Por Andreu Missé
El diario.es,
04/05/2017.
Sabemos muy poco de la banca. Las quiebras bancarias siempre
han cogido por sorpresa a las autoridades y, sobre todo, a los consumidores,
que generalmente han sido los grandes perjudicados por los abusos financieros.
Lo que ha ocurrido en España con la última crisis resulta de muy difícil
digestión. Ver cómo al mismo tiempo que se han destinado 60.000 millones de
dinero público (de los que ya se dan por perdidos 40.000) a salvar cajas y
bancos, el Estado no ha dedicado ni un solo céntimo a facilitar una vivienda a
los cientos de miles de desahuciados merece la mayor repulsa.
Lo más inquietante es que los desahucios continúan. El
Gobierno no cesa de cacarear que la crisis ha pasado y que ya ha llegado la
recuperación. Pero hay una parte de la población que sigue siendo golpeada. Las
expulsiones de los domicilios han disminuido, pero siguen ejecutándose a un
ritmo humanamente insoportable desde cualquier punto de vista. El año pasado se
efectuaron 60.000 desahucios, según el
Consejo General del Poder Judicial, de los que un 56% eran alquileres y el 44%
restante correspondieron a titulares de hipotecas. El Banco de España da unas
cifras menores, pero también abrumadoras. Lo más repugnante es que muchos de
los pisos que ha recuperado la banca siguen vacíos y se mantienen cerrados con
una puerta de hierro, lo cual refleja escasas posibilidades de su utilización.
Sin duda, los mayores perjudicados por la crisis son quienes
han perdido el empleo, y de manera especial los que junto a sus hijos se han
visto expulsados de sus casas como consecuencia de haberse quedado sin trabajo.
Pero hay más. Durante los últimos años hemos visto cómo se ponía al descubierto
una gran variedad de abusos bancarios cuya lista es cada vez más angustiosa.
Cientos de miles de familias que cayeron en la trampa de las participaciones
preferentes o de las obligaciones subordinadas sufrieron una quita
significativa de los ahorros que habían reunido después de toda una vida de
trabajo. Los daños para la salud de los afectados, incluso para los que
recuperaron sus ahorros, son irreparables como ha demostrado la investigación
de Finsalud.
La pluralidad de abusos bancarios no cesa de crecer. En los
últimos meses han adquirido más relevancia las cláusulas suelo, con más de 1,5
millones de afectados. Estas cláusulas, en su mayoría abusivas e ilícitas, son
disposiciones en las hipotecas que impiden a los consumidores beneficiarse de
la bajada generalizada de los tipos de interés. Gracias a la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado diciembre, los
afectados pueden recuperar todo el dinero cobrado de más. En algunos casos, si
no hubieran existido estas cláusulas, muchos titulares de hipotecas hubieran
podido pagar sus cuotas mensuales, mucho más reducidas, y habrían conservado su
casa.
El papel que ha jugado el Gobierno en todo este litigio ha
sido vergonzoso, con una posición explícita a favor de la banca y en contra de
los ciudadanos. Hace menos de un año y medio el Gobierno alertó del riesgo de
"trastornos graves" sobre el sistema bancario español si se exigía a
las entidades financieras la devolución íntegra de lo cobrado de más por las
cláusulas suelo a los afectados. Se estimaba entonces que la factura podría ser
de entre 7.600 y 9.700 millones de euros, cantidades supuestamente
insoportables para la banca. En pocos meses se ha comprobado la falta de
fundamento de estos temores. La banca acaba de reconocer un aumento de sus
ganancias del 28% en los primeros tres meses de 2017.
Junto a las cláusulas suelo han aparecido otras muchas malas
prácticas bancarias, como los gastos de hipoteca cobrados indebidamente a los
consumidores; los intereses moratorios excesivos; los contratos de permuta
financiera o swaps, que han arruinado a muchas empresas; las inversiones
frustradas en casas que no se construyeron; las hipotecas referenciadas con
IRPH; las hipotecas multidivisas; hipotecas tranquilidad; titulizaciones de
hipotecas; Valores Santander; productos estructurados y comisiones abusivas
entre otros. El doctor Carlos Ballugera, registrador de la propiedad, ha
agrupado más de 80 posibles cláusulas abusivas en los contratos bancarios.
Después del libro La gran estafa de las preferentes,
publicado el año pasado, en Alternativas Económicas estamos preparando un nuevo
trabajo sobre el impacto social de las cláusulas suelo y toda esta maraña de
malas prácticas y disposiciones abusivas presentes en los contratos bancarios.
Esta es una gran tarea en la que están muy implicadas las asociaciones de
consumidores y usuarios, las plataformas de afectados y especialmente la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca, (PAH).
Los ciudadanos cuentan con el estimable apoyo de muchos
abogados, periodistas y jueces y, sobre todo, con el soporte del TJUE de
Luxemburgo, que ha dictado más de una decena de sentencias que son esenciales
para la recuperación de los derechos ciudadanos en el campo de la vivienda y el
ahorro. Muchas de estas sentencias ya han provocado reformas de la legislación
española, una de más retrógradas de Europa en materia de derechos de los
consumidores. Pero estas reformas siguen siendo muy insuficientes. La tarea más
urgente ahora es profundizar en el conocimiento de todos estos abusos para
facilitar la tarea a los legisladores. Hay que tener en cuenta que en esta
labor el Gobierno no ha dejado de actuar como gran defensor de la banca, como
demostró el pasado enero con la aprobación de un decreto que supone un nuevo
retraso a la devolución total de lo cobrado indebidamente mediante las
cláusulas suelo por las entidades financieras.
Gracias a lectores como tú esperamos publicar nuestro nuevo
libro en los próximos meses.
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