lunes, 30 de septiembre de 2013
Una apasionada defensa de lo público
Por Joaquín
Rábago
Diario La
Opinión-A Coruña, 25.09.2013.
Cuando tantas películas estúpidas
y alienantes inundan nuestras pantallas, hay que agradecer que uno de los pocos
distribuidores interesantes que quedan en este país nos regale con una lúcida
película británica que está en los antípodas de ese cine que solo busca
distraernos para hacernos olvidar lo que otros traman mientras tanto en torno
nuestro.
El espíritu del 45, de Ken Loach,
que hace referencia en el título al entusiasmo colectivo con el que el pueblo
británico acometió el trabajo de reconstrucción de su país al final de la
Segunda Guerra Mundial, constituye una apasionada y oportunísima defensa de lo
público en un momento en que algunos parecen empeñados aquí en privatizarlo
todo con el pretexto de mejorarlo cuando está claro que únicamente buscan el
lucro privado.
Hombre decididamente de
izquierdas, Loach es un realizador que se ha destacado en todas sus películas
por su compromiso social. Baste recordar filmes como Lloviendo piedras o Lady
Bird.
En esta ocasión ha recurrido al
género documental para hacer un canto, entre otras cosas, a la creación por el
laborista Nye Bevan del servicio socio-sanitario británico, el National Health
Service, orgullo de esa nación durante buena parte de la segunda mitad del
siglo XX.
Enfermeras y médicos hoy
jubilados denuncian desde sus respectivas experiencias las consecuencias
nefastas de algo a lo que asistimos con retraso también entre nosotros: la
privatización de la sanidad pública, que comienza de modo casi inocente por los
servicios de limpieza o el servicio de ambulancias para extenderse luego
progresivamente a otros sectores.
El NHS -siglas por lo que se le
conoce- fue en su día un espejo en el que se miraron otros países para crear
sus propios servicios de salud hasta que, como denuncia uno de los testigos
entrevistados, comenzó su desmantelamiento por muchos de los que, sin embargo,
se habían beneficiado de él.
Resulta conmovedor ver el orgullo
con el que unos hoy octogenarios -médicos, mineros, estibadores, ferroviarios y
trabajadores de otros servicios que serían luego privatizados total o
parcialmente- hablan en el filme de aquellos años de lucha colectiva por una
sociedad mejor y más justa. Una sociedad que consiguió erradicar en buena parte
la pobreza y ofreció por primera vez a los trabajadores viviendas saludables.
Espíritu que contrasta con el
frío egoísmo inaugurado por el primer Gobierno de la conservadora Margaret
Thatcher, y que nunca volvió a recuperarse con la llegada al poder de un
laborismo de nuevo cuño, contaminado por la ideología neo-liberal: la por
desgracia tan imitada por otros socialistas Tercera Vía de Tony Blair. La
película de Ken Loach está ahí para recordárnoslo y animarlos de paso a
continuar esa lucha.
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domingo, 29 de septiembre de 2013
La dejadez del Banco de España
Editorial, diario Levante-EMV,
28.09.2013.
La vista atrás ruboriza. El
Banco de España alertó a Bancaja del riesgo de las inversiones inmobiliarias
que el consejo de administración presidido por José Luis Olivas decidió
emprender en diferentes parajes de la Riviera Maya. El órgano supervisor
advirtió de «grandes incertidumbres sobre la viabilidad» de la operación, en la
que llegaron a desembolsarse más de 200 millones de euros, y les obligó a
incrementar sus dotaciones y a reconocer más deterioros. La mayoría de aquellos
proyectos están hoy paralizados.
La caja valenciana participaba en 2008 en casi un centenar de promociones urbanísticas. En su frenética actividad inmobiliaria llegó a acumular 155 millones de m2 de suelo supuestamente edificable. Los mismos inspectores del Banco de España constataron en 2010 que Bancaja no iba a ser capaz de asumir la devolución de su deuda en 2012. Pese a ello, se autorizó que la nueva Bankia saliera a bolsa en julio de 2011. La lectura de las informaciones que les brinda durante los últimos días Levante-EMV pone los pelos de punta. Hoy escandalizan a cualquiera, pero entonces la mayoría consideraba un sacrilegio dudar del milagro económico valenciano.
De la probidad o no de los directivos de la caja ya hablarán los tribunales que ahora investigan los hechos. De la inhibición del Banco de España, nada se dice. Además de advertir del riesgo, podía y debía haber corregido el rumbo con acciones más resolutivas. No lo hizo. ¿Quién paga por ello? Los contribuyentes al tener que asumir el coste del rescate. Curioso y llamativo.
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sábado, 28 de septiembre de 2013
Imputan a Narcís Serra y 53 miembros de Caixa Catalunya por cobros "desproporcionados"
Diario Público.es,
27/09/2013.
El titular del Juzgado de
Instrucción 30 de Barcelona ha imputado al expresidente de Caixa Catalunya
Narcís Serra y a otros 53 miembros del consejo de administración de Catalunya
Caixa en 2010, según recoge en un auto.
La Fiscalía Anticorrupción de
Barcelona había pedido su imputación a principios de septiembre por
"retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su
situación real de solvencia", e imputarles por su reprochable y espurio
manejo de los fondos de la entidad, sostenía en su denuncia.
Ahora, en un auto de tres páginas
del 25 de septiembre, el juez Josep Maria Pijuan les ha imputado por un presunto
delito de administración desleal, y les cita a declarar desde el 21 de
octubre hasta el 11 de noviembre para "determinar la naturaleza y
circunstancias de los hechos denunciados".
La ronda de interrogatorios en la
Ciudad de la Justicia comenzará con la declaración a las 10.30 horas del
exvicepresidente del Gobierno y exalcalde de Barcelona, y está previsto
que continúe a las 11 horas con la citación de Adolf Todó; este primer día
están convocados tres imputados más. El resto de los interrogatorios están
previsto que se celebren el 30 de octubre y los días 4, 5 y 11 de noviembre.
Todo parte de la denuncia fiscal
Fernando Maldonado contra los miembros que adoptaron los acuerdos que constan
en las actas del 19 de enero de 2010 y del 13 de octubre de 2010 donde se
suscribieron fondos de pensiones, seguros, pólizas e indemnizaciones que
pudieron suponer una "administración desleal".
"Retribuciones e
indemnizaciones que merecen ser investigadas máxime cuando se han producido en un
entorno de grave crisis económica imperante en nuestro país" y cuando
la entidad había pedido la inyección de dinero público de fondos del Frob,
consideró en su escrito.
El fiscal cree que Serra y Todó
son los principales beneficiados de las presuntas irregularidades, que abusaron
de sus cargos y "utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y
trascendencias públicas en beneficio propio y con claro perjuicio para la
entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera".
"Todo ello denota un
reprochable y espurio manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo
debe ser procurar un adecuado beneficio para destinarlo a obra social y evitar
un despilfarro de dichos fondos en beneficio de altos directivos",
añadió el Ministerio Público.
Fondos del Frob
En una situación económica
crítica, a principios de 2008 Serra acordó la contratación de Todó como
director general y de Jaume Massana como directo general adjunto, cuyos
sueldos no dejaron de subir durante los años 2009, 2010 y 2011.
Todó cobró en estos años 4,07
millones de euros y Massana 2,89 millones, en ambos casos sumando retribución
fija y variable, a lo hay que añadir dietas por ir a las reuniones del consejo
de administración.
Mientras tanto, dada la situación
económica de la entidad, el Frob inyectó 1.250 millones de euros en
2010; 1.718 más en 2011, y nuevamente 9.084 millones en 2012, con lo que el
Frob constituía el 100 por cien del capital.
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viernes, 27 de septiembre de 2013
Cinco años después, la banca sigue en crisis
Por Teresa de
Miguel
Diario Público.es,
14/09/2013.
Cinco años después del colapso de
Lehman Brothers, la banca estadounidense está más concentrada en unas pocas
entidades y sigue entrañando riesgos mientras las regulaciones al sector
que se iniciaron tras la crisis permanecen incompletas en este país.
El 15 de septiembre de 2008, el
que fuera uno de los principales bancos de inversión de Estados Unidos se veía
forzado a declararse en bancarrota después de que la Casa Blanca y la
Reserva Federal decidieran no acudir a su rescate y que las mayores entidades
del país rechazaran hacerse con él.
El colapso de Lehman Brothers
provocaba un efecto dominó en el sector financiero que finalmente llevó al
Gobierno estadounidense a intervenir con unos masivos programas de rescate y
que desencadenaría en la crisis más profunda y prolongada desde la Gran
Depresión de los años 30.
Después de
un lustro, la banca estadounidense está más concentrada en pocos colosos
Un lustro después, la banca
estadounidense está más concentrada en unos pocos colosos, puesto que los
activos de las seis mayores entidades financieras de este país son ahora un
28 % superiores a los niveles de 2007, pero se han dado pasos para
reforzar su estabilidad.
Y es que, en julio de 2010, se
adoptó la ley "Dodd-Frank", una ambiciosa legislación de
3.200 páginas gracias a la cual los mayores bancos de Estados Unidos
han tenido que crear una suerte de "testamentos vivientes", unas
hojas de ruta para ser liquidados en el caso de nuevas crisis.
Estos "testamentos"
permitirían que, en el caso de que vuelvan a encontrarse en una situación como
la que atravesó Lehman Brothers, se evitase el frenético fin de semana en el
que las autoridades reguladoras no alcanzaron a entender la verdadera dimensión
de los activos del banco.
Además, la legislación ha
conseguido someter a unas "pruebas de estrés" anuales a las 18 mayores
entidades financieras del país que en marzo pasado tan solo suspendió Ally
Financial, ya que las demás lograban superar el 5 por ciento en la
ratio de capital de mayor calidad que establece como mínimo la Reserva
Federal.
Sólo un 40% de las normas de
la ley Dodd-Frank han sido implementadas
El año que viene, doce nuevos
bancos tendrán que pasar por esas pruebas y se ha incluido a dos compañías, la
aseguradora American International Group (AIG, que tuvo que ser rescatada en la
crisis) y el brazo financiero de General Electric, a ser
sujetas a una supervisión similar.
Sin embargo, solamente un 40 % de
las normas de la ley "Dodd-Frank" han sido implementadas, según
estima la firma de abogados Davis-Polk, al tiempo que un 23 % no han
sido ni propuestas ni finalizadas, entre ellas la controvertida
"Volcker Rule".
Esa norma, bautizada en honor al
que fuera presidente de la Reserva Federal Paul Volcker, busca prohibir a los
bancos hacer inversiones especulativas en beneficio propio y no en el de sus
clientes, lo que se ha encontrado con la oposición frontal de los pesos
pesados de Wall Street.
En mayo del año pasado se reabría
el debate sobre la necesidad de poner finalmente en marcha esa normativa
después de que se descubriera que JPMorgan Chase incurrió en unas pérdidas de
más de 6.000 millones de dólares debido a unas arriesgadas operaciones
en derivados en su oficina de Londres.
JPMorgan incurrió en unas
pérdidas de más de 6.000 millones de dólares
De hecho, el secretario del Tesoro
estadounidense, Jacob Lew, reconoció este verano al canal financiero CNBC que
quiere que la mayor parte de la ley "Dodd-Frank" se
implemente para finales de año para poder decir que se ha puesto fin
al concepto de los "demasiado grandes para caer".
Si bien una gran mayoría del
sector financiero estadounidense achaca la escasez de circulación del
crédito a las nuevas normas que sí entraron en vigor tras la crisis,
algunos importantes directivos como el consejero delegado de Pimco, Mohamed
El-Erian, creen que no se ha hecho lo suficiente.
"Dada la importancia
sistémica (de los bancos occidentales), muchos de ellos fueron rescatados y,
con apoyo institucional, volvieron a los beneficios bastante
rápido", recordaba El-Erian en un ensayo publicado el mes pasado, titulado
"El mórbido legado de Lehman".
"Sin embargo, no han sido
sujetos a impuestos sobre los beneficios extraordinarios y los
políticos no han hecho lo suficiente para alterar los incentivos estructurales
que animan al riesgo excesivo", concluyó el directivo.
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jueves, 26 de septiembre de 2013
La CNMV conocía desde 2011 los desmanes de los bancos con las preferentes
Diario público.es,
25/09/2013.
La CNMV ya sabía
en 2011 que las entidades bancarias que comercializaron participaciones
preferentes habían desoído las advertencias que les hizo un año antes y seguían
manteniendo la cotización de esos títulos por encima de su "valor
razonable".
Así lo admitió el supervisor
bursátil en un informe fechado en septiembre de 2011 en el que se analizaban
operaciones realizadas en el segundo trimestre de ese año por las entidades que
agrupaban el 95 % de productos híbridos y que ha sido aportado ahora al juez de
la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que instruye el "caso
Bankia".
En el informe se recuerda que, en
junio de 2010, la CNMV remitió al sector un escrito advirtiendo de
que constituían "malas prácticas" tanto las cotizaciones
"significativamente alejadas del valor razonable" como el case
interno de operaciones entre clientes minoristas, o entre clientes y la
entidad, "salvo que se gestionen adecuadamente los conflictos de interés
existentes en estos casos".
Varios meses después, en octubre
de ese año, el supervisor insistía en ese mensaje y apostaba por el Sistema
Electrónico de Negociación de Deuda (SEND), una plataforma de negociación de
renta fija para minoristas puesta en marcha en mayo de 2010, "para
fomentar la correcta formación del precio y aumentar la
transparencia del mercado secundario de estos valores".
Un año después de las primeras
recomendaciones, la CNMV admite en su informe que, aunque casi todas
las entidades aseguraban que estaban "revisando sus sistemas", el
proceso "está siendo muy lento y se observa poca evolución efectiva en la
situación del mercado secundario de productos híbridos".
"La mayor parte de las
entidades continúan manteniendo sistemas internos de case con precios
de cruce cercanos al 100 % y no acreditan que este precio coincida con
el valor razonable del producto", señalaba el supervisor, que añadía que
ese precio "se encuentra en un importante número de casos con toda
probabilidad por encima de su valor razonable".
El informe observaba también en
el sector "una clara opción por incorporarse al SEND", aunque algunas
entidades todavía mantenían sistemas internos de case de operaciones, por lo
que la CNMV señalaba que "continúan sin gestionar de forma
adecuada los conflictos de interés".
Éstos se daban tanto entre
clientes -"beneficiando a un cliente (el vendedor que no asume la pérdida
de su inversión) en perjuicio de otro (el comprador a precios superiores a los
razonables)-" como entre la entidad y algunos de sus clientes.
En este caso, el comprador
resultaba perjudicado en beneficio del banco, "que evita las consecuencias
negativas derivadas de reconocer la pérdida de valor de sus emisiones",
entre las que citaba la pérdida de imagen, la dificultad de colocar emisiones
posteriores o el riesgo de reclamación por malas prácticas.
La CNMV también
advertía de "deficiencias en el cumplimiento de la obligación
de actuar en mejor interés de los clientes", especialmente cuando
coexistían varias emisiones con rentabilidades muy diferentes e igual precio,
ya que al comprador no se le informaba de que había productos al mismo precio y
con mejores condiciones.
Esto último sucedía en varias
entidades, aunque en el informe enviado al juez solo se puede leer el nombre de
Bancaja, ya que la CNMV ha tachado las referencias a las que son
ajenas a Bankia, por lo que solo aparecen datos referidos, además de a la
valenciana, a Caja Ávila, Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana, Caja
Madrid, Caja Rioja y Caja Segovia.
De hecho, en el capítulo dedicado
a Bancaja se decía que ésta tenía dos emisiones de preferentes antiguas
"valoradas por el departamento de Estudios a febrero de 2011 en torno al
30 %", aunque los precios fijados por la entidad estaban entre el 98 y el
102 %.
"En el curso de una
inspección abierta se les ha señalado ya esta mala práctica", señala el
informe. Caja Madrid, por su parte, tenía una única emisión de preferentes, de
2009, que también se negociaba "a precios cercanos al 100 %".
El juez Andreu ya disponía de
otro informe de la CNMV, éste fechado el pasado 11 de febrero, en
el que también se aseguraba que Bankia, Caja Madrid y Bancaja beneficiaron a
unos clientes en perjuicio de otros, a los que vendieron las participaciones
preferentes de las que se deshacían los primeros a precios "alejados de su
valor razonable".
Disponible en:
miércoles, 25 de septiembre de 2013
La Banca Pública en Estados Unidos
¿Sabías que...?
La Banca Pública fue introducida en América primero por
los quáqueros, en la primitiva colonia de Pensilvania. Otros gobiernos
coloniales también establecieron bancos de propiedad estatal. El concepto fue
más tarde asumido por el Estado de Dakota del Norte, el único Estado que
actualmente posee su propio banco.
A partir de la
primavera de 2010, Dakota del Norte fue también el único Estado en presumir de
un superávit presupuestario; tuvo las más bajas tasas de desempleo y de riesgo
financiero de la nación; y tuvo el mayor número de bancos locales per cápita,
lo que sugiere que la presencia de bancos de propiedad estatal no sólo no ha
perjudicado sino que ha ayudado a los bancos locales.
El Banco de
Dakota del Norte fue fundado en 1919 para asegurar un fiable y asequible
suministro de crédito a los granjeros, ganaderos y negocios en general. Sin crédito
asequible, el americano medio que no tiene una riqueza sustancial no podría
realizar las inversiones necesarias que aseguren un próspero futuro a sus
familias y pequeños negocios.
El Banco de
Dakota del Norte ofrece préstamos a bajo interés a los estudiantes, a los
pequeños negocios existentes y a los que comienzan. Se une con los bancos
privados para suministrar un mercado secundario de hipotecas y apoya a los
gobiernos locales por medio de la adquisición de deuda municipal.
El modelo de
Banca Pública en funcionamiento en el Estado de Dakota del Norte es simple: el
Estado hace negocios por medio del Banco de Dakota del Norte (BDN). Ello
significa que los activos del Estado se usan para capitalizar el BDN. Por ley,
todos los ingresos del Estado son también depositados en el Banco. Entre otras
ventajas, esto supone para el BDN la capacidad de participar en préstamos
originados y administrados por bancos privados, quienes tienen luego más
flexibilidad para gestionar y expandir sus carteras de préstamos.
Como Banco
Público, el BDN paga sus dividendos a un único accionista: el pueblo de Dakota.
En la década pasada, a pesar de la pequeña población y el modesto volumen de
actividad económica, el BDN ha aportado más de 300 millones de dólares a las
arcas del Estado, ayudando a asegurar excedentes anuales regulares y a eliminar
la necesidad de drásticas subidas impositivas o recortes de gasto en servicios
públicos vitales.
La mayoría de
los Estados, con la excepción de Dakota del Norte, depositan actualmente sus
ingresos fiscales (el dinero del público) en bancos privados de Wall Street,
que usan estos depósitos para su propio beneficio privado. Este depósito podría
ser depositado en el banco propiedad del Estado para financiar proyectos y
programas a largo plazo que beneficien al público –los mismos
proyectos/programas que actualmente están siendo recortados en los presupuestos
públicos estatales.
El BDN es sólo
uno de los muchos modelos de Banca Pública que se han desarrollado
históricamente por todo el mundo. La mayor parte del siglo XX en Australia, el
Banco de la Commonwealth de Australia -de propiedad pública- fue no sólo el
banco central de la nación sino que se comprometió también en tareas de la
banca comercial, "manteniendo a los otros bancos honestos". En Alberta, Canadá,
las Sucursales del Tesoro de Alberta –de propiedad pública- conectaron casi
todas las ciudades en un sistema de crédito compartido. Bancos públicos y
privados operan efectivamente juntos en muchos países, incluyendo Suiza,
Alemania, India, China y Brasil.
Claramente, los
Estados y los municipios tienen el potencial de activar sus ingresos a un grado
superior que el conseguido actualmente. El Instituto de la Banca Pública
(Public Banking Institute) ha sido establecido para explorar y educar en favor
de este potencial.
(Traducido por
Carlos Javier Bugallo)
Disponible en:
<http://publicbankinginstitute.org/background.htm>
martes, 24 de septiembre de 2013
UGT insta al Ejecutivo a la creación de una Banca Pública "potente y eficaz"
Diario Público.es,
23/09/2013.
UGT denuncia que el cierre de más de 7.000 oficinas
bancarias como consecuencia de la reestructuración financiera ha provocado que más
de 133 municipios españoles se hayan quedado sin ninguna sucursal, lo
que supone la exclusión financiera de 226.340 personas. Así se pone de
manifiesto en un estudio elaborado por el sindicato y publicado este lunes, en
el que UGT explica que la falta de acceso a los servicios financieros
representa "un serio obstáculo para la integración económica y social de cualquier
ciudadano".
Por tanto, la exclusión
financiera se convierte en una causa de exclusión social, ha añadido
UGT en su informe, en el que asegura que las comunidades autónomas que han
sufrido los mayores recortes de sucursales entre 2008 y 2013 han sido Cataluña
(24%), Galicia (20%), Comunidad Valenciana (18%), Murcia (17,3%) y Madrid
(16,5%). Asimismo, las provincias más afectadas por el cierre de oficinas han
sido Orense (28,5%), Gerona (28,4%), Barcelona (24,3%), Pontevedra (21,6%),
Alicante (21%), Palencia (19,9%), Tarragona (19,9%), Huesca (18,5%) y Málaga
(18,5%).
En su informe, UGT recuerda que
históricamente en España han sido las cajas de ahorros las que han
rescatado de la exclusión financiera a muchos particulares demostrando
la vocación social con la que fueron creadas. Además, añade, tradicionalmente
han jugado un papel muy importante para ayudar a la cohesión social en el
ámbito geográfico en el que estaban implantadas, permitiendo el acceso a los
servicios financieros a la población residente fundamentalmente en los
municipios rurales.
Pero, como consecuencia del
importante proceso de reestructuración en que se encuentra inmerso el sector
financiero, se está produciendo una significativa reducción en el número de
sucursales bancarias. Esto ha provocado que el número de habitantes por
oficina haya pasado de 1.024 en 2008 a 1.247 en 2013, la cifra más alta de los
últimos 16 años, según UGT, que ha manifestado que a esta reducción
hay que añadir la desaparición de algunas entidades que han pasado a estar
integradas dentro de otros grupos bancarios.
Así, para UGT, el Gobierno tiene
que garantizar un marco jurídico para obligar a las entidades a que todas las
personas puedan acceder a los servicios financieros básicos. También insta
al Ejecutivo a la creación de una banca pública "potente y eficaz"
que, además de facilitar y garantizar que el crédito fluya -especialmente para
las pymes y las familias-, facilite el acceso de todos los ciudadanos a los
servicios financieros sin exclusiones selectivas.
(Nota: hemos cambiado el título del artículo)
Disponible en:
La banca española gana 22.000 millones de su valor en bolsa
Diario Público.es,
22/09/2013.
La banca española ha ganado 21.880 millones de
euros de su valor en bolsa en los primeros veinte días de septiembre,
periodo en el que el principal selectivo español, el IBEX 35, ha registrado
varios máximos anuales. Según los datos de mercado, BBVA ha sido la
entidad financiera que más valor bursátil ha ganado desde finales de
agosto, ya que su capitalización ha pasado de los 39.942,7 millones de euros del
30 de agosto, a 47.500,4 de cierre del viernes. Así, la acción ha pasado de
7,22 euros a 8,29.
El Banco Santander ha
ganado 6.899,3 millones de euros en estos veinte días de mes, ya que a
cierre de agosto, su capitalización alcanzaba los 59.231 millones, y el pasado
viernes, los 66.131,1. Le sigue muy de lejos el Banco Popular,
que ha aumentado su capitalización en más de 1.500 millones de euros, hasta los
7.625. La acción de la entidad que preside Ángel Ron ha pasado de los 3,55
euros a los 4,45 euros por título.
La capitalización de Bankia
también se ha incrementado en 1.324 millones de euros
Igualmente, la capitalización
de Bankia también se ha incrementado en estos días en 1.324 millones
de euros, hasta los 9.444,1 millones. Las acciones de la entidad han pasado de
0,705 euros a 0,97. También la capitalización del Banco Sabadell se ha
elevado en 1.166,5 millones de euros, hasta los 6.327,9 millones, y la
de Bankinter, en 620, hasta los 10.844 millones de euros.
Disponible en:
lunes, 23 de septiembre de 2013
La conspiración financiera internacional
Por Vicenç Navarro
Diario Público.es, 23/09/2013.
Se están publicando más y más informes, libros y artículos (ver Ellen Brown Making the World Safe for Banksters. CounterPunch, 05.09.13) que están documentando cómo se inició el proceso de desregulación de la banca, que desembocó en la enorme crisis financiera a los dos lados del Atlántico Norte. Cuanto más se publica, más se sabe de lo que en realidad puede definirse, sin reservas, como una conspiración en la que participaron activamente dirigentes de la banca estadounidense (tales como Goldman Sachs, Merrill Lynch, Bank of America, Citibank y Chase Manhattan Bank) y personajes responsables de las agencias reguladoras de la banca del gobierno federal de Estados Unidos, tales como Larry Summers y Timothy Geithner. El primero era (cuando la conspiración se inició) el segundo de a bordo del Ministerio de Hacienda, dirigido por el ex banquero Robert Rubin, durante la Administración Clinton, y el segundo, era el encargado de Asuntos Internacionales del mismo Ministerio.
El objetivo de ese proyecto era
conseguir la desregulación del capital financiero en EEUU y también en el
mundo. El primer paso fue la desregulación en EEUU a base de eliminar la Ley
Glass-Steagall, la ley aprobada en 1933 por la Administración Roosevelt que
claramente diferenciaba la Banca Comercial de la Banca de Inversiones, un punto
clave para proteger a la mayoría de ahorradores y depositantes en la banca
frente a la especulación, característica de gran número de actividades de la
Banca de Inversión. La Administración Clinton, como resultado de la presión del
centro financiero de EEUU, Wall Street, y con la ayuda de sus agentes en el
gobierno federal, eliminó dicha Ley y, con ello, tal diferenciación. Una
consecuencia fue el colapso de Lehman Brothers.
El segundo paso era la
desregulación de la banca a nivel mundial. Ello requería el cambio de las
reglas de la Organización Mundial del Comercio (World Trade Organization), y
para ello se nombró a Geithner embajador de EUUU en dicha organización. Su
objetivo (que consiguió que se aprobara) era cambiar las reglas de juego para
la banca, mediante un addendum que aparentaba ser menor (conocido como addendum
del Financial Services Agreement), que prohibía, en realidad, la regulación de las
inversiones bancarias, incluyendo las especulativas.
Un problema que los conspiradores
tenían es que el 40% de los bancos hoy en el mundo son bancos públicos (la
mayoría de estos bancos existen hoy en los países BRIC -Brasil, Rusia, India y
China-, que representaban el 40% de la población mundial). Y para complicarles
más las cosas a los conspiradores, muchos de estos bancos estaban en países
musulmanes, donde la usura es, no solo un pecado, sino también un acto
criminal, lo cual dificultaba las políticas financieras de carácter
especulativo. Estos factores, por cierto, han protegido a estos países frente a
la especulación financiera y han sido menos afectados por la crisis financiera
a nivel mundial. Países que fueron particularmente resistentes a esta desregulación
fueron los llamados “enemigos de EEUU” (según el testimonio dado en el año 2007
por el general Wesley Clark, que era el jefe de las fuerzas militares de la
OTAN, Democracy Now! 2007) que incluían Irak, Siria, el Líbano, Libia, Somalia,
Sudán e Irán. Todos estos países eran islámicos, no pertenecían a la
Organización Mundial del Comercio, y lo que era “peor” es que tampoco
pertenecían al Bank for International Settlements en Suiza, la organización que
supervisa los bancos a nivel mundial. Según el General Clark, estos países
estaban en la lista de países que el gobierno federal de EEUU había considerado
como países cuyos gobiernos deberían cambiar en los próximos cinco años. Y,
según Ellen Brown, lo están intentando conseguir.
Disponible en:
Cinco años de una infamia
Por Salvatore Moccia
Diario Levante-EMV,
16.09.2013.
Ayer
se celebró el quinto aniversario del crack de Lehman Brothers. No quiero contar
aquí las barbaridades y sufrimientos que está comportando. Piensen que muchos
de los desahucios que estamos sufriendo en España y muchas de las empresas que
están cerrando se deben, en parte, a esta clamorosa quiebra. Quiero reflexionar
aquí sobre algo que no entiendo: ¡En estos cinco años ningún banquero ha ido a
la cárcel!
Si usted no paga sus deudas y/o sus responsabilidades le encarcelan. Por lo tanto, mi pregunta es la siguiente. ¿Es correcto que la forma jurídica de lo equivalente a la sociedad anónima cubra por completo las responsabilidades o, mejor dicho, las irresponsabilidades de esta gente? Ojo, entiendo que en estos casos no existan responsabilidades de carácter penal o administrativo, pero sí que existen responsabilidades da carácter estratégico y, sobre todo moral. Una desmesurada codicia llevó a esta gente a poner en marcha sistemas de «creación de dinero» que, al fin y al cabo, nos ha arrastrado a todos a la situación en la cual estamos.
Lo más sorprendente es cómo viven estos señores que, presuntamente, han participado en todo esto. Dick Fuld, «El Gorila», como era conocido en el ambiente, expresidente y consejero delegado de Lehman Brothers, vive como un jubilado de oro ya que en el año 2007 (el año anterior a la quiebra) ganó 34 millones de dólares, que se elevan hasta una fortuna de casi 475 millones de dólares desde que en el año 2000 entrara en Lehman. Bob Diamond, exCEO de Barclays que estuvo a punto de comprar Lehman salvándola así de la quiebra y que se esfumó en el fatídico weekend justificando que una compra de tal tamaño tenía que ser aprobado por los socios„ tuvo que dejar en 2012 el cargo por el presunto escándalo de las manipulaciones del Libor. Aunque ,supongo que se lo estará pasando bien, dado que entre 2011 y 2012 ganó casi 50 millones de euros, siendo el banquero mejor pagado del mundo. Johns Tain, último presidente y consejero delegado de Merrill Lynch antes de su fusión con Bank of America, fue obligado a dejar el cargo, pero solamente después de haber cobrado entre bonus y finiquito casi 84 millones de dólares. Me imagino que estará gastándose parte de este dinero jugando al golf o pescando. Ken Lewis, ex consejero delegado de Bank of America que en un principió intento quedarse con Lehman para finalmente cerrar el acuerdo con Merrill Lynch (según algunos observadores, la siguiente en la lista de posible quiebra), se ha jubilado y estará disfrutando de la tranquilidad económica por ser lo que ha sido en los mejores años de la finanza mundial.
¿Y usted qué? Usted, probablemente, sigue sufriendo las consecuencias de este «Monopoly» que se jugó en una ciudad que, a lo mejor, no sabe exactamente dónde está, y seguirá allí con sus deudas y sus preocupaciones que probablemente no cesarán hasta que los brotes verdes de que se está hablando sean finalmente un bosque imaginario.
Ni golf ni pesca, a no ser que la pesca no sea un hobby sino su última manera de sobrevivir. ¡Menos mal que siempre nos queda la justicia divina!
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sábado, 21 de septiembre de 2013
La morosidad en la banca española roza el 12 % por primera vez en la historia
Diario Levante-EMV,
19.09.2013.
La morosidad del sistema
financiero español batió un récord en julio y alcanzó el 11,97 %, rozando el 12
% por primera vez en la historia, una escalada que no parará al menos hasta
2014, que es cuando los expertos consultados creen que se empezará a notar el
efecto de la incipiente mejora económica.
Y es que, pese a que la economía ya da señales de recuperación, los expertos han recordado que aún deben pasar unos meses hasta que esta mejora se traslade a la economía real, y algunos más, hasta que la reflejen este tipo de indicadores, que siempre llevan un cierto retraso, por lo que lo más probable es que la morosidad siga batiendo récords en los próximos meses.
De momento, la crisis, el desempleo y la sequía crediticia que sufre el sistema y que afecta a muchas empresas y familias siguen pasando factura a este ratio, que no para de crecer, como muestran los datos del sistema relativos al mes de julio, y los sectoriales, que afectan al primer semestre del año.
Según estos últimos, que el Banco de España publica con una demora de un mes, la morosidad de las hipotecas a particulares se disparó hasta el 5,16 % a cierre de la primera mitad de año, mientras que la del sector promotor inmobiliario superó el 31 %, en ambos casos cifras récord.
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viernes, 20 de septiembre de 2013
¿Es posible una Banca Pública?
Por Joan Ramón Sanchís Palacio
Diario El País (Comunidad
Valenciana), 26/08/2013.
En plena crisis económica y con
una actividad empresarial bajo mínimos por falta de crédito, algunos nos preguntamos
qué pasaría si existiera en España una banca pública. Muy posiblemente la
situación no sería tan crítica porque los efectos sobre las empresas y el
empleo serían menores.
Hace ya dos décadas que la banca
pública española desapareció, después de su privatización a través de la
creación de Argentaria (Corporación Bancaria Española) y su posterior venta al
BBV. De esta manera, se conseguía una de las principales reivindicaciones de la
banca privada en España: la desaparición de la banca pública. La otra de las
grandes reivindicaciones de los bancos también se ha conseguido recientemente:
la desaparición de las cajas de ahorros. Con ello, la banca privada ha
conseguido ser más poderosa que nunca en España. Sin embargo, durante muchos
años existió una banca pública liderada por el Instituto de Crédito Oficial ICO
y estructurada en torno a las Entidades Oficiales de Crédito, que se dedicaban
a financiar las actividades productivas del país: la pequeña y mediana
industria contaba con un instrumento financiero a la medida como era el Banco
de Crédito Industrial, a través del cual podían acometer una parte de sus
inversiones productivas; la agricultura se apoyaba financieramente en el Banco
de Crédito Agrícola, el cual incluso asumió el liderazgo cuando una parte
importante de las cajas rurales (cooperativas de crédito agrarias) entraron en
crisis a comienzos de los años 80, constituyendo el Grupo Asociado Banco de
Crédito Agrícola- Cajas Rurales en torno al cual se sanearon muchas de ellas
(otras fueron absorbidas por cajas de ahorros); las familias contaban con el
Banco de Crédito Hipotecario para poder financiar la compra de sus viviendas;
la actividad exportadora de las pequeñas y medianas empresas se canalizaba a
través del Banco Exterior de España; y las Administraciones Locales conseguían
financiación a través del Banco de Crédito Local para poder acometer sus
inversiones municipales. En definitiva, existía una banca pública al servicio
de los ciudadanos y de las empresas productivas, manifiestamente mejorable,
pero que al menos disponía el crédito procedente del ICO en las condiciones más
adecuadas posibles.
Cuánta falta nos haría en estos
momentos una banca así, pues el ICO está siendo incapaz de conseguir que sus
líneas de crédito lleguen a las empresas a través de la intermediación de los
bancos. En la actualidad, y tras la crisis financiera, algunos de los bancos
creados de las fusiones entre las cajas de ahorros, han sido intervenidos por
el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria FROB (NovaGalicia Banco,
Catalunya Banc, Banco Mare Nostrum y Bankia). Además de las entidades ya
intervenidas y que están incluidas en el Grupo 1, existen otras que necesitan
ayudas públicas para cubrir su déficit de capital (Grupo 2) y las que
presumiblemente pueden asumir su déficit de capital ellas solas (Grupo 3). De
las intervenidas, algunas, después de ser saneadas con dinero público, se han
vendido a otros bancos privados, como es el caso del Banco de Valencia que fue
vendido a Caixabank en julio del 2012 por el importe simbólico de 1 euro,
después de ser rescatado con 3.000 millones de euros e inyectar 4.500 millones
de euros a través de una ampliación de capital. Novagalicia Banco (resultado de
la fusión entre las cajas de ahorros de Caixa Galicia y CaixaNova y que opera
con el nombre comercial de EVO Banco en el resto del Estado español salvo
Galicia, Asturias y León) fue intervenida con una ampliación de capital del
FROB de 2.465 millones de euros. La intervención de Catalunya Banc (banco
creado a partir de la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa
Manresa) ha costado 12.000 millones de euros por ayudas directas. Banco Mare
Nostrum BMN es el resultado de la fusión de las cajas de ahorros de Cajamurcia,
Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra (Baleares) y en 2013 recibe 730
millones de euros del FROB con cargo al rescate bancario de la Unión Europea.
No olvidemos que en el proyecto
de fusión inicial de este grupo de cajas de ahorros estaba también la CAM,
entidad que después de ser saneada por 5.800 millones de euros fue vendida por
el precio simbólico de 1 euro al Banco de Sabadell, entidad que también ha
comprado el negocio de BMN correspondiente a Caixa Penedés. Pero sin lugar a
dudas, la joya de la Corona de los bancos intervenidos es Bankia, creado por
las cajas de ahorros de Caja Madrid, Bancaja, Canarias, Laietana, Rioja, Avila
y Segovia, y que ha costado al Estado hasta el momento 22.424 millones de
euros. En total, y de manera aproximada, podemos decir que el coste económico
estimado de la intervención de los bancos en crisis hasta el momento se eleva a
unos 45.000 millones de euros. Solamente Bankia, supone un volumen de negocios
de 313.000 millones de euros, más de 7 millones de clientes y 3.117 oficinas
bancarias. La estructura bancaria que en estos momentos posee el Estado a
través de sus bancos intervenidos, con cerca de 5.000 oficinas distribuidas por
la mayor parte de la geografía española, sería la estructura adecuada para
desarrollar un modelo de banca pública a través del cual canalizar las líneas
de crédito del ICO a los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas.
Además, estas entidades podrían utilizarse como abanderado para recuperar el
prestigio perdido por la banca tras más de 5 años de crisis, asumiendo acciones
como la dación en pago, la eliminación de las clausulas suelo de las hipotecas
o la devolución de los importes retenidos a los preferentistas, entre otras
actuaciones sociales. El coste económico está más que justificado y de esta
manera el mismo podría redundar, al menos en parte, en la propia sociedad y en
sus ciudadanos.
Retornar a la banca pública
española de los años setenta y ochenta del Siglo XX es imposible, pero no
obstante sí sería posible aprovechar la estructura de los bancos intervenidos
para revisar el modelo bancario que nos ha llevado a la crisis, basado en la
especulación y el rendimiento económico como único fin, y apostar por un modelo
más social, comprometido con las necesidades de los ciudadanos. Pero la
implantación de un nuevo modelo de banca pública, que podría ser complementario
con una banca privada socialmente responsable (ética y cooperativa), es
realmente complejo de conseguirse por dos motivos fundamentales: 1) Por el
predominio de un sistema económico de pensamiento neoliberal único, según el
cual la economía ha de estar fundamentada en una estructura productiva y de
servicios (incluidos los financieros) totalmente privatizada basada en la
maximización de la eficiencia económica; y 2) Por el enorme poder de la banca
privada dominante, poder que se ha visto sensiblemente ampliado como
consecuencia de la crisis y de las reformas financieras llevadas a cabo durante
estos últimos 3 años. Ante la falta de voluntad política, se hace necesaria la
movilización de la ciudadanía, que ha de exigir un uso social de los bancos
intervenidos y apoyar con sus acciones una banca alternativa socialmente
responsable.
(Joan Ramon Sanchis es doctor en
Economía de la Empresa y autor del libro La banca que necesitamos)
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jueves, 19 de septiembre de 2013
Las condenas a los banqueros no progresan
Por Sarah White
Diario Público.es,
14/09/2013..
¿Terminarán los grandes banqueros
en la cárcel alguna vez por su conducta? ¿O las mala decisiones empresariales
no son realmente un delito? Cinco años después de la bancarrota de Lehman
Brothers, aún persiste el debate sobre cuánto deben costarles las
decisiones fallidas a los presidentes de los grandes bancos y la
posibilidad de sanciones legales para altos cargos del sector se mantiene como
una amenaza lejana.
Incluso aunque las leyes han
evolucionado (en Reino Unido, el gobierno quiere penalizar la imprudencia
bancaria), una repetición de la crisis financiera y el caso colapso mundial de
2008 no llevaría aún hoy necesariamente a demasiadas imputaciones, según
algunos abogados. El problema radica en la dificultad de culpar a una
persona por la toma de riesgos y decisiones en toda la cadena de mano de una
entidad, lo que se convierte en uno de los mayores obstáculos para
iniciar un proceso.
"Se trata de las confusas
líneas que separan la responsabilidad y el asumir las consecuencias", dijo
Judith Seddon, directora del departamento de regulación y delitos bancarios en
el buffete de abogados Clifford Chance's de Londres. "Cuando se persigue a
una sola persona, si ha delegado responsabilidades (...) Es mucho más
difícil hacerlo en una gran organización", añadió.
Los reguladores en todo el mundo
aumentaron su escrutinio a los bancos y actuaron contra los delitos financieros
ante la ira de sus ciudadanos por los costosos rescates públicos y sus
consecuente escándalos. Pero todo ello apenas ha resultado en unos pocos
intentos de presentar cargos contra aquellos que se encuentran en lo más alto
del escalafón bancario.
Ningún alto cargo en todo Wall
Street o la banca comercial ha sido condenado en relación a la crisis bancaria
de 2008
En Estados Unidos,
sede de Lehman Brothers, ningún alto cargo en todo Wall Street o la banca
comercial ha sido condenado en relación a la crisis bancaria de 2008. En
territorio europeo, la implosión del sector financiero de Islandia
hace cinco años ha finalizado con algunas de las sentencias más importantes,
incluída la del expresidente de la entidad bancaria Glitnir, que fue condenado
a prisión. En Alemania y Países Bajos también
se se han producido, de manera aislada, condenas de directivos, y algunos casos
relevantes pudieron materializarse. La cúpula ejecutiva al completo del banco
alemán HSH Nordbank está siendo juzgada por las decisiones tomadas en el
transcurso de la crisis.
Pero en Reino Unido,
donde Royal Bank of Scotland y Lloyds fueron rescatados con un coste de 66.000
millones de libras (78.500 euros), ningún alto cargo bancario ha sido acusado
de delito alguno. Tres ejecutivos de la entidad irlandesa Anglo Irish Bank
serán juzgados en 2014, cinco años después de que la investigación al banco
comenzara, mientras que en España, unas 100 personas están
siendo investigadas por los tribunales por dejar las entidades arruinadas tras
la explosión de la burbuja inmobiliaria, aunque ninguna ha sido procesado aún.
El hecho de que se produzcan tan
pocas condenas se origina en parte en que, en algunos países, las leyes que
podrían haberse aplicado contra tales delitos simplemente no existen.
El ministro de Finanzas de Reino
Unido, George Osbore, dijo en julio que adoptaría las recomendaciones
realizadas por un influyente grupo de parlamentarios de que los banqueros
deberían afrontar la pena de cárcel por un nuevo delito de "conducta
imprudente en la gestión de un banco". "El regulador debería
considerar responsible a la gente de manera personal por sus decisiones. Tienen
que tener miedo ael regulador, lo que desde luego no ocurrió en el pasado",
dijo Mark Garnier, un diputado conservador de la Comisión Parlamentaria de
Normas Bancarias.
Los fiscales de EEUU siguen
buscando nuevas estrategias para incriminar a banqueros de las hipotecas basura
En Estados Unidos, los fiscales
siguen buscando nuevas estrategias para incriminar a banqueros de Wall Street
que concedieron las hipotecas basura que iniciaron la crisis financiera,
incluyendo el uso de una vieja ley que pretende castigar a aquellas personas de
defraudar en banca minorista. La tentativa de Reino Unido de crear una ley
"anti-imprudencias" permitiría, en teoría, castigar a grandes
banqueros por tomar decisiones fallidas. Pero demostrar que esas
decisiones fueron imprudentes entonces podría ser difícil. "Las
reuniones de los consejos (de administración) se registran cuidadosamente y por
tanto podria haber pruebas detalladas, pero por muy imprudente que parezca
alguien a toro pasado, ¿puede esto mantenerse en un juzgado?", dijo Gregg
Beechey, socio londinense del bufete SJ Berwin. "No llevarías a todo el consejo
a votar una adquisición si esta no fuera razonablemente convincente en ese
momento".
El enfoque de los reguladores
estadounidenses desde la crisis ha reflejado parte de estos desafíos. Aunque
el supervisor bursátil Securities and Exchange Commission (SEC) ha acusado a
más de 150 firmas e individuos en relación con la crisis financiera,
los detractores señalan que no ha perseguido los suficiente a los ejecutivos
bancarios de mayor rango. "Vamos hacia donde nos llevan las pruebas",
dijo en el pasado el exdirector del departamento que vela por el cumplimiento
de la ley en la SEC, Robert Khuzami, explicando que no se puede presentar
cargos contra alguien simplmente por un "mal juicio". Lo que se
percibe como una falta de voluntad política en algunos países para ir tras
empresas y banqueros también podría empañar casos futuros.
A pesar del alto coste de los
rescates, en España, por ejemplo, los políticos de los principales
partidos han evitado pedir investigaciones sobre distintos bancos fallidos,
como ocurrió en Reino Unido después de que el Gobierno británico se viese ante
una fuerte presión pública con motivo de la crisis. "(En España) es más la
ausencia de voluntad de llevar estos casos que la falta de instrumentos, ya que
algunos casos podría probarse sin gran dificultad", dijo Juan Torres,
profesor de Economía en la Universidad de Sevilla, quien agregó que algunos
estaban relacionados con claros ejemplos de fraude.
En su defecto, las demandas de
clientes y grupos de activistas han llevado a la Audiencia Nacional a
investigar varios colapsos bancarios como el de Bankia, que fue
rescatada en 2012 menos de un año después de salir a bolsa. La frustración por
el lento avance de los procesos probatorios en España está llevando a algunos
grupos activistas a considerar hacer lobby en Naciones Unidas para conseguir
que incluyan los delitos económicos como crímenes contra la humanidad, aunque
admiten que conseguirlo sería muy difícil.
En los últimos cinco años, el
foco de las persecuciones legales a grandes banqueros aún no ha aumentado.
Sin embargo, algunos discuten que la vida de los altos cargos es mucho más
difícil de lo que era, en parte, porque ciertos países persiguen otras líneas
de acción. "Los instrumentos regulatorios pueden ser más poderosos que las
leyes penales, aunque otro asunto es si esto es lo que la gente quiere",
dijo Beechey de SJ Berwin. "Existe la sensación de que los reguladores
pueden hacer algo sin determinar la carga de la prueba y desde luego están
esforzándose cada vez más en perseguir a altos gestores".
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miércoles, 18 de septiembre de 2013
Concentración bancaria: Los cuatro grandes se apoderan del 60% del mercado
los cuatro grandes, Santander,
BBVA, CaixaBank y Bankia, copan el 60% del mercado. Con datos a cierre de
2012 el Santander tiene ya un 20% del mercado, mientras que su competidor más
próximo, BBVA, ostenta el 15%. CaixaBank, sumándole el 1% que controla Banco de
Valencia, suma un 13%; en tanto que Bankia, habrá que ver cuánta cuota pierde
con el cierre de oficinas obligado por Bruselas, domina un 12%.
De hecho estos cuatro bancos son
los únicos que tienen dos dígitos, ya que Sabadell y Popular, otras dos
entidades con presencia por toda España, solo controlan un 6%,
respectivamente. KutxaBank supera incluso la cuota de mercado de Bankinter, un 2,6% de
la vasca frente a un 2,1% de la entidad presidida por Pedro Guerrero. Banco
Mare Nostrum (2,4%), Catalunya Caixa (2,5%), NovaCaixaGalicia (2,5%) e Ibercaja
(2%) superan a Bankinter.
En total, estas 16 entidades
controlan un 90% del mercado español según los datos de RR de Acuña & Asociados.
Los consultores inmobiliarios reconocen que “a lo largo de 2013 seguirán
produciéndose más absorciones y fusiones entre entidades y de momento, al
primer semestre de 2013, el panorama se concentra en 13 entidades”.
DE MEDIO
CENTENAR A UNA DECENA
En 2009 había más de medio
centenar de entidades diseminadas por la geografía española y en apenas 3 años,
los datos de la consultora son a cierre de 2012, se han reducido a poco más de
una decena de bancos. Una concentración que también ha pasado factura al
empleo, ya que según los datos de la Asociación Española de Banca (AEB) de los
275.000 empleos que había en el sector en 2009 se ha reducido a unos 225.000.
Una pérdida de 50.000 puestos de trabajo desde que comenzó la concentración en
2009.
Entidad
|
Cuota de mercado
|
Santander
|
19%
|
BBVA
|
15%
|
CaixaBank
|
12%
|
Banco de
Valencia
|
1%
|
Bankia
|
12%
|
Sabadell
|
6%
|
Popular
|
6%
|
Ibercaja
|
2%
|
Caja3
|
0,9%
|
Liberbank
|
1,5%
|
Unicaja
|
1,2%
|
CEISS
|
1,5%
|
Kutxa
|
2,6%
|
CatalunyaCaixa
|
2,5%
|
NovaCaixaGalicia
|
2,5%
|
Banco Mare
Nostrum
|
2,4%
|
Bankinter
|
2,1%
|
16 entidades
|
90%
|
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martes, 17 de septiembre de 2013
Draghi avala que el ICO financie a Estado y comunidades con dinero del BCE
Por Miguel Jiménez
Diario El País,17/09/2013.
El Banco Central Europeo no ve
mal que el Instituto de Crédito Oficial utilice su dinero para financiar a las
comunidades. Esa es la conclusión que se extrae de una carta que ha enviado el presidente de la institución,
Mario Draghi, al eurodiputado nacionalista Ramón Tremosa i Balcells ante una
pregunta del mismo.
En 2012, en momentos en que
España tenía muy complicado su acceso a los mercados financieros, el ICO pidió 20.000 millones al BCE y los destinó en buena
medida a financiar al Estado y las comunidades autónomas. Esa financiación
monetaria indirecta despertó algunas suspicacias, pero el BCE considera que
está dentro de lo legal. Su argumento es que los bancos públicos pueden pedir
dinero al BCE y que luego pueden hacer con ese dinero lo que consideren
conveniente.
“En las operaciones de política
monetaria del eurosistema pueden participar entidades de crédito tanto públicas
como privadas. A este respecto, la prohibición de financiación monetaria
prevista en el Tratado contiene una excepción explícita referida a entidades de
crédito públicas que, en el marco de la provisión de reservas por los bancos
centrales, deberán recibir el mismo trato que las entidades privadas”, explica
Draghi en su respuesta a Tremosa.
El BCE recuerda en su carta que
el ICO es una entidad de crédito que cumple todos los requisitos de
admisibilidad de las entidades de contrapartida que participan en las
operaciones de política monetaria del Eurosistema y mantiene reservas mínimas
con el Eurosistema. En consecuencia, el ICO tiene acceso a los instrumentos de
política monetaria del Eurosistema. “La liquidez que el BCE suministra no
está destinada a ninguna finalidad de inversión concreta. Por tanto, las
entidades de contrapartida admitidas pueden utilizar los fondos que reciban del
BCE de conformidad con sus decisiones de negocio y de gestión del riesgo”,
concluye la carta de Draghi.
El ICO tmó la decisión de
destinar buena parte de su dinero a financiar a las Administraciones públicas.
Así, aportó 6.386
millones de euros al Plan de Pago a Proveedores, el instrumento
ideado por el Gobierno para que las comunidades y los Ayuntamientos pudieran
pagar las facturas pendientes. Este fondo logró reunir en total 27.031 millones
de euros con aportaciones de otras entidades y sirvió para liquidar 5,5
millones de facturas a más de 135.000 proveedores.
También puso en marcha a
principios del año pasado una línea de
financiación para atender vencimientos de deuda financiera de las comunidades
a la que destinó 5.332 millones de euros.
El informe anual del instituto
público revela que el saldo de los préstamos incluidos en el epígrafe
“Administraciones Públicas” pasó de 4.790 a 16.283 millones de euros. Aunque si
se añaden los créditos otorgados a “otros organismos públicos” y los préstamos
a “otros sectores garantizados por el Estado” el importe asciende a 22.679
millones. La Administración central es la que recibió más préstamos del ICO,
con 6.889 millones, aunque en esta cantidad se incluye la aportación del banco
público al Plan de Pago a Proveedores.
El hecho e que el BCE dé su
bendición a que el ICO pueda pedirle prestado dinero para a su vez prestárselo
a las Admninistraciones públicas supone todo un colchón de seguridad para el
Tesoro en caso de dificultades. Bastará con que tenga los títulos suficientes
para entregar en garantía para poder disponer de esa liquidez, según la tesis
que se desprende de la contestación de Mario Draghi.
El ICO fue uno de los principales
compradores de deuda pública española en 2012. Las cuentas anuales del
organismo público reflejan que la cartera de inversión a vencimiento en títulos
de las Administraciones Públicas españolas pasaron de 3.563 a 17.730 millones
de euros el pasado año, lo que muestra de nuevo cómo el organismo sirvió para
financiar al Estado.
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