Por Cristina Fallarás
Contexto.es,|
14/07/2017
El lunes 10 de julio, el bufete Lifeabogados (con sedes en
Madrid y A Coruña) dirigió un escrito a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) donde exponía diversas preguntas sobre la venta del Banco
Popular al Santander por el precio de 1 euro. Ese mismo día, el ministro de
Economía Luis de Guindos afirmaba en Bruselas: “El contribuyente español no
pagará un euro por el Popular”. Más de uno recordó entonces aquel mes de junio
de 2012 en el que el mismo De Guindos aseguró que el rescate a la banca no iba
a costarle un euro a los ciudadanos. Las comparaciones resultan inevitables.
Entonces el ministro de Economía concluyó: "Más transparencia
imposible".
Precisamente la transparencia es la base del requerimiento
que Lifeabogados ha enviado a la CNMV, algo que sería, en su opinión, aplicable
también al Banco de España. Ambos organismos están sometidos a la Ley de
Transparencia, es decir, a acatar el acceso a la información pública y el buen
gobierno.
“La transparencia, el acceso a información pública y las
normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción
política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se someta a
escrutinio o cuando los ciudadanos puedan conocer cómo se toman las decisiones
que les afectan, se refuerza la credibilidad del Estado democrático”, se afirma
en el preámbulo del requerimiento.
Derecho a la
información pública
Desde que el pasado 7 de junio se conoció la noticia de la
venta del Banco Popular al Santander, han circulado diversas informaciones
sobre supuestos informes que estarían en poder de la CNMV. Otros están
elaborados por el Banco Central Europeo. Sin embargo, ninguno de estos
documentos se ha hecho público.
En el artículo 12 de la Ley de Transparencia se dice que
“todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los
términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española,
desarrollados por esta Ley”. Y en el 14 se añade: “Se entiende por información
pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte,
que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de
aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio
de sus funciones”.
En opinión de los demandantes, caben dos posibilidades. Por
una parte, que la CNMV no haya elaborado ningún informe sobre la operación, en cuyo
caso habría “permanecido al margen e impasible ante el hundimiento de un banco
cotizado en bolsa”. Por otra parte, si dichos documentos obran en su poder,
deberían por ley entregarlos a quien se los pida, si no hacerlos públicos.
En el requerimiento que envían a la CNMV se encuentran
algunas preguntas que enuncian numerosas dudas generales. Por ejemplo, si la
entidad adoptó alguna medida para “detener o suspender las operaciones
bursátiles a la vista del evidente y llamativo desplome” de la cotización en
Bolsa de las acciones del Popular. Otra, más que evidente, inquiere sobre si se
ha solicitado del Popular o del Santander “información sobre los términos y
condiciones del acuerdo de cesión gratuita de todos los activos del Banco
Popular”. De hecho, resulta sorprendente que esta última cuestión no tenga aún
respuesta.
Por último, entre las doce cuestiones enviadas, cabe
destacar la última: “solicitamos igualmente se nos informe sobre cualesquiera
comunicaciones, informes, dictámenes, recomendaciones, actas informativas o
cualquier otro documento, suscrito, remitido o intercambiado entre esa Comisión
y el Banco de España y/o el Banco Central Europeo, ya tenga mero carácter de
documentación de trámite o, en su caso, hayan sido elaborados a resultas o como
consecuencia del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) bancaria europea”
“Todo estaba
calculado”
La opacidad y el ánimo de ocultación que rodean toda la
operación de venta del Banco Popular ha puesto en marcha numerosas demandas, ya
que se calcula que alrededor de 350.000 accionistas han perdido todo el capital
invertido. Sin embargo, el requerimiento llevado a cabo por Lifeabogados a la CNMV es especialmente relevante, ya que
pone el dedo en la llaga de la falta de transparencia de dicha institución, así
como del Banco de España, una dejación que, en su opinión, viene siendo
habitual.
“Este es un proceso diseñado al detalle desde la destitución
de Ángel Ron [presidente del Popular hasta febrero de 2017]”, afirma José
Antonio Martín Pallín, consultor del bufete. “Todo esto estaba calculado y el
Santander estaba esperando con la red puesta. Se ha dejado caer
deliberadamente. Lo cierto es que había otras alternativas”.
La posibilidad de que el Banco Popular tuviera alguna
viabilidad más allá de su “venta” se ha afianzado después de que el pasado
jueves 13 de julio el Banco de Santander se ofreciera a devolver la cuantía de
sus pérdidas a los pequeños accionistas. El silencio mantenido por las
instituciones españolas no hace sino alimentar todo tipo de sospechas que para
algunos son evidencias.
“Si se conoce bajo
qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un
proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que
es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”,
afirman los firmantes del requerimiento a la CNMV.
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