Por Eduardo Garzón
La Marea,
15/09/2017.
El Banco de España ha publicado esta semana su informe anual
en el que estima el coste de las ayudas públicas a la banca. Este documento,
con datos correspondientes al 31 de diciembre de 2016, eleva las ayudas en
forma de capital otorgadas por el FROB (organismo del Estado) a 54.353 millones
de euros, de los cuales solo se han recuperado 3.873 millones, lo que supone el
7,1%. Para que nos hagamos una idea de esta cantidad, desde 2010 hasta 2015 se
han recortado 78.000 millones de euros en educación, sanidad, vivienda,
desempleo, cultura e investigación.
La institución estima que se espera recuperar un total de
14.275 millones de euros. Sin embargo, hace apenas un año, el FROB fijaba esta
cifra en 16.000 millones, lo que demuestra que las expectativas son aún peores,
y no sabemos cuánto más pueden empeorar. Tampoco debemos olvidar que las ayudas
a la banca no solo han tenido la forma de capital, por lo que el dinero público
comprometido ha sido muy superior al de las cantidades citadas.
De hecho, recientemente el Tribunal de Cuentas cuantificó el
volumen total de dinero público que hemos comprometido todos los ciudadanos:
251.563 millones de euros, una cantidad astronómica equivalente a la cuarta
parte de lo que genera la economía española en un año. Esta cantidad incluye no
solo las aportaciones de capital (dinero entregado a la banca con la intención
de que sea permanente), sino también los avales (respaldo de lo público en caso
de que las cosas se le pongan feas a la banca), garantías por la compra de
entidades y determinados créditos extraordinarios en algunos procesos de
reestructuración. Si bien parte de ese dinero ha sido devuelto y no supondrá
pérdidas, llama la atención que ninguna otra empresa privada haya recibido un
trato similar.
A todo ello, además, habría que sumarle dos tipos de ayuda
pública que oficialmente no son consideradas tales: protección de todos los
depósitos bancarios hasta el valor de 100.000 euros y las inyecciones de
liquidez, tanto estatales como europeas. Ambos mecanismos son claras ayudas
públicas, porque si el Estado no se comprometiera a respaldar con dinero
público los depósitos bancarios, la gente temería por sus ahorros y las
entidades bancarias habrían sufrido ya hace tiempo importantes retiradas de
dinero. Lo mismo ocurre con las inyecciones públicas de liquidez: si no fuese
por ese fácil y recurrente acceso a la liquidez otorgada por organismos
públicos, todas las entidades habrían tenido que echar el cierre. La
cuantificación de todas estas ayudas supera con creces el billón y medio de
euros.
Según datos de Eurostat, en 2015 España era el tercer Estado
de toda la Unión Europea con más volumen de garantías en vigor, concedidas al
sector financiero como porcentaje sobre el PIB (12,45%), solo superada por
Irlanda y Grecia (13,3% y 24,3%, respectivamente). Y según un informe del Banco
Central Europeo con datos disponibles hasta 2015, solo cinco países de la
Eurozona registraban hasta entonces un coste superior al del rescate bancario
español: Irlanda (26,7% del PIB), Grecia (12,7%), Eslovenia (10,9%), Chipre
(10,6%) y Portugal (6,8%) frente al 4,9% de España. Tenemos el dudoso honor de
haber experimentado el rescate bancario más costoso de las mayores economías de
la zona euro.
Pero es que, además, no es correcto ni riguroso utilizar
expresiones como “rescate a la banca”. No se ha rescatado a toda la banca, ni
mucho menos. Se ha rescatado solo a sus propietarios, que no es lo mismo.
Porque 1 de cada 3 trabajadores de las entidades bancarias han sido despedidos
desde 2008 (77.253 empleados de rango medio y bajo); ellos formaban parte de la
banca y no han recibido ningún tipo de ayuda pública. Tampoco las ayudas han
beneficiado por igual a todos los componentes del sector financiero: el año
pasado, 133 banqueros españoles cobraron más de un millón de euros cada uno de
ellos. Curiosa forma de premiar a aquellos que han provocado agujeros de
capital en sus negocios y que han tenido que ser rescatados.
Y basta ya de culpar únicamente a las cajas de ahorro o
pensar que son las únicas que han recibido ayudas. El agujero del sector
bancario se debe a una masiva concentración del negocio en la construcción y en
la promoción inmobiliaria a partir de un elevadísimo endeudamiento proveniente
de bancos extranjeros. La burbuja inmobiliaria explotó para todo el mundo, no
solo para las cajas. En términos generales, las cajas no estaban en peor
situación que los bancos, pero el Gobierno decidió liquidar las primeras y
entregárselas mayoritariamente a los segundos, para lo cual utilizó ayudas
públicas de todo tipo. Fue una decisión política, no técnica. Estas ayudas
acabaron en el seno de los bancos, ergo los bancos fueron ayudados.
Si a mí me dan una ayuda de 1.000 euros pero luego mi
monedero acaba en las manos de otra persona, ¿quién se beneficia realmente de
la ayuda? Además, ¿qué es eso de decir que las cajas de ahorros eran una forma
de banca pública? Desde 1988 las cajas se rigieron por el ordenamiento jurídico
privado, de forma que su gestión no se diferenció mucho de la de los bancos.
Suponían una fórmula jurídica muy particular pero estaban mucho más lejos de
ser banca pública que banca privada.
Un rescate justo y mucho más eficaz y eficiente tendría que
haber comenzado por hacer pagar los platos rotos a los verdaderos responsables
(los propietarios, accionistas, gerentes y acreedores) que son los que de
verdad se beneficiaron cuando las cosas iban bien; y solo si no hubiese sido
suficiente para evitar el colapso del sistema bancario, el Estado tendría que
haber hecho irrupción con sus ayudas, pero luego haber aprovechado para regular
y controlar las entidades ayudadas y asegurar así que su actividad redundase en
beneficio de la mayoría social y no solo de unos pocos como ocurre actualmente.
Porque ojo con pensar que recuperar el dinero utilizado es
una buena noticia. La mayor parte del dinero recuperado lo ha sido por vender
partes de entidades nacionalizadas, lo que quiere decir que el Estado compró
algo en ruinas, dedicó mucho tiempo, esfuerzos y recursos en levantarlo de
nuevo, y luego se deshizo de él. Es decir, que se ha utilizado dinero público
para sanear unos balances deteriorados y ahora que está todo limpito se vende
de nuevo al mejor postor, en vez de utilizarlo en beneficio público. Se han
socializado las pérdidas y privatizado las ganancias. Como siempre.
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