sábado, 31 de agosto de 2013
¿Conseguirá la derecha acabar con los sindicatos?
Por Juan Tortosa
Diario Público.es, 26/08/2013.
Yo quiero tener quien me
defienda. Tengo claro que solo, frente a la vocación depredadora del patrón, no
soy nada. Por eso quiero que existan los sindicatos. Por eso me parece básico
que su existencia sea, como lo es, un derecho constitucional.
Ahora que atraviesan horas bajas
creo que es el momento de gritar a los cuatro vientos que los sindicatos son
imprescindibles y que no podemos dejar que nos los quiten por mucho corrupto
que se demuestre que hay o ha habido en sus filas. La campaña que desde hace ya
varios años llevan a cabo buena parte de los medios de derechas contra los
sindicatos no tiene por objeto, contra lo que parece, denunciar corruptelas
puntuales ni personas concretas sino poner en cuestión la esencia misma de la
organización a la que pertenecen los denunciados.
Como en tantas otras
instituciones, en las filas sindicales también hay corruptos a los que la
justicia, previa denuncia y presentación de pruebas, acabará poniendo en su
sitio. Con absoluciones o condenas a personas que forman parte de una
organización, pero no a la organización misma. Sin embargo, la machacona
propaganda de la derecha más rancia ha conseguido que cale en la sociedad una
propensión hacia el desprestigio no de unas personas, sino de unas
instituciones imprescindibles para impedir que los defensores del liberalismo
más salvaje acaben campando a sus anchas sin ninguna fuerza social que ataje su
avaricia depredadora.
Es verdad que los sindicatos, tal
como los conocemos hoy, han quedado anticuados, que se mueven entre teorías y
mecanismos de acción que han perdido mucha eficacia. Es ya imprescindible que
espabilen cuanto antes y se dejen de tentaciones sectarias y corporativistas.
Pero también es verdad que a los sindicatos les debemos mucho en este país y es
el momento de no olvidarlo. Es el momento de no olvidar el sacrificio personal
y vital de personas como Marcelino Camacho (CCOO), encarcelado
durante años por luchar por nuestros derechos. Es el momento de poner en valor
los muchos méritos de Nicolás Redondo (UGT), entre los que
figura no haber dudado en enfrentarse a su propio partido cuando le pareció que
éste escoraba hacia la derecha de una manera a su juicio inaceptable.
Gracias a Camacho, Redondo y a
quienes les acompañaban en la lucha hace cuarenta años se consiguieron mejoras
sustanciales en la calidad de vida de millones de trabajadores. Se pelearon, y
se ganaron, derechos sociales y laborales que ahora nos quieren arrebatar
sin piedad, a poco que nos despistemos y perdamos la memoria o la
perspectiva.
Como dijo no hace mucho Iñaki Gabilondo: “Qué bien asfaltado les estamos
dejando el camino a quienes realmente nos explotan cada día. ¡Acabemos con los
sindicatos! Sí. Dejemos que la patronal y los bancos regulen los horarios, las
pensiones, los sueldos, las condiciones laborales y los costes del despido.
Verán cómo nos va a ir con la reforma del mercado laboral, cuando los
sindicatos dejen de existir y no puedan convocarse huelgas ni manifestaciones”.
A los jóvenes que abominan de los
sindicatos dado el pésimo momento por el que atraviesa su prestigio, yo les
digo: ¿Por qué no os planteáis remozar, remover y modernizar las organizaciones
sindicales de clase desde dentro? Cambiadlo todo si así lo creéis oportuno,
pero los sindicatos están ahí para aprovechar su existencia lo mejor posible.
Con sus consolidadas infraestructuras, son un instrumento de resistencia y de
lucha indispensable. No olvidemos nunca eso. Porque se trata de un dique de
contención imprescindible para que los desaprensivos que mueven los hilos de
nuestra desesperanza no acaben, como sueñan, machacándonos sin piedad. Por
mucho corrupto que se acabara demostrando que hay en los sindicatos, yo quiero
tener quien me defienda.
Disponible en:
viernes, 30 de agosto de 2013
“Todos los políticos son iguales”: El desencanto individualista y sus efectos
Por Concepción Fernández
Villanueva
Diario Público.es,
30/08/2013.
Actualmente se repite como un
mantra la desconfianza del pueblo ante los políticos No sólo lo repite la gente
de la calle; las encuestas y todos los documentos científicos serios revelan
una enorme desconfianza en los partidos. Se ha convertido en políticamente
correcto culpar y castigar a los políticos. Incluso los niños y niñas españoles
de 4 a 16 años ya manifiestan que han interiorizado este mito: 17,3% de
ellos castigan a la clase política al considerarla responsable de la crisis y
la profesión de político se sitúa en el ranking de las menos deseadas por los
pequeños, elegida sólo por el 4,4% (estudio de la Fundación Adecco “¿Qué
quieres ser de mayor?” 2013). En este clima de desconfianza, tan extendido,
resulta difícil de sostener que no todos los políticos ni todos los partidos
son iguales, sin ser acusado de ingenuo o de corrupto. Según los resultados del
estudio mencionado nos lo dirían hasta nuestros hijos.
No obstante, los efectos de esta creencia,
falsa pero interesada, van más allá de los apoyos explícitos a los partidos y
más allá de la abstención en las elecciones.
Un primer efecto no despreciable
de este mito es que ha servido como un mecanismo de desvío de otras
culpabilidades. Por ejemplo, ¿en qué medida esta irracional proyección
de culpa generalizada sobre los políticos les ha servido a los bancos y las
instituciones financieras para esquivar una responsabilidad mucho más dolosa
que la de los políticos en el desencadenamiento de la actual crisis y en el
modo como va no-evolucionando? ¿Por qué no aparece la culpabilización de los
bancos o de las grandes empresas en el citado estudio sobre las actitudes de
los niños? ¿No resulta un poco llamativo, después de haberse presentado en
televisión tanta información sobre desahucios de pisos propiedad de bancos y
sobre los sueldazos que tienen los directivos de ambas instituciones? Con un
poco de objetividad adulta podemos añadir lo que falta en el discurso de
los niños: algunos políticos actúan deshonestamente para conseguir beneficios,
es cierto, pero la consecución de beneficios de los sistemas bancarios y de sus
dirigentes son escandalosamente inmorales, siendo a la vez legales. Cuando
evaluamos la crueldad e implacabilidad de las decisiones de unos y otros,
permítanme decir que gana, con mucho, la crueldad y desconsideración de los
bancos y de algunas grandes empresas. Afirmo esto aún a sabiendas de que
tenemos en este momento el Gobierno más cruel y despiadado de toda la
democracia.
Un segundo efecto es que este mantra
mueve los pilares de la seguridad y de la relación social de los ciudadanos. Se
nos plantea en qué personas o instituciones podemos confiar. Si confiamos sólo
en nosotros mismos y en nuestros entornos grupales más próximos, nos quedamos
inermes y desprotegidos frente a los verdaderos poderes que deciden sobre
nuestras vidas. Si confiamos en líderes individuales honestos pero populistas,
podemos tener la consecuencia de la desarticulación social, el ilusionismo
ineficaz e incluso, el fraude.
Lo más dañino para los ciudadanos
y, paralelamente, lo más beneficioso para quien ostenta los poderes (públicos,
empresariales y bancarios) es que los individuos confiemos sólo en nosotros
mismos.
Parece un simple refugio
psicológico, una consecuencia de las actuales circunstancias, fácil de
entender. Pero es más mucho más que eso. Es una nueva y perniciosa forma de
individualismo social, que está tan extendida y capilarizada como oculta bajo
presupuestos psicológicos o de salud y bienestar social. Vemos circular engañosos
y demagógicos discursos que proliferan desde los foros políticos a la
seudopsicología, pasando por los comunicadores sociales, que pregonan que hay
que buscarse la vida por uno mismo, que hay que ser positivos, que la solución
reside dentro de cada uno. Discursos que, junto a los ejemplos a menudo
engañosos del éxito conseguido por algunos cracks, lo que están diciendo
en realidad es “búscate la vida por tu cuenta”, “sé más listo que los demás y
si no lo eres, tuya es la culpa”. Algunos de estos predicadores de la
positividad confunden la vida laboral con un concurso tipo reality, un
concurso tipo “tú sí que vales”. La confusión entre lo que ocurre en un
espectáculo televisivo y la realidad es tan fácil que hasta presentadores de realities
promocionan y venden libros que ofrecen las claves del éxito de un buscador de
empleo.
Ese discurso individualista en
realidad está invitando a la gente a ser muy astuta, muy insolidaria y siempre,
más lista que los demás. En algunos momentos, promociona la pillería, el
pequeño truco que se ofrece al otro porque el que lo ofrece es más listo y
consigue influir a los demás sin que el destinatario tenga conciencia de ello.
Una influencia interpersonal que raya en lo ilegítimo. Pero que es totalmente
ineficaz para la mayor parte de los trabajos. ¿Os imagináis cuál sería la
aplicación de esta técnica para buscar trabajo como educador o como enfermera o
como policía, funcionario, médico, montador de piezas de coche o como cajero en
un supermercado?
Más allá de la ineficacia, este
individualismo astuto e insolidario, vendido con el señuelo del éxito y la
posibilidad de glamour de cualquier persona, lo que en realidad está
consiguiendo es culpabilizar. Culpabilizar a muchísimos individuos de
cuestiones de las que nunca deben sentirse culpables. Este discurso se
complementa lógicamente muy bien con el que justifica los privilegios de las
clases poderosas y dominantes y se mantiene impasible ante la situación
deplorable de las clases más desprotegidas: “si todos tenemos lo que nos merecemos,
los que tienen mucho más es porque lo han merecido”. Hemos oído a víctimas de
la crisis hacer suya la afirmación de que “hemos vivido por encima de nuestras
posibilidades”, personas que simplemente desearon o intentaron comprar un bien,
una casa o un producto de consumo, como nos inducían los diversos reclamos y
posibilidades sociales percibidas. ¡Consiguen hacernos sentir culpables! Pero
lo más frecuente es que nos culpen. Algunos políticos o comunicadores se
permiten impunemente afirmar que “los casos puntuales” de desnutrición en
nuestro país son “una responsabilidad que corresponde a los padres” (Rafael
Hernando) o comentar con rabia “que se jodan” los parados o los que se
encuentran contra su voluntad implicados en un conflicto violento, como el de
Egipto (Andrea Fabra y Marhuenda, respectivamente).
Ese discurso individualista y
culpabilizador, además, desvía el esfuerzo dedicado a cambiar las condiciones
sociales y lo sustituye por la atención a las “astucias” individuales. Manejar
muy bien las estrategias de empleabilidad, (formarse para lo que exige el
mercado, presentarse como exige el empleador, adecuarse a las exigencias
laborales antes que a los derechos y, además, llamar la atención, ser original
y simpático). Y como efecto derivado, no dedicar parte de su tiempo y de su
esfuerzo a cambiar las condiciones sociales que explican y hacen posible la
situación actual de los trabajadores. Y tampoco exigir nada de quienes son
responsables de crear empleo ni modificar las condiciones y derechos en el
mismo. Esa es la verdadera dimensión y el principal efecto de la ideología del
individualismo ayudada por un cómplice psicológico que es la seudopsicología de
la positividad: “Todos debemos estar bien, ser positivos y mantener la
autoestima sean cuales sean las condiciones que nos afecten”.
No estoy criticando el trabajo
psicológico que se pueda hacer con las personas con problemas para intentar que
en una situación cualquiera, por muy terrible que sea, tome el aspecto más
positivo y eficaz para ella en el futuro. Critico los efectos políticos
perniciosos de esta actitud irreflexiva y compulsiva de positividad, de
exigencia de control de la situación por el individuo en cualquier
circunstancia. Es la coartada perfecta para que los poderes públicos justifiquen
no hacer nada para reducir el malestar, que no es individual, sino social. En
vez de exigir la positividad hay que atender a los muy demostrados efectos del
desempleo en el bienestar psicológico de las personas. La situación social
difícil enferma, crea enfermedad y síntomas. No lo olvidemos nunca.
Así que no nos engañemos. La
ideología del individualismo y su cómplice psicológica, la “positividad a toda
costa”, son mecanismos útiles para mantener en su sitio a quienes están en
peores condiciones. O en todo caso para que la mejoría se haga a base de un
esfuerzo añadido por las personas que lo sufren y nunca a base de apelar a los
que tienen más recursos, poder y capacidad para cambiar la situación.
Y, volviendo al principio, por
muy popularizado que esté el mito de que “todos los políticos (y todos los
partidos) son iguales”, es obvio que no lo son. Lo que han hecho unos lo
desmontan otros y, en menos de dos años, el partido que gobierna actualmente
nos conduce décadas atrás en derechos y bienestar social. Pero si no confiamos
en políticos, grupos, movimientos sociales, sindicatos, y trabajamos con ellos,
lo único que nos queda es adecuarnos a las estrategias de quienes deciden las
reglas del juego social y tienen el poder de imponérselas a los demás. Y
además, los que nos aconsejan individualizar nuestra situación no lo creen ni
lo aplican en sus propios comportamientos. Establecen lobbies bien
fuertes para blindar su poder, aunque pregonen la bondad y la capacidad de los
individuos aislados.
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jueves, 29 de agosto de 2013
España registra la mayor caída de crédito privado de toda la eurozona
Por Cristina Delgado
Diario El País, 29/08/2013.
El presidente del Banco Central
Europeo, Mario Draghi, aseguró que los tipos de interés se mantendrían en su
actual mínimo histórico “durante un periodo de tiempo prolongado”. ¿Cuánto? “El
que sea necesario”, respondió. Los signos de recuperación de la zona euro
podrían hacer pensar que ese momento está cerca. Sin embargo, si lo que espera
el banquero es que la liquidez llegue a la economía real, deberá tener
paciencia, porque el crédito llega todavía con cuentagotas a las familias y,
sobre todo, a las empresas. La falta de crédito, sin embargo, no afecta a todos
los países por igual: España lidera la bajada en julio con una reducción de préstamos
al sector privado del 10,3% sobre el mismo mes de 2012.
A pesar de que los tipos de
interés del BCE son solo del 0,5% desde mayo, los préstamos para empresas
y familias sufrieron en julio un nuevo retroceso. La caída en toda la zona
euro, del 1,9% es la mayor de la era del euro, según la serie histórica del
BCE. Encadena 15 meses a la baja. El sector peor parado es el de las empresas:
entre las sociedades no financieras se hundió el 3,7%, frente al 3,2% de junio.
Los bancos de la zona euro siguen resistiéndose a abrir el grifo de la
liquidez. Pero como ya ocurre con el crecimiento económico, con el crédito se
consolida cada vez más la Europa de las dos velocidades: la mayor bajada de los
préstamos la registró España, con un retroceso del 10,3% interanual. En las
economías que han recibido rescates financieros también se reduce notablemente:
el 4,5% en Irlanda, el 3,7% en Grecia, el 5,5% en Portugal y el 5,1% en Chipre.
Los depósitos bancarios bajan el
1,89% y retoman su tendencia negativa
El 5 de septiembre está previsto
que se celebre la próxima reunión del Consejo de Gobierno del BCE y los tipos
de interés volverán a estar bajo los focos. Pero esta vez sobre la mesa estarán
también los datos que refuerzan la idea de que hay luz al final del túnel de la
crisis: los dos gigantes económicos del euro —Alemania y Francia— han tirado
del carro para que la zona euro registre un avance económico del 0,3%. Sin embargo,
a la debilidad de otras piezas clave de la Unión Europea, como Italia, España y
Holanda, se suma la certeza de que el crédito todavía no fluye, lo que
previsiblemente aleja una subida de los tipos de interés.
Los hogares y las empresas
responden a la falta de préstamos con rebajas
en sus aportaciones a los depósitos bancarios, que, con una caída
del 1,89%, retomaron en julio la tendencia a la baja que se había roto el mes
anterior. En total, había depositado el mes pasado 1,45 billones de euros,
frente a los 1,48 billones del mes anterior. Si se suma el dinero que los
extranjeros tienen en estos productos en entidades españolas, la cifra asciende
a 1,49 billones, 35.068 millones por debajo de un mes antes.
El Banco de España ha justificado
este miércoles que los responsables de la bajada son “fondos de titulización” y
entidades de contrapartida central (cámaras de compensación) que no son
auténticos depósitos sino “apuntes contables”. Sin embargo, los depósitos de
familias y de empresas también se contrajeron, más de 8.000 millones. Según la
institución que dirige Luis María Linde, esto “responde a factores
estacionales”. Con la llegada del verano, los españoles ahorran menos.
Los bancos aprovechan julio para
aplicar cambios a su estrategia de inversión
Los bancos, por su parte,
aprovecharon julio para aplicar cambios a su estrategia de inversión: las
entidades españolas, italianas y francesas redujeron una parte de sus carteras
en deuda pública, según datos también del BCE. En concreto, los bancos
españoles vendieron títulos de deuda pública por valor de
5.800 millones de euros. Se trata del primer descenso registrado
desde abril, y que contrasta con la compra de 37.700 millones que realizaron
entre mayo y junio. En total, la cartera de bonos soberanos en poder de las
entidades que operan en España alcanzó los 314.400 millones de euros.
Según ha señalado Reuters, los
bancos italianos coincidieron en esta estrategia, y vendieron el mes pasado
6.300 millones de euros de su cartera de deuda soberana, tras un aumento de
10.800 millones de euros en junio. Y la caída fue mayor en Francia, donde las
entidades vendieron 21.700 millones de euros de títulos de renta fija. Ajustado
al valor de mercado, las carteras de deuda soberana en manos de los bancos
cayeron a su nivel más bajo desde agosto de 2012.
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miércoles, 28 de agosto de 2013
La gran mentira de los consejeros independientes de las grandes empresas: testaferros al servicio del capital
ADICAE, 31/05/2013. (Extracto)
Los consejeros de las sociedades
cotizadas, las más importantes en el marco económico, deben actuar como
asesores de la empresa. Un Consejo de Administración debe servir para
supervisar la gestión de los directivos o reducir los conflictos de intereses
entre directivos e inversores. Normalmente las empresas tienen cuatro
tipos de consejeros: ejecutivos, dominicales, externos e independientes.
Los ejecutivos intervienen en la
actividad diaria de la empresa con tareas de alta dirección, o son empleados de
la sociedad. Los dominicales están en el Consejo de Administración porque son
accionistas de la sociedad -las empresas accionistas pueden nombrar
representantes-. Los externos no intervienen en la actividad diaria de la
sociedad. Y los independientes deberían representar los intereses de los
pequeños accionistas... pero, en realidad, y como demuestra ADICAE en el
informe 'La gran mentira de los consejeros independientes',
únicamente sirven a intereses empresariales.
¿Qué son
los consejeros independientes?
Son personas que supuestamente
tienen una gran cualificación y amplio recorrido profesional y forman parte del
Consejo de Administración de las empresas que cotizan en Bolsa, aunque no están
obligados a ser accionistas de la empresa. Deberían representar a los pequeños
accionistas de la empresa que no forman parte de ningún grupo de control sobre
la misma. Tienen la función de supervisar al Consejo de Administración, mostrar
y defender los intereses del capital flotante.
En ocasiones los intereses de los
dirigentes son contrarios a los de los pequeños accionistas, ahí es cuando
entra en juego el consejero independiente que, ejerciendo correctamente su
labor de supervisión, tendrá que desaconsejar las decisiones propuestas que no
sean buenas para los accionistas. En empresas en las que el accionariado está
muy repartido su trabajo será más sencillo, puesto que podrán ejercer una
supervisión más amplia. Además, pueden emprender acciones legales.
¿Qué dice la CNMV?
Según el organismo regulador la
elección del consejero independiente debe cumplir una serie de criterios:
-Pluralismo. Los consejeros
independientes de la sociedad no tienen que reunir un único perfil, no hay
obligación de que sean o hayan sido consejeros de otras compañías. Es
aconsejable incorporar personas de distintos ámbitos profesionales para tener
puntos de vista diferentes y realizar nuevas aportaciones.
-Independencia. El consejero no
debe verse afectado por relaciones o intereses que puedan afectar a su
independencia: aspectos familiares, profesionales,comerciales, etc.
-Equilibrio. Debe asegurarse un
equilibrio entre consejeros independientes y dominicales. Los independientes
podrán ser accionistas ordinarios de la sociedad, no podrán sobrepasar un
límite de participación que les convierta en grandes accionistas.
¿Por qué
dudar de la figura de los consejeros independientes?
Los consejeros independientes
deben tener una gran experiencia profesional, reconocido prestigio y alta
cualificación. Debería pasarse un proceso de selección pero como no suele
hacerse -no hay legislación que lo regule- puede caerse en la falta de
objetividad escogiendo a la persona más conveniente para los intereses del
Consejo de Administración, cuando tendría que elegirse a la que representase
mejor a los pequeños accionistas. Así se corre el riesgo de que el consejero
independiente no se comprometa con el objetivo real de su trabajo y prefiera
recibir una remuneración dejando de lado la representación de los pequeños
accionistas. Sería recomendable que fueran los propios pequeños accionistas
quienes eligieran a sus representantes.
Hay una gran opacidad y no se
asegura la independencia del consejero, ya que puede tratarse de una persona
que guarde relación con el grupo mayoritario de la sociedad o que haya
trabajado en ella o tenga intereses en otra empresa cuyo negocio se centre en
las relaciones empresariales de la sociedad en la que es consejero
independiente. Si el accionariado de la empresa se concentra en un accionista
su supervisión es poca, su control limitado y recibirá pocos o ningún incentivo
por hacerla.
Los consejeros 'independientes'
de las principales empresas españolas distan mucho de tener una independencia
plena, ya que no solo tienen una larga experiencia laboral en puestos de
responsabilidad -lo que les ha permitido tejer una importante red de contactos
e intereses-, sino que mantienen en muchas ocasiones puestos de relevancia en
diferentes empresas, por lo que utilizan su red de influencias para velar por
los intereses de la empresa en lugar de hacerlo por los de los pequeños
accionistas, a los que deberían representar.
Los 11 casos más sangrantes
En el estudio realizado por
ADICAE, en el que se han tenido en cuenta los informes de Gobierno
Corporativo de 2012, quedan plasmados estos intereses. Estos son los once casos
más sangrantes de falta de independencia por parte de estos tipos de
consejeros:
Telefónica. Luiz Fernando
Furlán fue, de 2003 a 2007, ministro de Industria, Desarrollo y
Comercio del Gobierno de Brasil. En 2003 Telefónica entró en el mercado
brasileño de telefonía móvil mediante la marca comercial 'Vivo'. Además, de
2000 a 2003 Furlán fue consejero de Portugal Telecom, principal competencia de
Telefónica en el mercado brasileño. Es un clásico ejemplo de la llamada 'puerta
giratoria' entre el sector privado y el público.
Repsol. Javier Echenique
Landiríbar fue consejero y director general de Allianz-Ercos y
director general del Grupo BBVA. Actualmente preside el Banco Guipuzcoano, es
vicepresidente de Banco Sabadell, consejero de Telefónica Móviles México, ACS,
grupo empresarial ENCE y Celistics. Es también delegado del Consejo de
Telefónica en País Vasco, miembro del consejo asesor de Telefónica Europa, del
Patronato de varias fundaciones y del Círculo de Empresarios Vascos. Como se puede
comprobar, tiene una vasta red de contactos en el mundo financiero.
ACS y Endesa. Miquel Roca
Junyent, ex presidente y ex diputado de CiU (1977-1995) es secretario
del Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras, consejero de Endesa
y ACS, presidente de la Fundación Abertis y secretario del consejo de Banco
Sabadell. Tiene su propio despacho de abogados, desde el que llevó el caso
Eurobank y en el que recientemente ha defendido a la infanta Elena de su
imputación en el caso Noós.
Gas Natural Fenosa.
Felipe González Márquez, ex presidente del Gobierno de España (de 1982
a 1996) está vinculado a varios fondos de inversión y SICAVs. ¿Puede Felipe
González, quien inició el proceso de liberalización de las empresas energéticas
en España ser realmente independiente?
Gas Natural Fenosa.
Santiago Cobo Cobo es el marido de Teófila Martínez, diputada y
alcaldesa del PP en Cádiz. Presidente de la Confederación de Empresarios de la
provincia de Cádiz, fue nombrado consejero de Gas Natural Fenosa en 2002 a petición
de Alfonso Cortina, entonces presidente de Repsol -que tiene una importante
participación en Gas Natural Fenosa-. Además es administrador único de la
sociedad 'El manantial de la información', propiedad de la familia de Rodrigo
Rato.
Iberdrola. Braulio Medel
Cámara es también consejero de Acerinox, presidente ejecutivo de
Unicaja Banco y presidente de Unicaja, vicepresidente de la CECA, de Ahorro
Corporación, consejero de Caja de Seguros Reunidos y del grupo de empresas
AZVI. Además es consejero de la Agencia de Innnovación y Desarrollo de
Andalucía.
Enagás. Isabel Sánchez
García ex directora de Promoción de la Competencia de la Comisión
Nacional de la Competencia; ex consultora del Departamento de Desarrollo del
Sector Privado y Energía para Latinoamérica y Caribe del Banco Mundial; y ex
directora del gabinete del Secretario de Estado de Política Científica y
Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Banco Santander. Juan
Miguel Villar Mir, marqués de Villar Mir, fue director general de Empleo;
ministro de Hacienda y vicepresidente del Gobierno para asuntos económicos
durante la presidencia de Arias Navarro; presidente de la eléctrica Electra del
Viesgo. Compró Obrascón por una peseta y actualmente preside OHL y es el
vicepresidente 2º de Abertis. Ha sido imputado como presunto donante del
Partido Popular, ya que su nombre aparece en los 'papeles de Bárcenas', la
contabilidad B del partido del Gobierno.
Banco Santander. Abel
Matutes, que fue ministro de Asuntos Exteriores durante el Gobierno de
José María Aznar y comisario de la Unión Europea en varias carteras, es también
presidente de su propio grupo de empresas, en el que tiene hoteles, navieras,
etc.
Banco Santander. Isabel
Tocino fue ministra de Medio Ambiente, presidenta de la Comisión de
Asuntos Europeos y de la de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y
presidenta para España y Portugal y vicepresidenta para Europa de Siebel
Systems. Recientemente ha sido nombrada miembro de la comisión ejecutiva del
Consejo de Banco Santander.
BBVA. Carlos Loring
Martínez de Irujo es sobrino de la duquesa de Alba y presidente de la
SICAV Cartera Teval.
Consejeros
independientes con pasado o presente en entidades financieras
ADICAE ha tenido en cuenta a
aquellos consejeros independientes que han desarrollado su carrera en el sector
bancario, tienen o han tenido cargos en SICAVS y otras sociedades bursátiles,
en aseguradoras, agencias de calificación de rating, etc.
Un 50,46% de los consejeros
independientes de las sociedades analizadas han desempeñado cargos o todavía
los desempeñan en el sector financiero.
Los pequeños accionistas deben estar
fuertemente representados en los Consejos de Administración
Aunque el Código Unificado de
Buen Gobierno de las sociedades cotizadas tiene carácter voluntario, algunas de
sus definiciones son obligatorias. La sociedades no pueden clasificar como
independientes a personas que no reúnan los requisitos señalados en él. Además,
estos consejeros deben ser personas físicas y su nombramiento ha de ser
propuesto por la Comisión de Nombramientos.
Como se demuestra en el informe
realizado por ADICAE
la inmensa mayoría de los consejeros independientes de las empresas analizadas
no cumplen los requisitos del Código Unificado, ya que se trata de cargos con
fuertes vinculaciones con cada empresa y que, incluso, trabajan para ellas. Los
pequeños accionistas no pueden ser representados, de ningún modo, por la
mayoría de estos 'consejeros independientes'.
La persistencia de estos
problemas y el progresivo incremento de la participación del ahorro popular en
las sociedades cotizadas hace necesaria una reforma que permita su agrupación y
el ejercicio de sus derechos eficazmente frente al cada vez mayor
enquistamiento de los Consejos de Administración y al mero trámite en que se
han convertido las Juntas de Accionistas.
En nuestro país, la Ley de
Sociedades Anónimas permite la agrupación de acciones para el ejercicio de los
derechos de minoría (p. ej. art. 134.4 LSA para ejercitar la acción social de
responsabilidad, art. 100.2 para solicitar la convocatoria de junta general,
etc..). Sin embargo, nada dice expresamente sobre las Asociaciones de
Accionistas, algo que sí está regulado en países de nuestro entorno, como
Francia e Italia.
Una regulación con privilegios y control
Una regulación de este tipo debería
establecer derechos y obligaciones de estas asociaciones en orden a agrupar
organizadamente a los accionistas, con la finalidad primordial de representar a
sus asociados en la junta de la sociedad de que se trate y ejercitar los
derechos políticos que les correspondan.
Y si bien es cierto que deberían
dotarse de ciertos privilegios a estas agrupaciones organizadas a la hora de
ejercer tales derechos (menores cuotas de propiedad para ejercer la acción de
responsabilidad social o para impugnar acuerdos, control directa de ciertas
decisiones del consejo, menores costes a la hora de ejercer acciones
judiciales, etc.), también la regulación serviría para evitar fenómenos
“asociativos” extraños.
El riesgo principal que tales
asociaciones pueden comportar para la entidad cotizada es la posibilidad de que
se conviertan en un instrumento de presión en manos de perturbadores
profesionales que contribuyan a su desestabilización o, incluso, a su
paralización. Y, sobre todo, porque bajo la cobertura formal de la asociación
se pueden esconder intereses espurios que lo que persigan sean fines
particulares de lucro, contrarios al interés de sus asociados. De ahí la
importancia de diseñar una regulación idónea que facilite la constitución y el
desenvolvimiento de este tipo de asociaciones.
Disponible en:
martes, 27 de agosto de 2013
Miles de valencianos están atrapados en el índice hipotecario de las cajas
Por Jordi
Cuenca
Diario Levante-EMV,
20.06.2013.
El sistema financiero español no
cesa de dar disgustos a una mayoría de sus clientes, atrapados en distintos
productos comercializados en los años de expansión económica. Mientras muchos
usuarios siguen penando por la compra de participaciones preferentes, por haber
invertido en entidades financieras cotizadas, por tener en sus contratos
cláusulas suelo contra la bajada de los tipos de interés o por la inexistencia
de la dación en pago, no son pocos los que están pagando una factura mucho más
elevada al tener su préstamo hipotecario referenciado a un índice distinto al
que es el más común: el euríbor. Después de este último, pero a mucha
distancia, se encuentran los IRPH de bancos y cajas, que el Banco de España
sigue publicando a pesar de que el Gobierno los suprimió en 2011 con un período
de transición que debía culminar en abril de 2013, una vez que estuviera
aprobado un régimen normativo para los afectados.
Como ese régimen sigue sin ver la luz, los clientes bancarios que tenían su hipoteca referenciada a uno de esos dos índices y que confiaban en una rebaja sustancial de sus cuotas a partir de abril por el cambio al euríbor tendrán que esperar. El coste para ellos es de relieve. En mayo, según el Banco de España, el euríbor a un año estaba en el 0,484 %, mientras que el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) de las cajas estaba en el 3,900 y el de los bancos, en el 3,104. En el caso del primero, la diferencia de más de tres puntos con el euríbor puede ocasionar un sobrecoste de entre 250 y 300 euros, según la agrupación de Afectados por IRPH, que estima que estos índices afectan a más de un millón de hipotecas en España. La asociación de usuarios de banca Adicae en la Comunitat Valenciana asegura no disponer de datos concretos sobre el número de afectados, pero su coordinadora, Lorena García, precisó ayer que "en la CAM era típico utilizar este índice". ¿Cómo era posible? García afirma que "muchos clientes no tenían idea de lo que contrataban. Les decían que el IRPH era un tipo más estable que el euríbor", extremo que se ha confirmado con el tiempo, como prueba el hecho de que este último haya caído hasta niveles históricos, mientras que el de las cajas roza el 4 %. El delegado de Adicae Daniel Araque considera que los valencianos afectados son miles por la comercialización que hizo la caja alicantina y explica que en la CAM era práctica habitual, pero esta entidad no tenía cláusulas suelo, mientras que los bancos y cajas que sí la tenían aplicaban el euríbor.
La coordinadora de Adicae asegura que los clientes afectados solo tienen dos soluciones en estos momentos: negociar con su banco para que les cambie la referencia -el índice sustituto suele ser el euríbor- o esperar a que el Gobierno apruebe el citado régimen transitorio. El pasado día 3, en respuesta a dos preguntas parlamentarias del PSOE e IU, el Ejecutivo confirmó que el IRPH seguirá estando vigente en la revisión de los préstamos hipotecarios hasta que se apruebe ese régimen. El Gobierno socialista aprobó en 2011 que el IRPH dejara de ser objeto de publicación mensual en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a partir del 28 de abril de 2012, fijando un plazo de un año para su "desaparición completa, con todos sus efectos". No obstante, para ello era necesario que en ese plazo se "hubiese establecido el correspondiente régimen de transición para los préstamos afectados", cosa que aún no ha hecho el Ejecutivo del PP, aunque "en estos momentos está en fase de estudio" su definición.
Mientras tanto, los titulares de hipotecas referenciadas a los índices de cajas o bancos que esperaban cambiar al euríbor en abril van ya por el segundo mes en el que siguen pagando cuotas más elevadas.
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lunes, 26 de agosto de 2013
Seguimos en la crisis (¿dónde está el final del túnel?)
Por Fernando Luengo
Diario Público.es, 23/08/2013.
Bruselas, con el altavoz de buena
parte de los medios de comunicación, ha lanzado a los cuatro vientos la
información estadística relativa a la evolución del Producto Interior Bruto
(PIB) en el segundo trimestre de 2013. El resultado de comparar ese dato con el
obtenido en el primer trimestre de este mismo año es que la zona euro (ZE)
habría superado la recesión (término que, técnicamente, alude a la existencia
de dos trimestres consecutivos de retroceso del PIB).
Con estos datos, tan atados a la
coyuntura, referidos al conjunto de la ZE, Bruselas “saca petróleo”, deslizando
la idea de que las economías europeas divisarían ya el final del túnel.
Estaríamos, pues, al comienzo del tan deseado retorno al crecimiento. Pero no
nos precipitemos y veamos el asunto con cierta perspectiva.
Si se cumplen las previsiones de
Eurostat (Oficina Estadística de la Unión Europea, UE), el PIB comunitario se
situaría en 2013 por debajo del nivel de pre crisis, en 2007. El balance de la
ZE todavía es más desfavorable, pues su producto sería un 2% inferior al del
año tomado como referencia. Más de la mitad de las economías (16 de las 27 que
forman parte de la UE, excluida Croacia) se encontrarían en esta situación.
Destaca en este panorama nada alentador la evolución de las economías
meridionales. En el periodo que estoy considerando, un sexenio, la caída
acumulada del producto en la economía española habrá sido del 6%, en Italia y
Portugal del 8% ¡y del 23% en Grecia!
Si una parte importante de las
economías comunitarias han seguido una trayectoria en forma de “J invertida”,
esto es, un fuerte retroceso del producto seguido de una recuperación
insuficiente e inestable, en las economías periféricas se dibuja con nitidez
una “L”, desplome productivo y tendencia hacia el estancamiento. Así pues,
estas economías están atrapadas en la trampa del decrecimiento (no deseado): a
lo largo del quinquenio comprendido entre 2008 y 2012 España e Italia
obtuvieron resultados negativos en tres de los cinco años, Portugal en cuatro y
Grecia en todos ellos. En 2013, siempre siguiendo los cálculos entregados por
Eurostat, los cuatro países estarán en números rojos.
Lo más importante es que la leve
mejoría (coyuntural) registrada en el PIB no debe ocultar los bucles o círculos
viciosos en los que están atrapadas buena parte de las economías comunitarias.
Desde esta perspectiva, superar la crisis económica significa mucho más que
salir de la recesión. Es imprescindible abordar y resolver los problemas que la
provocaron: la creciente desigualdad, la hipertrofia y desregulación de las
finanzas, las disparidades productivas y comerciales entre el centro y la
periferia europea, y una unión monetaria cuyo diseño institucional y su
operativa ha estado al servicio de las economías más fuertes del continente, de
las grandes corporaciones y de los capitales financieros.
Estos asuntos ni están en la
agenda de Bruselas ni en la de los gobiernos, o lo están de manera retórica. No
en vano avanzar en esa dirección implica una revisión en profundidad del
proceso de acumulación capitalista y del proyecto comunitario; implica
necesariamente cuestionar las relaciones de poder.
Entretanto, las denominadas
políticas de austeridad y de reforma estructural están agravando de hecho ese
“mar de fondo”: Están aumentando las desigualdades sociales hasta extremos
desconocidos, provocando una enorme fractura social y un persistente
debilitamiento de la demanda; los mercados financieros continúan gozando de la
privilegiada situación de antaño, en materia de rendimientos elevados y
opacidad; las capacidades productivas de las economías meridionales están
experimentando un proceso de continua degradación ante la penuria inversora, lo
que amplía la brecha con respecto a las más prosperas del continente; y el
entramado institucional europeo y el euro responden cada vez más a los
designios de la potencia hegemónica, Alemania, y de las oligarquías económicas
y políticas.
Añádase a este escenario
“estructural” que el endeudamiento público de las economías más débiles está en
unos niveles inmanejables y que los pagos financieros están estrangulando el
gasto social y productivo, que los bancos, a pesar de la gran cantidad de
recursos públicos puestos a su disposición (incluidas las líneas de crédito
facilitadas por el Banco Central Europeo), presentan altos índices de morosidad
y no han restablecido los circuitos de financiación a familias y empresas, y
que éstas todavía tienen que hacer frente a altos niveles de deuda.
Con este panorama, no cabe la
autocomplacencia a la que, con el cinismo que acostumbran, son tan propensos
gobiernos y responsables comunitarios. La situación económica es muy mala y
necesita de un plan de emergencia, plan que sólo podría impulsar una mayoría
social y política que se reconozca en un diagnóstico que cuestione desde la
raíz el actual estado de cosas.
Disponible en:
<http://blogs.publico.es/econonuestra/2013/08/23/seguimos-en-la-crisis-donde-esta-el-final-del-tunel/>
domingo, 25 de agosto de 2013
“El Estado es el problema y los mercados la solución”
Por Fernando Luengo
Diario Público.es,
21/08/2013.
Este es uno de los pilares centrales
sobre los que se han edificado las políticas económicas llevadas a cabo para
gestionar y salir de la crisis actual. Pero este planteamiento va mucho más
allá de la consecución de determinados objetivos de déficit y deuda públicos;
está relacionado con ello, pero trasciende ampliamente la coyuntura. Por
supuesto, para sus defensores, seguir este principio es necesario para abordar
la crítica situación que nos ha tocado vivir; debe impregnar permanentemente
–en momentos de crisis, sí, pero también en periodos de auge- la actuación de
los responsables políticos.
¿Cuál es el meollo de ese
razonamiento? Muy simple: Se supone que la intervención del sector público es
intrínsecamente ineficiente en relación a los estándares que garantiza el
mercado. Partiendo de la conocida definición de la ciencia económica (que no
hay manual de economía que se precie que no la incorpore) de que su objeto es
asignar recursos escasos entre diferentes alternativas, el asunto queda claro:
dejemos que sea el mercado quien, dado su plus de eficiencia frente al Estado,
realice esa tarea de distribución de los recursos cuya dotación es limitada.
Podemos escribir de nuevo el axioma de esta manera: la intervención del Estado
es siempre un problema (o, siendo condescendientes, un mal menor), mientras que
el mercado, por definición, porque así lo sostiene la teoría económica
dominante, es, en todos los casos, la mejor opción.
Poco importa que la crisis
económica se haya incubado en los mercados financieros globalizados,
ampliamente hegemonizados por el sector privado, en torno a los cuales los
grupos económicos y las grandes fortunas han cosechado enormes beneficios; que
los intereses articulados alrededor de esos mercados se hayan aprovechado de
las permisivas y sesgadas regulaciones de los bancos centrales, creando de este
modo las condiciones para que los operadores privados pudieran hacer sus
negocios sin apenas control público.
El resultado está a la vista. El
crecimiento exuberante e irracional del segmento financiero de la economía y su
progresiva desregulación, la escalada de endeudamiento de bancos, promotores
inmobiliarios y constructoras y la asunción de riesgos excesivos en busca de
ganancias a corto plazo están en el origen de la economía de la deuda y del
posterior crack financiero. Los mercados han sido, por lo tanto, ineficientes,
y al mismo tiempo muy lucrativos para algunos.
Tampoco importa gran cosa que una
parte fundamental de la intervención de los Estados nacionales en la economía,
tanto en lo que concierne a los ingresos como a los gastos públicos, haya
consistido en fortalecer el proceso de acumulación capitalista. De muy
diferentes maneras: promoviendo un régimen fiscal claramente favorable a los
intereses del capital y permitiendo que las grandes empresas eludan sus
obligaciones tributarias, ofreciendo espacios de negocio a los capitales
privados en ámbitos tradicionalmente cubiertos por los servicios públicos, o
invirtiendo, con los recursos de todos, en infraestructuras y capital social,
utilizado y rentabilizado por la iniciativa privada.
¿Cómo encajar en ese diagnóstico
culpabilizador del Estado que, antes del estallido de la crisis, las cuentas
públicas estuvieran relativamente saneadas, según los estrictos criterios
establecidos en Maastricht, y que en algunos casos exhibieran incluso un
superávit? Si, como sostiene la economía convencional, la virtud se encuentra
en unos presupuestos equilibrados, en modo alguno cabe apelar al despilfarro
público como responsable de la crisis.
Pero nada de esto es relevante; el
rodillo avanza, como si nada, inexorablemente: El Estado debe retirarse, quedar
reducido a la mínima expresión, y el mercado debe ocupar los espacios dejados
por lo público.
Ya sabemos que tras esta
formulación se cobijan las pretensiones de firmas que atisban nichos de
negocio, bien con las privatizaciones de empresas estatales, bien con la
externalización de servicios públicos. Estos últimos años ofrecen numerosos
ejemplos al respecto en tres de las economías más afectadas por la crisis:
España, Grecia y Portugal. Como acompañamiento y también como justificación de
estos intereses, hay mucha escolástica acerca de las virtudes de los mercados.
Como si en ellos impregnara la competencia perfecta, en lugar de estar
dominados por un puñado de grandes corporaciones que operan en condiciones de
oligopolio, con densas conexiones accionariales que generan una inextricable
malla de intereses cruzados y opacos.
En mi opinión, los grandes desafíos que tienen por delante
las economías comunitarias, sobre todo las más débiles, necesitan de una
intervención rotunda, decisiva y estratégica del Estado; justo lo contrario de
lo postulado desde las tribunas neoliberales y de la orientación de las
denominadas políticas de austeridad. Para la provisión de servicios públicos
que detengan la creciente fractura social; para la implementación de una
reforma fiscal progresiva que permita obtener recursos necesarios para sostener
las políticas públicas; para promover una profunda renovación y modernización
de las capacidades productivas con criterios de sostenibilidad; para la
desactivación del potencial desestabilizador de los mercados financieros; para
la reversión de las reformas laborales que han entregado el poder a empresarios
y patronales; para la configuración de un polo financiero público que, liberado
de las servidumbres actuales (entregar recursos a los bancos privados sin
contrapartida alguna en cuanto a la utilización que se hace de los mismos),
haga posible sostener una política de reconstrucción del tejido productivo y
social; y para abrir un proceso de reestructuración de la deuda pública que,
necesariamente, supondrá que los grandes acreedores asuman una parte del
coste y que, posiblemente, implicará la denuncia de otra parte como ilegítima.
Reivindico sin complejos, incluso
con urgencia, al Estado como actor decisivo en una estrategia de superación de
la crisis, sin que ello signifique aceptar o cargar con la parálisis, la
corrupción y el desprecio hacia la ciudadanía que recorre las actuales
instituciones estatales y a buena parte de la clase política. Por todo ello, se
impone, es una exigencia de una agenda de estas características, una amplia y
profunda refundación democrática de los espacios públicos y de la política, una
acción social y ciudadana que permita expresar y canalizar las demandas de la
mayoría, ahora ignoradas en el contexto de una inercia con tonos crecientemente
antidemocráticos.
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sábado, 24 de agosto de 2013
El fracaso del socialismo liberal
Por Vicenç Navarro
Diario Público.es,
23/08/2013.
Ya en 2006 predije qué era lo que
ocurriría en España y también lo que le pasaría al partido mayoritario de las
izquierdas españolas, el PSOE. En mi libro El subdesarrollo social de
España: causas y consecuencias, escrito aquel año, hice una crítica del
pensamiento económico del PSOE prediciendo lo que pasaría. Y ha pasado. La
caída casi en picado del apoyo popular al PSOE a partir de la crisis (y, lo que
es más importante para explicar el declive, a partir de la respuesta del equipo
económico a la crisis) era totalmente previsible.
En lugar de alegrarme de haber
acertado en mis estimaciones, me apena llevar razón, pues hubiera sido mejor
para el país que yo estuviera equivocado. Las consecuencias de lo ocurrido para
España han sido enormemente negativas. En realidad, la respuesta del equipo
económico del gobierno Zapatero a la crisis preparó el terreno para el
desarrollo de las políticas neoliberales del gobierno Rajoy. El camino a seguir
lo estableció el gobierno Zapatero, aunque el Ejecutivo de Rajoy lo haya
transformado en una autopista muy ancha, con cinco carriles, por los cuales
pasan todas las políticas más duras del neoliberalismo.
Ni qué decir tiene que el
gobierno Zapatero dio pasos positivos -algunos muy positivos- en las áreas de
defensa de los derechos humanos, de igualdad de género y también en varias
áreas sociales. Pero en las áreas económicas su comportamiento y respuesta eran
de libro de texto liberal. Esta doctrina económica quedaba bien plasmada en el
libro titulado De nuevo socialismo, del que era mentor en Economía del
candidato (y más tarde presidente) Zapatero, el economista Jordi Sevilla.
En el libro, Sevilla subrayaba la
necesidad de bajar impuestos, establecer un tipo único de gravamen, quitar
énfasis de las políticas redistributivas, no subir el gasto público, liberar lo
que llamaba las energías del sector privado y priorizar el mercado como sistema
de reparto de recursos mejor que la intervención pública. Este libro utilizaba
un discurso, una narrativa y una argumentación idénticos a los utilizados por
los autores de inclinación liberal, a la que debería referirse ahora como
neoliberal por su dureza. El famoso discurso del presidente Zapatero en 2005,
en el que sostuvo que “es de izquierdas bajar impuestos”, derivaba directamente
de ese pensamiento económico (ver el capítulo 1.3 “El debate sobre la estrategia
socialista: el nuevo socialismo” de la cuarta parte de El Subdesarrollo
Social de España, páginas 276-283).
Al discurso del presidente
Zapatero siguió la reforma fiscal de 2006 que rebajó sustancialmente los
impuestos, creando, en 2008, un agujero en las cuentas del estado de nada menos
que 27.223 millones de euros, que se intentó tapar, al iniciarse la crisis, a
base de, entre otras medidas, la congelación de las pensiones. En realidad, el
ahorro que el gobierno Zapatero intentó conseguir con esa medida (1.200
millones de euros) se habría podido conseguir revirtiendo la bajada del
impuesto de sucesiones (2.552 millones de euros), la del impuesto de patrimonio
(2.100 millones) y/o la de impuestos de las personas que ingresaban más de
120.000 euros al año (2.500 millones de euros).
Jordi Sevilla había incluso
propuesto la introducción de seguros privados en la sanidad pública, a fin de
corregir los déficits de gasto público existentes en el sector sanitario. El
impacto de esta medida habría facilitado la polarización por clase social de la
sanidad pública española, tal como ocurre en Catalunya.
La línea liberal aparecía también
en las posturas defendidas por Miguel Sebastián, coordinador -al principio- del
programa electoral económico del PSOE y, más tarde, asesor económico del
presidente Zapatero, antes de pasar a ser ministro de Industria. Coincidiendo
con Jordi Sevilla, subrayó en varias ocasiones (ver su artículo en El País.
14 de abril de 2002) la necesidad de bajar impuestos y no aumentar el gasto
público, lo cual significaba que España continuaría siendo uno de los países de
la Eurozona con menos ingresos al Estado y menos gastos en su Estado de
bienestar. Las propuestas de no aumentar el gasto público de Jordi Sevilla y
Miguel Sebastián se hacían en uno de los países, España, con el gasto público
(incluido el social) por habitante más bajos de la UE-15, el grupo de países
con un desarrollo económico similar al de España.
Por si fuera poco, Miguel
Sebastián, en una entrevista en El País (21 de septiembre de 2003),
indicó que estaba totalmente en contra del intervencionismo público. Y,
mostrando un notable desconocimiento de la realidad estadounidense, se refería
al Partido Demócrata (al cual atribuía políticas económicas anti
intervencionistas) como modelo para el PSOE. En realidad, el gobierno federal
de EEUU es el más intervencionista de los países de la OCDE, el grupo de países
más ricos del mundo. A través del sector militar, el gobierno federal ha
configurado la economía estadounidense. Como bien dijo en su día el secretario
de Defensa de la Administración del Presidente Reagan, nada menos, el Sr.
Caspar Weinberger, “el gobierno federal de EEUU tiene la política industrial
más avanzada de la OCDE”. Ambos partidos, el Demócrata y el Republicano
coinciden en ello. El sector militar industrial está en el centro de la
economía estadounidense. Y este sector está dirigido por el Estado, gestionado
por la Administración Pública. Esto ocurre tanto con las administraciones
republicanas como con las demócratas. En realidad, este sector es incluso mayor
con la Administración Obama de lo que lo ha sido con administraciones
anteriores.
Su otro comentario en la misma
entrevista, señalando el Estado de bienestar estadounidense como un referente
político para España, también refleja su escaso conocimiento del estado de ese
país. En realidad, hay casi un consenso en el panorama político estadounidense
acerca de que la sanidad por ejemplo, en EEUU, es un ejemplo de ineficiencia.
Una ineficiencia altamente costosa y sumamente impopular. La privatización de
la sanidad y su gestión por las compañías de seguros privadas han sido un
“desastre” (mess en inglés, término utilizado por los presidentes Nixon,
Bush Sr., Clinton, Bush Jr. y Obama).
Los puntos de vista de Jordi
Sevilla y Miguel Sebastián eran representativos de la cultura económica
dominante en el gobierno Zapatero, aunque no siempre en el partido PSOE. El
carácter presidencialista de exjefe del Gobierno explica que se rodeara de
economistas que compartían su ideología. Como resultado, el presidente Zapatero
pasó a ser uno de los presidentes menos populares que han existido en España
durante la época democrática.
El declive político del PSOE y
del PSC
Estas medidas fueron las
responsables del colapso político del PSOE, arrastrando con él al PSC en
Catalunya. La identificación y defensa del altamente impopular gobierno
Zapatero por parte del PSC contribuyó en gran medida a su derrota.
Pero todos los indicadores
parecen señalar que no hay plena conciencia de las causas del error de esas
políticas económicas. La falta de cambio en la dirección del PSOE es un factor
causante del continuo declive. Y su falta de autocrítica contribuye a esta
sensación de continuidad. Esta situación se da también en el PSC, donde un
economista, Maurici Lucena, que se considera discípulo de Julio Segura y Miguel
Sebastián, es el segundo de a bordo del PSC y, a la vez, su portavoz
parlamentario. Lucena, siguiendo la línea liberal responsable ha escrito un
libro, En busca de la pócima mágica, donde, sorprendentemente, continúa
defendiendo estas políticas.
Mientras tanto, todo el debate
dentro del PSC se centra sobre su falta o su exceso de catalanismo. Parece que
el PSC no entiende lo que ha pasado, ni en España ni en Catalunya. El tripartito,
en contra del mensaje promovido por las fuerzas conservadoras, fue un gobierno
progresista que, en muchas áreas, incluso las económicas, llevaba -antes de que
llegara la crisis- la marca socialdemócrata en sus leyes y propuestas. En las
áreas sociales, los cambios fueron significativos. Eso explicaba su
popularidad, a pesar de tener a los medios -incluidos los públicos- en su
contra. Pero fue su defensa de las políticas de Zapatero y su respuesta a la
crisis las que determinaron su gran bajada electoral. Hoy, en toda Europa, el
fracaso del neoliberalismo es absoluto. Todos los gobiernos socialdemócratas
que llevan a cabo este tipo de políticas han colapsado. Y España, incluyendo
Catalunya, no ha sido la excepción.
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viernes, 23 de agosto de 2013
Los desahucios también son de género
Por Olivia Carballar
Diario Andaluces.es,
21/08/2013.
Coge el teléfono María José
Vadillo. Es miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Córdoba.
Su piso salió a subasta hace un año. El juez tiene que responder ahora al
recurso interpuesto por las irregularidades y las cláusulas abusivas que se han
cometido, según denuncia, en su contrato. “Hace dos años, cuando llegué a la
plataforma, no era persona”, asegura al otro lado del teléfono que hay que marcar
para pedir ayuda. Ahora es ella la que responde y ofrece atención.
María José, como muchas otras
afectadas, han salido de sus casas a protestar por lo que consideran una
injusticia. Según confirman las asociaciones que trabajan día a día con
familias que están al borde de perder sus casas, son las mujeres las
que, en los procesos de desahucios, suelen dar la cara. Y son, además, debido a
la discriminación sufrida en general por ser mujeres, las que llegan a
situaciones más dramáticas. De las 18 expropiaciones iniciadas por la
Junta en aplicación del decreto antidesahucios, ahora paralizadas por el
recurso del Gobierno en el Constitucional, casi la mitad fueron
solicitadas por mujeres, en su mayoría solas.
En Motril (Granada), una madre y
tres hijos no reciben ningún tipo de ingresos. En Málaga, otra mujer con dos
hijos menores cobra 288 euros al mes por un contrato de dos horas. También en
Málaga y con dos hijos menores, otra mujer, en desempleo desde hace cuatro
años, sólo cuenta con la ayuda familiar. Otra madre de Málaga con dos menores
tampoco tiene ingresos de ningún tipo. El padre se fue de la casa y no pasa
manutención a las hijas. Es el caso de Ana María Gómez: “Yo quise hacer frente
al pago de mi casa. Lo intenté, lo intenté pero no pude”, afirma. En Huelva,
una mujer que trabaja como limpiadora dos horas a la semana intenta sacar
adelante a sus cuatro hijos, dos de ellos menores. Su marido cobra la
prestación por desempleo. Los ingresos apenas llegan a los 800 euros. Otra
mujer, con familia numerosa en Charches (Granada), tampoco puede asumir la
letra. En Roquetas de Mar (Almería), otra mujer con hijos también recibe
ingresos ínfimos. Y en Sevilla, una mujer viuda de 67 años con hija y
nieta a su cargo viven de la pensión de viudedad.
“Olwen Hufton, mi directora de
tesis, hablaba de economía de la supervivencia“, explica la
catedrática Lina Gálvez, directora del Máster Universitario en Género e
Igualdad de la Universidad Pablo de Olavide. “Las mujeres siempre han
desarrollado ese tipo de economía. Primero, porque tienen menos activos y menos
medios y, por tanto, son más propensas a tener privaciones y tener que
paliarlas de cualquier manera. Segundo, porque siempre han sido las encargadas
de garantizar el bienestar de los miembros de la familia. De hecho,
históricamente, en momentos de escasez hay muchas evidencias de hombres
abandonando el núcleo familiar, pero no las mujeres, que son el propio núcleo.
Y tercero, porque es menos vergonzante para la mujer acudir a pedir ayuda o
limosna porque de nuevo las dificultades que siempre han tenido para poder
ganarse su vida autónomamente han dejado como una opción el demandar ayuda. Cosa
que no ocurre con los hombres, a los que sí se les ha dado la posibilidad de
ganar su sustento y el de su familia… Y si no lo hacen, socialmente es
considerado como un fracaso, como un fracasado“, añade Gálvez.
María José Vadillo, que trabajaba
como cuidadora en una residencia de discapacitados, tuvo que aprender a cocer
el pan, tuvo que salir a la calle a pedir comida. “Las instituciones me daban
harina, otra vecina me compraba la levadura… Mi mente se agudizó”, cuenta.
Ella, no obstante, siempre ha contado con la ayuda de su marido y de su hijo.
“En muchos casos, el marido le
deja el marrón a la mujer, la mujer es la que tiene que sacar el problema
adelante”, explica José Cazorla, de la PAH de Almería. En Huelva, denuncia
Susana Pérez, también miembro de la PAH, llegan muchas mujeres a las que sus
exmaridos no les quieren pagar la pensión y, a veces, “se han opuesto
incluso a la dación en pago simplemente para perjudicarlas, y se niegan a
firmar el acuerdo“. La crisis económica y el recorte de derechos
ha dejado a las mujeres en una peor posición con respecto a los hombres. “Las
mujeres tienen en general menores salarios, menos activos para hacer frente a
sus deudas. Y suelen ser ellas las que se encargan de sus hijos. Cuando tienen
derecho al paro, la cuantía del mismo es menor y por menos tiempo porque su
vinculación con el mercado de trabajo es más intermitente y precaria”, asegura
la catedrática Lina Gálvez.
Según un estudio de UGT, del
total de empleo femenino en 2012, el 24,5% correspondió a contratos a tiempo
parcial, mientras que para los hombres sólo alcanzó el 6,6%. Por el
contrario, el 93,4% del empleo masculino fue a tiempo completo, mientras que
para las mujeres sólo representa el 75,5%. El informe también denuncia
que durante los años de crisis se ha producido un descenso progresivo en
el disfrute de permisos y licencias por maternidad, paternidad y excedencias por
cuidado de hijos. Y, además, la mayoría de los permisos de maternidad y
excedencias por cuidado de hijos siguen siendo ejercitados por mujeres.
Sobre la protección social, de las 2.670.200 mujeres en el paro, a finales del
año 2012, sólo un 21,74 % reunió las condiciones necesarias para percibir una
prestación de desempleo contributivo, frente al 25,83% de los hombres, según el
estudio.
Yolanda Vílchez, encargada de las
asambleas de bienvenidas en Málaga -las que reciben a las personas que acuden a
pedir ayuda por primera vez-, se ha encontrado también con muchos casos en los
que la mujer llega desesperada a la plataforma como último recurso: “Mi ex no
quiere saber nada, te dicen, y es ella y solo ella la que tiene que tirar del
carro”.
¿Podemos hablar de desahucios de
género? “Podemos hablar de que los desahucios como todo lo que afecta a
las personas tienen una dimensión de género, por la sencilla razón de
que personas que están en una situación desigual, y mujeres y hombres lo están,
van a participar en los procesos y se van a ver impactados por estos de forma
también muy desigual, a no ser que se desarrollen medidas específicas para
paliar el recrudecimiento de esa desigualdad”, concluye la catedrática Gálvez.
Son mujeres de un nuevo siglo que
arrastran la fortaleza de mujeres de siglos atrás. Como aquella Jane Darwell en
su papel de madre invencible en la versión cinematográfica de John Ford
de Las uvas de la ira, el retrato de los pobres tras el crack del
29 inmortalizado por Steinbeck, que tanto recuerda a momentos
actuales.
“Tú eres la que nos haces
seguir adelante. Yo ya no sirvo y lo sé. Ahora ya sólo pienso en cómo era todo
antes. Pienso en nuestra casa. Ya nunca volveré a verla”, le dice el padre a la
madre.
“Bueno, una mujer puede
cambiar mejor que un hombre. Un hombre vive como a sacudidas. Nace un niño o
muere alguien y es una sacudida. Compra una granja o la pierde y es una
sacudida. Para una mujer es una corriente, como la de un arroyo. Hay pequeños
remolinos y cascadas, pero el río no cesa de correr. Una mujer lo ve así”,
concluye la madre.
Disponible
en:
jueves, 22 de agosto de 2013
El ideólogo de la teoría del Bien Común cree que el neoliberalismo viola la democracia
Diario Público.es, 20/08/2013.
El cofundador de la plataforma
internacional ATTAC e ideólogo de la Teoría del Bien
Común, el profesor de Economía de la Universidad de Viena, Christian
Felber, ha afirmado este martes que el sistema económico mundial
"viola frontalmente los valores democráticos
básicos".
En una rueda de prensa con motivo
de su intervención en el foro social del festival Rototom Sunsplash,
Felber ha asegurado que esa violación de los valores democráticos se debe a que
el sistema "está mal programado y fomenta valores opuestos" a los que
recogen las Constituciones. Felber, que mañana impartirá la conferencia 'Otro
economía es posible: la economía del bien común', ha mostrado su satisfacción
por participar en un festival que está "muy en la línea de los cimientos éticos
y filosóficos de la Economía del Bien Común".
El profesor austríaco ha
asegurado que el sistema económico actual, en lugar de fomentar valores
democráticos, genera "desorientación, destrucción ideológica y llega hasta
el soborno, el fraude y la corrupción".
Esto se produce, ha explicado, porque el fin que impulsa a las empresas es el
beneficio financiero, aunque éste "solo debería ser el medio de la
actividad económica".
"Si vivimos los medios
como si fueran los fines cometemos un error
estratégico", ha añadido Felber, quien considera como fines "la
dignidad humana, la ecología, el reparto justo y el respeto a la democracia y
al medio ambiente". Felber ha criticado la Organización Mundial
del Comercio, una institución "de las más antidemocráticas que
puede haber", y ha abogado por nuevas reglas del juego que potencien un
"comercio justo internacional".
"Mientras el pueblo no
defina las reglas tendremos una dictadura financiera y una
injusticia social tan profunda que corremos el peligro de una guerra
civil", ha aseverado. Para el ideólogo austríaco es necesario que el
pueblo pueda "escribir su constitución, empezando por su parte económica
y monetaria".
El movimiento del Bien Común
nació hace dos años y medio y hay 1.319 empresas que ya apoyan el proceso en 22
países. En España, 300 empresas están interesadas en él y 125 ya han empezado a
aplicarlo. En octubre, ha explicado Felber, se fundará la Asociación
Española para el Fomento del Bien Común, desde donde se coordinará y
orientará a las empresas, entidades o municipios interesados.
El 24 de octubre, ha añadido,
habrá una reunión con municipios españoles interesados en poner en
práctica la teoría, como ya se hace en el municipio salmantino de
Miranda de Azán. En la rueda de prensa también ha estado presente el alcalde de
Muro de Alcoi (Alicante), Rafael Climent, quien ha explicado que en el
Ayuntamiento de la localidad trabaja ya con esta filosofía desde hace 14 años.
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