viernes, 31 de octubre de 2014
¡Recordad a Cantillón!
José Francisco Bellod
Redondo
Público.es, 29/10/2014.
Aunque al economista Richard
Cantillón (1680-1734) se le recuerda principalmente por las circunstancias
luctuosas de su muerte (fue asesinado y su casa incendiada para ocultar el
homicidio), hizo una aportación básica en la Historia del Pensamiento
Económico, a saber: el efecto de un aumento de la cantidad de dinero en la
economía depende del “modo” en que este aumento tiene lugar, y de cómo y a
quién se haga llegar ese dinero adicional. Cantillón estaba en lo cierto y la
historia reciente le da la razón.
El Banco Central Europeo ha
practicado una política monetaria expansiva desde septiembre de 2008 (quiebra
de Lehman Brothers), con grandes inyecciones de dinero barato vía préstamos a
la banca privada europea. En enero de 2013 el BCE batió el récord de dinero
prestado: más de 907.000 millones de euros a tipos inferiores del 0,25%. En el
caso de la banca española, el récord de préstamos solicitados al BCE se
registró en agosto de 2012: casi 389.000 millones de euros, más de un tercio de
nuestro PIB… de los que actualmente aún se deben casi 155.000 millones.
Y sin embargo, esta política de
dinero abundante y barato, lejos contribuir a la recuperación de la economía
europea, nos aboca a una tercera recesión. La razón radica en el modo elegido
para su instrumentación: utilizar la banca privada como intermediario en la
ejecución de la política monetaria.
Craso error: como un oso que
acumula alimentos antes de hibernar a la espera de la primavera, la banca
privada acumula dinero barato, pero no lo presta, a la espera de que vuelvan
los buenos tiempos. Pero con esa actitud sólo consigue deprimir más la economía
y que sean cada vez más las familias incapaces de hacer frente a sus deudas:
por eso la tasa de morosidad supera ya el 13%, y no cede pese a los anuncios de
recuperación que propaga el Gobierno.
La realidad es que a pesar de los
ingentes recursos recibidos, el crédito a familias y empresas lleva 58 meses
contrayéndose: al no prestar, la banca privada impide que la actividad
económica despegue y es causante de más morosidad. Un círculo vicioso que sólo
pueden romper los poderes públicos con una política económica expansiva en los
ámbitos fiscal y monetario.
¿Podían haberse hecho las
cosas de otra manera?
Desde luego, aunque todas las alternativas
chocaban con la línea de flotación del pensamiento neoliberal que domina las
instituciones europeas.
En primer lugar podría haberse
establecido cierta condicionalidad al dinero barato del BCE: exigir a los
bancos prestatarios el cumplimiento de ciertas metas de crecimiento del crédito
a familias y hogares. Y poner límites a los tipos de interés por operaciones de
crédito al consumo y por la utilización de tarjetas de crédito. Además, hubiera
sido muy efectivo utilizar el sistema de banca pública para canalizar el dinero
a los ciudadanos. En particular, hubiera sido muy útil utilizar la red capilar
de oficinas de las cajas de ahorro para ese empeño. Pero España ha hecho todo
lo contrario: desde los años 90 se embarcó en una irresponsable carrera por
privatizar la banca pública (Caja Postal, Banco Exterior de España, Banco de
Crédito Local, etc.), y las cajas de ahorro han sido transformadas a la fuerza
en bancos privados para regocijo de los grandes banqueros de siempre.
En segundo lugar, debería haberse
inyectado parte de ese dinero en las administraciones públicas a tipo de
interés cero, facilitando políticas keynesianas y ahuyentando a los
especuladores que se ceban con la prima de riesgo. Si hay dinero al 0% de
interés para la banca privada, ¿por qué no puede haberlo para los gobiernos de
España o Grecia? Antes de la crisis, el 15% del déficit obedecía al pago de
intereses de la deuda pública, hoy supera el 55%.
La especulación nos cuesta dinero
a los contribuyentes y a los usuarios de los servicios públicos: el BCE podía
haberla evitado prestando a los gobiernos para que éstos no hubieran tenido que
acudir a unos mercados dominados por los especuladores. Además, una parte
sustancial del déficit tiene carácter coyuntural o cíclico: se debe a que la economía
está funcionando por debajo de sus niveles “normales”, y por tanto los ingresos
fiscales también son muy inferiores a los que corresponde a un nivel de pleno
empleo.
Una política expansiva que
reactive la economía generaría recursos tributarios suficientes para reducir de
un plumazo el déficit público en 3,8 puntos del PIB. Habríamos evitado los
conocidos recortes presupuestarios, que no sólo han deteriorado los servicios
públicos, sino que han contribuido a prolongar la crisis económica al deprimir
la demanda agregada.
En tercer lugar, debería haberse
instrumentado un plan de rescate a las familias: el elevado endeudamiento de
los hogares pesa como una losa sobre el consumo y lastra la recuperación
económica. Dicho endeudamiento puede reducirse con la creación de un fondo para
facilitar una moratoria a las familias incapaces de hacer frente a sus
monstruosas hipotecas. Habrían bastado unos 45.000 millones de euros: apenas el
12% del dinero prestado a la banca.
Y también hubiera sido oportuno
incorporar un plan fiscal para la quita parcial de la deuda de los hogares a
costa de los balances de la banca: esas deudas nunca debieron contraerse porque
son resultado de la especulación inmobiliaria que elevó artificialmente el
precio de las viviendas, y no es justo ni eficiente que se paguen en su
totalidad. Habríamos evitado desahucios, el menor endeudamiento habría
dinamizado el consumo y, a la postre, hasta la banca se había beneficiado de
esta política porque todo ese dinero habría fluido por el circuito bancario.
Pero, para desgracia nuestra, el
dogmatismo de quienes nos gobiernan impide implementar soluciones creativas en
materia de política económica.
Disponible en:
Andalucía podrá tener una banca pública
Por Pedro Vaquero
Público.es, 29/10/2014.
Los dos socios del Gobierno
andaluz, PSOE-A e IU LV-CA han acordado aprobar simultáneamente el anteproyecto
de Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2015, y la creación mediante ley
de un Ente de Crédito Andaluz (ECA). No ha sido fácil llegar a este
acuerdo:
Primero, porque hacer un
presupuesto progresista para 2015 tenía su dificultad en sí mismo,
pues los ingresos provenientes de Hacienda del Estado van a ser recortados en
600 millones: 180 menos del sistema de financiación, 420 de no disponibilidad
del ajuste del déficit, que tiene que bajar al 0’7% en 2015 desde el 1%
permitido por el Gobierno central para 2014, que no se sabe si se cumplirá del
todo. Además, del presupuesto de 2013, el Gobierno ha entregado anticipados 426
millones de más a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que pretende ahora
recuperar; el Gobierno de la Junta piensa que no va a tener que pagar nada. Si
el déficit del 2014 se pasa del 1%, el presupuesto para 2015 tendrá que
ajustarse más.
NO NOS LO HAN PUESTO FÁCIL
No se lo ha puesto fácil Montoro
a Andalucía: el Fondo de Convergencia destinado a nuestra tierra son
unos 400 millones, mientras que a Cataluña se le dan 600 y pico, etc.
El Gobierno andaluz cree en la posibilidad de no tener que descontar los 426
millones, pues puede negociarse con el Gobierno central una moratoria de un año
y posterior fraccionamiento de pago a lo largo de los siguientes 20 años. Y
para remate de dificultades, hay que justificar antes del 1 de junio de 2015
los Fondos Europeos de 2013.
El acuerdo de los socios del
cogobierno andaluz sobre el presupuesto de 2015 se ha realizado sobre la base
de incrementar el gasto en Educación y Sanidad
(destinando 50 millones para recuperar la jornada al 100% de los sanitarios, a
lo largo de 2015), y por la especial dedicación del Gobierno central a las
inversiones en Fomento, el incremento de la Consejería de Fomento en
casi un 20%. Además del compromiso del Gobierno andaluz de devolver el
complemento autonómico de la paga extra a los empleados de la Junta de
Andalucía. Obviamente habrá recortes en gasto corriente, y en algunas
consejerías, pues siguen siendo unos presupuestos sometidos a la disciplina
fiscal, aunque matizada por la política de resistencia practicada por el
Gobierno andaluz.
EL PSOE NO QUIERE BANCA
PÚBLICA
Segundo, porque respecto a la
concepción del Ente de Crédito Andaluz, no había un entendimiento inicial entre
los socios: 1º, porque el PSOE-A rechazaba que esa ley fuese el condicionante
para que IU diera el visto bueno al presupuesto de 2015; 2º, porque IU sabía
que si no se producía un acuerdo simultáneo sobre los dos asuntos (presupuesto
2015 y entidad de crédito andaluza), el proyecto de banca pública andaluza no
iba a salir hacia adelante en las condiciones en que inicialmente se habían
pactado; pues el PSOE-A de Susana Díaz no quiere una banca pública
andaluza, sino tan solo sustituir los mecanismos utilizados hasta ahora
para vehicular el crédito a las empresas (fondos reembolsables, sociedades de
garantía de crédito, IDEA, etc.) por un instituto de crédito andaluz parecido
al ICO, pero de ámbito andaluz. Y ese no era el acuerdo al que se había llegado
en dos ocasiones: primero, en reuniones bilaterales de delegaciones de ambos
partidos; segundo, en el contexto de los respectivos grupos parlamentarios.
¿En qué consistía el acuerdo?
Fundamentalmente, una entidad financiera (sociedad mercantil propiedad
exclusiva de la Junta de Andalucía, dependiente del Parlamento) que, sin tener
que separarse del objetivo de facilitar el crédito a las empresas andaluzas, y
especialmente a las pymes, la economía social y los autónomos, amplíe su
perspectiva de futuro posibilitándosele la capacidad de financiarse no solo con
lo aportado desde los presupuestos de la Junta de Andalucía, sino recabando
financiación de los mercados financieros, públicos o privados, españoles y
extranjeros, o incluso de los depósitos y el ahorro de los propios andaluces.
NO SE TRATA DE ABRIR
OFICINAS
No se trata de montar oficinas
bancarias en cada rincón de Andalucía, ni de competir con la banca privada.
Pero sí se trata de abrir la posibilidad de que en el futuro se pueda
convertir en una auténtica banca pública andaluza lo que hoy nace como
una especie de instituto de crédito. Se trata de posibilitar un proceso: desde
la mera reestructuración de los fondos puestos a disposición de los empresarios
andaluces por los diversos instrumentos de las consejerías de la Junta
(propósito inicial del PSOE-A), pasando por la fase de ampliación de las
fuentes financieras de la Junta para dar crédito al tejido productivo andaluz
(el que diseña el anteproyecto de ley aprobado), hasta llegar a la
consolidación de una auténtica banca pública andaluza (ideal de IU LV-CA, pero
no de máximos). La llave para abrir esa puerta de evolución del ente de crédito
andaluz que se crea, es la solicitud de ficha bancaria al Banco de España por
parte de la Junta de Andalucía.
Y esa ha sido la mayor
dificultad. Susana Díaz se ha empeñado durante los últimos meses en boicotear
ese acuerdo de solicitar ficha bancaria para este ente de crédito andaluz. Su
modelo de sistema financiero es reunirse con los banqueros poderosos de España
(Botín padre, Botín hija, Fainé, González) para que le limosneen a Andalucía
alguna que otra ayudita. Al final se ha tenido que tragar su orgullo y acceder
a la propuesta de IU.
EL ACUERDO LO DICE BIEN
CLARO
El texto acordado añade una
Disposición Adicional Única que dice así: “Una vez constituida la sociedad,
la entidad procederá a solicitar, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, la
autorización administrativa prevista en el Real Decreto 1245/1995, de 14 de
julio sobre creación de Bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones
relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito”. Aunque no la
mencione explícitamente, ahí está la obligación por parte del Gobierno andaluz
de autorizar la solicitud de la ficha bancaria, que tiene hacer la sociedad una
vez constituida.
Así pues, la banca pública
andaluza es una posibilidad dependiente de tres variables: a) que el Gobierno
andaluz no retrase el acuerdo de solicitud de ficha bancaria al Banco de
España; b) que el Banco de España le otorgue la ficha bancaria al ente de
crédito andaluz; c) que la correlación de fuerzas futura favorezca al ala
izquierda del Gobierno andaluz, para que la posible evolución de la sociedad
ahora proyectada acabe siendo una auténtica banca pública.
El mérito de IU LV-CA es
que su coherencia ha conseguido finalmente vencer las resistencias del
ala más derechosa del Gobierno para abrir esa realidad evolutiva, esa
posibilidad.
Disponible en:
jueves, 30 de octubre de 2014
Tarjetas black, una gran derrota y un gran reto
Por Ignacio Muro Benayas
Público.es, 29/10/2014.
Determinados detalles de un
acontecimiento suelen ser el camino más directo para explicar su esencia.
Decía Kapuscinski, maestro de periodistas, que es “a través de lo pequeño
como se percibe mejor el todo”. Así pasa con algunos de los detalles
descubiertos en el uso de las tarjetas black, es en esas pequeñas
gotas expresivas donde se percibe mejor el alma del deterioro de nuestras instituciones.
Pero no nos distraigamos
demasiado en los detalles escabrosos: la esquilmación de recursos públicos de
nuestro país, no se produjo en la sección de electrodomésticos de El Corte
Ingles, ni en las siestas hoteleras de 500€, se produjo en operaciones
como la concesión de 4.000 millones de euros a Martinsa-Fadesa en
plena crisis, una operación construida para socializar perdidas. Qué votaron en
el Consejo y cómo se construyó y aprobó esa operación y otras parecidas que
blanquearon balances, sin respaldo, de empresas amigas, es el asunto. Porque en
esas pocas operaciones aprobadas a toda prisa es donde se concentraron buena
parte de los desequilibrios patrimoniales que provocaron el “rescate” de más de
23.500 millones de euros de Bankia.
Por eso, a pesar de la magnitud
de los gastos, no fue una operación cara, sino barata. Las tarjetas debieron
servir y eso es lo triste (y lo corrupto) para que los consejeros miraran a
otro lado. Si, consciente o inconscientemente lo hicieron, es la mejor
demostración de que “el sistema funcionó”, y demuestra que era un trabajo bien
planificado y medido, una operación construida desde la cúpula del poder de la
Caja para amodorrar conciencias y frenar la voluntad de control (la colectiva
pero también la individual, uno a uno) de los consejeros. Y todo apunta a que
lo consiguieron. La participación de sindicatos, partidos y otros sectores
ciudadanos en el gobierno corporativo no solo se ha demostrado inútil como control
social, que era su objeto, sino que ha servido para legitimar la política
de rapiña generalizada que conocemos.
¿Cómo podemos los defensores de
la democratización del aparato productivo asumir esta tremenda derrota
colectiva, que afecta a la esencia de lo que entendemos por buen gobierno
democrático, sin buscar las causas profundas y apuntar soluciones radicales?
Empecemos defendiendo, con rigor y ardor, que las razones de tan singular “mal
gobierno” no surgen de la naturaleza de las Cajas, como sinónimo de banca
pública, ni en su caracter de instrumento financiero al servicio de los
gobiernos regionales, ni en la participación de los sindicatos u otros sectores
interesados, como los impositores, todos ellos representantes de stakeholders,
que la mejor doctrina progresista defiende deben ser la base del control
societario.
Recuperar la iniciativa exige
identificar las causas profundas de la situación actual que, sin duda, están
conectadas al deterioro de las formas democráticas y a la ausencia de un
espíritu de vigilancia social en la izquierda institucional. No comparto, por
ejemplo, las conclusiones precipitadas que hace Toxo, secretario general de
CCOO, y que utilice la lógica del coste-beneficio como balance del pasado y
justificación para excluir la participación futura de CCOO y los trabajadores
en los Consejos de Administración.
Porque la causa esencial no está
en esa participación sino en cómo se produce. Está en los denominados
“problemas de agencia” implícitos en toda delegación de poder: en que los
cargos no se renovaban nunca; en que Moral Santin, y los representantes
sindicales, llevaban decenas de años allí, conviviendo con los Blesa de turno
en una rutina imaginaria de poder, (mal)educados en tolerar las infinitas
triquiñuelas de las puertas giratorias; que los que se decían representantes de
los impositores eran una filfa que no representaban a nadie; que la
renovacion de los liderazgos sociales ha estado sometido a la lógica de las
burocracias; en que una izquierda sin rumbo se inhibió de educar a la sociedad
en una actitud “in vigilando”. Y en que el capitalismo financiero y,
especialmente, su versión especulativa de raíz inmobiliaria (la peor versión,
la madrileño-valenciana) es, en esencia, una gran maquinaria de corrupción
social, pues solo prospera desde su capacidad de compra de voluntades.
Y aquí viene una segunda derivada
del asunto. Mientras las evidencias de mal gobierno en la gran banca
global, -subprimes y otros activos toxicos- causantes de la gran crisis, se ha
saldado sin cambios reguladores que garanticen que lo ocurrido no se volverá a
repetir, los mismos que miran para otro lado, “escandalizados por el mal
gobierno de las cajas”, se han servido de sus despilfarros para justificar su
culpabilizacion, desmontaje y privatizacion en beneficio de la gran banca
privada. Y lo ha hecho a toda prisa, dando ejemplo, precisamente, de
desgobierno, en procesos que han provocado una segunda y descarada apropiación
indebida de recursos colectivos a favor de sus gestores. Donde antes había
instrumentos de política industrial y financiera de proximidad para PYMES, en
manos de los gobiernos regionales, ahora hay una tremenda concentracion de
poder en manos de bancos globales, que por su tamaño son considerados
sistémicos, -Santander, BBVA, CaixaBank- es decir, fuera del control de las
instituciones democráticas nacionales. Y esto, para las fuerzas progresistas,
es en sí una segunda gran derrota, pues nos quita un instrumento central de
política financiera.
Ante esta doble derrota, no nos queda más remedio que
revitalizar la lógica del control social. Puede que los sindicatos no deban
estar en los consejos de administración pero sí en otras instancias de poder.
Y, sobre todo, puede que sean los trabajadores quienes deban de asumir, en
elecciones directas, esa posicion de control, sin mediación institucional de
los sindicatos. Pero de ninguna forma es el momento de dar sensación de
retroceder porque es aumentando la voluntad y perfección del control social
donde nos jugamos el exito de cualquier propuesta de progreso. Y eso, en las
empresas, pasa sin duda por avanzar en la construcción de contrapoderes
democráticos sobre el monopolio de poder de los Blesa de turno. Ahí está la
raíz de las ineficiencias sociales y democráticas, el verdadero cáncer que hay
que extirpar.
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martes, 28 de octubre de 2014
El FROB detecta 2.600 millones en operaciones irregulares en los bancos intervenidos
Público.es, 28/10/2014.
(Extracto).
El Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB), el fondo de rescate de la banca española, ha
identificado 42 operaciones financieras irregulares en entidades financieras
por valor de 2.600 millones de euros, ha adelantado el martes el ministro de
Economía, Luis de Guindos. "Según las estimaciones preliminares del FROB y
con los datos conocidos hasta la fecha de las 42 operaciones potencialmente
irregulares, se habrían producido quebrantos por un total aproximado de más de
2.600 millones de euros", ha dicho Guindos en la Comisión de Economía
del Congreso de los Diputados.
En estas operaciones se incluyen
23 operaciones irregulares que el FROB remitió a la Fiscalía por
valor de 1.500 millones detectadas en Catalunya Banc (CX) y Novacaixagalicia.
Se trata principalmente de operaciones de créditos o refinanciaciones de
inmuebles detectadas en su mayoría entre 2005 y 2008. Además, el FROB se
encuentra personado en 19 causas penales, de las que el grueso tiene que
ver con supuestas irregularidades en la concesión y cancelación de préstamos
que perjudicaron a las entidades y beneficiaron a "algunos" gestores.
El titular de la cartera de
Economía ha explicado que adicionalmente el FROB estaba analizando
operaciones irregulares de hipotecas a particulares concedidas entre 2004 y
2007 en Catalunya Banc por un "volumen grande" que no quiso
cuantificar. "Se relajaron todos los sistema de control, eso llevó a
situaciones de mora y de refinanciaciones muy por encima de lo que sería la
media del sector en España y lo que se puede considerar, dada la crisis,
niveles de morosidad normales, y por lo tanto el FROB lo está investigando. Es
mucho dinero", manifestó.
Fuentes judiciales han confirmado
que el fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado está estudiando la
documentación que le ha enviado el FROB sobre 16 operaciones presuntamente
irregulares efectuadas por CX que habrían causado un perjuicio económico de 900
millones de euros. Según estas fuentes, se trata de operaciones de financiación
y refinanciación para la adquisición de inmuebles y/o participaciones en
sociedades, así como refinanciación para la adquisición de sociedades. También
hay renegociaciones de préstamos con reducciones de garantías, cancelaciones de
deudas (sea por compraventa de activos y/o dación en pago), y ventas de
inmuebles adjudicados u operaciones de inversión (por ejemplo, en situaciones
precarias desde el punto de vista económico o patrimonial).
Tarjetas opacas
La decisión del FROB de trasladar
estos casos a la Fiscalía se produce en un momento en el que el escándalo
de las tarjetas opacas en Caja Madrid y Bankia, que investiga
la Audiencia Nacional, ha reavivado la indignación popular contra los
excesos del sector financiero español durante los años de la burbuja del
ladrillo. A este respecto, Guindos ha defendido la actuación "sin
cortapisas" realizada por el FROB ante el escándalo de las tarjetas
opacas que usaban los consejeros de Caja Madrid y de Bankia hasta mayo de 2012,
y ha asegurado que esta situación no se ha dado en ninguna otra entidad
financiera nacionalizada.
El ministro ha garantizado que el
FROB, encabezado por Antonio Carrascosa, sigue recibiendo y analizando
diferentes informes forensic sobre las entidades que han recibido ayudas
públicas. Así pues, el titular de Economía ha avanzado que en la
próxima junta rectora del FROB se remitirán a la Fiscalía más operaciones
supuestamente irregulares en las entidades con ayudas públicas.
De lo que se trata a partir de
ahora, ha indicado Guindos, es de que no se repitan en el futuro
"situaciones deleznables" como estas, y esto sólo será posible
aplicando políticas de transparencia, ejerciendo un control riguroso y de
respeto a la legalidad. Así, en los próximos meses el Gobierno va a trasponer
una directiva comunitaria sobre resolución de entidades de crédito, medidas
que en parte España ya incorporó en 2012, con objeto de que el contribuyente no
asuma no asuma la totalidad del coste en futuras crisis bancarias. De este
modo, serán los accionistas y los acreedores los primeros en asumir perdidas.
Disponible en:
Fumata blanca: Habemus Banca Pública
Público.es, 27/1072014.
El coordinador general de IU
Andalucía, Antonio Maíllo, ha anunciado hoy un acuerdo "global" con
el PSOE para la aprobación del anteproyecto de ley de presupuestos de Andalucía
para 2015 y el ente público de crédito, que "debe de ir" también
mañana al Consejo de Gobierno.
En rueda de prensa, Maíllo ha
mostrado su satisfacción por la consecución de este acuerdo sobre la banca
pública, cuya aprobación "en coincidencia" con los presupuestos había
puesto IU -socio de gobierno en la Junta- como condición para apoyar las
cuentas del próximo año.
Ha resaltado que el acuerdo de
banca pública se alcanza "de conformidad" con las conclusiones del
grupo de trabajo del Parlamento, que "se han traducido en anteproyecto
de ley" para dar credibilidad al cambio de modelo productivo andaluz
en una norma que ha vuelto a calificar como "estratégica".
Así, ha detallado, se
constituye el ente público de crédito "como sociedad anónima, con
petición de ficha bancaria, para la obtención de recursos fuera de lo que son
los fondos presupuestarios, sean estos el acceso al mercado internacional, a
los fondos del gobierno nacional o fondos europeos, o sean también de la
obtención de fondos privados de clientes".
Para Maíllo, todo esto se produce
además en un momento "muy importante", cuando se han conocido los
test de resistencia de la banca privada, que "ha sido ayudada con fondos
públicos, dice que muestra solvencia, pero sigue sin dar crédito a las familias
y las empresas".
"Un instrumento público que haga lo que no hace la banca privada"
El líder regional de IU ha reconocido que este objetivo tiene "un recorrido y un trámite parlamentario", pero ha alabado que pueda estar en funcionamiento a lo largo de esta legislatura y que con la aprobación del anteproyecto de ley por el Consejo de Gobierno se inicie "el debate en una sociedad que necesita un instrumento público que haga lo que no está haciendo la banca privada".
"Es uno de los objetivos más
ambiciosos de esta legislatura, sienta las bases de un modelo
productivo diferente al del resto de las comunidades autónomas,
afronta un debate que puede servir de referencia y ejemplo a éstas y resuelve a
medio plazo, por su ambición y carácter estratégico, lo que era una asignatura
pendiente", ha enfatizado.
Maíllo ha subrayado que la
denominación de la entidad será "ente público de crédito"
y que lo importante es "la esencia del mismo y su evolución a una banca
pública" con una petición de ficha bancaria en la que "habrá que
vérselas" con el Banco de España, pero que responde también, ha resaltado,
a una "unánime petición" de agentes sociales y económicos para su
creación.
Preguntado sobre si consideran
que IU "ha ganado" en la negociación con el PSOE -que rechazaba
hablar de banca pública-, Maíllo ha declinado "entrar en esas claves"
y ha afirmado que "obras son amores y no buenas razones", y que lo
único que han hecho las dos fuerzas que sustentan el Gobierno es "ser
leales" a las conclusiones del grupo parlamentario.
"Nosotros estamos contentos,
pero creo que estamos contentos todos, porque se traduce la conclusión de un
instrumento que va a dar mucho que debatir y que es la construcción de
esperanza de un camino absolutamente diferente al que lleva a la ruina al
país", ha dicho Maíllo, que cree que ha habido "más de bruma
mediática que de realidad" en las supuestas discrepancias en la negociación.
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lunes, 27 de octubre de 2014
Cómo se llega a ser super rico
Por Vicenç Navarro
Público.es, 27/10/2014.
La característica definitoria de
los tiempos que vivimos es la enorme concentración de la riqueza y de las
rentas, consecuencia, en gran parte, de las políticas públicas aplicadas a la
mayoría de la población por gobiernos de sensibilidad neoliberal a los dos
lados del Atlántico Norte (Norteamérica y Europa Occidental) desde los años
ochenta. El Presidente Regan en EEUU y la Sra. Thatcher en el Reino Unido
iniciaron estas políticas, extendidas desde entonces a la mayoría de países de
aquellos continentes. Estas políticas fueron la respuesta de las clases
dominantes a las conquistas políticas, sociales y laborales conseguidas
predominantemente por el mundo del trabajo. De ahí que un elemento común de
aquellas políticas públicas neoliberales fuera un ataque frontal al bienestar
social de las clases populares de aquellos países, a fin de recuperar los
privilegios que habían visto disminuidos durante el periodo anterior 1945-1980.
El objetivo de tales políticas era favorecer al capital, cuyas rentas eran la
fuente de riqueza de esas clases sociales dominantes. Las políticas de los
Estados durante este periodo 1980-2012 facilitaron, así pues, una enorme
concentración de la riqueza y de las rentas, lo que se presentó, para
justificarlo, como resultado de un sistema meritocrático en el que los que
estaban arriba, en la cúspide de la sociedad, lo estaban como consecuencia de
su mayor capacidad, mérito y productividad. En esta ideología –reproducida en
los mayores medios de difusión y persuasión-, las desigualdades eran
consecuencia de las diferencias naturales (e incluso biológicas) existentes
dentro de la población, ocultándose la gran importancia que el Estado había
tenido en el desarrollo de esa concentración de la riqueza y de las rentas,
concentración que no se debía al mérito de los individuos que estaban en la
cúspide, sino a sus conexiones, en gran parte de las ocasiones, con el Estado.
Un caso claro es el de Bill Gates, una de las personas más ricas del
mundo.
El caso Bill Gates, ¿cómo
consiguió su riqueza?
Este personaje es considerado
como el fundador de Microsoft, establecida como consecuencia de su gran
creatividad. Conocido por su filantropía, Bill Gates es un hombre ampliamente
conocido, que se presenta como el gran emprendedor que debe su riqueza a sus
capacidades y méritos. El economista Dean Baker, Director del Center for
Economic and Policy Research, en un breve artículo (“World’s Richest Man Tries
to Defend Wealth Inequality”) publicado en el blog de este centro, donde
describe una breve biografía de Bill Gates, muestra, sin embargo, hasta qué
punto el Estado federal de EEUU configuró y ayudó a que estableciera su
riqueza, riqueza que se debió a la enorme monopolización en la producción y
venta de sus productos, con prácticas claramente deshonestas en sus formas de
operar. La tolerancia, cuando no ayuda, del Estado federal con tales prácticas,
ha sido una constante en la vida empresarial de Gates y su Microsoft. Dichas
prácticas dificultaron el desarrollo de la tecnología de los ordenadores, como
han concluido varios Tribunales de Justicia cuando aquellas prácticas fueron
juzgadas.
Esta situación, en la que el
Estado favorece la monopolización, es conocida en el caso de la industria
farmacéutica, donde las patentes otorgadas por el Estado a la industria crean
una situación de monopolio, que es la base de su enorme riqueza. El último caso
es el caso del fármaco para tratar los casos de hepatitis C, que cuesta
84.000 dólares (unos 66.000 euros) para un tratamiento de 12 semanas, cuando la
versión genérica cuesta solo 900 dólares (unos 700 euros). Dean Baker, por
cierto, cita la paradoja que representa que la fundación filantrópica que lleva
su nombre, la Fundación Bill & Melinda Gates, no haya dicho nada sobre el
abuso de las patentes en los países subdesarrollados, a los cuales la Fundación
intenta ayudar dándoles dinero para comprar fármacos (cuyos precios podrían
reducirse especialmente si no hubiera tal abuso de las patentes).
Otro caso semejante es el de los
banqueros –el mayor grupo de los super-ricos, es decir, el 1% de la población-,
que están en la cúspide no como resultado de su brillantez, sino de sus
prácticas especulativas facilitadas por los Estados, que perjudican enormemente
a las actividades de la economía productiva, habiendo comprado la complicidad
de sus reguladores públicos. El caso español es de los más claros, habiendo
sido el Estado el que les ha ayudado a salvarse y evitar su colapso, cuando lo
más lógico, eficiente y equitativo hubiera sido su sustitución por bancas
públicas que garantizaran el crédito.
Y, por último, otro grupo del 1%
de renta superior de los países, que Dean Baker señala, es el de las empresas,
tanto manufactureras como de servicios comerciales, que han hecho su fortuna a
base de una enorme explotación de sus empleados y trabajadores. El caso más
claro es el de los dueños de la cadena de mercados Walmart, conocida por los
altos niveles de explotación a su fuerza laboral. En base a esta evidencia, es
difícil asumir que los personajes que componen la mayoría del 1% de renta
superior de los países –los super-ricos- hayan alcanzado el nivel de riqueza y
renta que tienen debido a sus propios méritos. En realidad, la complicidad con
los Estados donde se sitúa su riqueza y/o la deshonestidad de sus prácticas,
incluidas la monopolización del comercio y/o la explotación de sus empleados,
explican su supuesto éxito.
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domingo, 26 de octubre de 2014
Esos monstruos llamados bancos
Por Juan Torres
Público.es, 26/10/2014.
Los bancos privados disfrutan de
un privilegio extraordinario: cada vez que conceden un crédito crean dinero. No
monedas o billetes, que es lo que la gente normal y corriente cree que es el
dinero, sino dinero bancario, es decir, medios de pago a través de sus cuentas.
Cuando reciben los depósitos de
sus clientes los bancos no los mantienen totalmente en reserva para hacer
frente a los reintegros que éstos soliciten, sino que conservan en caja una
parte mínima y disponen del resto para realizar préstamos (por eso se dice que
es un sistema bancario de reserva fraccionaria).
El fenómeno es fácil de entender:
Poncio dispone de los únicos 100 euros que hay en la economía y los deposita en
un banco. Con su tarjeta de débito o con sus cheques puede realizar pagos por
valor de 100 euros. Si el banco concede un crédito de 20 euros a Pilatos
mediante una simple anotación contable, éste podrá gastar esos 20 euros, de
modo que desde ese mismo instante ya hay 120 euros en medios de pago. El banco
ha creado 20 euros de dinero bancario.
Como eso se hace sucesivamente y
sin descanso, resulta que los bancos “multiplican” sin cesar los medios de pago
en la misma medida en que van creando más deuda. Como decía el Premio Nobel de
Economía Maurice Allais, eso significa que los bancos crean dinero ex
nihilo, de la nada.
En Europa, la proporción de los
depósitos que hoy día están obligados a mantener los bancos en reserva es el
del 1% en el caso de que se trate de depósitos a menos de dos años o que se
puedan retirar sin preaviso, y del 0% en los demás. Eso implica que, si
suponemos que los clientes no retienen dinero en sus manos (lo que hoy día
sucede casi siempre gracias a las tarjetas), un banco puede crear de la nada
100 euros cada vez que un cliente deposita en él 1 euro a menos de dos años y
tanto como quieran en el resto de los casos.
Ese es el negocio que le da
beneficios a la banca: crear dinero de la nada generando deuda sin cesar.
Lógicamente, los bancos no han
desaprovechado nunca esa oportunidad y se han dedicado a imponer las
condiciones que obliguen a que empresas, familias o gobiernos tengan que
endeudarse continuamente. Por ejemplo, fomentando la vivienda en propiedad en
lugar de en alquiler, recortando salarios, permitiendo que se den créditos
hipotecarios por encima del valor de la casa, subiendo artificialmente el
precio de la vivienda, desgravando fiscalmente los intereses de manera que sea
más rentable endeudarse que autofinanciarse, etc.
Esa y no otra es la causa de que
la deuda crezca constantemente. Y también de que los bancos tengan crisis cada
dos por tres, puesto que crear deuda de esa forma hace que el valor de sus
créditos se separe constantemente del que tienen sus depósitos y su capital en
general.
En junio pasado se publicaron los
últimos datos anuales que permiten comprobar la relación entre el capital y los
activos de los 50 bancos más grandes del mundo. Aunque no es exactamente entre
depósitos y créditos, la relación refleja perfectamente cómo ha crecido el
negocio bancario y la razón de su permanente inestabilidad.
Esos 50 megabancos tienen en
total un capital de 772.357 millones de dólares mientras que sus activos tienen
un valor 87,6 veces mayor (67,64 billones de dólares). Pero hay casos
verdaderamente impresionantes. El récord lo tiene el Wells Fargo Bank de
Estados Unidos que tiene activos por un valor 2.646,6 veces mayor que el de su
capital. LesiguenCitibank, con una relación de 1.793,3 a uno y el ING que tiene
1.550,3 dólares en activos por cada dólar de capital. En el ranking se
encuentran el Banco de Santander, en el puesto 15 y con una relación de 196,9
dólares en activos por cada dólar de capital, y el BBVA, en el puesto 35 y con
una relación mucho más baja, de 20,5 a uno (la lista completa puede verse en el
Bankers
Almanac).
El sistema de reserva
fraccionaria da lugar a estos monstruos financieros que descansan sobre la nada
y que es materialmente imposible que se mantengan en pie sin caer en algún
momento. La historia lo ha demostrado docenas de veces.
Pero aunque el sistema es peligrosísimo,
la banca ha adquirido gracias a él un poder político inmenso, diabólico, que se
extiende a todos los resquicios de la sociedad y que le permite obligar a que
sean los ciudadanos los que carguen con los costes multimillonarios que genera
cada vez que cae.
Vivimos, pues, en un sistema que
permite que la utilización de un elemento esencial para crear riqueza, empleo y
satisfacción humana como el dinero, que es a la economía como la sangre al
cuerpo humano, dependa exclusivamente de la voluntad de un grupo social
privilegiado. Y que, además, lo utiliza de la forma más despilfarradora y
costosa, creando una deuda creciente que ahoga a la vida económica.
Se mire por donde se mire, no hay más alternativa que
acabar con el sistema de reserva fraccionaria y considerar el crédito como un
servicio público esencial obligando a que la banca, sea de propiedad privada o
pública, lo gobierne inexcusablemente bajo ese principio. Eso no solo
permitiría evitar el infierno que produce cada crisis que recurrentemente provoca
el sistema bancario actual, sino utilizar el dinero que es un bien común para
financiar convenientemente a empresas y consumidores y que los intereses (que
podrían ser mínimos o utilizados solo como instrumento de estabilización)
revirtieran al Estado aliviando una parte inmensa de la actual carga fiscal.
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sábado, 25 de octubre de 2014
Los Mossos desalojan la PAH después de dos días de ocupación en oficinas de Catalunya Caixa
Por Joao França
El diario.es, 24/1072014.
Los Mossos d'Esquadra han desalojado la noche de este jueves a
medio centenar de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que
ocupaban una oficina de Catalunya Caixa en el Paseo de Gracia de Barcelona
delante de la Pedrera. La PAH empezó a ocupar la mañana del miércoles una
oficina de la calle Casp para reclamar una solución para un matrimonio
septuagenario que teme perder el piso que tienen pagado hace 40 años. Tras
pasar ahí la noche, el jueves ocuparon dos oficinas más y se acabaron
concentrando en la de Paseo de Gracia.
El caso de María y Jorge ha
tocado la fibra a los activistas de la PAH. Su hija perdió el piso por no poder
pagar la hipoteca y, aún así, todavía le quedó una deuda de 60.000 euros. Para
hacerle frente tuvo que pedir un préstamo en el que la avalaron sus padres con
su piso. Tampoco pudo hacer frente al pago del préstamo y ahora su deuda
asciende a 90.000 euros, mientras que el banco reclama el piso de sus padres.
Podría quedarse dos pisos para saldar una solo deuda hipotecaria.
Sin embargo, que la deuda ponga
en riesgo también la vivienda de los familiares avalistas es una situación que
conocen bien en la PAH. Lo que les preocupa especialmente es la situación de
María y Jorge dada su avanzada edad y su delicado estado de salud. El banco les
ofrece quedarse como inquilinos en su casa durante un tiempo determinado,
pagando 275 euros al mes, pero la pareja, que ingresa 733 euros mensuales y
tiene muchos gastos médicos y sanitarios asegura que no se lo pueden permitir.
Ante esta situación, la PAH ocupó las oficinas para forzar una negociación que
permitiera una solución favorable para la familia. Aunque el banco se quedara
el piso, reclamaban que el alquiler fuera simbólico y vitalicio. La última
oferta de CatalunyaCaixa, sin embargo, fue hablar con los servicios sociales
del Ayuntamiento de Barcelona para encontrar un piso de protección en el barrio
de los vecinos. Pero desde la PAH dicen que en la situación de la pareja no
están dispuestos a aceptar que los saquen de casa.
Desalojo delante de la Pedrera
La noche de este jueves, aunque
el cansancio era evidente, los activistas decidieron seguir resistiendo. Antes
de la asamblea nocturna proyectaron en la fachada de la sucursal, despertando
la curiosidad de los turistas que transitaban por el Paseo de Gracia, un
documental elaborado por el equipo de vídeo de la PAH que explica desde dentro
el día a día de la Plataforma. Durante la proyección los presentes aplaudían
imágenes de diversas acciones, como una ocupación
similar en las oficinas del Banco Popular.
Pasadas las diez de la noche, un
equipo de mediación de Mossos entró en la sucursal a anunciar el desalojo.
"Muchos ya me conocéis y sabéis como va esto, esperamos que sea todo
pacífico", declaró a los presentes y desde la PAH les pidieron respeto por
su parte. "Si alguien tiene algún problema, como él, que ya sabemos que
tiene problemas en la cadera, que lo diga cuando el venga a coger la pareja de
agentes", apuntó, como muestra de que desalojar las ocupaciones de la PAH
s ha convertido en un procedimiento habitual. Los activistas bailar y cantar
hasta la llegada de la Brigada Móvil de los Mossos, que los arrastró uno a uno
hasta la calle. Una vez fuera, celebraron los dos días de lucha y anunciaron
que la batalla por el caso de María y Jorge sigue.
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viernes, 24 de octubre de 2014
Banca pública: de Dakota del Norte a la Caja Postal
El diario.es, 25/10/2013.
Tras el rescate bancario y la
nacionalización de entidades inviables, cada vez más voces defienden la
creación de una banca pública. Es el caso de los autores de Qué hacemos
con los bancos: Lourdes Lucía, Alberto Garzón, Ana Martín y
Julio Rodríguez. Una obra que estos días llega a las librerías y que analiza la
deriva del sistema financiero español en las últimas décadas, desde la burbuja
hasta la liquidación de las cajas y el rescate financiero. Pero, sobre todo, es
una propuesta firme por la creación de una banca pública viable, social y
democrática. Avanzamos algunas páginas del libro, donde se recogen algunas
experiencias, actuales y pasadas, de banca pública. En otros países, pero
también en España en fechas no tan lejanas.
Experiencias de banca pública
No es posible dejar de señalar
que en diferentes países hay ejemplos que muestran a las pequeñas
empresas y a las familias cómo funciona una banca pública que financia la
economía.
En EEUU, Ellen Brown, conocida
por sus estudios sobre las economías de los diferentes Estados, ha concluido
que el éxito de Dakota del Norte (su desempleo es del 3,3%, el más bajo de
EEUU) se debe a que tiene un Banco Público donde el Estado deposita todos los
ingresos que recibe. Este banco público tiene como objetivo ayudar a la
economía de Dakota del Norte, y tiene prohibido invertir fuera de allí y
practicar comportamientos especulativos ( http://www.vnavarro.org/?p=6391).
Europa tiene una banca pública
fuerte, la de su líder, Alemania, que cuenta con once bancos públicos
regionales y cientos de cajas de ahorro de propiedad municipal. Una de las
fortalezas de la economía alemana está en su Mittelstand, empresas
pequeñas y medianas a las que apoya un sistema bancario regional fuerte,
dispuesto a prestar para financiar la investigación y el desarrollo.
En 1999, los bancos públicos
dominaban el crédito interno alemán. Los bancos privados representaban menos del 20%
del mercado, cuota muy inferior al 40% que en aquel momento tenían en Francia,
España, los países nórdicos y el Benelux. Desde entonces, los bancos públicos
alemanes han sido blanco de críticas, debido, según los observadores locales,
no a su debilidad, sino a la rivalidad de los competidores privados. Aunque
ahora la cuota de mercado de la banca pública alemana está en el 24%, cuenta
con 400 cajas y un montón de pequeños bancos regionales que han mantenido a la
banca pública de los Lander como líder en la captación de depósitos y en la
concesión de créditos.
En Francia, el gobierno está
trabajando en la creación de Bancos de Inversión Pública (PIB) que ayuden a las
pequeñas y medianas empresas a desarrollar "innovación" y a competir
en los mercados mundiales de exportación.
La revista The Economist,
en su número de mayo de 2010, publica un artículo en el que señala que los
bancos fuertes y estables de carácter público de la India, China y Brasil
fueron un elemento clave para ayudar a esos países a superar la crisis.
El año 1986 es una fecha clave en
la evolución reciente de la banca pública española. En ese momento, siendo
Carlos Solchaga ministro de Economía y Hacienda, España se vio afectada por
diversos factores exógenos: las dinámicas de cambio que ya se venían
experimentando en el mundo, y nuestra incorporación a la Unión Europea, lo cual
implicaba aceptar el marco jurídico que amparaba en Europa las reglas de juego
de los sistemas financieros comunitarios.
Como consecuencia de la
legislación comunitaria y de la expectativa de entrada en España de las
instituciones de crédito del resto de países de la Comunidad Económica Europea
(CEE), nuestra adhesión a la CEE llevó aparejada la liberalización acelerada
del mercado financiero español. Según la Segunda Directiva de Coordinación
Bancaria de la UE, a partir de 1992 podrían instalarse en España entidades
financieras y de crédito sin restricción alguna.
El cambio fue de gran calado para
la banca pública, que por aquellas fechas otorgaba el 15% del crédito de este
país. Se consideraba entonces banca pública a toda aquella cuya propiedad
pertenecía, en todo o en parte, al Estado o a los organismos dependientes del
mismo, y que, a su vez, incluía entre sus funciones las referidas al
cumplimiento de planes genéricos o sectoriales señalados por las
administraciones públicas para coadyuvar a la actividad económica nacional. Su
composición abarcaba las siguientes entidades.
·
Bancos públicos cuyo capital es en su totalidad
público:
·
Banco Hipotecario SA (1872)
·
Banco de Crédito Industrial SA (1920)
·
Banco de Crédito Agrícola SA (1925)
·
Banco de Crédito Local SA (1925)
·
Bancos en los que coexisten participación pública y
privada:
·
Banco Exterior de España SA (1928)
El Banco Hipotecario de España,
el Banco de Crédito Industrial y el Banco de Crédito Local se constituyeron
como instituciones privadas, aunque el control público se implantó de forma
gradual desde su creación hasta el año 1962, fecha en que fueron nacionalizados.
En 1958, las Entidades Oficiales
de Crédito (EOC) eran las siguientes: el Banco de Crédito Industrial, el Banco
Hipotecario de España, el Instituto para la Reconstrucción Nacional, el
Servicio Nacional del Crédito Agrícola, la Caja Central del Crédito Marítimo y
Pesquero y el Instituto Nacional de la Vivienda. En 1962 cambiaron las
denominaciones: el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional pasó a
llamarse Banco de Crédito a la Construcción; el Servicio Nacional de Crédito
Agrícola, Banco de Crédito Agrícola; y la Caja Central de Crédito Marítimo y
Pesquero, Crédito Social Pesquero.
No se debe olvidar que, junto a
la denominada Banca Oficial, estaban, como hemos visto, las cajas de ahorros,
creadas unas por corporaciones locales, y otras, por iniciativa de
instituciones benéficas, religiosas o laicas. Su peculiar nacimiento, su forma
jurídica (normalmente se trataba de fundaciones) y su regulación pública
indican que su actividad seguía pautas relativas a objetivos de interés
público.
Sus principales objetivos eran
canalizar el ahorro popular hacia la inversión y destinar parte de sus
excedentes (como así se denominan sus beneficios, puesto que son entidades sin
ánimo de lucro) a reforzar, por un lado, su solvencia mediante reservas, y, por
otro, a llevar a cabo, en sus respectivos ámbitos territoriales, una labor
social dirigida a sectores muy variados, como la conservación del patrimonio
histórico y artístico, las ayudas a grupos sociales desfavorecidos, la cultura,
el deporte, etc.
La Caja Postal, creada en 1909,
fue la única caja de ahorros de ámbito nacional; su actividad estaba orientada
a la captación de depósitos para la inversión en fondos públicos. En 1960 se le
da oficialmente un carácter bancario y comercial, que es el que ha mantenido
hasta su privatización, proceso que fue lento y comenzó en 1991, al formar
parte de Argentaria. Como se detallará más adelante, en 1998 se privatizó
completamente.
El ingreso de España en la UE cambió las reglas de juego
de la banca en general y de la pública en particular
El ingreso de España en la Unión
Europea conllevó la transposición de la normativa sobre los sistemas
financieros; más concretamente, la relativa al crédito y a las instituciones de
crédito, lo cual significó un cambio en las reglas de juego de la banca en
general y de la pública en particular. La adaptación de la legislación española
a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria cristalizó en una colección
normativa que va desde el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, y
la Ley 26/1988, de 29 de julio, hasta la Ley 3/1994, de 14 de abril, y
comportó, entre otros aspectos importantes, los siguientes:
Aunque las empresas públicas sí
tienen cabida, aun con muchas limitaciones (María Amparo Salvador Armendáriz
INAP 2000), en el ordenamiento jurídico europeo, se prioriza la paridad de
trato en el tráfico del mercado por el principio del Derecho de la
Competencia. Se notaba, y continúa notándose, la mano de la doctrina liberal,
que antepone el sacrosanto poder del mercado a un principio básico, el del
bienestar de los ciudadanos.
La banca pública, que
fundamentalmente captaba sus recursos mediante la suscripción obligatoria de
cédulas para inversión por parte de bancos y cajas, pasó a captarlos en el
mercado, de forma concurrente con el resto de las instituciones financieras.
Organizativamente, los cambios en
la composición del panorama bancario público se sustanciaron inicialmente en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1988, cuyo artículo 127 cambia la
naturaleza del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de la siguiente manera:
- Buscando una mayor flexibilidad
que permita sujetar su actividad al ordenamiento jurídico privado, es
convertido en una sociedad estatal y pierde su antigua condición de organismo
público.
- Es transformado en una entidad
de crédito, con posibilidad de realizar toda clase de operaciones.
- El capital social de las
Entidades Oficiales de Crédito pasa a manos del ICO, que se constituye en
cabeza del grupo.
- Continúa adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda.
Pero las dificultades derivadas
de la pérdida de su posición privilegiada llevaron a buscar para la banca
pública un tipo de organización que le permitiese contar con una red comercial
con la que obtener los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones, e
incluso sobrevivir. Y para eso estaban allí la red del Banco Exterior de España
y la de Caja Postal. Pero antes había que trasformar Caja Postal en una entidad
bancaria, ajustada al estatuto de un banco. Después, en 1991, llegó el
nacimiento de Corporación Bancaria, que operaba bajo el nombre de Argentaria,
cabecera de un grupo que incluía a Caja Postal S.A., al Banco Exterior de
España y a las entidades del Instituto de Crédito Oficial.
Argentaria se privatizó en
cuatro fases: dos en 1993, la tercera en marzo de 1996 y la última en 1998.
Rodrigo Rato, entonces vicepresidente del Gobierno, ordenó la venta del 29,2%
que todavía estaba en manos del Estado. En 1999 se lleva a cabo la fusión de
BBV con Argentaria, que da lugar al BBVA.
La banca pública había muerto.
Con ella desapareció un instrumento básico que permitía al Gobierno actuar
operativamente en la financiación de la economía. Es cierto que le quedaba el
Instituto de Crédito Oficial, que se reconvirtió en agencia financiera, aunque
carece de recursos que le permitan instrumentar, en caso necesario, la política
del Gobierno.
Se podría pensar que los sistemas
financiero y bancario que subsisten -bancos privados y cajas de ahorros
principalmente- están capacitados para atender a la demanda interna de crédito,
ayudados por el ICO en casos excepcionales y recurriendo, en su caso, a las
instituciones financieras de la UE. Sin embargo, en estos últimos años la
realidad de la crisis ha puesto en cuestión el vigente sistema.
Disponible en:
http://www.eldiario.es/quehacemos/banca_publica_nacionalizacion_rescate_bancario_6_189741047.html
jueves, 23 de octubre de 2014
La Fiscalía pide 2,5 años de cárcel a la cúpula de CCM por camuflar 182 millones de pérdidas
Público.es, 21/10/2014.
La Fiscalía Anticorrupción ha
reclamado dos años y medio de prisión para el expresidente de Caja Castilla La
Mancha Juan Pedro Hernández Moltó y el ex director general Ildefonso Ortega por
emprender una "maniobra contable" con la que reflejaron 30 millones
en beneficio en lugar de unas pérdidas de 182 millones.
En un escrito remitido al juez
central de instrucción número 5, Pablo Ruz, el Ministerio Público acusa a
ambos de un delito societario, por el que solicita su inhabilitación para
ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o
del sector financiero durante el tiempo que dure la condena.
La Fiscalía no pide así
ninguna responsabilidad civil ni les acusa del delito de administración
desleal que sí encontró Ruz, que en su auto consideraba indiciariamente acreditada
la existencia de una serie de operaciones de crédito con una "notoria
desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de
recuperación".
Sin embargo, el fiscal se ciñe a
un delito societario cometido mediante una "maniobra contable"
con la que "los acusados lograron que los estados financieros de CCM,
tanto individuales como consolidados, reflejaran beneficios en lugar de
pérdidas".
Así, relata que en el año 2008 la
entidad atravesaba una situación de falta de liquidez, "debida en gran parte
al deficiente control en la gestión del riesgo, el incremento de la morosidad y
el deterioro de las inversiones ligadas al sector promotor, que comprometía
gravemente la viabilidad futura de la entidad". Dicha situación fue
advertida por el Banco de España, que en octubre de 2008 realizó una serie
requerimientos a Hernández Moltó.
Le pedía que "pusiera especial interés en la correcta contabilización y
cobertura de las operaciones crediticias", lo cual requería dotar unas
provisiones específicas de 245 millones, y hablaba además de unas
minusvalías de 196 millones que afectaban a las acciones de las sociedades
cotizadas Afirma Grupo Inmobiliario, Inmobiliaria Colonial y Parquesol
Inmobiliaria y Proyectos.
El 10 de febrero de 2009, Ortega,
"con la aquiescencia de su superior", remitió al supervisor los
estados financieros individuales y consolidados de la caja a 31 de diciembre de
2008 "en los cuales no se habían atendido los requerimientos" y
"no se reflejaba por tanto la situación financiera real de la entidad".
Dichos estados arrojaban un
beneficio consolidado de 29,86 millones, cuando por efecto del ajuste exigido
por el Banco de España, señala el fiscal, habrían debido registrar unas
pérdidas "de al menos" 119,029 millones en los estados individuales y
de 182,24 millones en los consolidados.
Poco antes de que publicaran esas
cuentas, el 28 de marzo de 2009, el Banco de España sustituyó el Consejo de
Administración de CCM y el nombramiento de tres funcionarios del supervisor
como administradores provisionales de la entidad, tras lo cual el Consejo de
Ministros aprobó una inyección de fondos públicos de 9.000 millones.
Las cuentas definitivas
presentadas por los administradores provisionales, que "tuvieron
oportunidad de realizar un análisis más profundo de la situación real de
CCM", recoge el escrito, reflejaron unas pérdidas de 762,149 millones en
sus estados individuales y de 1.066,034 euros en los consolidados.
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miércoles, 22 de octubre de 2014
Los clientes de la banca pagan más de 270 euros anuales en comisiones
Público.es, 21/10/2014.
Barclays, Santander, Unicaja y
La Caixa son las entidades que aplican unas comisiones más elevadas, según
un estudio elaborado por Facua, que pone de manifiesto que las
comisiones pueden llegar a superar los 270 euros, dependiendo del banco del que
se trate.
Según la encuesta, el
usuario tipo abona al año una media de 168,73 euros si no tiene domiciliada la
nómina, prestación por desempleo o pensión. En este caso, las comisiones se
disparan hasta los 271,41 euros si es cliente de Barclays y hasta los 248,4
euros si pertenece al Santander.
Si fuera cliente de Unicaja
pagaría 242,4 euros de comisiones y 239,9 euros en el caso de La Caixa.
En el otro extremo se encuentra ING, donde las comisiones rozarían los 25
euros, y Triodos Bank, con 30 euros.
Para hacer este análisis, Facua
se ha fijado en un consumidor que cada mes paga seis recibos mediante
domiciliación bancaria, realiza siete pagos con tarjetas de débito y al
menos uno a crédito, efectúa cada año dos transferencias y dos ingresos de
cheques, abona un total anual de dos recibos no domiciliados, se queda al
descubierto en dos ocasiones y una de ellas el banco le notifica la situación
de 'números rojos'.
Facua explica que todos los
bancos analizados dejan de cobrar la mayoría de las comisiones si el usuario
tiene domiciliada la nómina, prestación por desempleo o pensión siempre que
éstas alcance una determinada cantidad.
Solo ING y Triodos Bank no cobran
comisiones de mantenimiento, administración, ingreso de cheques y
transferencias independientemente de que el usuario tenga la nómina domiciliada
o no.
Casi todos los bancos cobran una
comisión por ingresar dinero en efectivo en una cuenta de una tercera persona
por ventanilla si el usuario no es cliente de la entidad. Cajasur y Kutxabank
aplican 4 euros. Abanca, Barclays, Santander y Unicaja cobran 3 euros por este
concepto, seguida de los 2 euros que aplican Bankinter, La Caixa, Kutxabank y
Sabadell.
Si el usuario se queda en descubierto, aunque sea unos pocos euros, el banco le
cobra de media 11,62 euros. El importe mínimo más elevado por encontrarse en
descubierto lo aplican Barclays y Santander, 18 euros cada uno.
En caso de que la entidad reclame el descubierto,
notificando por escrito al consumidor la deuda, le cobra de media 32,88 euros.
Mare Nostrum (BMN) es el que aplica la comisión más alta, 37 euros.
El importe medio anual por
mantenimiento en una cuenta donde el usuario no tiene ingresos regulares
domiciliados es de 44,63 euros, siendo el cobro mayor el de Barclays, que
alcanza los 72 euros, seguida de los 60 que cobran Kutxabank, Popular,
Sabadell, Santander y Unicaja.
Comisiones para usuarios
sin nómina
Once de las dieciséis entidades
analizadas cobran una comisión por cada movimiento realizado en cuenta si el
titular no dispone de nómina, prestación por desempleo o pensión domiciliada.
El coste más caro por esta gestión es de 0,6 euros y lo aplican Barclays, BBVA,
La Caixa, Sabadell, Santander y Unicaja.
Los dieciséis bancos analizados
cobran a un usuario sin ingresos regulares 20,13 euros de
media anual como comisión de mantenimiento por una tarjeta de débito, mientras
que por una de crédito la media es de 33,81 euros.
Los bancos que aplican cuotas de
mantenimiento más altas por las tarjetas son Bankinter, 30 euros por las de
débito y 50 por las de crédito, y Santander, 28 y 43 euros, respectivamente.
Por su parte, ING Direct y La Caixa no cobran comisiones por tener tarjetas de
débito o crédito.
Finalmente, el importe medio de
las transferencias emitidas de forma manual a otra entidad realizado por cuenta
es del 0,31% del valor, con un mínimo medio de 3,33 euros, cuando un usuario no
tiene ingresos regulares domiciliados.
Disponible en:
lunes, 20 de octubre de 2014
Díaz frena el proyecto estrella de IU: «No crearemos una banca pública generalista»
ABCandalucía, 20/10/2012. (Extracto)
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, acaba
de echar un jarro de agua fría al proyecto estrella de su socio de Gobierno en
el bipartito andaluz: la banca pública con la que Izquierda Unida pretende
captar ahorro privado. La mandataria socialista ha asegurado este lunes que la
Junta de Andalucía no creará una «banca generalista» pública, sino un
Instituto de Crédito Público, similar al ICO nacional, que abra el grifo del
crédito a las pymes, que son las que tienen que ayudar a generar empleo.
En plena polémica por el uso de
las tarjetas black por parte de consejeros de Caja Madrid y Bankia,
Susana Díaz ha declarado a Onda Cero que este no es precisamente el momento de
volver a la gestión pública de las cajas de ahorro o de bancos. «No creo que
ese sea en estos momentos el modelo adecuado», según ha afirmado la
presidenta, quien ha insistido en que hay que ayudar ante el problema de
liquidez en las pymes y en los autónomos.
Díaz quiso dejar claro que no
accederá a la propuesta de IU, que trata así de hacer guiños a su
electorado ante el auge creciente de partidos como Podemos: «Banca generalista
como conocemos de que va usted a la ventanilla en la sucursal, no».
La presidenta confía en que este
frenazo al plan de estrella de banca pública no abra una crisis ni suponga
un «disgusto» con sus socios de gobierno de IU-CA. Espero que «hayamos
aprendido de lo que no se hace bien, que se haga bien».
Sanción de IU al Sareb
Coincidiendo con estas
declaraciones, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía, en manos de la comunista Elena Cortes, ha dado a conocer que ha
sancionado con 120.000 euros a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes
de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por «obstruir» las medidas de la
administración para garantizar la función social de las viviendas protegidas.
La Sareb, el llamado «banco
malo», ha recibido la máxima sanción por una infracción considerada muy
grave al incumplir la obligación de las entidades financieras de aportar a la
administración el inventario de las viviendas protegidas que se encuentren
en sus balances, según ha informado hoy la Consejería de Fomento.
Disponible en:
http://sevilla.abc.es/andalucia/20141020/sevi-banco-publico-susana-diaz-201410201033.html
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