viernes, 31 de enero de 2014

Respuestas a la crisis financiera


Primarás a los bancos sobre todas las cosas


Por Pablo Fraile
Andaluces.es, 30/01/2014.

Invade competencias estatales, derechos constitucionales y es una amenaza para la economía del país. Son algunos de los argumentos que esgrime el Gobierno en su recurso contra la ley antidesahucios de Andalucía. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía hizo ayer público el texto que el Ejecutivo presentó ante el Constitucional el 18 de diciembre, notificado a la Consejería el pasado día 22. Aunque el Tribunal no ha valorado aún si la norma choca o no con la Carta Magna, la aplicación de los artículos recurridos ha quedado suspendida cautelarmente. En el aire, el futuro de 37 familias en riesgo de exclusión que ya habían conseguido iniciar el expediente de expropiación.  Estas son algunas de las claves de un recurso que consagra la estabilidad del sistema bacario sobre todas las cosas.

RIESGO PARA LA ECONOMÍA

El Gobierno de Rajoy ha puesto la diana en cuatro puntos que constituyen el armazón de la norma andaluza: la regulación del derecho de propiedad, la declaración de vivienda deshabitada, el régimen de sanciones asociado a esa definición y la expropiación temporal del uso para familias en riesgo de exclusión pendientes de un lanzamiento. Todos, dice el Gobierno, son inconstitucionales.

El Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica (Art. 149.1.13 CE)

El recurso conjuga la competencia del Estado en materia económica con el argumento que ha abanderado la oposición del Gobierno a la norma: es un riesgo para la economía española y su recuperación. “Las medidas autonómicas aquí impugnadas tienen la virtualidad de poner en verdadero peligro una de las líneas más esenciales de actuación en materia de política económica abordadas por el Estado: la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito”. Se trata, argumenta, de una condición fundamental para reducir la prima de riesgo y volver a crecer.

El Ejecutivo adjunta varios documentos para reforzar sus argumentos. Así, incluye informes del Banco de España para justificar la gravedad de la crisis,  ”que probablemente solo tenga parangón con la de 1929″ o la carta enviada por la Comisión Europea a raíz de la aprobación del decreto. En la misiva, la institución señalaba su preocupación por la “inseguridad” que generaban las medidas andaluzas en el sector inmobiliario e hipotecario español -escrito que, por cierto, levantó las suspicacias de la Junta al temer que la visión de la Comisión estuviese condicionada por la versión del Gobierno-.  También hay sitio para el memorándum suscrito con la Troika, por el que España tiene obligación de solicitar asesoramiento técnico a las partes implicadas (FMI, BCE y CE) “sobre cualquier política no incluida que pueda tener un impacto material en la consecución de los objetivos del programa”.

Las luces de alarma que se encendieron en La Moncloa, sin embargo, no parecen haber tenido reflejo en el mercado de deuda. El 11 de abril de 2013, día que entró en vigor el decreto antidesahucios andaluz, la prima de riesgo española se situaba en 336 puntos básicos; el 9 de octubre, día que se publicó la norma ahora recurrida en el BOJA, en 251 puntos y el pasado 16 de enero, día que el Constitucional admitió a trámite el recurso, en 196. Tampoco han impedido que una de las figuras más representativas del sistema financiero español, Emilio Botín, haya concedido un préstamo de 500 millones de euros a la Junta de Andalucía.

Las consecuencias que la ley tendría sobre la Sareb (el banco malo creado para depurar los activos tóxicos inmobiliarios del mercado) centran buena parte de la argumentación. El Gobierno lanza un aviso para navegantes: si la reestructuración del sistema financiero sale mal, los contribuyentes lo acabarán pagando. ”El coste que para Estado y el contribuyente tenga finalmente el proceso de reestructuración bancaria depende esencialmente de que la Sareb sea capaz en los próximos años de vender los inmuebles adjudicados a un precio máximo al razonable de adquisición”, explica el recurso, “si no es así las pérdidas deberán soportarse en un 45%, al menos, por el FROB, es decir, por el Estado y los contribuyentes”. En ese sentido, incluye un informe de la propia entidad para cuantificar el escenario que podría afrontar el banco malo con la ley: en torno a un 12% de su cartera inmobiliaria se sitúa en territorio andaluz, viviendas que podrán ser objeto de las sanciones de la Junta por estar deshabitadas (tendría que pagar hasta 57.411.000 €, dice) y cuyo valor disminuye con la aplicación de la norma.  ”Ningún inversor comprará carteras de vivienda en Andalucía cuando una norma con rango de ley permite al ulterior adquiriente permanecer en ella por un plazo de hasta tres años sin satisfacer renta alguna al propietario, lo que convierte en inviable la venta del inmueble”.

A la Junta, sin embargo, no le convencen los motivos que esgrime el Ejecutivo. Para la consejera de Fomento, Elena Cortés, el recurso se basa en argumentos más ideológicos que jurídicos: “Donde deberían estar los fundamentos de derecho del recurso sólo hay un discurso político neoliberal de defensa de la banca a toda costa, según el cual el cumplimiento del derecho humano a la vivienda en Andalucía es incompatible con la recuperación económica y la bajada de la prima de riesgo”, decía ayer.

DERECHO A LA PROPIEDAD

Otra de las armas del Gobierno en su batalla contra la norma se centra en lo que entienden como una modificación del contenido del derecho a la propiedad. La ley lo vincula a un uso habitacional, punto que rechaza el Ejecutivo. En el fondo, el debate es este: hasta dónde puede condicionar la función social el derecho a la propiedad.

Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia // La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes // Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes (Art. 33 CE)

El Gobierno entiende que la acotación del derecho a la propiedad pertenece al Estado y no a las autonomías, en cuanto se trata de condiciones básicas que “garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes”. El Consejo de Estado se manifestó en la misma dirección, según recoge el recurso: “No parece constitucionalmente admisible que una comunidad autónoma pueda, en ejercicio de una competencia sectorial, determinar el concreto alcance del derecho de propiedad de viviendas”.  Fomento rechaza que no tenga competencias en este terreno: la regulación estatal, argumenta, ofrece un mínimo del que partir y sobre las que las comunidades pueden legislar.

VIVIENDAS VACÍAS Y EXPROPIACIONES

La declaración de vivienda deshabitada y el régimen de sanciones asociado es otro de los puntos recurridos. El Ejecutivo considera que el sistema de multas discrimina arbitrariamente a las personas jurídicas -las sanciones no afectan a las personas físicas- y está al margen del principio de culpabilidad -”es inadmisible que se sancione al propietario por el mero hecho de no haber alquilado, sin que resulte acreditado que el propietario dispuso de condiciones y oferta mínimamente razonables para alquilar”-. La Junta, en cambio, considera implícito este principio al régimen de sanciones: “El Consejo de Ministros no tiene dotes adivinatorias sobre cómo se aplicará”, explicaron fuentes de la Consejería.

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (Art. 14 CE)

El Gobierno también habla de discriminación en el caso de las expropiaciones temporales. Solo afectan, dice, a entidades financieras, sus filiales inmobilarias o entidades de gestión de activos” frente a otras personas jurídicas que forman parte del mercado: inmobiliarias, promotores, etc. El argumento del riesgo para los bancos vuelve a salir: “Quedan en clara posición de inferioridad respecto de potenciales competidores nacionales y extranjeros”.  De las expropiaciones dice, además, que vulneran el derecho a la propiedad, a lo que la Junta responde alegando a su función social.

LA RESPUESTA DE FOMENTO

La Consejería defiende el anclaje constitucional de la norma y contrapone a los argumentos del Gobierno otros artículos de la Carta Magna como el 40 (los poderes públicos promoverán una distribución de la renta más equitativa), el 47 (los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada) o el 128 (toda la riqueza del país está sujeta al interés general)

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jueves, 30 de enero de 2014

Operativa bancaria


La banca obtiene el 35% de su margen al invertir el dinero del BCE en deuda pública


Por Eduardo Segovia
El Confidencial, 28/01/2014.

Las posibles penalizaciones a la inversión en deuda pública han hecho que la banca reduzca sus exageradas posiciones, pero no puede eliminarlas por una sencilla razón: el carry trade (tomar dinero prestado a bajo precio para invertir en bonos del Estado) supone el 35% de su margen de intereses y el 26% de los ingresos financieros, según estimaciones de AFI. Ahora bien, está dejando de financiar esta operativa en la barra libre del BCE para hacerlo con repos en el mercado interbancario, que por fin presta dinero a las entidades españolas a precios razonables.

El carry trade ha compensado la caída del negocio tradicional –el crédito– para mantener a flote los márgenes de las entidades españolas. Además, tiene la ventaja de su absoluta seguridad en un momento en que los criterios de riesgo son durísimos por culpa de una morosidad disparada. Dar crédito tenía mucho riesgo en los últimos años –y aún lo tiene pese a la incipiente recuperación económica–, mientras que la inversión en deuda pública mediante el carry trade no lo arrostra: aunque caigan los precios de los bonos no importa, porque la ganancia se obtiene por la rentabilidad de un cupón al 4% o 5% cuando el dinero se toma prestado al 0,25%. Además, la barra libre del BCE proporciona liquidez ilimitada para esta operativa.

Esto explica que la cartera de renta fija haya crecido del 15% al 17% del balance de la banca en 2013, según los datos de AFI (Analistas Financieros Internacionales); si tomamos sólo la deuda pública, esta ha pasado del 7% al 9%, mientras que el resto son bonos de la Sareb, deuda avalada por el Estado y otros activos parecidos. Sin embargo, estos porcentajes pasan al 26% si hablamos de proporción de los ingresos financieros, frente al 20% del año anterior. Algo que se explica porque es más rentable que el resto de los activos, según explica Ángel Bergés, consejero delegado de esta firma. Y si hablamos del margen de intereses, la cifra se dispara al 35% (desde el 30% de 2012) porque "se financia mejor".

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. (EFE)Ahora bien, esta operativa se ha encontrado con la posible penalización de la deuda pública no sólo en los test de estrés que va a acometer el BCE antes de asumir la supervisión del grueso de la banca española, sino también en las nuevas normas de solvencia europeas, como adelantó El Confidencial. Una penalización que llega desde el Bundesbank, que pretende diferenciar el tratamiento de la deuda de países con diferentes rating y también obligar a la banca a abandonar la comodidad del carry trade y volver a abrir el grifo del crédito. Ante esta amenaza, el Popular dio en septiembre el pistoletazo de salida a las ventas generalizadas de bonos del Estado con la enajenación de 5.000 millones, y le han seguido las demás entidades.

Vuelta a la normalidad

Ahora bien, lo que han hecho todas ellas es reducir el "exceso" sobre lo que sería una cartera "normal" de deuda pública. La semana pasada, Bankinter anunció la reducción de su cartera desde 8.700 a 4.500 millones, pero es que el banco que dirige María Dolores Dancausa era el que tenía una mayor exposición a deuda pública en relación a su tamaño (cerca del 25% de su balance) para compensar los márgenes más estrechos de las entidades relevantes. El Sabadell vendió 6.900 millones entre junio y diciembre, pero aun así cerró 2013 prácticamente en los niveles de 2012.

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa. (EFE)Desde las entidades se explica que "no tiene sentido renunciar a estos ingresos y la banca siempre ha tenido una cartera de deuda para cubrir el riesgo de tipos de interés". Otra fuente del sector añade que "mientras la recuperación no se asiente y el crédito no vuelva a crecer en condiciones, habrá que seguir utilizando esta operativa para completar los márgenes". Otra cosa es que el carry trade se reduzca a límites más razonables frente a la explosión del último año.

El interbancario se reabre para España

Además, los bancos están devolviendo al BCE más de lo que están reduciendo su cartera de deuda. ¿Cómo se explica eso? Por un lado, porque con la reducción del crédito y el aumento de los depósitos (el desapalancamiento) tienen menos necesidad de financiación externa. Y por otro, por una gran noticia: porque los bancos españoles por fin pueden volver a financiarse en el interbancario a precios razonables.

Según las fuentes consultadas, el repo a dos-tres meses anda por el 0,23%-0,24%, frente al 0,25% del BCE. Y a un plazo un poco más largo, sólo sube entre 4 y 5 puntos básicos. Pero "es una fuente más de mercado y demuestra que tienes más visibilidad". "Es una vuelta a la normalidad, a una financiación de mercado, porque el BCE es un recurso extraordinario que tarde o temprano tiene que desaparecer", concluye otra fuente.

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El acopio de viviendas por parte de la banca a través de una ejecución hipotecaria se dispara en 2013


Por Jorge Salido Cobo
El Mundo, 28/01/2014.
 
Las carteras de viviendas de las entidades financieras siguieron engordando a gran ritmo durante 2013. Al menos, durante el primer semestre del ejercicio. Sólo en los seis primeros meses del año, el número de "entregas de viviendas" de ciudadanos (tras la correspondiente ejecución hipotecaria) a su banco ascendió a 35.098 unidades cuando en todo el 2012 se registraron 44.745, según la estadística publicada por el Banco de España (BE).

Es decir, todo indica que este traspaso de casas, según esta estadística, se disparó en 2013. O como puntualiza el propio BE: "Parece que la tendencia en el primer semestre de 2013 apunta a un crecimiento en comparación con 2012, aunque, naturalmente, no conocemos cómo evolucionó esa magnitud en el segundo semestre de 2013".

Estas "entregas de viviendas", como las define el BE, engloban tanto primera como segunda residencia. De este modo, según el último balance hecho público, entre enero y junio de 2013 de las 35.098 casas que acabaron en manos de los bancos 28.170 respondían a "vivienda habitual" y 6.928 a "otras viviendas".
  
El organismo estatal también diferencia entre "entregas voluntarias" y "judiciales". Del total, 15.531 se realizaron amistosamente (11.348 bajo la fórmula de la dación en pago), mientras que 19.567 requirió la intervención de un juez. En este último caso, en 18.256 casos el inmueble estaba vacío y en 1.311 ocasiones ocupado, lo que desembocó en 88 intervenciones de las fuerzas del orden.

Desde el BE se comparan estos datos de viviendas entregadas con el número total de hipotecas firmadas para adquisición de casa. En concreto, apunta que representan el 0,54% (el 0,47% de viviendas habituales) de los 5.964.807 préstamos en vigor contratados para la compra de vivienda.

Por otro lado, el organismo que preside Luis M. Linde destaca, por otro lado, "la significativa reducción en el número de casos en los que intervinieron las fuerzas del orden". Así, compara las 88 actuaciones realizadas entre enero y junio de 2013 con las 173 que se llevaron a cabo en todo 2012.

Aunque quizá el apartado más esclarecedor a los que hace referencia el BE sea el temporal. "El 83,2% de las hipotecas que dieron lugar a entregas judiciales de viviendas ocupadas entre enero y junio de 2013 se originó en el año 2007 o en años anteriores", se puede leer en el comunicado. Es decir, la inmensa mayoría de estos desahucios se gestaron, principalmente, durante el 'boom'.

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martes, 28 de enero de 2014

La reforma de la ley hipotecaria


Bruselas cede ante la gran banca mientras Washington le planta cara


El Boletín, 27/01/2014.

Esta semana la Comisión Europea presentará un borrador interno sobre el que se discutirá la separación de la banca de inversión y la banca comercial. Al parecer, la normativa que corre a cargo del comisario Michel Barnier, y que ha sido muy esperada en los últimos años, peca de ser poco ambiciosa y de beneficiar a las grandes entidades centroeuropeas como el Deutsche Bank.

Esta noticia contrasta con aquellas que llegan desde el otro lado del Atlántico. En las últimas semanas, se han decretado abultadas multas en EEUU contra algunas de las más reconocidas entidades internacionales como Credit Suisse, Royal Bank of Scotland (RBS) o JP Morgan, entre otros.

Según informa el diario El País desde Bruselas, el borrador que esta semana discutirá el colegio de comisarios gira en torno a dos ejes: la prohibición de que los bancos especulen con su propia cartera de inversiones y la separación entre banca de inversión y comercial. La polémica reside, sin embargo, en la letra pequeña.

La división entre actividades como la de conceder préstamos a familias o negocios u ofrecer depósitos y las de inversión era la clave del informe que la propia Comisión encargó en 2011 al gobernador del Banco Central de Finlandia, Erkki Liikanen. Pero Bruselas prefiere dejar esta decisión a los órganos de supervisión nacionales. “El principio básico de la nueva regulación es que las entidades que tengan depósitos sólo se puedan involucrar en las actividades de inversión mientras el supervisor no decida que deben operar en otra entidad”, asegura el borrador.

La nueva norma, además, afectará a un número reducido de entidades: aquellas que se consideren sistémicas o las que tengan durante tres años consecutivos unos activos superiores a 30.000 millones de euros y una cartera de negociación de más de 70.000 millones. Según los cálculos del departamento de Barnier, solo 29 bancos cumplirían estos requisitos con los datos de 2006 a 2011. Estos límites son más estrictos de los que proponía Liikanen.

Sin embargo, y pese a estar pensada para suavizar sus efectos sobre el mentado banco alemán u otros de gran calado como el francés BNP Paribas, la medida sigue sin gustar en Berlín, que podría ver amenazado el poderío del Deutsche Bank como la entidad financiera más grande del Viejo Continente (este banco tiene una fuerte presencia en EEUU a través de Bankers Trust, una entidad que compró a finales de los años 90 y que dedica buena parte de su actividad a la banca de inversión).

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Deutsche Bank deberá pagar 2,9 millones a medio centenar de preferentistas


Público.es26/01/2014.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Deutsche Bank a devolver 2,9 millones de euros a medio centenar de clientes a los que no ofreció información suficiente sobre las participaciones preferentes en el momento de la venta ni sobre los riesgos que este producto podría llegar a tener.

El caso, tramitado por los despachos de abogados Zunzunegui Abogados y Jausas, se remonta a 2011, cuando 49 clientes de la entidad interpusieron una demanda contra Deutsche Bank que el Juzgado de Primera Instancia número 56 de Madrid desestimó al entender que su perfil inversor demostraba que eran clientes familiarizados con los productos híbridos.

Los afectados recurrieron esta decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid, que ahora les da la razón. La Sala estima que "los demandantes no recibieron de Deutsche Bank la información suficiente para poder dar su pleno consentimiento a la contratación de dichas preferentes".

"Los demandantes estaban dando su conformidad o consentimiento a un producto bancario que no era lo que ellos realmente querían o pretendía", destaca la sentencia, que añade que en una contratación en la que la información que se ofrece a las partes es "incompleta o confusa" se puede producir en el otro una representación de la realidad que no coincide con lo que realmente es objeto de contratación".

La Audiencia resalta que lo que intentaban los clientes era "invertir en productos rentables pero seguros". "No buscan un producto de inversión arriesgada. Y si firmaron las preferentes fue en atención a la información que le ofrecía Deutsche Bank", aclara.

También insiste en que el producto que se vendió a los demandantes era "mucho más complejo" de lo que parecía en un principio, por lo que terminó generando unos "efectos nocivos" (pérdidas del capital), "que no sólo no habían sido deseados, sino que no podían ni siquiera ser imaginados por el cliente".

Por todo ello, concluye que la entidad "no ha cumplido con lo que le incumbía: informar adecuadamente a sus clientes sobre la naturaleza y riesgos del producto".

Según destacan los despachos de abogados en un comunicado, ésta es la mayor demanda en volumen y por número de demandantes que un tribunal de apelación resuelve de forma favorable para afectados. Las inversiones de los afectados oscilaban entre los 22.000 y los 298.000 euros.

Los letrados Fernando Zunzunegui (Zunzunegui Abogados) y Jordi Ruiz de Villa (Jausas), que han defendido a los afectados, consideran que la sentencia tiene la novedad de reconocer que Deutsche Bank como comerciaizador debía o tenía que conocer "esos movimientos, alertas, temores y presagios" que desde 2006 afectaban a los mercados, escollos de los que debía haber avisado a los inversores.

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La nueva esclavitud


Santander y BBVA necesitan 10.700 millones de capital, según RBS


Por Roberto Casado
Expansión, 26/01/2014.

El conjunto de los grandes bancos europeos va a tener que reforzar su capital en 58.500 millones en los próximos tres años, con el objetivo de dar confianza a los inversores sobre su solvencia más allá de los requisitos de las autoridades, estiman los analistas de The Royal Bank of Scotland (RBS).

Los dos bancos españoles incluidos en los cálculos de la entidad escocesa, Santander y BBVA, tendrían un desajuste de 10.700 millones. De esta cantidad, 5.500 millones corresponderían a BBVA y 5.200 millones a Santander. Se trata de números muy diferentes a los de otros analistas. Barclays, por ejemplo, cree que BBVA tiene suficiente capital, mientras que Santander necesitaría 12.000 millones.

Las necesidades de capital de la banca europea de RBS son superiores a estimaciones anteriores, porque el banco espera que las principales entidades construyan un cómodo colchón de fondos propios por encima de los niveles mínimos que imponen los reguladores. Los bancos españoles más pequeños son "vulnerables" a los exámenes de su solvencia, dice el informe. Alberto Gallo, director de análisis de crédito de RBS, cree que «algunos bancos podrán cubrir su potencial déficit de capital a través de los beneficios que generan, pero la mayoría tendrán que levantar capital».

Entre las entidades que podrían librarse de emitir nuevas acciones están los grupos españoles. Según los cálculos contenidos en el informe, Santander podría solventar su desajuste de capital de 5.200 millones con una reducción de activos de 29.500 millones y reteniendo las ganancias equivalentes a casi tres ejercicios. BBVA, por su parte, necesitaría cerca de cinco años de beneficios y una disminución de balance de 24.300 millones para reforzar su solvencia.

«Sin embargo, Deutsche Bank, Barclays, UBS y Société Générale, por ejemplo, necesitarían mucho más tiempo para satisfacer sus necesidades de capital. Por tanto, es probable que tengan que levantar capital adicional por parte de los inversores», dice Gallo. En el caso de Deutsche Bank, su déficit sería de 18.900 millones de euros, por encima de los 6.700 millones de Barclays, los 5.500 millones de Société y los 3.600 millones de UBS.

En su mayor parte, opina RBS, el refuerzo de los fondos propios en esos bancos europeos podría hacerse a través de la emisión de bonos convertibles contingentes (los denominados CoCos, deuda que se convierte en capital si la ratio de solvencia de una entidad baja de un nivel determinado). Estos instrumentos son considerados como fondos propios por los reguladores.

RBS espera que la banca europea capte entre 28.000 y 35.000 millones mediante el lanzamiento de CoCos durante 2014. Los inversores están mostrando gran interés por esos títulos, como demuestra la aceptación de los 70.000 millones emitidos por once bancos hasta ahora, entre los que figuran BBVA y Popular. Los tipos de interés se mueven entre el 7,25% de los CoCos de UBS hasta el 11,5% de los de Popular. Owen Murfin, gestor de renta fija de BlackRock, cree que las entidades europeas podrían colocar otros 50.000 millones de euros en estos instrumentos durante este ejercicio, e incluye a Bankia entre los posibles emisores.

En cuanto a otras entidades españolas de menos tamaño que Santander y BBVA, el informe de RBS advierte de que son «vulnerables» a los exámenes de su solvencia que preparan las autoridades europeas, especialmente en caso de que se endurezca el tratamiento a las carteras de bonos soberanos que poseen. «Si el Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) deciden elevar la ponderación del riesgo de la deuda pública, los bancos podrían necesitar más capital o reducir más sus activos», indican los analistas de RBS. «Pensamos que alrededor del 15% de los bancos pueden no superar el examen. Ahí se incluyen entidades de tamaño medio de Italia, España, Eslovenia y Alemania». Sin embargo, el informe indica que los grandes bancos podrán pasar el test.

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La presidenta argentina culpa a la banca y los fondos de la especulación cambiaria


El País, 27/01/2014.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, responsabilizó hoy a los bancos y otros grandes actores económicos de las maniobras especulativas en el mercado cambiario, donde el peso argentino ha sufrido una fuerte devaluación en los últimos días.

Fernández, de visita en La Habana para asistir a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, dialogó en Cuba con la mandataria brasileña, Dilma Rousseff, sobre las "presiones especulativas sobre los tipos de cambio de los países emergentes, según reveló la presidenta argentina en su cuenta de Twitter.

"Parece que algunos quieren hacernos comer otra vez sopa, pero además con tenedor. ¿Quiénes? Los mismos de siempre. Los que se quedaron con tus ahorros en el 2001 y te lo tuvimos que pagar nosotros, con el (bono) Boden 12", dijo Fernández.

Cristina Fernández sostuvo que "sólo" a través de los bancos "se pueden hacer todas las maniobras especulativas de los mercados" con "la complicidad, claro, de grupos económicos, exportadores e importadores, entre otros".

Esta es la primera vez que la presidenta argentina se pronuncia sobre los sobresaltos en el mercado cambiario, desde que el pasado vienes el Gobierno anunció una flexibilización en las medidas que restringen el acceso a la compra de moneda extranjera, puestas en marcha a finales de 2011. El peso argentino se ha depreciado más de un 34% en lo que va de año, más que en todo 2013, cuando retrocedió un 30,92% respecto al dólar.

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lunes, 27 de enero de 2014

La crisis financiera


Julio Segura afirma que las cajas “engañaron” a sus clientes


Por Clara Blanchar
 El País, 27/01/2014.

“Dígame algo que, de acuerdo a nuestras competencias, pudiéramos haber hecho y no hicimos”. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre 2007 y 2012, Julio Segura, ha comparecido hoy en la Comisión del Parlament que investiga la actuación de las cajas catalanas y ha exculpado al organismo que capitaneó de responsabilidad en la masiva emisión de participaciones preferentes entre 600.000 clientes minoristas en Cataluña a finales de la década pasada. Ante la insistencia de los diputados sobre por qué la CNMV no hizo más de lo que hizo si conocía los riesgos de estos productos, Segura ha argumentado que el organismo “no tiene competencias para actuar sobre la emisión, ni para prohibir la comercialización de productos financieros complejos minoristas aunque fueran claramente desaconsejados, ni tiene competencias para actuar sobre el prejuicio”.

“El responsable de un asesinato es el asesino, no la policía por no vigilar”, ha zanjado al ser machaconamente preguntado por los diputados porqué la CNMV no hizo más de lo que hizo. Por el contrario, ha defendido que durante su mandato el organismo alertó sobre los riesgos de estos productos e hizo una serie de recomendaciones que se incorporaron en la regulación aprobada por el Gobierno central en 2012.

Segura es el único de los 17 comparecientes que la Comisión parlamentaria había llamado hoy a dar explicaciones, entre los que figuraban el ministro de Economía, Luis de Guindos, o sus predecesores, Elena Salgado o Pedro Solbes. Guindos excusó su presencia por la celebración hoy de reunión del Eurogrupo en Bruselas, mientras que otros cargos como la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez; el exgobernador del Banco de España Jaime Caruana y el actual director general de supervisión del organismo, Jerónimo Martínez, tampoco han comparecido.

La participación de altos cargos del Ejecutivo central en una comisión de investigación del Parlamento es voluntaria. Un dictamen del Consejo de Estado establece que el control político de las asambleas autonómicas “ha de entenderse referido a su ámbito territorial”. El mismo dictamen prohíbe a las Administraciones regionales fiscalizar instituciones distintas de las creadas “para el ejercicio de la autonomía”, argumentos en los que se han apoyado para no responder a las preguntas de los diputados catalanes. La CUP ha anunciado que instará al Parlament a denunciar “las incomparecencias” ante la Fiscalía.

El ex presidente de la CNMV, quien ha subrayado que su comparecencia es voluntaria, como lo hizo ante los parlamentos de Valencia y Galicia, ha relatado como la emisión masiva de preferentes entre minoristas se disparó a partir de 2008, cuando “comenzaron a ser consideradas recursos propios en vistas a los stress test y las cajas no pudieron contar con otros recursos propios”. Esto explica, ha recordado, que frente a emisiones por valor de un millón de euros en 2006, en 2009 se emitieran 11.000 millones de preferentes. También ha precisado que el 60% de las emisiones se registraron antes de 2005, cuando “nadie había advertido” del riesgo de pérdida de valor de las imposiciones y ha cuestionado la actitud de las entidades ante sus clientes particulares: “Si se les decía que era un producto a plazo, garantizado y con liquidez, se les estaba engañando”.

Segura ha defendido que algunas de sus recomendaciones sobre el canje de preferentes fueron tenidas en cuenta, y ha celebrado que frente a los 22.000 millones de euros en preferentes en manos de particulares que había en mayo de 2011 el saldo se redujera a 5.000, un 25%, y que “las recompras se realizaran por encima del valor de mercado y parecido al valor original”. Sobre las sanciones emitidas por la CNMV, Segura ha admitido que no son disuasorias, “porque no hay proporcionalidad entre el daño causado y la cantidad”. De hecho, ha llegado a tildas las multas de “ridículas”.

Sobre los 11 expedientes que abrió la CNMV y el desconocimiento --“el silencio, la omertá”, en palabras del diputado David Fernández-- sobre su contenido [a quién afectan, qué prácticas cuestionan, etc…], Segura ha respondido que “la ley dice que las materias sancionables por el Banco de España y la CNMV son reservadas salvo que lo diga un juez”. “Otra cosa”, ha manifestado Segura, “es que a mi me gustaría que no lo fuera”, en un diálogo con el diputado de la CUP en el que ambos han coincidido sobre las "limitaciones" de salida de un regulador como la CNMV. "El responsable de que estas limitaciones son los gobiernos que se las han dado", ha zanjado el compareciente.

Los diputados catalanes han preguntado también a Segura por el papel de la CNMV en la salida a bolsa de Bankia. Segura ha explicado que el organismo debía “comprobar la documentación financiera que soporta una operación así” además de velar para que saliera al mercado a un precio “sensato”. Las cuentas que recibió la CNMV de Bankia (22 informes financieros sumando tres por caja de las que hoy integran la entidad, más uno conjunto) “estaban como una patena, no tenían ni una salvedad”. “La responsabilidad de las auditorías es de quien audita”, ha remachado y ha concluido que “si Bankia cae en bolsa no es porque no debiera haber salido, sino porque la situación financiera no reflejaba la realidad”.

(Nota: hemos cambiado el título del artículo)

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domingo, 26 de enero de 2014

EEUU planta cara a la gran banca de inversión


El Boletín.com, 26/01/2014.

Mientras que en Europa, y más aún en España, las sanciones a los grandes bancos son hechos poco habituales, las autoridades financieras de EEUU parecen decididas a plantar cara a los excesos de la gran banca de inversión. En las últimas semanas, se han decretado abultadas multas contra algunas de las más reconocidas entidades internacionales.

El último en probar los efectos de la estrecha vigilancia de las autoridades estadounidenses ha sido Credit Suisse. El banco suizo ha sido acusado de ayudar a sus clientes a evadir al fisco de la mayor economía del mundo y ya se ha apresurado a poner sobre la mesa 800 millones de dólares, unos 585 millones de euros al cambio, para evitar una sanción mayor si las investigaciones siguen su curso.

De confirmarse estos supuestos, informa The Wall Street Journal, la sanción a Credit Suisse podría convertirse en la mayor impuesta nunca en EEUU por evasión fiscal a través de cuentas en el país centroeuropeo. Aunque el proceso de negociación se ha filtrado ya, el resultado de la investigación y las posteriores conversaciones podrían no ser firme y público hasta comienzos de verano, según ha destacado la prensa financiera local.

Hace sólo unos días, se hacía pública otra sanción más hacia otro banco europeo. El nacionalizado británico Royal Bank of Scotland (RBS), que tendrá que asumir una multa de 100 millones de dólares, unos 73 millones de euros al cambio de divisas, por haber acogido transacciones cubanas en territorio yanqui, quebrantando las leyes de bloqueo impuestas a la mayor de las Antillas. Según la prensa estadounidense, los hechos se remontarían al periodo comprendido entre los años 2005 y 2009 y se relacionarían también con otros países sancionados por las autoridades de EEUU como Sudán, Irán y Birmania.

Ya a finales del año pasado, la decisión de imponer una multa de nada menos que 13.000 millones de euros contra JP Morgan por la venta de productos financieros tóxicos durante la burbuja inmobiliaria, especialmente las llamadas hipotecas subprime marcó una tendencia que parece reforzarse. Aunque la abultada cifra tan sólo habría supuesto para el banco un 2,5% de lo que ingresó con la comercialización de estos productos, aún no se han visto condenas de este tipo a esta orilla del Atlántico.

En los últimos tiempos, las únicas grandes sanciones contra entidades financieras en Europa han sido las relacionadas con la manipulación de los índices interbancarios Euríbor en la Zona Euro y Líbor en Reino Unido. Incluso en este caso, Barclays y UBS se libraron del peso de la sanción de la Comisión Europea por haber colaborado con la investigación y haber aireado los trapos sucios de sus compañeros de negocio.

Mientras tanto, en España sigue sin haber ninguna sanción en firme por la comercialización de las polémicas participaciones preferentes. Los expedientes sancionadores se eternizan en los despachos de los organismos supervisores del mercado y ningún banquero ha tenido que rendir cuentas aún ante tribunal alguno a pesar de las muchas denuncias por malas prácticas que se han presentado en su contra. Tan sólo el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha tenido que explicar la compra de su antigua filial en Miami y el proceso amenaza con retirar de la carrera judicial al letrado que lo mandó a prisión.

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Asunción de responsabilidades


¿Fluirá el crédito en 2014?


Por Juan Antonio Gisbert
La Nueva España, 20/01/2014.

Al finalizar 2008, el total de créditos concedidos por el sector bancario se situó en 1,9 billones de euros, su máximo histórico, después de crecer, durante más de una década, a una tasa media anual acumulativa del 16%, con un máximo del 27% en 2005.

¿Qué ha sucedido desde entonces? Después del estallido de la crisis financiera en los EE UU, en el verano de 2007, su transmisión fue rápida y global, instalándose la desconfianza en los mercados por falta de transparencia en la composición de los balances bancarios, provocando el cierre de los mayoristas. Muchas entidades europeas fueron rescatadas por sus gobiernos, mientras Bush prefirió dejar caer a Lehman Brothers, supongo que con el sano propósito de no incurrir en riesgo moral; era septiembre de 2008 y conocemos las consecuencias.

La banca española partía de una posición de solidez, después de haber constituido un amplio colchón de dotaciones genéricas, pero estaba sobreendeudada con el exterior, y comenzó a tener problemas de liquidez, atemperados, primero, con el fondo para la adquisición de activos y, después, con el programa de avales del Estado, por parte del Gobierno nacional, y de las facilidades de liquidez establecidas por el BCE. Pero la situación conducía, de forma inevitable, a la restricción del crédito, lo que -junto con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria- transmitió la crisis financiera al sector real de una economía que había acumulado desequilibrios a lo largo del ciclo expansivo.

Así, año a año, ha ido reduciéndose el saldo vivo del crédito, hasta acumular, desde diciembre de 2008 a octubre de 2013 (último dato publicado por el BE), una caída del crédito a otros sectores residentes de unos 400.000 millones de euros, lo que supone casi la cuarta parte del punto de partida. En tan sólo los diez primeros meses de 2013, se ha reducido en casi 136.000 millones, un 8,5%.

¿Cabe esperar que ahora fluya el crédito? Parar la sangría del crédito es una "demanda nacional", en la que coinciden Gobierno y oposición, y que, sobre todo, lo exigen las empresas de pequeño y mediano tamaño, carentes de fuentes alternativas de financiación. La mayor parte de los economistas piensan que es un requisito para la auténtica recuperación.

El debate es si estamos ante restricciones en la oferta o de falta de demanda. Es razonable que en una coyuntura económica débil y en ausencia de expectativas favorables, la demanda solvente de crédito disminuya.

Pero existen razones para sostener que la caída del crédito a empresas y familias se debe, sobre todo, a factores asociados a la oferta. Las encuestas del BCE revelan que el porcentaje de operaciones denegadas por la banca española a empresas medianas y pequeñas es muy superior a la media europea; y el Banco de España advierte que los criterios aplicados por la banca para conceder nuevas operaciones se han endurecido mucho en los últimos años.

Lo peor es que es lógico. La banca española ha sentido la imperiosa necesidad de "estar en otras cosas". En este caso, sí es cierto que los excesos del pasado deben ser purgados: tras la borrachera hay que sufrir la resaca.

El crédito no sólo creció en exceso, sino que, además, se concentró mucho en el sector inmobiliario, infravalorando los riesgos asociados. Los activos crediticios dudosos han crecido, desde diciembre de 2008 a octubre de 2013, unos 130.000 millones, más del 300 por ciento, alcanzando una mora del 13 por ciento, lo que no tiene precedentes.

Lo expuesto produjo un desastre en el sistema bancario español, en el que entidades significativas han tenido que ser intervenidas y recapitalizadas con dinero público, resultando necesaria su reestructuración: en la práctica, las cajas de ahorros han desaparecido y, de momento, se han cerrado más de 11.000 oficinas, aproximadamente un 25 por ciento, y se han destruido más de 50.000 puestos de trabajo. Eso requiere un gran esfuerzo de gestión, que no se orienta a otras cuestiones.

Por otra parte, aunque la política de barra libre puesta en práctica por el BCE -a tipos de interés muy reducidos, actualmente el 0,25 por ciento- alivia los problemas de liquidez, el sobreendeudamiento de la banca subsiste, aunque ha disminuido. En un contexto de incertidumbre sobre la duración de la actual política monetaria y sobre el calendario y concreción de los cambios regulatorios pendientes, estando sobreinvertidos, no anima demasiado a abrir la mano del crédito.

No puede olvidarse que, en unos meses, los bancos europeos (sólo los que tienen un balance de al menos 30.000 millones, como quería la señora Merkel) serán "evaluados" por el BCE y es razonable que, con unos niveles de morosidad como los citados, las entidades españolas, que han visto cuestionada su solvencia y sobre las que todavía pesa la desconfianza, quieran "salir guapas en la foto". Es más seguro, y suficientemente rentable, invertir los fondos obtenidos al 0,25 por ciento en comprar deuda pública que asumir riesgos en pequeñas y medianas empresas.

No es tan fácil, pues, y por todo ello soy de los que piensan que reactivar la oferta de crédito llevará su tiempo. En 2014 habrá muy poco y caro, muy caro.

El BCE y el FMI están muy preocupados con la fragmentación financiera en la zona euro, entre otras razones porque resta efectividad a la necesaria transmisión de una política monetaria única a todos los mercados locales. Las pequeñas y medianas empresas españolas, si consiguen crédito, han de pagarlo a tipos de interés que superan en 3 puntos porcentuales a los de una empresa similar de un país no periférico; aunque el precio al que el BCE financia a los bancos de esos países es exactamente el mismo que el que aplica a los españoles.

La fragmentación financiera es, en parte, el resultado de un diseño institucional defectuoso, cuya solución pasa, entre otras cosas, por avanzar rápida y sostenidamente hacia la unión bancaria europea. Pero eso es hoy, en la UE, pedir un imposible.

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sábado, 25 de enero de 2014

El modelo imperante


¿Quién le pone el cascabel a la banca alemana?


Por Enrique Utrera
Te interesa.es, 21/01/2014.

A casi nadie le cabe ya la más mínima duda de que los test de estrés que las autoridades europeas van a hacer al sistema financiero serán blanditos, tirando a muy blanditos. Un estudio de la European School of Management and Technology de Berlín en colaboración con la Universidad de Nueva York dice que la banca europea tiene un déficit de capital de 770.000 millones de euros de los que 285.000 corresponden a las entidades francesas y 199.000 a las alemanas.

No es que las cifras sorprendan, porque desde hace ya muchos meses los analistas han dejado claro que serán los bancos de las dos grandes locomotoras europeas los que más van a sufrir en las pruebas. Importa más que el estudio llegue desde Berlín y que coincida con el primer gran ‘profit warning’ del año: Deutsche Bank se ha adelantado a la presentación de sus cuentas trimestrales con el anuncio de que registrará unas pérdidas brutas de 1.153 millones de euros y de que los ingresos caerán un 16%.

Se trata, claro está, del mayor banco de la mayor economía de la Eurozona. Para que se hagan una idea, si BBVA o Santander se permitieran el lujo de presentar unos números rojos de esta calado a estas alturas de la película, se produciría un desplome de todo el sector financiero español. ¡Nos han engañado con el proceso de saneamiento la banca española!, bramarían los informes de los bancos de inversión internacionales.

A nadie se le escapa que las entidades financieras alemanas esconden mucha miseria bajo las alfombras. El poder omnímodo de Merkel ha evitado que ‘sus’ cajas hayan pasado por los anteriores exámenes de Bruselas. Y nadie ha abierto la boca para decir que convendría saber al menos una pequeña parte de la verdad, no vaya a ser que los 250.000 en activos tóxicos que podrían esconder estas entidades acaben hiriendo de muerte al sistema financiero europeo.

Frente a las brutales necesidades de las entidades galas o germanas, las de los bancos españoles o italianos suenan a broma. Son, según el estudio, de 92.000 y 45.000 millones de euros. Con estas cifras en la mano, el radio de acción de Mario Draghi para tensar la cuerda en las pruebas de estrés es mínimo… al menos para los países fuertes.

Ahí está el anuncio de que la deuda pública no se valorará a precios de mercado, lo que por cierto habría favorecido mucho a los bancos españoles, tras la gran subida de los precios de los bonos nacionales.

Como hay que mantener las apariencias, Draghi sigue guardando celosamente el secreto sobre cómo cuál será el escenario de estrés que se aplicará en las pruebas y sobre cuál será la definición de capital. Pero a cambio va preparando al mercado para unos test de perfil bajo como demuestra que la exigencia de capital se ha reducido al 6% desde el 8% previsto. Una cifra que no hace reventar a los bancos alemanes y franceses a los que ya no quedan armarios para guardar los muertos.

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viernes, 24 de enero de 2014

Stop Desahucios


La mitad de la banca da la espalda al código 'antidesahucios' más favorable con las familias


El Boletín.com, 23/01/2014.

El escaso alcance que tuvo el ‘código de buenas prácticas bancarias’ que impulsó el ministro de Economía, Luis De Guindos, en marzo de 2012, obligó al Gobierno a reformar este texto en mayo del año pasado, ampliando el número de familias que podían beneficiarse del mismo. Sin embargo, apenas la mitad de los bancos que se adhirió al primer código se ha sumado a esta versión mejorada.

En concreto, según se muestra en el Boletín Oficial del Estado (BOE ), 47 bancos se han sumado al nuevo código de buenas prácticas, frente a los 101 que lo hicieron al primero, de marzo de 2012.
 
No obstante, tal y como rezaba la ley que modificaba las medidas de protección a las familias, “las entidades que no se adhieran a las mismas seguirán obligadas en los términos del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, en su versión originaria”. Es decir, no están sujetas al cumplimiento de este código, pero sí de su versión anterior.

De este modo, 50 entidades siguen adheridas al primer código de buenas prácticas y 47 lo están al nuevo. En total, 97 bancos, frente a los 101 iniciales, si bien esta diferencia se explica por la desaparición de algunas entidades a lo largo de la crisis durante el proceso de reestructuración del sector financiero.

Entre las entidades que sí se han adherido al código más nuevo (Ley 1/2013, de 14 de mayo), el que ofrece una mayor protección a las familias, se encuentran los principales actores del panorama bancario español, incluyendo el Santander, BBVA, Caixabank, Banco Popular y Banco Sabadell. También las nacionalizadas Bankia, CatalunyaCaixa y Novagalicia. Esta última ha sido vendida recientemente a Banesco, que planea fusionarla con Banco Etcheverría, por ahora sólo adherido al primer código, según el BOE.

El Gobierno se vio obligado a modificar las directrices para la protección de las familias ante el escaso impacto que tuvieron, ya que se quedaban fuera dos de cada tres peticiones. Se amplió el umbral de exclusión que medía los hogares que podían acogerse a este código, así como las circunstancias familiares de especial vulnerabilidad, entre las que se incluyeron las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos a cargo, o aquellas con un hijo menor de tres años, entre otras.

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jueves, 23 de enero de 2014

¿Cómo funciona el sistema?


El examen de los activos de la banca española costará 25 millones


Cinco Días, 21/01/2014.

El Banco de España acaba de abrir el plazo para que las firmas interesadas en participar en el concurso para efectuar la revisión de la calidad de los activos (Asset Quality Review) de la banca presenten sus solicitudes. La realización solo de este examen costará al Banco de España 25 millones de euros. El organismo que encabeza Luis María Linde estima que se tardará unos seis meses en evaluar el riesgo de los activos del sector.

El Banco de España ha iniciado los trámites para contratar a la firma de auditoría que llevará a cabo en el país el examen de la revisión de la calidad de activos (AQR en sus siglas en inglés), al que se tienen que someter los bancos. De momento, el supervisor español ha facilitado a los posibles interesados el pliego de condiciones para poder participar en este concurso. El objetivo del Banco de España es que las solicitudes deberán entregarse antes de las 14 horas del próximo lunes 27 de enero en el registro general de esta institución.

En este pliego de cláusulas generales aplicables a los contratos del Banco de España se especifica que la duración del contrato será inferior a “un plazo de seis meses” en el que se llevará a cabo “los servicios objeto de esta contratación”. El periodo de iniciación no se detalla, aunque se explica que comenzará “desde la comunicación de la adjudicación por parte del Banco de España”.

Según el calendario que maneja y ya ha comunicado el Banco Central Europeo (BCE), organismo del que parte la iniciativa de realizar esta revisión de activos a los bancos de toda la zona euro previo a los test de estrés, esta evaluación de los activos del sector deberá finalizar en julio, para iniciar en septiembre las pruebas de resistencia.

En el documento entregado a las firmas auditoras interesadas en participar en el concurso el Banco de España cuantifica el presupuesto de esta licitación para evaluar los AQR en 25 millones de euros. “El importe estimado presupuestado por el Banco de España para la realización del objeto del presente procedimiento de contratación asciende a la cifra de 20.661.157,03 euros, que más el 21% de IVA vigente en la actualidad asciende a 25.000.000 euros”. A este examen le seguirán otras pruebas, los conocidos como test de estrés, pero quedan fuera de este contrato.

Las condiciones impuestas por el supervisor nacional –cada banco central contratará a su auditor, pero siguiendo unas reglas comunes para todos– impide a los candidatos presentar más de una solicitud individual, o hacerlo en unión temporal de empresas si lo ha hecho individualmente. Tampoco podrán figurar en más de una unión temporal de empresas.

Los candidatos deberán contar con un volumen de negocio, en el área de auditoría, del último ejercicio, con una ponderación del 20%. Su plantilla media anual en este área durante 2013 también debe contar con una ponderación del 20%. Mientras que los servicios similares prestados durante los últimos tres años, deben superar el 60%. Tras un primer corte, el Banco de España seleccionará cuatro firmas, a las que se les invitará a presentar su oferta dentro del plazo que se señale.

El objetivo del supervisor es que ningún licitador podrá resultar adjudicatario de más del 50% de los lotes de cada una de las tres categorías en las que están englobados en conjunto de los bancos españoles que se examinarán. Si algún concursante excede del límite de lotes por categorías, se descartarán sucesivamente. Pese a estas condiciones, una auditora podrá superar este límite del 50% de adjudicaciones por categoría si solo hay “un único ofertante”.

El primer lote está integrado por Santander y BBVA. El segundo por Popular, Sabadell, La Caixa y BFA-Bankia. Mientras que en el tercero se encuentran Bankinter, Kutxabank, Ibercaja, Unicaja, Liberbank, BMN, Catalunya Banc, Novagalicia, Ceiss y Cajas Rurales Unidas (encabezada por Cajamar). Las pruebas de resistencia realizadas a la banca española entre mayo y septiembre de 2012 tuvieron un coste total de 31,4 millones de euros. En este caso, la factura fue abonada por el propio sector a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

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Nueva orden de detención para el prelado del 'caso banco vaticano'


Diario Público.es, 21/01/2014.

El prelado italiano Nunzio Scarano, arrestado en junio por un delito de lavado de dinero, ha sido acusado este martes de otro delito de blanqueo por el que ha recibido una nueva orden de detención domiciliaria en relación con las irregularidades cometidas en la gestión del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco vaticano. 

Scarano ya se encuentra en arresto domiciliario en su Salerno natal, en el sur de Italia, fruto de la investigación que tiene abierta la Fiscalía de Roma sobre las presuntas irregularidades en la gestión y transparencia de las cuentas del banco vaticano. Está acusado de conspirar para la entrada ilegal en Italia de 20 millones de euros procedentes de Suiza para unos amigos constructores de barcos en Salerno.

Junto al prelado, exresponsable del servicio de contabilidad de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), también fue detenido este martes un párroco de la misma ciudad y se ha ordenado que se prohíba el ejercicio de su actividad a un notario también implicado. Además, la Guardia de Finanzas (policía financiera italiana) ha procedido a confiscar algunos bienes inmuebles y cuentas corrientes, por cerca de seis millones de euros en bancos italianos.

Según las investigaciones, Scarano se ocupaba de una amplia red de blanqueo de dinero que hacía pasar por falsas donaciones para los pobres y que acababan en las cuentas del banco vaticano. Las pesquisas han comprobado que la red de Scarano se ocupaba de entregar a las personas que querían blanquear capitales unos sobres con dinero sacado de cuentas del IOR, y estos después devolvían la misma cantidad en donaciones para los pobres.

El pasado junio, Scarano fue detenido y puesto bajo arresto domiciliario junto con el exagente de los servicios secretos internos italianos (AISI) Giovanni Maria Zito y Giovanni Carenzio, un intermediario financiero cuya actividad tiene sede en las islas Canarias (España). Scarano ya había sido suspendido por el Vaticano de todos sus cargos después de que se supiera que la Fiscalía de Salerno le investigaba por blanqueo de dinero por un caso de cheques justificados como donaciones de origen poco claro, por un total de 580.000 euros.

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miércoles, 22 de enero de 2014

Crisis diferentes


Alfombras arriba: la banca destapa 70.000 M. en créditos morosos en el último año


Por Miguel Alba
Voz Pópuli.com, 20/01/2014

El paso del ladrillo por los balances de la banca española sigue generando efectos devastadores. El lastre del boom inmobiliario viene acompañado, en los últimos meses, por un devastador crecimiento de la morosidad empresarial, tanto en autónomos, pymes como en grandes empresas, que ha elevado la tasa de impagados de la banca española hasta cifras récord: el 13,08% hasta noviembre pasado, un nivel nunca visto desde que se empezaron a recopilar estos datos, hace más de 50 años. Este porcentaje implica que la banca española ha reconocido algo más de 69.100 millones de créditos dudosos en apenas doce meses (noviembre 2011-noviembre 2012), según cálculos efectuados a partir de los datos del Banco de España. Algo más de 5.700 millones de préstamos dudosos por mes.

La cifra de préstamos dudosos del sector financiero se elevó, a noviembre pasado, a 192.504 millones de los 1,47 billones que conforman el saldo vivo de la cartera crediticia de la banca española. De ellos, 32.838 millones forman ya parte del balance de la Sareb.

La banca ha reconocido un tercio, algo más de 22.300 millones, de estos créditos impagados desde el pasado mayo, cuando el Banco de España obligó a todas las entidades a reclasificar sus préstamos refinanciados ante la sospecha de que podía haber carteras dañadas entre los 88.270 millones de créditos refinanciados 'sanos'.

En el sector se calcula que, al menos, el 40% de estos 88.270 millones pasarán a una situación dudosa, lo que obligará a las entidades a realizar nuevas provisiones en el entorno de los 10.000 millones. De confirmarse estos cálculos, la mora del sector se dispararía al entorno del 15% con el saldo vivo actual de préstamos del sector situado en 1,47 billones de euros. Como la tendencia es que este parámetro continúe desacelerándose, el impacto en la tasa de mora podría ser incluso mayor.

La banca comenzó noviembre de 2012 con su pico del año en préstamos dudosos (191.588 millones). La curva descendió hasta los 167.468 millones por el primer efecto Sareb (traspaso de los activos tóxicos de BankiaNovagalicia y Catalunya Caixa) y vivió su suelo (162.038 millones) con el traspaso del ladrillo del Grupo 2, en febrero pasado. A partir de entonces, la mora volvió a crecer en algo más de 30.000 millones hasta el último dato de noviembre (192.504 millones de préstamos morosos).

Pese a que la banca española ha reconocido una media de 5.700 millones de préstamos dudosos al mes durante el último año, el sector no sabe cuándo se estabilizará la curva de la morosidad. Las estimaciones más optimistas confían en que pueda tocar techo a lo largo del primer semestre de 2014. Sin embargo, otras fuentes retrasan hasta final de este ejercicio el inicio de la contención de los préstamos dudosos.

Además, la banca tendrá que reconocer en los próximos meses el impacto de la nueva reforma energética con un importante recorte a las energías renovables, sector que está altamente apalancado con la banca. "No hay que olvidarse de la verdadera gasolina para el fuego de la mora: el desempleo. Con las malas perspectivas sobre creación de empleo (la OCDE prevé que se alcance una tasa de desempleo del 28% en 2014), el ritmo de crecimiento de la mora es impredecible", explican en el sector.

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martes, 21 de enero de 2014

Es hora de movilizarse


¿Quién teme a la banca pública?


Por Enrique Benítez
El Plural.com, 21/01/2014

El pasado viernes 17 de enero se celebró en Sevilla una interesante Jornada sobre los “Instrumentos públicos para la financiación empresarial”, derivada de la aprobación en diciembre de 2013 en el Parlamento de Andalucía del Dictamen elaborado por el grupo de trabajo creado a finales del año 2012 para estudiar la creación de un Instituto Público de Crédito de ámbito andaluz –que simplificadamente se ha dado en llamar “banca pública”- destinado a corregir en la medida de sus posibilidades la restricción crediticia que asola nuestro país y que afecta muy significativamente a sus pymes, incluyendo a las andaluzas.

El dictamen, que ha contado con el apoyo del PSOE y de IU, no ha sido bien visto por el PP de Andalucía, empeñado en ejercer de sucursal, sin voz ni voto, respecto a las decisiones políticas tomadas en Madrid, bien en la calle Génova, bien en La Moncloa. Desde el rigor, puede parecer gratuito mantener un grupo de trabajo en sede parlamentaria para analizar la posibilidad de constituir una entidad pública de estas características. Pero si analizamos la realidad, los datos y los precedentes, rápidamente caeremos en la cuenta de que se trata de una reflexión oportuna, posible y, lo que es más importante, deseable, en un contexto económico de crisis financiera y de malas prácticas constantes por parte de la banca privada, con efectos colaterales muy dañinos y perjudiciales tanto para el sistema productivo como para la sociedad en su conjunto.

De entrada, hay que acabar con los mitos y los prejuicios. La llamada “banca pública” es un sector boyante, que aglutina a decenas de instituciones serias, profesionales en la gestión de los recursos de que disponen, y rigurosas en su actuación de impulso y fomento de la actividad productiva. Por ejemplo, se puede echar un vistazo a la página web de la Asociación Europea de Bancos Públicos (EAPB son sus siglas en inglés), a la que pertenecen instituciones indiscutibles y que tanto están aportando al desarrollo económico regional como el BEI (Banco Europeo de Inversiones). O, yendo aún más lejos, también los detractores de la banca pública pueden darse un paseo por los liberales Estados Unidos de América y comprobar la vitalidad del Public Banking Institute, una organización que representa a las entidades financieras públicas, que operan en más de veinte estados y que están en alza en el país norteamericano.

Así que quienes quieran opinar con rigor y con independencia, quizás deban primero despojarse de prejuicios y conocer y reconocer la existencia de excelentes ejemplos de banca pública, en todo el mundo occidental, con interesantes e importantes efectos sobre la inversión y la actividad económica.

Un segundo paso a la hora de decidir si merece la pena o no profundizar en la creación de una entidad pública andaluza debe partir del conocimiento real de la situación financiera en España. Después de inyectar al sistema financiero unos 280.000 millones de euros desde el inicio de la crisis, lo cierto es que se ha producido una concentración bancaria sin precedentes, ha disminuido la competencia y, según el último informe del Fondo Monetario Internacional relativo a España, la previsión es que se mantenga la restricción del crédito al menos hasta 2015. Una previsión optimista si valoramos el fuerte y continuado aumento de la morosidad, producto de las erróneas políticas de austeridad y de la reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno de España, y que avala la posibilidad de poner en marcha instrumentos públicos de apoyo a las pymes, en cualquiera de sus versiones.

Pero sin lugar a dudas la asignatura pendiente de los enemigos de lo público es el examen exhaustivo de las prácticas que han llevado a cabo en los últimos años los gestores privados de las infalibles instituciones bancarias multinacionales que con tanto ahínco y dedicación defienden desde su pueril neoliberalismo. La lista de malas prácticas, de cuasi delincuencia y de abusos de poder y de autoridad es larga e insultante. Desde el colapso de Lehman Brothers, que ha dado pie a un documental sobre la codicia infinita de los magos de las finanzas, hasta el sobresaliente escándalo de la manipulación del LIBOR, pasando por las multas al conglomerado financiero HSBC por blanqueo de capitales, las sanciones económicas multimillonarias a JP Morgan por amparar al estafador Madoff, y otras muchas corruptelas de menor cuantía, relacionadas con los paraísos fiscales, el mantenimiento del secreto bancario y todo tipo de menudencias que hacen ricos a un puñado de hombres en todo el mundo, representantes en la tierra de la mano invisible del mercado.

De hecho, este conjunto de tropelías y la impresión de que los gigantes financieros están fuera de control han llevado al mismísimo The New York Times a preguntarse en un interesante foro abierto de debate si no puede ser necesario un mayor control público de los grandes conglomerados financieros, uno de cuyos expertos invitados -Gar Alperovitz- incluso aboga por la nacionalización.

Por lo tanto, hay que proponer dos planteamientos con el objetivo de su convergencia. Como se puso de manifiesto en la Jornada auspiciada por la Junta de Andalucía, cualquier institución pública creada para el apoyo financiero al tejido empresarial debe gestionarse con criterios de profesionalidad y de acuerdo con los estándares de gestión financiera y regulación y supervisión bancarias vigentes en el espacio económico europeo. A estas alturas, parece que nadie discute que lo público no puede asociarse nunca más a palabras como “arbitrariedad”, sin que eso suponga una aversión al riesgo tan irracional que haga inoperativa su propia existencia.

Y el otro planteamiento debe consistir en dejar de considerar todo lo privado como superior a lo público, como algo puro, no contaminado, científicamente eficiente. La Historia reciente ha demostrado y sigue demostrando que la codicia privada sigue tan vigorosa como siempre, y que habitualmente es la potencia colectiva de lo público la que suele hacerse cargo de los agujeros negros creados por la codicia ilimitada de ciertas élites privadas. En ese punto de encuentro hay espacio de sobra para un acuerdo que, cuando se produzca, será realmente beneficioso para la economía andaluza, para sus pymes y para su fuerza laboral. Porque de eso se trata, de crecer y de crear empleo, con todos los recursos a nuestro alcance. Con rigor y sin prejuicios, cumpliendo los compromisos de gobierno.

* Enrique Benítez es diputado socialista por Málaga en el Parlamento andaluz

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