes antes de que sea irreversible.
Hace dos décadas la banca y cajas en España se
volvieron codiciosas y entraron de lleno en la especulación financiera y a
fomentar la burbuja inmobiliaria con fondos prestados por los bancos europeos.
Las Cajas de Ahorros de Galicia entraron pronto en ese peligroso juego
lanzándose de manera irresponsable y aventurera a la especulación y a conseguir
la primacía en la naciente burbuja inmobiliaria.
Unos años después, a finales de 2007 al borde del
abismo de la gran crisis actual, la Caja de Ahorros de Galicia comunicaba
triunfalmente su intención de cerrar el año con una cifra de negocio
próxima a los 90.000 millones de euros,
con beneficios estimados en más de 500 millones de euros y con una mínima
morosidad del 0,43 %. En ese momento comenzaba el derrumbe del sistema
financiero codicioso y con pies de barro que arrastró a toda la economía del
país. Año y medio después esa misma Caja resultaba tener una morosidad real del
10 % y pérdidas de más de 2.000 millones de euros, pero costó mucho averiguarlo
pues se ocultó todo ese tiempo. Durante el año 2010 se debatió la conveniencia de la fusión de nuestras dos
Cajas para ganar tamaño y eficiencia y fortalecer nuestro sistema financiero,
pues la expectativas económicas y los estudios técnicos eran muy favorables
para ello. Sin embargo la fusión de las dos Cajas sólo sirvió para encubrir
durante un año más su situación de total desastre, al que las habían llevado la
gestión codiciosa e irresponsable de sus direcciones.
A finales de
2010 después de muchos tanteos, tasaciones y reestructuraciones se pone en
marcha la Caja única: Nova Caixa Galicia (NCG). En esa época la Conselleira de
Facenda de la Xunta (hoy secretaria de Estado de Presupuestos en el Gobierno de
Rajoy) se negó a hablar del porcentaje de “ activos tóxicos “ de la nueva Caixa
con el argumento de que “ era un dato confidencial”, hoy sabemos que eran unos
8.200 millones de euros, que representaban el 18 % de su inversiones, lo cual
constituía una bomba de relojería. Esta fusión se hizo para ganar tiempo
no para ganar tamaño, el cual tiene hoy que reducirse a la mitad.
Las aportaciones estatales por medio del FROB fueron
importantísimas durante los años 2011 y 2012 para sanearla y convertirla en un
banco: Nova Galicia Banco ( NGB).
Para ello el FROB, con el dinero
de todos los españoles, pasó a nacionalizar la entidad con una aportación total
de 9052 millones de euros. El proceso de unión, tasación y saneamiento de
nuestras Cajas fue totalmente opaco, equívoco y lleno de promesas incumplidas
por parte de sus direcciones ( hoy a punto de ser procesadas), del Bº de España
y del FROB. A resultas de ello hay un reguero de cuestiones serias pendientes
como las preferentes y subordinadas, las recientes aportaciones de empresarios
después de la conversión en banco o la enésima reducción de personal con
informaciones confusas.
Bajo el
impulso de Bruselas y de la troika, el Gobierno central obligó a otras uniones
disparatadas de Cajas para salvar a las más débiles y a convertirse en Bancos,
lo que fue un total fracaso teniendo que pedirle 60.000 millones de euros para
su rescate y firmando para ello unos duros compromisos, insuficientemente
conocidos, en el Memorando de entendimiento (MoU). En el caso de nuestro
flamante banco ( NGB) la aportación europea, que hay que pagar, fue de 5.425
millones de euros (incluidos en el total señalado de 9052 millones que gestiona
el FROB).
En la cuneta se quedan los vanos esfuerzos de José
María Castellano ( el nuevo presidente de la entidad NGB ), tan publicitados,
para mantener la institución en Galicia y bajo su control, recurriendo a un
empresariado gallego que sólo aportó la mitad de lo calculado –70,7 millones– y
a posibles fondos europeos e incluso fondos buitre que imponían para su
desembarco ser avalados por el FROB con un Esquema de Protección de Activos (
EPA ) frente a posibles pérdidas. Esa protección la reclaman hoy nuestros
empresarios inversores, que aducen desconocer las cuentas de la entidad, aunque
algunos estuviesen en su Consejo de Administración. ¿Qué ocurre con los
directivos de nuestras Cajas y ahora del nuevo Banco que cobrando sueldos
astronómicos no se enteraban ni se enteran de las decisiones que tomaban, ni
del estado de sus cuentas?
A pesar de su nacionalización el NGB lo sigue
gestionando la nueva cúpula de gestores privados.
La ruina que queda, de nuestro antaño poderoso
sistema financiero, se está reestructurando y saneando con dinero público con condiciones feroces
de adelgazamiento –séptimo plan interno de reducción de personal –y ventas de
EVO, del Bº Gallego, de participaciones, de inmuebles, etc.; además 5.019 millones de préstamos de activos tóxicos se
pasaron a la SAREB. Todo ello dejará
nuestra entidad reducida a la mitad y
circunscrita a su zona geográfica pero perfectamente saneada y operativa, para ser inmediatamente puesta a la venta a
la baja ante los tres bancos españoles interesados y de otros especuladores
internacionales, culpables de la crisis actual, siguiendo la ideología
ultraliberal de nuestro Gobierno y de los más influyentes países de Europa.
La enorme cantidad de dinero aportado por el FROB,
proveniente de nuestros impuestos, alcanzó la cifra señalada de 9052 millones
de euros (1 billón 500.000 de las antiguas pesetas) que supone la quinta parte
del PIB de Galicia y que no podemos cargar en nuestro presupuesto, pero sí
gestionar y dirigir. Esa cantidad unida a los recursos acumulados durante más
de cien años de ahorro popular gallego en sus siete Cajas, supondría un
indecente expolio entregarlo, por una parte de su valor, a la puja de los
especuladores. Aquí se percibe claramente cómo se transfiere la deuda del
sector financiero al Estado, el cual nos lo hace pagar mediante duros recortes
sociales que durarían décadas, para absorber los aproximadamente 180.000
millones de activos tóxicos de los que 73.000 son de suelo, y ello reforzado
por las pérdidas del Banco Malo durante 15 años que repercutirán en las cuentas
públicas. Claro ejemplo de socialización de pérdidas privadas y especulativas.
La idea
central de las fuerzas progresistas de España y de todas las personas
con conciencia ética, es que no se puede consentir que esa enorme masa de
dinero, proveniente de nuestros impuestos y ahorros y de los de nuestros hijos,
se exponga a la rapiña de los culpables de todo este descalabro económico y
social.
Para evitarlo, estamos siguiendo los planteamientos
de la Plataforma por la nacionalización de las Cajas de Ahorros y por una Banca
Pública para que nuestra única entidad
financiera relevante –hoy nacionalizada- continúe su andadura como Banca Pública en Galicia gestionado eficaz y
honradamente, como fueron durante muchas décadas la Banca Pública en España o
hasta hace veinte años nuestras Cajas de Ahorros en Galicia.
El ojo de Bruselas ha impedido la reciente
venta-expolio de la antigua Caixa Cataluña, imponiendo que se recupere la mayor
parte posible de los enormes recursos usados en su saneamiento, para que no
pase gratis a manos de los culpables de la crisis financiera.
Ello frenó la urgencia de la venta-expolio de NGB lo
que nos da un tiempo para reforzar nuestros apoyos sociales favorables a su
mantenimiento como Banca Pública en Galicia y a que, como ocurre con Bankia, no
sea subastada nunca. En caso contrario Galicia sería la única Nacionalidad
Histórica que no contaría con sistema financiero propio.
La Banca Pública en Galicia tiene asegurado su
futuro económico por su actual saneamiento y por el favorable préstamo de
Bruselas de 5.425 millones de euros a 15 años, con un interés del 0,58 % y con carencia. Además cuenta con
profesionales e instalaciones magníficas y con el apoyo social masivo en cuanto
se aparten de ella las antiguas cúpulas directivas.
Para lograr esta necesaria Banca Pública estamos
negociando con los diferentes Partidos, Sindicatos, Asociaciones de
Empresarios, Movimientos Ciudadanos, Plataformas de diferentes afectados, etc.
para alcanzar un consenso de País y lograr que se mantenga la gestión gallega
de la Banca nacionalizada NGB y evitar por todos los medios su subasta y
expolio. Teniendo presente que se cuenta con un tiempo escaso, estamos
avanzando por la siguiente Hoja de Ruta:
1- Acuerdo Básico de creación de la Banca Pública en
Galicia a partir de NGB y sus grandes recursos públicos.
Se están sumando a él los Partidos, Sindicatos,
empresarios y plataformas de afectados.
2- Declaración conjunta en el Parlamento de Galicia
a favor de esta propuesta.
3- Creación de una amplia Comisión para tratar con
el FROB, Mº de Economía, y Gobierno para que, como se va a hacer con Bankia, no
se subaste nuestra entidad y se quede como Banca Pública gestionada desde
Galicia.
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