lunes, 29 de abril de 2013

Crisis bancarias


Los nacionalizados


Diario El País, 28/4/2013.

Una parte significativa del Gobierno, al frente de la cual se halla el ministro de Economía Luis de Guindos, quiere utilizar los bancos nacionalizados por la crisis (Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia Banco) como instrumento de su política económica. No en vano entre ellos alcanzan alrededor de un 15% de la cuota de mercado del sistema financiero español. Sustancialmente, en dos terrenos: que abanderen la recuperación del crédito a las empresas y familias, y que al desprenderse de sus participaciones industriales (sobre todo Bankia en IAG, Indra o Iberdrola) no den cabida en las mismas a socios indeseables, tipo fondos buitres.

Para ello, la banca nacionalizada habrá de convertirse en banca pública al menos mientras no se inicie un proceso de privatización de la misma, si es que se hace (de lo que dudan pocos, al menos mientras gobierne el PP). Una banca pública compuesta por entidades distintas, sin holding ni fusiones, con consejeros delegados distintos, limpia de productos basura (traspasados al banco malo), recapitalizadas con 40.000 millones de euros procedentes de Bruselas, y con buenos equipos de gestión (muchos destacan la presencia de José Ignacio Goirigolzarri). Por tanto, nuestras autoridades habrán de explicar con profundidad, luz y taquígrafos, en qué consistirá esa coordinación de la que hablan.

Si la misma es efectiva, no será bien recibida por el resto del sector financiero privado, que en estos momentos no pasa por un romance con el Gobierno Rajoy. Lo dijo hace unos días el presidente de la patronal bancaria, Miguel Martín: “La parte sana del sector está pagando lo que no puede poner el Estado [seguramente se refería a las derramas al Fondo de Garantía de Depósitos para dar liquidez a las preferentes, a las ayudas al banco malo...]. Si se necesita que haya crédito habrá que cuidar a la parte sana porque es quien puede atender a la economía”.

Tampoco parecía estar muy de acuerdo con la banca pública el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, quien en un artículo teórico titulado “La intervención estatal en el sector bancario”, dentro de un libro homenaje al economista Julio Segura (Ensayos sobre economía y política económica. Antoni Bosch editor) —escrito bastante antes de que el Gobierno se pronunciase sobre este asunto— dijo en esencia que la propiedad pública no resulta, en general, un mecanismo eficaz para corregir las imperfecciones del mercado de servicios bancarios y, con frecuencia, tiende a acentuarlas.

Después de una nacionalización por necesidad, en una especie de socialización de pérdidas, el Gobierno se ha encontrado con un grupo de entidades bancarias que, en el extremo, podría ser una especie de germen de la antigua Argentaria. Habrá que estar atentos a su hipotética privatización (¿en este caso también se comería el pez pequeño al grande, como antaño?) y a la extraordinaria concentración del sector resultante, muy parecido a un oligopolio.

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El pueblo frente a la banca privada


Un frente contra los abusos de la banca


Diario El País, 27/4/2013.

Desbanka, organización ciudadana que reivindica un servicio financiero como prestación pública y social, ha organizado este fin de semana unas jornadas para crear un frente ciudadano común contra los abusos del sistema financiero y de la banca en particular. Las jornadas reúnen a expertos en economía y sociología. así como representantes de movimientos reivindicativos, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Estafa Banca o Ecologistas en Acción de Cataluña.

Con estas aportaciones e intervenciones multidisciplinares, Desbanka propone analizar en diferentes mesas los problemas actuales y las posibles soluciones que retraten el panorama global de la situación. Desde la criminalidad finaciera, pasando por la deuda, que actualmente refleja un déficit del 92% del Producto Interior Bruto (PIB) de España, la Europa del euro para contextualizar y establecer el escenario de la problemática, y alternativas como la banca pública o las finanzas éticas. Como cierre y punto álgido de las jornadas se ha convocado una asamblea ciudadana para que los asistentes expongan soluciones y acciones para combatir los abusos de la banca y, como proclama el movimiento, del poder financiero. El propósito inicial es crear un frente ciudadano con un programa de acción después de poner al alcance de todos la información necesaria.

El pistoletazo de salida de las jornadas corrió a cargo de una ponencia contundente sobre los abusos de la banca. Participaron Andreu Missé, exsubdirector de EL PAÍS y director de la revista Alternativas Económicas; Eva Corredoira, miembro de la PAH; Diego Herrera, coordinador de Estafa Banca en Mataró, y Carlos Bugallo, economista y miembro de Plataforma Valenciana por la Banca Pública.

Missé se encargó de poner las bases que fundamentan los principales problemas que aquejan a la ciudadanía: los desahucios y las participaciones preferentes. El periodista xplicó cómo el obstáculo principal para establecer una organización económica es la presión que ejerce “un fuerte sistema financiero sin recursos para combatirlo”. En su opinión, este sistema se ha ido alimentando y fortaleciendo a raíz de la desregularización que se ha fomentado en los últimos veinte años. También denunció los paraisos fiscales como sistemas que “anulan la democracia”.

Por su parte, ya sea en el ámbito de las hipotecas o en el de las preferentes, tanto Herrera como Corredoira coincidieron en analizar primero “los engaños y las estafas por parte de las entidades bancarias”. En el caso de las hipotecas, Corredoira insitió en los múltiples abusos que practica la banca, como falsear las nóminas de los solicitantes de las hipotecas, presentar avales falsos o tasar la vivienda por encima del valor de mercado para conceder después un préstamo sobre la totalidad del valor de la vivienda.
 
En cuanto a las preferentes, Herrera se centró en la población de Mataró y explicó cómo la entidad Caixa Laietana concedió preferentes a los colectivos más vulnerables, jubilados y jóvenes en paro, sin explicarles al detalle las condiciones y riesgos que comportaban.

Desde una vertiente académica o desde la experiencia adquirida como activistas de movimientos ciudadanos, todas las partes coindieron en que “necesitamos otro tipo de bancos, en este caso, completamente al servicio de la ciudadanía”.

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jueves, 25 de abril de 2013

Jornadas [des] Banka



Las preferentes: basura bancaria


Nada ha sido por casualidad. La estrategia procesal de 15mPaRato con las preferentes


15MPaRato
El diario.es, 24/04/2013.

El Dispositivo Ciudadano 15mPaRato se constituye en mayo de 2012 con el objetivo de iniciar un proceso penal contra Rodrigo Rato y los consejeros de BFA-Bankia por la salida a bolsa de la entidad, a todas luces plagada de irregularidades.

En apenas dos semanas, se elabora la web, se crean perfiles en redes sociales, se consigue la financiación a través de un "crowdfunding" en la red y se encuentran accionistas afectados dispuestos a otorgar sus poderes para iniciar el proceso.

Este elemento, la intervención de accionistas, no fue casual. Se criticó en su inicio que 15mPaRato no hiciese uso de la "acción popular", como el partido político que está personado también en el caso, y se decantase por la "acusación particular" (de ahí la necesidad de contar con accionistas).

Sin embargo, el uso de una en detrimento de la otra fue completamente deliberado y respondía a una estrategia procesal. En primer lugar porque sospechábamos que nos iban a poner todas las dificultades posibles para admitir nuestra querella y personarnos en el proceso. Mediante la acusación particular, nos encontraríamos en mejor derecho, legitimados completamente y a salvo de obstáculos como una posible oposición del fiscal a nuestra personación. De hecho, aún utilizando esta fórmula, el fiscal se opuso, pero el juez no tuvo más remedio que admitir nuestra querella, que redactamos y presentamos en tiempo récord.

Pero la participación de accionistas nos brindó una oportunidad más interesante aún. Tres de los accionistas a los que incluimos en la querella habían conseguido sus acciones mediante canje de preferentes de Bankia. A pesar de no versar el juicio sobre participaciones preferentes, introdujimos en nuestra querella una petición al juez, una diligencia previa, consistente en reclamar a Bankia información sobre las series de preferentes comercializadas por las cajas que se las vendieron a los accionistas a los que representábamos, en las fechas en las que Bankia salió a bolsa. El juez estimó la petición y abrió esta línea procesal, a pesar de que el resto de las partes, acusaciones y defensas, no comprendían por qué realizábamos esa jugada.

Lo cierto es que desde 15mPaRato ya estábamos familiarizados con la posible estafa de las participaciones preferentes. Sospechábamos que consistía en un timo generalizado, orquestado por la banca para recapitalizarse, que diversos organismos públicos debían conocer y que, pese a ello, no habían actuado según su deber de proteger a los clientes de las entidades, a las personas. De esta forma, consideramos que el proceso al Consejo de Administración de Bankia era una ocasión inmejorable para, a través de la investigación judicial, obtener las pruebas que necesitábamos para demostrar la estafa.

Básicamente, había que probar que nunca existió un mercado regulado, legal y supervisado de participaciones preferentes, y que todas las posibles ilegalidades cometidas estaban siendo encubiertas por los Gobiernos, primero el del PSOE y luego el del PP. Este último despachó, además, sendas reformas financieras (31 de agosto y 14 de noviermbre de 2012) que limitaban la capacidad de actuación de los afectados en los tribunales. Es más, en atención a las noticias que surgían durante el verano pasado acerca del rescate a los bancos españoles, al Memorandum de Entendimiento con la Troika y a la extraña dilación con la que dicho rescate llegaba (lo anunciaron antes de verano, pero se retrasó hasta casi octubre), dedujimos que se estaba presionando al Gobierno español para que hiciese estas reformas, con el objetivo de detener el creciente número de demandas judiciales contra los bancos y, de este modo, no poner en riesgo el pago de intereses y capital del rescate. En definitiva, se estaba utilizando el Memorandum de Entendimiento para saltarse la legalidad vigente.

Nos enfrentábamos a unos criminales muy poderosos, con el arma más mortífera: el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Conforme iba desarrollándose la fase de instrucción del caso Bankia, continuamos pidiendo información e investigando la legislación y los mercados de preferentes. Así descubrimos que la primera regulación legal que se hace de las mismas fue en 2003, precisamente cuando Rodrigo Rato era Ministro de Economía. Por su parte, el juez iba concediéndonos todas las informaciones que requeríamos, ante la sorpresa del resto de las partes, que seguían sin comprender hacia dónde íbamos y hasta dónde queríamos llegar.

De esta forma, observamos que Bankia cesó de comercializar preferentes en Noviembre de 2011 y que, hasta entonces, el valor de las mismas, las condiciones de venta y sus intereses, apenas habían variado durante muchos años. Este hecho era bastante sospechoso, pues es difícil que un mercado con miles de compradores y vendedores se comporte así, más aún en plena crisis financiera.

Repasando los comunicados de Bankia en fechas cercanas a ese noviembre de 2011, encontramos una mención, como hecho relevante, a una comunicación de la CNMV que, según la entidad, causó el cese de operaciones con participaciones preferentes. Exactamente se detuvieron el 14 de noviembre de 2011, y permaneció cerrado el mercado hasta abril del siguiente año, cuando reabrió con una bajada del valor repentina, al 75% del mismo, es decir, una pérdida del 25% para los preferentistas. Curiosamente, ese 75% era el mismo valor que Bankia ofrecía a los preferentistas para realizar el canje por acciones del banco.

Si el precio de las preferentes lo regulaba el mercado, las ofertas y demandas, por lo menos debió haber una operación en abril de 2012 realizada a ese precio, al 75% del valor. Al no encontrarla, sospechamos que era una maniobra deliberada de la propia Bankia, destinada a meter miedo a los preferentistas, con la excusa de que sus participaciones se desplomaban, para que aceptasen el canje por acciones y así obtener financiación.

Siguiendo ya esta buena pista, de repente la CNMV remite recientemente el informe que ha sido publicado en eldiario.es y en el que viene a confirmar todas nuestras hipótesis. Un informe que, en un país democrático, en un Estado de Derecho, conllevaría la inmediata dimisión de buena parte de los máximos responsables del Ministerio de Economía y de organismos como el Banco de España y de la propia CNMV. Este demoledor informe lo remite la CNMV al juez gracias a la estrategia procesal desarrollada desde 15mPaRato como acusación en el caso y, además, lo hace en el momento oportuno ya que, de no haberle solicitado al juez estas actuaciones, los posibles delitos hubieran prescrito a los dos años desde su comisión, es decir, en abril de este año. Lo cogimos justo a tiempo.

Las repercusiones de dicho informe no tardarán en producirse, tanto en forma de querellas masivas contra los bancos comercializadores de preferentes, como en presión social contra el gobierno por encubrir (ahora favoreciendo arbitrajes, canjes y quitas) una estafa de miles de millones que afecta a cientos de miles de ahorradores y a sus familias.

Pero todavía queda mucha tela que cortar, sobre todo tras descubrir que el cierre del mercado de las preferentes que hace Bankia a mediados de noviembre de 2011 fue ordenado por la CNMV un mes antes, que Bankia no comunicó nada a sus clientes y que, en ese mes, se multiplicaron las operaciones. ¿Quiénes vendieron y con qué información? ¿Cuánto beneficio obtuvieron y a costa de quiénes?

Aún quedan muchos cabos por atar, pero no nos dejaremos ni uno suelto.

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miércoles, 24 de abril de 2013

El sueño de la Crisis produce Banca


La deuda y la supuestamente anticuada lucha de clases


Por Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Juan Torres, en un excelente artículo publicado en Público (24.03.13), titulado La guerra mundial de la deuda señalaba que el mayor problema existente hoy en el mundo referente al crecimiento de la deuda no es la deuda pública, como constantemente subrayan la mayoría de medios de información, sino la deuda privada, la cual ha alcanzado unos niveles inasumibles en la práctica totalidad de países a los dos lados del Atlántico Norte. Según el Banco Internacional de Pagos (BIP), la deuda total privada de los países de la Eurozona es de 15,7 billones de euros, una cantidad que es casi el doble de la riqueza de los países de tal zona monetaria, medida por su PIB (8,7 billones de euros). Algo semejante ocurre en EEUU, cuya deuda privada es de 24,98 billones de dólares, que es muy superior a su PIB, que es de 16 billones de euros.

Y lo que es también alarmante, como subraya Juan Torres, es su elevado crecimiento. Según el BIP, la deuda privada en la Eurozona se ha duplicado en los últimos nueve años, una situación que se ha producido también con la deuda privada de EEUU, que se ha doblado en nueve años.

Otro dato de gran importancia es que la deuda de los hogares, que históricamente era mucho más baja que la deuda empresarial, se ha incrementado mucho más rápidamente que esta última. La explicación de todo este proceso es fácil de encontrar, aunque raramente la verá en los medios de mayor difusión, altamente influenciados por los grupos financieros y empresariales que dominan la vida económica del país y que están entrelazados con tales medios (un ejemplo de ello: el dueño de La Vanguardia, el conde de Godó, es el vicepresidente de CaixaBank, el mayor grupo financiero de Catalunya).

La causa del enorme crecimiento de la deuda privada es el enorme descenso de la masa salarial, que explica que las rentas del trabajo, de la cual derivan sus rentas la mayor parte de la ciudadanía, han ido descendiendo como porcentaje de la renta salarial total, mientras que las rentas del capital han creciendo enormemente. Es lo que solía definirse como lucha de clases, término que hoy no se utiliza por considerarse “anticuado”. Sólo algunos grandes financieros, como el Sr. Warren Buffet, uno de los hombres más ricos de EEUU, pueden citarlo sin reservas, afirmando que existe una guerra de clases, y que la suya es la que gana en bases diarias. Los datos muestran que el Sr. Buffet lleva toda la razón del mundo.

Las causas del descenso de las rentas del trabajo

En EEUU el salario horario (es decir, el salario que un trabajador recibe por hora) ha ido disminuyendo desde los años ochenta cuando el presidente Reagan (el ídolo de los economistas neoliberales) inició su guerra contra los sindicatos, despidiendo a todos los controladores aéreos, mostrando así al mundo empresarial que la veda estaba abierta en contra de los sindicatos. Algo similar ocurrió con la Sra. Thatcher, cuando inició la guerra contra los mineros. Esta guerra ha sido exitosa, pues el porcentaje de la población sindicalizada en EEUU ha disminuido notablemente, siendo hoy sólo un 11,3% de toda la población activa (y ello a pesar de que el porcentaje de población a la que le gustaría sindicalizarse, si pudiera, ha ido aumentando) y ello debido a las enormes dificultades que el mundo empresarial pone a que sus trabajadores puedan sindicalizarse. El temor al despido (debido a la gran desregulación existente en el mercado laboral de EEUU) es una de las mayores causas de esta disminución de la tasa de sindicalización.

Pero existen otras intervenciones públicas que debilitan a los sindicatos. Una es la destrucción de empleo, aumentando el número de parados y personas buscando trabajo. El desempleo tiene un enorme impacto en disciplinar al mundo del trabajo. Atemoriza a toda la población que trabaja, temerosa de perder su empleo. Este aumento del miedo determina un gran deterioro de las condiciones de trabajo (el número de trabajadores que indican estar trabajando bajo condiciones estresantes ha aumentado en EEUU y en todos los países de la UE), un aumento de la precariedad y un descenso de los beneficios sociales.

Otra intervención pública es la reducción de la protección social, con disminución, no sólo de los derechos laborales, sino también de los sociales. Los recortes de gasto público social tienen también como objetivo el debilitamiento de tal protección social, que desgasta a las clases populares, atemorizándolas al perder seguridad.

Éstas son las armas del capital frente al mundo del trabajo en lo que mi amigo Noam Chomsky llama la guerra de clases (“the class war”) en su introducción al libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, de Juan Torres, Alberto Garzón y yo mismo. Ni que decir tiene que las pérdidas del mundo del trabajo conllevan ganancias del capital.

¿Quién gana esta guerra?

La pregunta que me hacen mis estudiantes es: ¿cómo el capital se beneficia de las pérdidas que la guerra de clases determina en el mundo del trabajo? La respuesta tiene varios niveles.

Uno es que en la medida que las rentas del trabajo bajan, las rentas del capital suben. Y los datos hablan por sí mismos (en España, el porcentaje de las rentas del trabajo sobre el PIB ha pasado de 2008 a 2012 —datos del cuarto trimestre— del 49 al 46%, mientras que las rentas del capital han aumentado durante este periodo del 42 al 46%). En realidad el crecimiento de las últimas se debe al descenso de las primeras. Y la mejor prueba de ello es que en el análisis de dónde va la riqueza que el mundo del trabajo está creando se ve que ha ido predominantemente a las rentas superiores que derivan sus rentas de la propiedad del capital.

Otro beneficio que el capital, específicamente el financiero, consigue del descenso de los salarios, es la necesidad que tiene la población de endeudarse. El profundo endeudamiento de las familias se debe precisamente al descenso tan notable de su capacidad adquisitiva. La enorme expansión del capital financiero ha sido precisamente basada en este endeudamiento familiar. El sector financiero está hoy, en la mayoría de países, sobredimensionado, lo cual ha creado un problema gravísimo. El enorme poder de la banca sobre los aparatos estatales y mediáticos del país ha forzado unos comportamientos públicos, como la desregulación del capital financiero, que han causado la enorme crisis financiera que, indicador de su poder, se ha intentado resolver a base de apoyo público para garantizar su existencia. La escasa demanda, causada por la disminución de la capacidad adquisitiva de la población, ha hecho que la rentabilidad de las inversiones financieras se haya desplazado de sectores productivos a sectores especulativos (facilitados por la desregulación del crecimiento del capital financiero) causa de la enorme crisis.

Nos encontramos así que junto a la austeridad que experimentan las rentas del trabajo hay una exuberancia de las rentas del capital, que está detrás de la crisis financia que está llevando a la pobreza y a la miseria a grandes sectores de la población. Ésta es la situación raramente descrita en los medios de mayor difusión y, desde luego, en La Vanguardia.

Diario Público.es, 28/3/2013. Disponible en:

martes, 23 de abril de 2013

Las inversiones del Gobierno


El rescate a la banca eleva el déficit público al 10,6%, el mayor de la UE


Diario El País, 22/4/2013.

La lucha contra el déficit público, la prioridad del Gobierno en 2012, se salda con un resultado agridulce. Las pérdidas contabilizadas por ayudas públicas a la banca que no se confía en recuperar elevan el desfase de las cuentas del año pasado al 10,6% del PIB, según acaba de certificar Eurostat, la agencia estadística de Bruselas. Es el mayor agujero presupuestario en toda la Unión Europea, solo cercano al de Grecia (10%).

Si se excluye del cómputo el rescate financiero, se confirma un recorte del déficit (del 9% de 2011 al 7% de 2012), pero ni se cumple el compromiso  pactado con Bruselas (6,3%), ni se sale de la primera línea de atención de los mercados. Más aún, si la deuda pública, donde suma el rescate financiero, pero también los créditos del Gobierno a las comunidades autónomas para pagar a proveedores, es la que crece a mayor velocidad de la UE en los últimos meses: siete puntos porcentuales en el último trimestre del año pasado y contando. 

España tiene a ocho países europeos por delante en el nivel de deuda pública acumulado, un indicador al que los mercados prestan casi tanta atención como a la falta de actividad —la economía española sufre una recesión más prolongada ya que la de 2008-2009—. Pero, para los inversores, más importante aún es la velocidad a la que crece: el salto entre finales de 2011 (69,3%) y de 2012 (84,2% del PIB) es más que notable. Y en los dos primeros meses del año, la deuda pública española ronda ya el 87%.

Nada refleja mejor la dificultad de ajustar los presupuestos en plena recesión como la evolución de los ingresos públicos. Tras la mayor subida de impuestos de la democracia (recargo al IRPF, alza del IVA, eliminación de deducciones en el impuesto de sociedades), la proporción de ingresos sobre el PIB solo aumentó del 35,7% al 36,4%, con la recaudación lastrada por el enorme desempleo (al que los recortes y la reforma laboral han dado otro empujón) y la falta de actividad económica. Solo Irlanda, dentro de la zona euro, tiene un nivel de ingresos públicos menor.

El contraste con Alemania, la primera economía del euro, es enorme. El Gobierno de Angela Merkel ha coseguido cerrar 2012 en superávit (0,2% del PIB), algo fuera del alcance del resto de la Unión Europea. También, un recordatorio de que Berlín no cree en la expansión del gasto para apoyar al resto de la eurozona, como le reclama el FMI. Y el leve aumento de la deuda pública (del 80,4% al 81,9%) tiene que ver sobre todo con el dinero puesto en los rescates de Grecia, Irlanda y Portugal (más de 56.000 millones).

El Gobierno se apoyará en la evidencia estadística para fundamentar su petición de que la Comisión Europea le de hasta dos años más para llevar el déficit al 3% del PIB. Más aún cuando las previsiones económicas, que el Ejecutivo del PP revisará esta semana, apuntan a que la recesión, más aguda de lo que anticipaba la estimación oficial (-0,5% frente al -1,6% que pronostica el FMI), se prolongará hasta finales de año.

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lunes, 22 de abril de 2013

Hay que rebelarse


IU anuncia una querella contra las entidades y los políticos responsables de la estafa de las preferentes


Diario Público.es, 22/4/2013.

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha anunciado que su formación está estudiando presentar una querella contra "entidades responsables y políticos" por el caso de las preferentes. Lara ha explicado, durante su intervención en la reunión de la Presidencia Ejecutiva Federal de IU, que los responsables de este "desastre" han "usurpado" y "robado" los ahorros de miles de personas, por lo que los abogados de la formación están preparando esta querella.

Por otra parte, la Presidencia de IU ha aprobado una resolución sobre vivienda para rechazar el "cerrojazo" del PP a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y mostrar su apoyo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). En este sentido, Lara ha indicado que el PP está criminalizando a los movimientos sociales "en lugar de buscar una alternativa a los problemas de la gente". A su juicio, intenta desacreditar mediaticamente "a todo lo que se mueve" incluida su formación.

El dirigente de IU ha propuesto a los miembros de su partido parar esta "ofensiva" con el "trabajo y explicando a los ciudadanos que hay una alternativa". "Nos han puesto las lupas. Tenemos las lupas puestas en toda la organización. Intensifiquemos nuestra honestidad en la vida pública", ha señalado Lara.

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<http://www.publico.es/454083/iu-anuncia-una-querella-contra-las-entidades-y-los-politicos-responsables-de-la-estafa-de-las-preferentes>

Esquerra Unida repta al Consell a expropiar als bancs per aturar els desnonaments


domingo, 21 de abril de 2013

El descontrol de la banca


El Gobierno aprueba el decreto que permitirá a Sáenz seguir en el Santander


Por Iñigo de Barrón
Diario El País, 2/4/2013.

El Gobierno ha aprobado el decreto que permitirá que los banqueros con antecedentes penales puedan seguir ejerciendo. Despeja así el camino para que Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, continúe en la entidad, pese a que el Tribunal Supremo anuló parcialmente el indulto que le había sido concedido. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la aprobación de la medida, que permite a los directivos que conserven "su honorabilidad" seguir ejerciendo. Según el Ministerio de Economía, es una adaptación de las recomendaciones europeas sobre el tema.

La nueva norma cambia la definición de honorabilidad. Según la redacción prevista, "concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una diligente y prudente gestión de la entidad", señalaba el proyecto. Según ha añadido hoy Economía, en cuanto a los requisitos de experiencia se valorará no solo la trayectoria profesional sino también "la formación de carácter teórico, en particular en las áreas de banca y servicios financieros".

Para realizar esa nueva valoración, se tendrá en cuenta:  "La trayectoria del consejero, directivo o empleado en su relación con las autoridades de regulación y supervisión; las razones por las que pudiera haber sido despedido o cesado en puestos o cargos anteriores; su historial de solvencia y cumplimiento de sus obligaciones; los resultados obtenidos en el desempeño de sus responsabilidades; o si se hubiera declarado en concurso". Además, también se valorará si la condena es por de delitos dolosos, las sanciones "o si los hechos que motivaron la condena o sanción se realizaron en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le hubiese sido confiada". El tiempo transcurrido desde el delito, la "conducta posterior" y la reiteración de condenas o sanciones por faltas o infracciones también influirán. 

En el caso de que se considerara que el directivo de un banco no cumple estos requisitos, las entidades dispondrán de un plazo de seis meses para sustituirlos, de acuerdo con los nuevos requerimientos.

El Tribunal Supremo hizo pública en febrero una sentencia en la que se anulaba parte del indulto que el Gobierno de Zapatero concedió a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander. En la práctica, esa sentencia implicaba que Sáenz seguía teniendo antecedentes penales, por lo que legalmente no cumpliría la condición de “honorabilidad” y no podría ejercer de banquero. La consideración de honorable, sin embargo, ahora cambia, por lo que se despeja la continuación de Sáenz en la entidad si encaja en los nuevos requerimientos.

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El fracaso de la banca


Los europeos consideran que las instituciones financieras están entre los principales responsables de la crisis

Fundación BBVA, 4/4/2013. (Extracto)

La Fundación BBVA presenta los primeros resultados del Estudio Values and Worldviews (Valores y Visiones del mundo), que examina un amplio conjunto de percepciones, actitudes y valores centrales de los ciudadanos de 10 países europeos. El estudio se ha estructurado en dos partes: esfera pública (política, economía), y plano privado (familia, religión, ética).

Esta es su percepción sobre la gravedad de la crisis y sus responsables.

Mayoritaria percepción de que la economía internacional está atravesando una grave crisis. En todos los países predomina la percepción de que la economía internacional está atravesando una crisis grave, pero la intensidad de la percepción de la gravedad varía entre países. Los italianos y los españoles y, en menor medida, los franceses y los ingleses, tienen una percepción más acentuada de la gravedad de la crisis económica internacional: más de la mitad la percibe como “muy grave”  (en España 7 de cada 10 personas).

División de opiniones sobre la intensidad de la crisis económica nacional. Existe una distancia valorativa en cuanto a la gravedad de esta crisis según los distintos países. Así, mientras que en España e Italia más del 80% cree que se trata de una crisis económica nacional “muy grave”, este porcentaje se sitúa en torno al  10% en Suecia y Alemania.

Los principales responsables de la crisis. Los europeos distribuyen la responsabilidad de la crisis en un amplio conjunto de grupos e instituciones, entre los que destacan los políticos, los bancos, los gobiernos nacionales, los dirigentes de la UE, las compañías financieras y las agencias de calificación. Los españoles destacan de la media europea por adjudicarle mayor responsabilidad en la crisis a las empresas constructoras y menor responsabilidad a “los países del Sur de Europa”.

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viernes, 19 de abril de 2013

Crisis bancarias


La banca adeuda a las comunidades de vecinos 250 millones de euros


Diario El País, 21/3/2013.

Malas perspectivas para 2013. La crisis no cede y las comunidades de vecinos la acusan por la subida de los gastos a pagar en la primera y en la segunda vivienda. Los ayuntamientos y las empresas de suministros aumentan las facturas de los gastos.

Y los impagos arrecian. Según una encuesta realizada entre más de 800 administradores de fincas que administran 43.000 comunidades en toda España, las deudas alcanzaron los 1.551 millones de euros en 2012. Y este año pueden llegar a los 1.900 millones de euros.

Estos datos se han puesto de manifiesto en la presentación del II Informe nacional sobre la morosidad en las comunidades de vecinos, del Observatorio de las Comunidades de Propietarios, del grupo editorial Francis Lefebvre. Esta plataforma analiza y realiza propuestas como la formulada por Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAF), que, ante la morosidad de las entidades financieras, solicita reformas legales. Destacan dos. La primera, que la comunidad pueda solicitar que se considere crédito preferente el pago de la deuda no solo del último año y de la anualidad corriente, como marca la Ley de Propiedad Horizontal (artículo 9.1. E), sino de hasta cinco años naturales inmediatamente anteriores, algo necesario por la dilación en los procesos de ejecución hipotecaria.

Aparte de que la redacción de la Ley de Propiedad Horizontal ha dado lugar a que algunos nuevos propietarios esperen a escriturar en el mes de enero, para afrontar el pago de 13 meses solo, lo que ahora se solicita a los ministros de Justicia y de Fomento, a los grupos parlamentarios y al Defensor del Pueblo es que el nuevo propietario responda a lo adeudado durante cinco anualidades.

La segunda de las peticiones enviadas esta semana es que se modifique la Ley Concursal (artículo 90.1) y se incorporen como créditos con privilegio especial de cobro las deudas contraídas por impago de las cuotas para afrontar los gastos generales de la comunidad.

“Las comunidades, ante la banca, o los promotores que entran en liquidación y dejan deudas impagadas se enfrentan a un retraso en el cobro de varios años y sufren las quitas importantes por la Ley Concursal, y durante ese tiempo, la aportación del resto de los propietarios está sirviendo para que el inmueble esté en condiciones de tener un aprovechamiento del que se beneficiaran los demás acreedores”. El Consejo contabiliza que las deudas de las entidades financieras ascendieron a unos 250 millones, y las de promotores rondaron los 600 millones de euros.

En la presentación del Informe también se alertó de que la subida de las tasas judiciales “supone una nueva carga impositiva para reclamaciones a partir de 2.000 euros, lo que hará que la junta de propietarios renuncie a reclamar deudas que son difícilmente asumibles por una comunidad de propietarios en la que haya un alto índice de impagados”, según explicó Manuel Gambin, consejero del Observatorio.
Díez ha solicitado a la Agencia Tributaria que las comunidades de propietarios sean consideradas como consumidores finales, al no poseer personalidad jurídica propia, con lo que no les sería de aplicación la subida de las tasas judiciales. Tal interpretación ya se venía haciendo con la legislación anterior.

Pero a veces no se logra atajar la morosidad, no por falta de respaldo legislativo, sino por falta de recursos económicos de la comunidad o de profesionalidad a la hora de reclamarla: defectos formales, como notificaciones o certificaciones deficientes y documentación incompleta.

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jueves, 18 de abril de 2013

La ética de la banca



Fraudes e irregularidades en la actividad financiera

Por Julio Fdez-Sanguino Fernández

El sector financiero siempre ha sido propicio a fraudes e irregularidades, que han ocasionado importantes quebrantos económicos, tanto a entidades como a inversores, así como otras consecuencias negativas, entre las que destacan pérdidas de imagen y de clientes, sanciones e, incluso, la desaparición de sociedades.

El secreto y la discreción, especialmente en las entidades financieras, son básicos para sustentar el principio de confianza, lo que, unido a la confidencialidad con que tratan las empresas los actos indebidos que se producen en las mismas, siempre ha dificultado el conocimiento de la cuestión objeto del presente trabajo.

No obstante, prácticamente todos los días aparecen en los medios de comunicación referencias a irregularidades producidas en las empresas, especialmente en las financieras. Con independencia de las actuaciones judiciales que procedan y de los resultados de las mismas, esta información permite, aunque sea con ciertas limitaciones, establecer una visión de las distintas modalidades defraudatorias y sus repercusiones económicas.

Tipos de fraudes

En las entidades de crédito se pueden desarrollar los mismos actos indebidos que en cualquier otro tipo de empresas; ahora bien, las características propias de la actividad bancaria, por la diversidad y exclusividad de sus operaciones y los numerosos riesgos existentes, hacen que en este sector se puedan producir más fraudes que en otras empresas y aparezcan, también, fraudes específicos que únicamente se producen en este tipo de entidades.

Además, en el negocio bancario el dinero está siempre presente y, salvo excepciones por motivos de venganza o notoriedad, se le considera el principal causante de la mayoría de los fraudes internos, entendidos como aquellos actos indebidos o desleales realizados por empleados y directivos en sus organizaciones. Por este motivo, destacan en primer lugar los casos relacionados con la apropiación indebida de fondos en una amplia gama de modalidades, desde la substracción o robo del dinero físicamente hasta su desvío mediante la manipulación de cuentas, tanto internas de la entidad como de clientes.

En relación con los fondos de los clientes, hay que hacer referencia a uno de los fraudes tradicionales más típicos de la actividad bancaria y que está relacionado con el uso indebido de esos fondos por los empleados y directivos desleales al margen de la entidad de crédito, bien en su utilización pasajera para solventar necesidades económicas, bien de forma permanente para instrumentar lo que se denomina "banca paralela".

Siguen en importancia las actuaciones indebidas o negligentes relacionadas con la actividad crediticia, destacándose, además, como la morosidad ha llevado a algunas entidades a situaciones muy delicadas, incluso de quiebra.

Sobresalen los sucesos relacionados con la concesión irregular de préstamos y créditos, fundamentalmente para beneficiar a los propios directivos, a determinadas empresas o a terceros. Además, las irregularidades se extienden también a los afianzamientos, al concederse créditos sin las garantías suficientes o, incluso, falsas, y en las reclamaciones posteriores con la finalidad de evitar o dificultar las recuperaciones de créditos fallidos.

En tercer lugar, aparecen una serie de actuaciones indebidas relacionadas con la operativa de las entidades y que se centran en bienes distintos al dinero, como por ejemplo cheques; en la información, tan sensible en este sector; o en las operaciones que se realizan en los diversos mercados.

Estas últimas actuaciones han generado quebrantos significativos en bastantes casos, como se indica en el apartado correspondiente a los derivados, pudiéndose observar cómo personas vinculadas a las entidades de crédito han aprovechado la actividad de la empresa, saltándose las normas y los controles existentes, para efectuar por cuenta propia operaciones de la compañía con la finalidad de especular o de realizar operaciones secretas para tratar de compensar las pérdidas generadas por inversiones desafortunadas.

A continuación figuran una serie de noticias relativas a presuntas actuaciones delictivas relacionadas con la actividad bancaria, como fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Entre las noticias publicadas, destacan por su gran repercusión las relacionadas con la gestión fraudulenta o defectuosa de administradores, que han ocasionado importantes pérdidas, tanto para las propias empresas afectadas como para los depositantes, e, incluso, la desaparición de entidades. Hay que recordar que las últimas crisis bancarias en nuestro país han afectado a más de veinte sociedades con saneamientos en torno a los tres mil millones de euros.

Además, otras actuaciones irregulares de los administradores han ocasionado a las entidades daños considerables, como sanciones o pérdidas de imagen y depositantes, y hacen referencia a temas relacionados con incumplimientos de normas, riesgos excesivos, información privilegiada, etc.

Nota: es un extracto del documento disponible en:

miércoles, 17 de abril de 2013

La banca, culpable


El FMI alerta de una crisis financiera crónica si la economía no levanta el vuelo


Por Amanda Mars
Diario El País, 17/4/2013

Los popes de la economía mundial que estos días desfilan por Washington ya no hablan sobre un eventual rescate a España en los pasillos de la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) ni sobre la ruptura de la zona euro. El llamado precipicio fiscal en Estados Unidos, una fuerte subida de impuestos acompañada de recortes, que tenía al mundo en vilo por su efecto global, también se ha esquivado. Y la guinda: Japón ha aprobado un plan de gran calado que hace posible el final de su deflación. El mundo, en definitiva, no se ha acabado. Y, sin embargo, el rumor de batalla persiste, el miedo a un nuevo tsunami se desprende del reverso de cada gráfico o estadística estos días e impregna todo discurso oficial o informal durante las reuniones de primavera el Fondo.

La actual situación de calma es muy frágil. Si los problemas de la economía productiva no se resuelven, la tregua finalizará y “la crisis financiera mundial podría entrar en una fase más crónica, caracterizada por un deterioro de las condiciones financieras y por episodios recurrentes de inestabilidad”, alerta el informe de estabilidad del FMI. El organismo que dirige Christine Lagarde no deja de repetirlo estos días: Europa debe culminar el saneamiento de su sistema bancario y favorecer que el crédito vuelva a fluir por la economía, mientras que en el ámbito global todos los países deben comprometerse con la agenda de reformas regulatorias y aprobar planes fiscales de largo plazo.

El responsable financiero del FMI, José Viñals, ha echado mano este miércoles de las socorridas metáforas meteorológicas para presentar las nuevas perspectivas. “La primavera ha llegado claramente, y también ha ocurrido en los mercados financieros globales, donde después de repetidas tormentas y nubes amenazantes, está surgiendo el cielo azul y más días soleados”.

La buena marcha de las principales bolsas mundiales de los últimos meses y la mejora de los títulos de deuda pública de los países con más problemas —como España— dan buena cuenta de esta sensación de alivio. El panorama, sin embargo, empieza a oscurecerse cuando se acerca el foco al flujo de crédito –se ha contraído un 5% desde el inicio de la crisis-, el sobreendeudamiento de muchas empresas o la contracción prevista para la Eurozona. Sí, se ciernen más nubarrones sobre la economía.

En el caso europeo, la mayor parte de la mejora se debe al programa de compra de bonos soberanos que aprobó el Banco Central Europeo (BCE) para ayudar a los países que soliciten el rescate, un mecanismo que sin necesidad de ser aplicado ha producido un efecto de placebo y ha reducido los intereses que los inversores piden por adquirir títulos de deuda de los países periféricos. “Aunque los inversores y los funcionarios parecen cómodos con el hecho de que el programa OMT [siglas en inglés de este plan] permanezca virtual, esta dinámica podría cambiar”, agua la fiesta el FMI. Además, la situación política en Italia complica la implantación de cualquier medida y, aunque las condiciones de financiación se han suavizado para muchos países, las necesidades netas de esta financiación siguen al alza.

El Fondo advierte en su informe de que los diferenciales de intereses que los países pagan respecto a la referencia de Alemania —la llamada prima de riesgo— perderán prácticamente toda la mejora hasta 2016 si no se llevan a cabo las reformas y la economía continúa renqueante. En concreto, prevé que la prima de riesgo de los bonos españoles a dos años prácticamente se duplique, hasta superar los 400 puntos básicos (o cuatro puntos porcentuales), una tendencia que seguiría Italia (su prima pasaría de cerca de 200 hasta los 400 puntos básicos), Francia o Bélgica, aunque estos dos últimos países quedan en niveles mucho más bajos, sin sobrepasar los 100 puntos básicos.

Los mercados juegan infiltrados en todo el mundo gracias a las inyecciones de liquidez de los grandes bancos centrales, que han evitado lo peor, pero las autoridades se empiezan a preocupar por lo que ocurra cuando estos estímulos se retiren. Los riegos que están asumiendo los bancos centrales constituyen un peligro incipiente, por el síndrome de abstinencia que generan en las economías de los países, por los riegos que están asumiendo en sus balanzas y por posibles burbujas que puedan generar en los países emergentes, al rebajar tanto el precio del dinero en los países desarrollados.

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martes, 16 de abril de 2013

La banca y el Estado



Querella de UPyD por las preferentes contra Bankia, MAFO y el exjefe de la CNMV


Diario Público.es, 15/4/2013.

Caja Madrid y Bancaja crearon "un mercado interno ficticio en el que literalmente se inventaron los precios de cotización" de las preferentes, "a fin de mantener la ilusión de que el producto tenía liquidez e incluso una buena cotización, fingiendo ante los inversores la existencia de un mercado secundario real".

Es el argumento central de la querella criminal presentada este lunes por el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD) contra cinco exresponsables de las dos cajas citadas (hoy integradas en Bankia), y también contra el exgobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez y el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores Julio Segura, en estos dos últimos casos por no haber controlado la emisión delictiva de las preferentes y su colocación fraudulenta a miles de pequeños ahorradores.

La formación también ha interpuesto dicha querella contra Caja Madrid y su filial, la mercantil Caja Madrid Finance Preferred S.A.; Bancaja Eurocapital Finance y contra el Banco Financiero y de Ahorros, S.A.

En cuanto a las personas físicas denunciadas, el partido que lidera Rosa Díez se ha querellado contra los responsables de los folletos de las emisiones de participaciones preferentes de Caja Madrid Finance Preferred S.A., Carlos Stilianopoulus; de Caja Madrid, Fernando Cuesta y Carlos Contreras; de Bancaja Eurocapital Finance, Aurelio Izquierdo; y de Bancaja, José Fernando García.

La denuncia también se dirige contra "todos los consejeros y directivos de las anteriores entidades que hubieran intervenido, consciente y deliberadamente, en el diseño, implantación y comercialización de las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos".

A todos ellos se les imputa la comisión de los delitos de estafa, estafa de inversores, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Así lo ha manifestado Rosa Díez, en una rueda de presa ofrecida este lunes en la sede del partido, en la que ha estado acompañada por su asesor jurídico y miembro del Consejo de Dirección Andrés Herzog. Según la presidenta de UPyD la interposición de dicha demanda responde a una "batalla" por la justicia y la regeneración democrática y contra la "impunidad".

La querella se basa en el reciente informe de la CNMV incorporado al 'caso Bankia', fechado en febrero de este año, que concluye que Caja Madrid, Bancaja y Bankia vendieron preferentes a precios fuera de mercado "de forma no aislada o puntual", perjudicando los intereses de los clientes compradores. También incorpora otros documentos del Banco de España y de expertos relevantes como Prosper Lamothe.

El 'caso Bankia', por lo que están imputados el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y otros 32 exconsejeros de la entidad por la gestión de la crisis del banco, se inició en julio de 2012 a raiz de la admisión a trámite de una querella de la misma UPyD.

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<http://www.publico.es/453743/querella-de-upyd-por-las-preferentes-contra-bankia-mafo-y-el-exjefe-de-la-cnmv>

lunes, 15 de abril de 2013

¿Hay límites para la codicia?


La banca obtendrá 13.000 millones por las quitas a las preferentes y subordinadas


Diario Público.es, 08/04/2013.  

Las entidades españolas obtendrán unos 13.000 millones de euros en capital gracias a las quitas impuestas a la deuda subordinada y a las participaciones preferentes, según calcula la agencia de calificación crediticia Fitch, que, advierte de que los bancos podrían necesitar más capital en función de los resultados del arbitraje por la mala comercialización de preferentes, que podría afectar al 20% del total de estos instrumentos emitidos.

"Algunas de las necesidades de capital del sector serán cubiertas por el autorrescate (bail in) de la deuda subordinada y de los inversores en acciones preferentes", señala Fitch, que cifra en "unos 13.000 millones" el capital generado a través de estas medidas, aunque en algunos casos los inversores podrán recibir acciones u otros instrumentos de deuda a cambio.

Respecto a estas medidas de autorrescate, la agencia aprecia cierto retraso en su aplicación, en parte por la mala comercialización potencial de estos instrumentos entre clientes particulares.

"Estimamos que hasta el 20% de los instrumentos híbridos emitidos podrían verse afectados por las alegaciones, un porcentaje que varía de una entidad a otra. Esto daría como resultado la necesidad de inyectar capital adicional", apunta Fitch.

Por otro lado, la agencia advierte de que, si bien los progresos en la reforma del sector bancario español son "buenos", aún persisten riesgos para el sector, incluyendo un deterioro adicional de la calidad de los activos de la banca, cuya rentabilidad se verá afectada por los bajos tipos de interés y la morosidad.

"Hay varias cuestiones pendientes que influenciarán en el éxito o el fracaso del proceso", apunta Fitch Ratings, que mantiene una perspectiva "negativa" sobre el sector bancario español en general. "Somos pesimistas respecto a la calidad de los activos y nuestros ratings asumen un incremento de los préstamos en riesgo de mora este año a medida que los problemas se extienden a los préstamos a pymes y a las hipotecas residenciales", señala la agencia.

Asimismo, Fitch espera que las provisiones por riesgo de crédito se mantengan elevadas, "aunque probablemente no a los niveles de 2012", y advierte de que la gestión de Sareb, el banco malo, de su cartera de activos podría tener un "efecto llamada" sobre la calidad de los activos de los bancos no recapitalizados.

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domingo, 14 de abril de 2013

Las víctimas de los desahucios


Manifiesto "de vida o muerte" de 50 juristas contra los desahucios


Por Andrés Muñiz
Diario Público.es, 09/04/2013.

Más de 50 juristas españoles han firmado un manifiesto para apoyar expresamente la Iniciativa Legislativa Popular que tramita el Congreso de los Diputados para resolver el drama de los desahucios, lo que consideran "una obligación moral" y una "cuestión de vida o muerte" en los tiempos que corren. El documento avala expresamente la dacion en pago retroactiva para liquidar una deuda hipotecaria y la paralización de los desalojos, en ambos casos cuando afecten a la vivienda habitual.

El manifiesto está firmado por 53 jueces, magistrados, secretarios judiciales, abogados, procuradores, catedráticos de Derecho, funcionarios y también por un notario. Entre ellos figura el juez de Barcelona José María Fernández Seijo, que elevó la consulta a los tribunales europeos que derivó en la condena a España por no tener mecanismos para frenar los abusos en materia de ejecuciones hipotecarias.

El documento está redactado en forma de "carta a todos los/las compañeros/as juristas de España a propósito de la tragegia de los denominados 'desahucios'".

La misiva destaca que los firmantes dan su apoyo a la iniciativa legislativa que puede suponer "un cambio importantísimo en la vida de muchísimas personas, presentada con el apoyo de más de 1.400.000 firmas".

"No nos dirigimos a ti --dicen estos juristas a sus compañeros-- para que nos ayudes a buscar soluciones o a realizar estudios de carácter jurídico sobre la cuestión. Tampoco vamos a hacer contigo gestos grandilocuentes,  ni queremos animarte a desarrollar comportamientos de desobediencia civil (...) Únicamente estamos mostrando nuestro apoyo a una iniciativa para que, por los mecanimos democráticos, una determinada norma sea modificada, como tantas otras son modificadas todos los días."

Los firmantes se desmarcan de las "voces de expertos en Economía (y también de “supuestos expertos” en Economía) diciendo que no es viable la dación en pago. Estos expertos sólo representan a una parte de los técnicos en la materia. Pero es que el hecho de que España se constituya como Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1.1 de la Constitución) implica entre otras cosas la sumisión de todos los poderes, no a criterios económicos, sino al imperio de la Ley. Y en cuestión de Leyes, los expertos somos nosotros. Y sabemos de qué hablamos cuando decimos que la ley, en un régimen democrático, debe ser la expresión de la voluntad del pueblo".

Agregan que "no es consustancial a la hipoteca el que una persona, además de perder su vivienda entregándola a la entidad financiera (con la posibilidad para ésta de volver a enajenarla, en definitiva de volver a obtener beneficio de ella),  haya de responder con todo su patrimonio actual y futuro de una deuda hipotecaria que sigue subsistiendo a pesar de la entrega del bien. Tampoco que haga frente a unos altísimos intereses fijados unilateralmente por el Banco. Todo eso no sucede en otros países".

Por ello, entienden que en España se modifique la regulación es sólo cuestión de voluntad política. "Sólo están pidiendo, con nosotros, dación en pago cuando la vivienda hipotecada sea la vivienda habitual (con efecto retroactivo, sí), y la paralización de los desahucios cuando se trata también de vivienda habitual y de deudores de buena fe, con conversión en alquiler social, de modo que un máximo del 30% de sus ingresos se destinen a pagar por el uso del inmueble".

"Pero que ese deudor --añaden los firmantes-- no se quede en la calle. Estas medidas afectan, según los cálculos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a un porcentaje muy reducido de las ejecuciones hipotecarias".

"Te pedimos que, públicamente, apoyes la proposición de ley. Con ellos, podemos hasta salvar vidas humanas. Dar esperanza a muchísma gente, ayudarles para que puedan tener una segunda oportunidad. La presión social, para que se apruebe la propuesta, es fundamental. Y nosotros somos. Entre otras cosas, porque cada día vemo una voz relevante en el debate que se está abriendos de cerca las consecuencias que en las personas tiene la aplicación de las normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico", agrega la carta.

"Sólo te ruego --señalan los firmantes-- que nos coloquemos junto al dolor de tantos seres humanos. Somos juristas; en muchos casos, además, servidores públicos. Pero la neutralidad y objetividad que debemos observar en el desarrollo de nuestras actividades profesionales, son compatibles con nuestro legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión, como ciudadanos. Nada hay ilegal, nada reprochable, en expresar nuestra voluntad de que una norma jurídica sea modificada por los trámites legalmente previstos".

"Para nosotros, apoyar esta causa, es una obligación moral. Más que nunca, una cuestión de vida o muerte. Literalmente. Porque por comportamientos de las entidades financieras, calificados ya como “abusivos” en muchas instancias, incluso judiciales, hay personas que están muriendo".

Como colofón, señalan: "Nos ha tocado vivir un momento histórico, y el día de mañana, queremos tener la conciencia tranquila de que, pacíficamente, luchamos. Hicimos todo lo que estaba en nuestra mano. Y mucho de lo que está en nuestra mano, no está en la de todas esas personas que esperan que les ayudemos. ¿Te unes a nosotros?"

Paralelamente a esta carta, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha iniciado una campaña de apoyo de juristas de toda España a la misma Iniciativa Legislativa Popular, a través de la página: www.juristasporlailp.wordpress.com

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sábado, 13 de abril de 2013

Comisiones bancarias abusivas


Análisis urgente del sistema financiero gallego


Por  Angel Cardín
ATTAC Galicia (Abril de 2013).

Nuestro sistema Financiero hace quince años era en un 70 % de propiedad, dirección y gestión gallegas. Hoy, después del desastre de las Cajas y de las ventas del Bº Pastor y Echeverría, contamos con un escaso 1 %. Por ello la economía y sociedad gallega tiene un grave y nuevo problema más de futuro al no contar con un sistema financiero propio, situación que exige actuaciones urgentes antes de que sea irreversible.

Hace dos décadas la banca y cajas en España se volvieron codiciosas y entraron de lleno en la especulación financiera y a fomentar la burbuja inmobiliaria con fondos prestados por los bancos europeos. Las Cajas de Ahorros de Galicia entraron pronto en ese peligroso juego lanzándose de manera irresponsable y aventurera a la especulación y a conseguir la primacía en la naciente burbuja inmobiliaria.

Unos años después, a finales de 2007 al borde del abismo de la gran crisis actual, la Caja de Ahorros de Galicia comunicaba triunfalmente su intención de cerrar el año con una cifra de negocio próxima  a los 90.000 millones de euros, con beneficios estimados en más de 500 millones de euros y con una mínima morosidad del 0,43 %. En ese momento comenzaba el derrumbe del sistema financiero codicioso y con pies de barro que arrastró a toda la economía del país. Año y medio después esa misma Caja resultaba tener una morosidad real del 10 % y pérdidas de más de 2.000 millones de euros, pero costó mucho averiguarlo pues se ocultó todo ese tiempo. Durante el año 2010 se debatió  la conveniencia de la fusión de nuestras dos Cajas para ganar tamaño y eficiencia y fortalecer nuestro sistema financiero, pues la expectativas económicas y los estudios técnicos eran muy favorables para ello. Sin embargo la fusión de las dos Cajas sólo sirvió para encubrir durante un año más su situación de total desastre, al que las habían llevado la gestión codiciosa e irresponsable de sus direcciones.

 A finales de 2010 después de muchos tanteos, tasaciones y reestructuraciones se pone en marcha la Caja única: Nova Caixa Galicia (NCG). En esa época la Conselleira de Facenda de la Xunta (hoy secretaria de Estado de Presupuestos en el Gobierno de Rajoy) se negó a hablar del porcentaje de “ activos tóxicos “ de la nueva Caixa con el argumento de que “ era un dato confidencial”, hoy sabemos que eran unos 8.200 millones de euros, que representaban el 18 %  de su inversiones, lo cual  constituía una bomba de relojería. Esta fusión se hizo para ganar tiempo no para ganar tamaño, el cual tiene hoy que reducirse a la mitad.

Las aportaciones estatales por medio del FROB fueron importantísimas durante los años 2011 y 2012 para sanearla y convertirla en un banco: Nova Galicia Banco ( NGB).  Para  ello el FROB, con el dinero de todos los españoles, pasó a nacionalizar la entidad con una aportación total de 9052 millones de euros. El proceso de unión, tasación y saneamiento de nuestras Cajas fue totalmente opaco, equívoco y lleno de promesas incumplidas por parte de sus direcciones ( hoy a punto de ser procesadas), del Bº de España y del FROB. A resultas de ello hay un reguero de cuestiones serias pendientes como las preferentes y subordinadas, las recientes aportaciones de empresarios después de la conversión en banco o la enésima reducción de personal con informaciones confusas.

 Bajo el impulso de Bruselas y de la troika, el Gobierno central obligó a otras uniones disparatadas de Cajas para salvar a las más débiles y a convertirse en Bancos, lo que fue un total fracaso teniendo que pedirle 60.000 millones de euros para su rescate y firmando para ello unos duros compromisos, insuficientemente conocidos, en el Memorando de entendimiento (MoU). En el caso de nuestro flamante banco ( NGB) la aportación europea, que hay que pagar, fue de 5.425 millones de euros (incluidos en el total señalado de 9052 millones que gestiona el FROB).

En la cuneta se quedan los vanos esfuerzos de José María Castellano ( el nuevo presidente de la entidad NGB ), tan publicitados, para mantener la institución en Galicia y bajo su control, recurriendo a un empresariado gallego que sólo aportó la mitad de lo calculado –70,7 millones– y a posibles fondos europeos e incluso fondos buitre que imponían para su desembarco ser avalados por el FROB con un Esquema de Protección de Activos ( EPA ) frente a posibles pérdidas. Esa protección la reclaman hoy nuestros empresarios inversores, que aducen desconocer las cuentas de la entidad, aunque algunos estuviesen en su Consejo de Administración. ¿Qué ocurre con los directivos de nuestras Cajas y ahora del nuevo Banco que cobrando sueldos astronómicos no se enteraban ni se enteran de las decisiones que tomaban, ni del estado de sus cuentas?

A pesar de su nacionalización el NGB lo sigue gestionando la nueva cúpula de gestores privados.

La ruina que queda, de nuestro antaño poderoso sistema financiero, se está reestructurando y saneando  con dinero público con condiciones feroces de adelgazamiento –séptimo plan interno de reducción de personal –y ventas de EVO, del Bº Gallego, de participaciones, de inmuebles, etc.; además 5.019  millones de préstamos de activos tóxicos se pasaron a la  SAREB. Todo ello dejará nuestra entidad reducida  a la mitad y circunscrita a su zona geográfica pero perfectamente saneada y operativa,  para ser inmediatamente puesta a la venta a la baja ante los tres bancos españoles interesados y de otros especuladores internacionales, culpables de la crisis actual, siguiendo la ideología ultraliberal de nuestro Gobierno y de los más influyentes países de Europa.

La enorme cantidad de dinero aportado por el FROB, proveniente de nuestros impuestos, alcanzó la cifra señalada de 9052 millones de euros (1 billón 500.000 de las antiguas pesetas) que supone la quinta parte del PIB de Galicia y que no podemos cargar en nuestro presupuesto, pero sí gestionar y dirigir. Esa cantidad unida a los recursos acumulados durante más de cien años de ahorro popular gallego en sus siete Cajas, supondría un indecente expolio entregarlo, por una parte de su valor, a la puja de los especuladores. Aquí se percibe claramente cómo se transfiere la deuda del sector financiero al Estado, el cual nos lo hace pagar mediante duros recortes sociales que durarían décadas, para absorber los aproximadamente 180.000 millones de activos tóxicos de los que 73.000 son de suelo, y ello reforzado por las pérdidas del Banco Malo durante 15 años que repercutirán en las cuentas públicas. Claro ejemplo de socialización de pérdidas privadas y especulativas.

La idea  central de las fuerzas progresistas de España y de todas las personas con conciencia ética, es que no se puede consentir que esa enorme masa de dinero, proveniente de nuestros impuestos y ahorros y de los de nuestros hijos, se exponga a la rapiña de los culpables de todo este descalabro económico y social.

Para evitarlo, estamos siguiendo los planteamientos de la Plataforma por la nacionalización de las Cajas de Ahorros y por una Banca Pública  para que nuestra única entidad financiera relevante –hoy nacionalizada- continúe su andadura como Banca Pública en Galicia gestionado eficaz y honradamente, como fueron durante muchas décadas la Banca Pública en España o hasta hace veinte años nuestras Cajas de Ahorros en Galicia.

El ojo de Bruselas ha impedido la reciente venta-expolio de la antigua Caixa Cataluña, imponiendo que se recupere la mayor parte posible de los enormes recursos usados en su saneamiento, para que no pase gratis a manos de los culpables de la crisis financiera.

Ello frenó la urgencia de la venta-expolio de NGB lo que nos da un tiempo para reforzar nuestros apoyos sociales favorables a su mantenimiento como Banca Pública en Galicia y a que, como ocurre con Bankia, no sea subastada nunca. En caso contrario Galicia sería la única Nacionalidad Histórica que no contaría con sistema financiero propio.

La Banca Pública en Galicia tiene asegurado su futuro económico por su actual saneamiento y por el favorable préstamo de Bruselas de 5.425 millones de euros a 15 años, con un interés del 0,58 %  y con carencia. Además cuenta con profesionales e instalaciones magníficas y con el apoyo social masivo en cuanto se aparten de ella las antiguas cúpulas directivas.

Para lograr esta necesaria Banca Pública estamos negociando con los diferentes Partidos, Sindicatos, Asociaciones de Empresarios, Movimientos Ciudadanos, Plataformas de diferentes afectados, etc. para alcanzar un consenso de País y lograr que se mantenga la gestión gallega de la Banca nacionalizada NGB y evitar por todos los medios su subasta y expolio. Teniendo presente que se cuenta con un tiempo escaso, estamos avanzando por la siguiente Hoja de Ruta:

1- Acuerdo Básico de creación de la Banca Pública en Galicia a partir de NGB y sus grandes recursos públicos.

Se están sumando a él los Partidos, Sindicatos, empresarios y plataformas de afectados. 

2- Declaración conjunta en el Parlamento de Galicia a favor de esta propuesta.

3- Creación de una amplia Comisión para tratar con el FROB, Mº de Economía, y Gobierno para que, como se va a hacer con Bankia, no se subaste nuestra entidad y se quede como Banca Pública gestionada desde Galicia.