jueves, 31 de diciembre de 2015
La banca pública en España: diagnóstico y propuestas de actuación
Por Fernando Heredia
García
Pueblos. Revista de
Información y Debate, 10/12/2015.
A la hora de abordar cualquier debate de índole económica,
pocos conceptos han sido, y de hecho son, más controvertidos y discutidos que
el de banca pública. Es innegable que sea así debido a la elevada carga
ideológica que intrínsecamente posee, como ocurre con muchos otros conceptos
económicos. Sin embargo, la reciente crisis financiera internacional ha puesto
de manifiesto una característica esencial del sistema económico capitalista en
el que actualmente vivimos: el crédito es un pilar fundamental dentro del
proceso de acumulación capitalista. Y esta reciente crisis financiera ha
servido para demostrar, una vez más, que quien controla el sistema financiero
es capaz de controlar el resto de la economía.
Las personas extranjeras se encuentran entre los grupos
sociales más vulnerables, no sólo por su estatuto jurídico de segundo nivel en
relación con las nacionales, sino también por la existencia de posibles
barreras de hecho, como el desconocimiento del idioma del Estado en el que
viven o la xenofobia. Esta vulnerabilidad se acrecienta en el caso de las
personas extranjeras en situación irregular. Muchas veces son víctimas de violaciones
que no denuncian por miedo a sufrir represalias o a ser deportados. Además, la
pasión por la seguridad (que últimamente recorre las venas de muchos líderes
políticos) extiende un manto de sospecha sobre las personas de determinadas
nacionalidades o rasgos étnicos.
Como suele ocurrir en todas las etapas económicamente
difíciles, ahora se han puesto de relieve deficiencias estructurales que ya
existían anteriormente. Entre ellas está la mayoritaria apropiación en manos
privadas del sistema crediticio a nivel internacional, constituyendo ésta la
principal vía de financiación de cualquier actividad económica. Eso ha
provocado, en primer lugar, la consecuente paralización del crédito al resto de
sectores, con la evidente paralización de las demás actividades a nivel
general. Además, el dejar en manos privadas la capacidad de otorgar créditos al
resto de la economía ha favorecido la agrupación de entidades financieras en
grandes corporaciones con sobrada capacidad para imponer sus propios intereses.
Finalmente, este exponencial aumento de tamaño de las entidades bancarias ha
provocado que se eleve a la categoría de dogma la afirmación del too big to
fail (demasiado grandes para caer).
En consecuencia, resulta bastante evidente que es pertinente
otorgar más importancia y visibilidad al debate acerca de la conveniencia de
una banca pública capaz de actuar bajo una lógica diferente a la de la banca
privada.
¿Qué se entiende por
banca pública?
Es oportuno aclarar que, en general, la terminología acerca
de la banca pública en la literatura económica es notablemente confusa. Por
ello, aquí se adoptará por válida la definición que realiza el economista
Alberto Montero en el Diccionario crítico de empresas transnacionales, donde
afirma que la banca pública es “una institución crediticia en la que el control
y la gestión están en manos de alguna administración pública o del Estado”[1].
Una vez aclarado, se pueden enunciar dos condiciones
esenciales que toda entidad de banca pública debe poseer para ser denominada
como tal. Primero, debe tener la posibilidad de captar fondos del público en
general (en este caso, fundamentalmente ciudadanía y empresas), así como
otorgar créditos a los agentes económicos que lo demanden. En segundo lugar, un
poder público debe ser el encargado de controlar y gestionar las operaciones
bancarias, independientemente de la naturaleza público-privada de los fondos
constituyentes de dicha entidad.
Llegados a este punto, sería interesante analizar el recorrido
histórico reciente que han experimentado las cajas de ahorros en España. No
obstante, en este artículo este asunto se dejará de lado para así poder
detallar con mayor énfasis los motivos acerca de por qué es pertinente impulsar
la creación de una banca pública en España, así como las principales vías sobre
las que se puede actuar.
Razones y vías de
actuación
En la historia de la banca pública española, las últimas
décadas no han sido muy favorables. De hecho, desde finales de los años 80 se
han producido dos fenómenos de gran magnitud en el sistema financiero español:
grandes privatizaciones (siendo la de Argentaria la más importante) y
desregulación de dicho sistema financiero, con el consiguiente aumento de la
concentración de una gran cuota de mercado en manos de pocas entidades. Desde
diversos organismos oficiales[2] se ha alertado repetidamente de la nefasta
situación del sector financiero español en términos de competitividad y
concentración bancaria.
Así las cosas, existen diversos casos de éxito que
demuestran que la inclusión de entidades públicas bancarias puede ser muy
beneficiosa para el resto de agentes económicos. Basta citar ejemplos como el
de los Landesbank en Alemania, responsables de la casi totalidad del crédito a
las pequeñas y medianas empresas alemanas desde hace varias décadas; el Bank of
North Dakota, al que se le atribuye por parte de diversos autores gran
protagonismo en el histórico superávit presupuestario experimentado por dicho
estado norteamericano; y el BNDES[3] en Brasil, criticriticado duramente por su
participación en proyectos poco respetuosos con el medio ambiente pero con un
papel básico a la hora de otorgar financiación a agentes económicos sin
posibilidad de acceso a las vías tradicionales de financiación.
En este contexto, se expone a continuación una batería de
razones, clasificadas en tres ámbitos (económico, social y democrático), con
las que se pretende responder a la cuestión de por qué sería necesaria una
banca pública en España.
Razones económicas:
1) Contar con una banca pública reduciría las dificultades
con las que se encuentra cualquier gobierno a la hora de hacer frente a una
crisis financiera, facilitando la ejecución de políticas crediticias
contracíclicas. En la última crisis financiera, uno de los grandes obstáculos
que han existido para reactivar el crédito ha sido la desconfianza hacia los
bancos. Si existe una banca pública fuerte no hay lugar para una crisis de
confianza bancaria, al estar sus activos respaldados mediante garantías y recursos
públicos.
2) Se reduce el riesgo sistémico impulsado por la visión
cortoplacista de las inversiones bancarias privadas. En un contexto de
creciente financiarización, la presión por la constante valorización de las
inversiones accionariales condiciona a los bancos a emplear sus fondos en
operaciones especulativas, lo cual incrementa el riesgo sistémico, lo cual
aumenta a su vez la posibilidad de una nueva crisis financiera a corto plazo.
3) Pequeñas y Medianas Empresas (COPYME) ha expresado
recientemente su adhesión al movimiento de banca pública[4] . La concesión de
créditos a un menor interés, con elevados periodos de carencia o ligados a los
resultados empresariales, son experiencias que ya se han puesto en práctica en
otros países con resultados muy exitosos para garantizar la actividad de las
pequeñas y medianas empresas.
4) La concentración de poder por parte de unas pocas firmas
en un determinado mercado es uno de los peores indicadores económicos a la luz
de la experiencia histórica. De esta forma, la instauración de una banca
pública potente se posicionaría como contrapeso a la banca privada. Además, la
reducción del nivel de concentración de capital favorecería una distribución de
la renta más equitativa en tanto que es posible reutilizar los propios fondos
captados por las entidades de banca pública en la concesión de créditos a
familias y empresas.
Razones democráticas:
1) Una banca pública facilitaría la democratización de la
economía. Mediante la instauración de una banca pública con participación de
los distintos colectivos que conforman la ciudadanía se promueve una mayor
transparencia y eficiencia en la práctica bancaria, así como un mayor acceso al
crédito de sectores vulnerables. Sería carente de toda lógica que una entidad
bancaria pública, de la que dependen los fondos de una parte de la ciudadanía,
careciese de una representación directa ciudadana. Por ello, funcionando bajo
la consecución de metas sociales en detrimento de objetivos puramente
financieros, se aporta un contrapeso fundamental para incrementar el nivel de
democracia en la economía.
Razones sociales:
1) Al crear una banca pública donde el crédito tenga una
clara utilidad social, se hace frente de manera directa a la marginación
financiera tanto de familias como de pequeñas y medianas empresas. De hecho,
los efectos colaterales de una situación de marginación financiera sobrepasan
cualquier ámbito puramente económico.
2) La banca pública puede garantizar proyectos sociales. Se
torna indispensable recuperar los criterios de rentabilidad social y
medioambiental a la hora de priorizar la consecución de proyectos por parte de
la banca pública, entendiendo así a la banca pública como un posible agente de
transformación de la realidad social y ciudadana.
Una propuesta concreta
de actuación
Para avanzar hacia una banca pública sería necesario avanzar
en cinco ejes fundamentales:
1) Nacionalización de cajas de ahorros y bancos rescatados
con fondos públicos. Toda la ayuda ofrecida a la banca privada por parte del
sector público se convertiría inmediatamente en acciones, convirtiendo a dichas
entidades salvadas de la quiebra con recursos públicos en el primer pilar para
una banca pública potente y con presencia nacional.
2) Auditoría pública de las cuentas de las entidades
financieras rescatadas, para establecer un plan de saneamiento mucho más
efectivo que el realizado hasta la fecha. Dicha auditoría sería realizada por
técnicos de la administración pública no vinculados a ninguna entidad
financiera privada.
3) Una banca pública bajo una lógica de funcionamiento y
rentabilidad social frente a objetivos exclusivamente financieros, con un
modelo de gestión que excluya cualquier tipo de operación especulativa, así
como la operativa en paraísos fiscales.
4) La participación y rendimiento público de cuentas como
elementos cruciales de funcionamiento. Es fundamental la inclusión de
colectivos de todas las capas sociales en el proceso de toma de decisiones de
dicha entidad, con una gestión de fondos públicos que sea totalmente
transparente para la ciudadanía.
5) Introducción de criterios socioecológicos como elementos
decisivos a la hora de otorgar financiación. Entre los medios de actuación para
conseguirlo, avanzamos los siguientes: conversión en acciones de las ayudas
públicas destinadas a la banca; obligación por ley de rendir cuentas anual y
públicamente; elección transparente y con representación ciudadana de los
miembros del consejo de administración; cese y prohibición inmediata de
operaciones en paraísos fiscales; creación de un parque inmobiliario público,
continuidad de la obra social de las anteriores cajas de ahorros, y, por
último, comprensión de la banca pública como mecanismo clave de la política
económica nacional.
Al existir un ente financiero público, el gobierno cuenta
con una herramienta potentísima de política económica. De hecho, mediante dicha
banca pública se pueden articular de forma muy efectiva los objetivos de
desarrollo económico de una determinada región o colectivo social gracias al
control integral de dicha entidad. Del mismo modo, la gestión y recaudación
fiscal ve reducida considerablemente su coste al ser llevada a cabo por una
entidad pública y no vía bancos privados.
Es importante detallar que el espíritu de dicha propuesta se
basa en una concepción del sistema bancario, y concretamente el crediticio,
como un servicio de primera necesidad y no al servicio de intereses
especulativos. Así, se realiza bajo una visión de la banca pública como un elemento
de cambio fundamental a la hora de transitar hacia un modelo económico y social
más sostenible en toda su amplitud. En otras palabras: se apuesta por un
determinada banca pública desde la que no se promueva la continuación del
actual modelo de crecimiento que perpetúe la coexistencia de efectos negativos
sobre infinidad de ámbitos como el ecológico o el social, por citar sólo
algunos.
NOTAS:
- Montero Soler, Alberto (2012): “Banca pública”,
en Hernández Zubizarreta, J.; González, E. y Ramiro, P. Diccionario crítico de
empresas transnacionales, Icaria, Barcelona, pp. 47-49.
- “La concentración bancaria en España alcanza su
máxima cota histórica”, Cinco Días, 27 de enero de 2013.
- Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.
- Copyme se adhiere al manifiesto de Bankia
Pública. http://bancapublica.info/copyme-se-adhiere-al-manifiesto-debankia-publica/
Disponible en:
martes, 29 de diciembre de 2015
El ICF y la EAPB reivindican el papel de la banca pública europea en la salida de la crisis
Comunicado de prensa del Institut Català de Finances, 10/11/15
Ponen de relieve el papel de los bancos públicos de
inversión y de fomento para apoyar la inversión privada en el actual período de
impulso económico, en un congreso celebrado hoy en Barcelona. El secretario
general de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Albert Carreras, reconoce
el trabajo del ICF durante sus 30 años de vida para facilitar la financiación a
las pymes.
Los bancos públicos de inversión y de fomento europeos han
demostrado su capacidad para responder rápidamente a la drástica reducción de
acceso a la financiación que se produjo durante los años de la crisis, gracias
a la oferta de instrumentos financieros que pusieron a la disposición de
empresas e instituciones como préstamos para circulante, avales para pymes y préstamos
globales para bancos asociados, entre otros. Esta es una de las principales
conclusiones que se desprenden del congreso organizado conjuntamente por la
Asociación Europea de Bancos Públicos (EAPB) y el Institut Català de Finances
(ICF) que se ha realizado hoy en el recinto modernista de Sant Pau en
Barcelona.
Los bancos públicos de inversión y de fomento nacionales y
regionales son instrumentos de política pública que tienen como principal
misión apoyar a los objetivos económicos, sociales y políticos de sus
autoridades competentes. En este sentido, pueden desarrollar un papel muy
importante a la hora de movilizar financiación privada y optimizar la inversión
pública, ya que están fuertemente arrelados a sus regiones, conocen la economía
local, el territorio, los municipios, y las necesidades de las pequeñas y
medianas empresas.
Según la EAPB, la crisis ha puesto de manifiesto que los
países y regiones que no tenían bancos públicos de inversión y de fomento han
sido incapaces, sin ayuda de terceros, de bastir con la debida celeridad una
estructura de promoción financiera suficiente para afrontar los
acontecimientos. En este sentido, la Asociación reclama la necesidad que este
tipo de instituciones de promoción financiera existiesen de forma permanente y
su importancia a la hora de apoyar la inversión privada en el actual período de
impulso económico.
Durante la jornada celebrada hoy en Barcelona se ha puesto
de manifiesto que en los últimos años se han creado un gran número de este tipo
de entidades en países que hasta el momento no tenían. Este es el caso, por
ejemplo, del Reino Unido con el British Business Bank, el Estrategic Banking
Corporation of Ireland (SBCI) en Irlanda, o el Banque Publique d’Investissement
(BPI) y la Société de financement local et des exportations (SFIL) en Francia.
Grecia, Malta, Rumanía y varias regiones de Italia también proveen fundar
nuevos bancos públicos.
Carreras y Restoy
inauguran el congreso
El secretario general de Economía y Conocimiento de la
Generalitat, Albert Carreras, y el subgobernador del Banco de España, Fernando
Restoy, han abierto la jornada, después de las palabras de bienvenida del
conseller delegat del ICF, Josep Ramon Sanromà. Carreras ha destacado que
“después de la crisis de los últimos años podemos poner la maquinaria en
marcha” para ofrecer más productos de financiación a través del ICF, “con el
objetivo de que aumente la demanda y cambie el panorama empresarial”. Carreras
ha añadido que las actuaciones de los reguladores europeos han permitido
aumentar la liquidez en manos de los mercados, “pero con una normativa más
estricta que nunca” para evitar que se vuelvan a generar burbujas”. El
secretario general también ha repasado la actividad del ICF, que este año
celebra 30 años, y ha destacado el esfuerzo realizado “para compensar los
problemas de financiación de los últimos años y realizar una tasca
contracíclica” durante la reciente crisis.
Por otro lado, Fernando Restoy ha centrado su intervención
en repasar la evolución de la demanda de crédito desde el inicio de la crisis
el 2007, que en el caso de los hogares españoles se redujo en un 80%, un 20%
más que la mediana europea. La contracción en el caso de las pymes va ser aún
más elevada, convirtiéndose en el segmento de la red empresarial que ha sufrido
más la falta de financiación. Restoy ha hablado de la importancia de los bancos
públicos de inversión, “teniendo en cuenta que desde 2013 las pymes han
mejorado su acceso al crédito”. Aun así, el subgobernador ha insistido en la
necesidad de mantener el ritmo de reformas para consolidar el trabajo hecho y
“reducir la volatilidad de los ciclos económicos y financieros”. Para
conseguirlo, ha remarcado que el Banco de España “está trabajando en una
circular para mejorar los sistemas de concesión de crédito a les pymes
viables”.
El papel de la banca
pública, el BEI y su participación en el Pla Juncker
Esta mañana los participantes de la jornada también han
valorado el reconocimiento de la Comisión Europea en relación al papel de la
banca pública en la promoción de la movilización de la financiación privada. La
CE destaca sobre todo el arraigo de estas entidades en sus regiones, el
conocimiento de la economía local, y el territorio, los municipios y las pymes.
La participación de los National/Regional Promotional Banks (NPBs) al
denominado Plan Juncker (Plan de Inversiones para Europa) es un buen ejemplo.
El 25 de junio el Parlamento europeo aprobó la constitución del Fondo Europeo
para Inversiones Estratégicas (FEIE), que forma parte del plan para movilizar
más de 315.000 millones de euros en proyectos públicos y privados, con el
objetivo de afianzar la competitividad a largo plazo a través de proyectos que
difícilmente encontrarían financiación privada directa.
En la Jornada se ha recordado que el Banco Europeo de
Inversiones (BEI) se convertirá en el pilar central del Plan Juncker, que se
debe implementar durante los siguientes meses. De esta forma, el BEI tiene que
aportar valor añadido y garantías a los proyectos que seguramente no se
cubrirían sin el FEIE. Sin querer intervenir y dirigir la realidad económica,
los bancos públicos de inversión/fomento son instrumentos de política pública,
y dan apoyo a los objetivos económicos de las administraciones. Se trata de
mitigar en la medida de lo posible las limitaciones del mercado financiero
privado en productos como préstamos de circulante, avales de préstamos para
pymes, préstamos globales para bancos asociados, instrumentos de capital y
contra-garantías. Todas estas figuras financieras sirven para impulsar
diferentes tipos de proyectos:
- Inversión en el desarrollo de infraestructuras de
transporte o de energía.
- Expansión de las energías renovables y de la eficiencia energética.
- Desarrollo de las tecnologías de la información y la
comunicación, de infraestructuras digitales, de telecomunicación, de redes de
banda ancha, inversión en innovación, investigación y desarrollo, inversión en
educación, formación y dotes de emprendeduría, inversión en industrias
culturales y creativas.
- Inversión en proyectos e infraestructuras en el ámbito de
la protección medioambiental.
- Apoyo financiero, incluida la provisión de financiación de
circulante para pymes, start-ups, spin-offs y empresas de pequeña y/o media
capitalización
- Otras áreas con fallos de mercado o vacíos considerables.
Cooperación con
bancos privados para conseguir un efecto multiplicador
Los bancos públicos de inversión/fomento se financian
mayoritariamente en los mercados de capital, aunque en muchos casos también
pueden disponer de fondos públicos europeos o nacionales para programas de
desarrollo. Su principal objetivo es ayudar a estabilizar el desarrollo
sostenible de la economía y la sociedad, a la vez que incrementan la capacidad
potencial de crecimiento de las economías en las cuales participan. En
particular, este tipo de entidades ejercen un papel bastante activo a la hora
de financiar ciertas áreas a las que se dirigen políticas de desarrollo regionales,
nacionales o europeas.
A diferencia de la banca privada, la pública no opera de
acuerdo con los principios lucrativos de optimización de beneficios y puede
invertir a más largo plazo. De esta manera permite que se lleven a cabo
proyectos de inversión indispensables. Además, involucran actores del sector
financiero privado -a partir de la coinversión, la mediación o la creación de
consorcios financieros para participar en operaciones sindicadas-, que pueden
aumentar la eficiencia del gasto público, consiguiendo un efecto multiplicador.
Con respecto a su abanico de productos, los bancos públicos y de fomento
ofrecen un conjunto establecido de instrumentos que van desde préstamos para
inversión y circulante, avales para pequeñas y medianas empresas, préstamos
globales para bancos asociados, instrumentos de capital y contra-garantías,
entre otros.
La regulación europea
y el marco legal
Otro de los temas que se ha puesto sobre la mesa durante
esta conferencia es el marco legal por el cual se rigen este tipo de entidades.
Según la EAPB, sus entidades se tendrían que guiar principalmente por los
requisitos y supervisiones nacionales y por la legislación europea hasta el
punto que determinen las autoridades nacionales, siempre dependiendo de las
características específicas de cada una de las instituciones. La Asociación
pero ha alertado de que es posible que cualquier regulación europea que intente
encontrar una solución genérica y estandarizada para todas las entidades, acabe
comprometiendo la capacidad de estas instituciones para cumplir con sus
objetivos específicos de desarrollo.
La Asociación insiste que si bien los bancos públicos de
fomento siguen las normas de mercado, también tienen que operar de acuerdo con
los principios públicos.
EAPB
La European Association of Public Banks (EAPB), fundada el
año 2000 y con sede en Bruselas (Bélgica), agrupa y representa cerca de un
centenar de bancos, entidades financieras y asociaciones de bancos públicos de
17 países de toda Europa: Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Holanda, Noruega, Polonia,
Eslovenia, España, Suecia y Macedonia.
Estos bancos y entidades financieras públicas suman unos
activos globales de más de 3,5 billones de euros, 190.000 empleados y tienen
una cuota de mercado próxima al 15% a nivel europeo.
El EAPB es una de las cuatro principales asociaciones del
sector bancario a nivel europeo, junto con el European Banking Federation
(EBF), el European Association of Cooperative Banks (EACB) y el European
Savings Banks Group (ESBG).
ICF
El Institut Català de Finances (ICF) es una entidad
financiera pública, fundada el año 1985 por la Generalitat de Catalunya. La
misión del ICF es impulsar y facilitar el acceso a la financiación en el tejido
empresarial de Cataluña, con el fin de contribuir al crecimiento de la economía
catalana, actuando como complemento del sector financiero privado. Ofrece a las
empresas diferentes productos y servicios vinculados a la financiación
empresarial, centrados en la actividad crediticia y en la de capital riesgo.
Disponible en:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)