Por Marta Garijo
El diario.es,
09/07/2017.
Entre las trampas de las hipotecas firmadas durante la
burbuja inmobiliaria que afloran años después, los gastos hipotecarios toman el
relevo de las grandes batallas de los consumidores. Tan grande que pueden
volver a disparar las quejas a las entidades después de que las aguas de las
cláusulas suelo hayan vuelto a su cauce, según apunta el Banco de España en su
última Memoria de Reclamaciones.
Este año ya se han presentado 8.000 reclamaciones, lo que
según el Banco de España podría llevar a acabar el año sobre las 30.000. La
razón de este cambio de tendencia, –las reclamaciones tuvieron su pico en 2013
con más de 34.000 para caer hasta las 14.500 de 2016– apunta el organismo, se
debe a la "generalización" de las solicitudes para la devolución de
los gastos de formalización de los préstamos hipotecarios tras la sentencia del
Supremo que declaró abusivo que se atribuyeran todos los gastos del préstamo al
consumidor.
Fue a raíz de una
sentencia del Supremo de diciembre de 2015 contra Banco Popular y BBVA,
que anuló algunas cláusulas de hipotecas de los dos bancos por considerarlas
abusivas, la que marcó un punto de inflexión al considerar abusivo que todos
los gastos de la hipoteca recayeran en el cliente. Tras esta, hubo una cascada de sentencias a favor de los
consumidores. Y de hecho, la gran banca
comenzó a cambiar las condiciones de sus hipotecas repartiendo los gastos
aunque dejando los más cuantiosos para que los pague el cliente. Sin embargo,
en muchos casos las entidades todavía se resisten a devolver nada sin acudir a
los tribunales.
"Había comprado la vivienda en una inmobiliaria, que me
gestionó el tema con el banco. Cuando fui a firmar la hipoteca me dijeron firma
aquí, aquí y aquí", cuenta Estefanía al explicar cómo fue la firma de su
préstamo en 2007 y cómo pagó todos los gastos que le decían. "Eso ellos te
iban diciendo cuanto era y te lo quitaban de la cuenta", apunta. Estefanía
recuerda que en el momento del boom no se hablaba ni de claúsulas abusivas, ni
de cláusulas suelo y que no fue hasta hace unos meses cuando supo que podía
reclamar esto.
Estefanía es uno de las ocho millones de clientes, según los
cálculos Asufin (Asociación de Usuarios Financieros), a los que las entidades
se resisten a devolver lo cobrado. "Los bancos responden a las
reclamaciones diciendo que sus cláusulas sí que son transparentes", dice
Patricia Suárez, presidenta de la asociación. En este contexto, un juzgado
mercantil de Madrid ha admitido a trámite dos demandas colectivas presentadas
por la asociación, que espera que se admita una tercera.
La primera demanda va contra Santander, Caixabank, Bankia y
Sabadell, mientras que en esta segunda se encuentran los clientes de Bankinter,
Popular, Pastor y Abanca. La tercera, que todavía no ha sido admitida, incluye
a Kutxabank, Deutsche Bank, ING y Banco de Caja España. Los gastos hipotecarios
que se reclaman son los del notario, los del Registro de la Propiedad, impuesto
de actos jurídicos documentados, verificación de la situación registral,
tasación y gestoría. No solo se refieren a los gastos iniciales de constitución
de la hipoteca, sino también a los de su modificación, subrogación y
cancelación.
Con este movimiento esperan que esté incluida la mayoría de
la banca española para que así se facilite la devolución de estos gastos
hipotecarios. Algo que se están resistiendo a hacer, según apunta Suárez.
Incluso en el caso de BBVA, que está dentro de la sentencia del Supremo, señala
que la entidad se resiste a devolver en algunos casos enviando una carta en la
que señalan que la cláusula no es igual a la que se juzgó.
¿Cuánto se paga de
gastos de formalización?
La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) estima que
el importe medio de los gastos de formalización de hipotecas cobrados de forma
"abusiva" por los bancos se sitúa en los 3.380 euros. Otras fuentes
apuntan que para una hipoteca media, los gastos de gestoría y notaria podrían
ascender a unos 1.500 euros. A esto habría que sumar los impuestos como el de
Actos Jurídicos Documentados (este en el cambio de nuevas condiciones no lo
asumen los bancos) que supone la parte más abultada de la factura al ser de
entre un 0,5% y un 1,5% del valor del piso dependiendo de la comunidad
autónoma.
"Confiabas en el banco y como ellos te decían que
tenías que pagar los gastos no te planteabas más. El banco te proporcionaba al
notario, que te lo leía todo rápido y tú lo firmabas", cuenta Carlos, otro
cliente bancario que ahora se plantea reclamar los gastos que pagó al
formalizar su hipoteca hace 20 años. "Son unos gastos que en aquel momento
no sabías que no lo tenías que pagar y que ahora te das cuenta, como en otras cosas,
que te engañaban", dice.
Una vez admitidas a trámite las demandas colectivas, el
juzgado ha dado un plazo de dos meses para que se puedan sumar otros afectados.
En el caso de la primera demanda el plazo termina el 1 de septiembre y en la
segunda, el 3 de ese mismo mes. Además, el ministerio fiscal se ha personado
también en estas demandas.
En el caso de las cláusulas suelo, el Gobierno creó un
mecanismo extrajudicial con el objetivo de evitar el atasco de los juzgados y
evitar una avalancha de demandas tras la sentencia del Tribunal de Justicia de
la UE. Aunque en este caso, las asociaciones de consumidores también han
detectado irregularidades en las respuestas de los bancos.
Fernando es otro cliente que estuvo hipotecado (ya tiene
cancelado el préstamo) y que explica que está esperando a demandar hasta ver si
ocurre lo mismo que con las cláusulas suelo y se crea un mecanismo oficial de
reclamación. Respecto a la respuesta que
les está dando el banco dice que de quitan esperanzas de conseguir algo",
concluye.
¿Por qué una demanda colectiva? Después de que el Tribunal
Supremo respaldara la posibilidad de interponer demandas colectivas en caso de
abusos sufridos por la comercialización de productos bancarios, las
asociaciones de consumidores han interpuesto varias relativas a este tema. Por
ejemplo, Adicae lo hizo con una macrodemanda sobre cláusulas suelos en las que
se incluía a prácticamente la totalidad de la banca.
Esta es una forma para agrupar casos similares, por lo que
se evita colapsar juzgados o ralentizar el procedimiento judicial, según apunta
el letrado Agenor Gómez que trabaja con Asufin."El fundamento de la
declaración de nulidad no es tanto la falta de transparencia como el
desequilibrio impuesto por los bancos a su favor", señala el letrado. Este
desequilibro es el que hace que recaigan sobre los consumidores la totalidad o
mayor parte de los gastos.
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