Por José Luis Marín
Contexto.es,
19/07/2017.
“Una cosa es la ilegalidad, que se tendría que probar en un
tribunal, pero que haya un conflicto de interés… Eso no requiere un doctorado.
El mismo tipo que fue presidente de un banco, el Santander, que creció durante
cierta época, luego es el presidente del Banco Nacional de Puerto Rico en el
momento en el que se aplican las medidas de austeridad más ridículas”.
Estas frases son de Xiomara Caro, abogada y directora de
nuevos proyectos en Center For Popular Democracy, una ONG estadounidense para
la transformación política y la construcción de poder popular. Caro habla sobre
la salvaje crisis que lleva asolando el país caribeño varios años en una
pequeña plaza de Madrid. Su relato es pausado, distendido. La deuda que acabó
llevando a la ruina a Puerto Rico, ‘Estado libre asociado’ de EE.UU, es una
crisis interpuesta, asegura, “ficticia y para beneficio de unos pocos”.
Su narración toma fuerza cuando proyecta la actividad del
banco español al marco de la historia colonial de este país del tamaño de
Cantabria y población un poco mayor que la de Madrid capital, 3,4 millones de
habitantes: “Esto no es una crisis, es una colonia. Tú no tienes control sobre
tu economía, el imperio jala, cambia las cosas, y tú tienes un boquete bien
grande. Localmente, desde nuestro gobierno, se pintó como una crisis, se dijo
que había que recortar servicios públicos, pero…”.
El motivo de la visita de la abogada a Madrid a mediados de
junio era denunciar las prácticas del banco liderado por Ana Patricia Botín en
el archipiélago caribeño. Varias organizaciones internacionales de Estados
Unidos, Puerto Rico, Brasil y España presentaron en el Congreso de los Diputados
el ‘Día internacional de denuncia de las prácticas del Santander’, una suerte
de llamamiento y denuncia colectiva contra las actividades del banco en
distintas partes del mundo.
–– ¿Cuál es el
beneficio que ha obtenido el Santander de la emisión de bonos para deuda en
Puerto Rico?
––En números generales, la deuda oficial de Puerto Rico es
de 71.000 millones de dólares. Pero hay otras partes de la deuda que no se está
contando ahí –unos 60.000 millones adicionales–. En cualquier caso, del informe
de los compañeros del Centro de Comunicación Estudiantil de la Universidad de
Puerto Rico se puede deducir que 61.000 de los 71.000 millones fueron emitidos
por el Santander. Eso significa enormes comisiones y ganancias en el momento de
hacer la transacción.
Según el estudio de los universitarios puertorriqueños, la
participación del Santander en emisión de deuda y posterior quiebra de Puerto
Rico tiene nombre y apellidos: Carlos García –al que Xiomara Caro se refiere
como el ‘Rodrigo Rato de Puerto Rico’–. Este banquero pasó de ser director del
Banco Santander a dirigir el Banco Gubernamental de Fomento (el banco central
del país) en el momento en el que se formalizaba el plan de reestructuración de
deuda. No se trató de un proceso gradual y sibilino: los traspasos de poder y
las decisiones sustanciales se tomaron en unos pocos días, tras el acceso del
conservador Luis Fortuño al Gobierno (2009-2012).
García también se ha movido durante años, con un alto grado
de responsabilidad, por muchas de las estructuras y comités públicos e
institucionales –troika incluida– del país, artífices de las durísimas medidas
de austeridad que han asolado Puerto Rico en los últimos años. En 2015, el 46%
de las personas y el 43% de las familias se encontraban bajo el nivel de la
pobreza, según el Instituto de Estadística del país.
Carlos García, graduado por la Universidad de Pensilvania a
principios de los años 90, comenzó su carrera profesional en el Credit Suisse
de Boston como analista financiero. Tras la absorción de la firma de inversión
por el Banco Popular de Puerto Rico, García ocupó desde 1995 el cargo de
Vicepresidente de Banca de Inversión de la entidad. Dos años después accede a
la rama financiera del Santander –Santander Securities–, en la que ocupará
distintos puestos de importancia hasta 2005. Entre 2004 y 2008 actúa como
vicepresidente ejecutivo de Santander Bancorp, pasando durante un corto periodo
de tiempo por la presidencia del banco antes de su acceso al cargo público
puertorriqueño en 2009. En 2013 regresa al grupo Banco Santander.
Siendo los principales actores del drama, el Santander y su
personalización en la figura de Carlos García no son los únicos protagonistas:
tienen importancia otros bancos compradores de deuda, como el Popular de Puerto
Rico (nada que ver con el homónimo español) o el conglomerado suizo UBS;
también José Ramón González, banquero y mentor de García; así como distintos
gobernantes y personalidades adscritas a las idas y venidas entre instituciones
públicas y bancarias.
“Ahora mismo, estamos estudiando y dando a conocer el rol
del Santander porque es el banco que está detrás de Junta de Control Fiscal –la
troika puertorriqueña–, al tener a Carlos García y a su mentor José Ramón
González decidiendo qué se va a hacer en el país. Por no hablar de toda la
gente del Santander que empezó a trabajar en el Banco Gubernamental de
Fomento”, explica Caro.
Tras terminar sus estudios en Yale y Harvard, José Ramón González
comenzó a ejercer como abogado a principios de los años 80. En poco tiempo,
accede a la vicepresidencia de Banca de inversión en Credit Suisse First
Boston, puesto que abandona en 1986 para presidir el Banco Gubernamental de
Fomento (BGF) de Puerto Rico. Acabado su mandato, vuelve a la entidad
financiera de Boston, desde donde ficha a Carlos García en 1993. Tras un breve
periodo como Vicepresidente de la MOVA Pharmaceuticals, en 1996 se convierte en
presidente de Santander Securities, para el que vuelve a reclutar a Carlos
García. Hasta 2008, González ocupó los puestos más importantes en la filial del
primer banco español.
***
Xiomara Caro ha pasado muchos años del lado del activismo:
movimientos estudiantiles, organizaciones de base… Quizá por eso su relato es
sistémico, estructural, histórico. Insiste en que lo del Santander es solo una
piedra más –grande: el banco se ha hecho con el 89% de los bonos de deuda que
Puerto Rico emitió desde 2009– en la larguísima crónica colonial de más de 500
años: “Es la cosa más obvia, y la más complicada. Carajo, no tenemos soberanía,
cómo vamos a tomar decisiones económicas, cómo vamos a salir de la crisis si no
tenemos derecho a decidir…”, exclama.
Según esta abogada de 33 años, la bancarrota de Puerto Rico
solo tiene explicación si se observa con perspectiva la ausencia de soberanía y
la dominación, presentes en el país a lo largo del tiempo con distintas formas
y colores. “Aquí el colonialismo es igual a paraíso fiscal. Cómo se ve, ese
paraíso va variando en función de cómo se reorganiza el capital”.
Tras la caída de las colonias españolas en 1898, el
gobernador del archipiélago fue elegido durante 50 años por designio directo
del presidente de Estados Unidos. Fue un tiempo, recuerda Xiomara Caro, de
persecución política de la izquierda y tortura a líderes nacionalistas: “Había
un departamento completo de la CIA que tenía carpetas sobre los progresistas
del país. Esto es importante para entender cómo se ha dado la lucha en Puerto
Rico”. En 1952, y tras un proceso constituyente, Puerto Rico se convirtió en
Estado Libre Asociado: “Así de irónico, porque no es Estado, ni es libre, pero
es asociado… Incluso la Constitución fue enmendada en el Congreso de EE.UU”.
En ese momento, continúa Caro, las bases del expolio
quedaron asentadas: “El Congreso estadounidense legisla la política económica
de Puerto Rico, generalmente influenciado por un sector empresarial que está
haciendo lobby. Este sector, controlado por capital norteamericano, busca
lugares donde obtener beneficios y exenciones. Y Puerto Rico es un lugar
perfecto para crear estas situaciones fiscales sin ningún tipo de
responsabilidad, ya que los puertorriqueños no pueden votar al presidente
estadounidense ni tienen representación en el Congreso”.
Los privilegios se renuevan de forma cíclica,
independientemente de los protagonistas: “Ha habido exenciones fiscales de
muchos tipos en distintos momentos. La última época de oro fue la de la
industria farmacéutica. A ese tipo de empresas se les daban varios tipos de
exenciones, y ni siquiera tenían que pagar impuestos. Su única obligación era
que el dinero debía permanecer dos años en la banca local”. Esto, asegura la
abogada, generó un sector de banca comercial enorme, con cerca de 25 bancos que
no existían antes. Y con ellos, una apariencia de bienestar: “Para esas
compañías que venían a instalarse necesitas infraestructuras –aguas,
carreteras, luz–. Pero como eres tú el que paga las infraestructuras de un sector
económico que no paga impuestos, pues el país se endeuda… Lo endeudan”.
En 1996, sin embargo, se anunció el fin de esta situación
‘excepcional’ en Puerto Rico. El anuncio, pese a todo, fue prudente: aún
restaban 10 años para que terminara esa política económica. Según Caro, el fin
de esta era no responde a un ajuste democrático o una mejora sustancial en
términos de justicia social, sino a las dinámicas globalizadoras: la industria
farmacéutica ya no necesitaba estar en Puerto Rico, al que aportaba un capital
“cíclico y temporero”, porque se podía ir a otro lugar aún más beneficioso.
Conocida por el número 9:36 –la sección del código de rentas
internas que permitía a las compañías asentarse en Puerto Rico–, la época de
las farmacéuticas acaba en los albores de las crisis financiera mundial. Por
esas fechas, en 2006, el país ya tiene problemas para conseguir préstamos con
los que pagar una deuda que siempre fue alta. El déficit, según Caro, fluctuó
constantemente con los intereses del gobierno de turno, los lobbies y otros
sectores, beneficiarios de una legislación muy laxa en materia contributiva. Es
precisamente este aspecto, la impagable deuda que arrastra el país, la que
protagoniza los acontecimientos a partir de 2008.
***
Saqib Bhatti es el director del ReFund America Project
–plataforma con sede en Chicago que estudia el impacto de la crisis financiera
en la población– y miembro del Instituto Roosevelt. También acudió a Madrid en
junio para participar en las jornadas sobre el Santander. Bhatti acompaña a
Xiomara Caro en la conversación con CTXT y refuerza la idea de la abogada sobre
el papel decisivo del banco español en la impagable deuda de Puerto Rico, sobre
su gestión y aprovechamiento.
En 2008, recuerda, la deuda per cápita del país caribeño era
tres veces mayor que la del siguiente estado norteamericano más entrampado,
Connecticut. El poder financiero no podía dejar escapar la oportunidad: “Cuando
llega el crash económico, los bancos básicamente se aprovechan y toman ventaja
de esta situación. En el caso de Puerto Rico, el objetivo es hacerse con más y
más deuda y conseguir lograr beneficio. Pero sabían que era insostenible.
Sabían que el país no podía pagar esa cantidad”.
En principio, se suponía que la emisión de nuevos bonos
–algunos refinanciados hasta a 30 años– estaría destinada a proyectos
materiales: carreteras, escuelas… “Se usa la deuda a largo plazo para hacer
proyectos a largo plazo”, apunta Bhatti. “El problema es que, como en Puerto
Rico ya no entraba dinero, los gobernantes comienzan a usar esa deuda para
tapar brechas en el corto plazo, y continúan trasladando los pagos al futuro”.
Ante la falta de liquidez, este proceso se repite de forma
cíclica año tras año, manteniendo los pagos para el futuro con intereses
crecientes. Según el investigador, han llegado a encontrar bonos emitidos en
los años 80, refinanciados una y otra vez.
El 4 de noviembre de 2008, el republicano y neoliberal –así
lo define Xiomara Caro– Luis Fortuño gana las elecciones a gobernador de Puerto
Rico. Solo unos días después hace pública su intención de nombrar a Carlos
García –que en ese momento lidera la filial del Santander– director del BGF, y
constituye un Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal –el CAREF–,
que a finales de año emite un informe con recomendaciones sobre la situación
del país: “Básicamente, aconseja tomar más dinero prestado para pagar la deuda
vieja, el despido de funcionarios y el cierre de industrias”, dice Xiomara
Caro.
El documento permanece secreto mientras concluye el periodo
de transición gubernamental y se nombran los puestos clave. Según la
investigación de los estudiantes puertorriqueños, el 23 de diciembre de 2008 se
cierra una negociación en el BGF para emitir cerca de 1.200 millones de dólares
de deuda nueva. En ella participan las élites del país, independientemente de
su situación y del posible conflicto de interés: “Ahí están el gobernador
entrante –Fortuño– y el gobernador saliente; el presidente del Banco Nacional
entrante, Carlos García –que todavía no está sentando como cargo público, sino
como presidente del Santander–, y Banco Popular y UBS. Las tres entidades terminan
firmando”, señala Xiomara.
A partir de 2009, ya con Carlos García como presidente del
BGF, el Santander, la UBS y el Popular participarán en seis emisiones de bonos
consecutivas: “Nosotros nos preguntamos: ¿Para qué el dinero? Si tomas 1.200
millones de dólares en tiempos de crisis, ¿no será para mantener los servicios
sociales? No, es para pagar deuda vieja con préstamos que empiezan a llegar con
intereses. Algunos de ellos acumulan, hoy en día, un 800% de interés”, asegura
Caro.
Toda esta emisión de deuda y la posterior se trazó a través
de una estructura pública conocida como COFINA. Creada en 2006 –justo al final
de la era de las farmacéuticas–, esta corporación adscrita al Banco
Gubernamental de Fomento de Puerto Rico tenía como principal función la emisión
de bonos para refinanciar el déficit. Será, en resumen, el mecanismo
facilitador para el gigantesco endeudamiento del país: en 2009, y con todos los
actores ya en juego, COFINA llevará a cabo la emisión de bonos más grande de la
historia de Puerto Rico –más de 5.500 millones de dólares, según la
investigación de los estudiantes–.
Techo de deuda
Antes del surgimiento de COFINA, apunta Bhatti, existía una
norma constitucional que establecía un techo de deuda. Con ese límite, no había
posibilidad de gastar todo el dinero en refinanciación del déficit. Esto
permitía, por ejemplo, mantener los servicios públicos. “Cuando decimos que la
estructura COFINA es inconstitucional, es porque viola el límite de deuda.
Ellos [el gobierno] crearon una estructura para quebrantar la ley, ignorando la
Constitución”.
Según Xiomara Caro, COFINA –“una especie de cuenta ficticia,
que tiene buen crédito porque no existe”– pretendía ser consolidada a través de
un impuesto de venta del 12,7%: “A esta estructura se le dan préstamos con
intereses muy altos, y la promesa de repago es el impuesto que yo voy a pagar
sobre el café a 40 años”.
––¿Y qué ocurrió con
eso? ¿No hubo investigación, nadie lo denunció, la oposición…?
––Lo cierto es que, de momento, nadie ha logrado un caso
exitoso sobre el tema COFINA. En Puerto Rico hay un sistema bipartidista
--responde Caro. Unos son capaces de poner a Carlos García a dirigir el Banco
Gubernamental de Fomento. Los otros defienden el statu quo. La realidad es que
los movimientos de oposición son en su gran mayoría asociaciones sociales, el
estudiantado. Pero la vía hasta ahora no ha sido la legal. Entre los abogados
dudamos de que realmente tengamos un caso… En Puerto Rico no existe un
mecanismo por el que el contribuyente tiene derecho a reclamar ante los
tribunales. Realmente, la única vía sería que el gobierno se demande a sí mismo…”.
Según la letrada, el Gobierno no estaba capacitado para
resolver el problema: “A los pocos días de que Fortuño asumiese el cargo de
gobernador, éste anunció su sorpresa ante la falta de liquidez y la necesidad
de hacer ajustes. ¡Todo eso lo dice cuando acababa de pedir un préstamo!”. La
restructuración y los recortes llegaron a través de la Ley 7 de 2010, que
facilitaba “el despido de 30.000 empleados públicos, el cierre de agencias, el
recorte de presupuestos…” y que
provocará masivas protestas estudiantiles.
La Ley 7 creó también una Junta de Reconstrucción y
Estabilización Fiscal –una suerte de escalación del anterior consejo, el CAREF–
que estará presidida por, ni más ni menos, Carlos García. Esta junta tendrá la
responsabilidad de aplicar las medidas de austeridad y manejar el déficit del
país.
Cuando García abandona en 2011 sus distintos cargos
públicos, regresa al Banco Santander, llenando de sentido la expresión ‘puerta
giratoria’. Según el informe de los estudiantes, durante sus 29 meses como
banquero gubernamental, García autorizó la emisión de deuda por valor de cerca
de 20.000 millones de dólares, todos suscritos por el trío Santander, UBS y
Banco Popular. La emisión generó 230 millones en ganancias limpias a esas
entidades.
––¿Y qué actitud tomó
Estados Unidos ante esta situación ¿La legitimó, tenía peso en las decisiones,
se mostró distante…?
––Depende de a lo que te refieras cuando dices Estados
Unidos. El Gobierno de Puerto Rico tuvo distintos grupos de asesoramiento
político durante ese periodo. Existe un documento, el Krueger Report [Caro se
refiere al documento de 2015 Puerto Rico – A Way Forward], que recomendaba
bajar el salario mínimo por debajo del de EE.UU. Ese documento acabó incluido
en la Ley Federal [Ley 7]… Cuando miras quién era la autora, Anne Krueger,
resulta que era economista del FMI... El Gobierno de Estados Unidos discute a
Puerto Rico cuando le conviene económicamente o cuando no tiene otra opción,
pero es un tema del que no se habla en el Congreso”.
El relato del
hundimiento va acercándose al presente
La crisis y la acumulación impagable de deuda llevan a que,
en 2014, se apruebe en el archipiélago la Ley 71 de quiebra criolla. Pero la
norma, que permitía declarar la bancarrota de Puerto Rico, es anulada primero
el Tribunal Federal y después por el Tribunal Supremo de Estados Unidos:
“Puerto Rico no puede ir a la quiebra porque no es un Estado y tampoco es un
país. De esa forma, se cuenta que no hay otra vía que la intervención federal”,
explica Caro. “Por eso sabemos bien que la forma de trabajar este tema es
hablar de colonización y de soberanía”.
Comienza entonces, según Xiomara, un proceso de negociación,
pero también de cabildeo y presión, en el Congreso de Estados Unidos. “¿Y quién
va a decir, poco tiempo después, que tiene una propuesta?”, se pregunta la
abogada. “¡Carlos García!”, responde. En febrero de 2016, dice en el Comité de
Recursos Naturales del Congreso: ‘Ustedes deben crear una Junta de Control
Fiscal que tenga más poderes de los que yo tuve cuando presidía la Junta de
Reestructuración Fiscal bajo La ley 7’. Entre líneas, García insinúa que hay
que superar los problemas que tuvo cuando le tocó bregar con la democracia”.
Se aprueba entonces en el Congreso de Estados Unidos, a
mediados de 2016, una ley Federal llamada PROMESA, cuyo objetivo es la
reestructuración de la deuda y que Puerto Rico pueda volver a los mercados. Con
ella se crea también la Junta de Control Fiscal recomendada por García. “Seis
de los siete primeros miembros de la Junta son hombres, blancos, y abogados de
la banca. Dos de ellos son, ni más ni menos, José Ramón González y Carlos
García. Es decir, el mentor y el mentín”, apunta Xiomara.
“Ahora volvemos a tener a Carlos García, que en cualquier
otro país ya estaría investigado civilmente por fraude y conflicto de
intereses, en la Junta –la troika– que viene a pagar la deuda, sin auditoría,
sin investigación…. Nosotros decimos que es la deuda es ilegítima –e ilegal, en
muchos casos– y que tendría que investigarse y auditarse”.
En abril de 2016, el demócrata Ricardo Roselló, que ganará
las elecciones unos meses después y será nuevo gobernador de Puerto Rico a
finales de año, propone eliminar el BGF y sustituirlo por una autoridad que
gestione la deuda. Una propuesta similar a la que había lanzado Carlos García,
el cual, según la investigación de los estudiantes, había aportado donaciones a
la campaña del político en marzo de ese año.
Así llegamos a 2017. A principios del pasado mes de mayo,
Puerto Rico solicitó acogerse a la quiebra a través del capítulo III de la Ley
PROMESA. El mecanismo, trazado a través de la Junta de Control Fiscal, es un
híbrido de la Ley de Quiebra de EE.UU, y permite medidas discrecionales como la
congelación de las demandas de los acreedores.
Mantiene, sin embargo, la falta de competencia del archipiélago en esta
materia –todavía sin capacidad para declararse en bancarrota– y perpetúa la
falta de soberanía.
––¿Y cuál ha sido el
impacto de todos estos años de crisis sobre la población puertorriqueña?
––Cerca del 10% de la población se ha ido en los últimos 10
años. El año pasado, más de 5.000 propiedades fueron reposeídas –desahuciadas–.
En 2008 eran más o menos 2.500, por lo que la cifra se ha duplicado.
Los servicios sociales, apunta Xiomara Caro, también han
sufrido las consecuencias del programa austeridad + deuda: cierre de escuelas
en los últimos años, agencias gubernamentales a las que se redujo el presupuesto...
La troika que lidera el país –bajo la fórmula de Junta de Control– ha creado,
entre tanto, un plan que incluye una serie de nuevos recortes e impuestos. De
esas medidas, una de las más importantes ha sido poner en marcha un tijeretazo
a la universidad de Puerto Rico de más de 400 millones de dólares –el
equivalente al 52% de su fondo general–. “Más que un ataque presupuestario, es
un ataque ideológico”, asegura la activista.
***
El discurso dominante, comenta Caro, era que la Junta
llegaba, ni más ni menos, para enjuiciar a los políticos: “¿De qué están
hablando? Esta gente son los políticos. Estos tipos fueron gobernantes y
asesores y no tiene ningún tipo de interés por ti, y tampoco por que Puerto
Rico sea un país”.
Para la abogada es fundamental que los movimientos sociales
ayudan a transformar estas narrativas: “Hay una concepción de que Puerto Rico
es un país con pocos recursos, donde la gente está acostumbrada a ser
perseguida por los bancos. Por lo general, la gente piensa: ‘¿Deuda?; se paga.
Van a venir a tu casa, no hay forma de evitarla’. Por eso es importante
insistir en la idea de que yo no tengo que pagar ninguna deuda que no es mía”.
Caro señala las dificultades que sufre un país tan pequeño a
la hora de luchar contra los poderes transnacionales: “Cuando uno empieza a
mirar la puerta giratoria que hay entre la banca, los políticos, el control
sobre los partidos, los intereses… en un país que tiene 500 años de historia de
colonialismo… En Puerto Rico no hay 40 think tanks. Hay solo uno, económico. Y
solo hay un centro de periodismo de investigación, que ha empezado a exigir
transparencia y a demandar documentos públicos para analizar las distintas
emisiones de bonos”.
Quizá por ello, insiste, una vez más, a la hora de enmarcar
el problema en un contexto más amplio que supere las barreras de su país: “Para
mí, todo esto al final es una agenda de gentrificación y un avance del próximo
capítulo económico. ¿Se acabaron las farmacéuticas? Pues vamos a ver cuál es el
próximo modelo económico colonial que se puede poner en marcha. Ahora una de
las partes dominantes de Wall Street son los fondos buitre; necesitan un lugar
donde vivir sin pagar contribuciones”.
La resistencia, asegura Caro, debe organizarse de la misma
forma: “En el momento en el que empezamos a conectar con otros lugares nos
damos cuenta de que Santander tiene, por ejemplo, prácticas discriminatorias en
Estados Unidos, como darle préstamos a gente negra con intereses más altos”.
“Cuanto más investigamos y conocemos, más nos damos cuenta de que esta lucha es
internacional, no es de un país. Hay entidades responsables de las crisis”.
***
En 2012, y paralelamente a la restructuración de la deuda y
las medidas de austeridad, la aprobación de dos decretos –ley 20 y 22– abrió un nuevo episodio en las laxas
exigencias tributarias del país. Las nuevas normas, orientadas a los incentivos
y las exenciones contributivas, permiten, según Xiomara, que “los millonarios
se muden al país con unos requisitos ridículamente bajos en términos de
desarrollo económico, y sin pagar impuestos”. De hecho, la propia web del banco
Popular de Puerto Rico dedica un espacio especial a esta legislación para
explicar por qué el país es el “lugar ideal para hacer negocios”.
Estos beneficios impositivos, sin embargo, no tocan a todos:
“Esto también es algo de clase. O es Puerto Rico para nosotros o es Puerto Rico
para los turistas de lujo. Es parte de nuestro trabajo decirle a la gente que
si no nos organizamos y detenemos esto, van a reestructurar y poner la fichas
para el próximo capítulo en una agenda que ya tienen cuadrada y que no nos
incluye a nosotros”.
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