Por Óscar Giménez
Bolsamania.
06/09/2017.
Los bancos cada vez tienen menos personal. Pero no menos
clientes. De hecho, cada vez tienen más dinero que gestionar. La digitalización
contribuye al aumento de la capacidad del sector financiero para administrar
más recursos frente a la tendencia de disminución de su plantilla. Aunque no es
suficiente. Y la derivada es una importante presencia de horas extraordinarias.
La mayoría, sin remunerar.
En los últimos meses, el sector financiero ha prolongado la
destrucción de empleos de forma paralela al crecimiento del pasivo. Esto
contribuye a que se prolongue una práctica arraigada durante la crisis en la
banca. Durante el primer trimestre se realizaron 253.100 horas extraordinarias
por semana en las firmas financieras, a lo que hay que sumar otras 211.200
horas por semana entre abril y junio, según las estadísticas de la Encuesta de
Población Activa (EPA).
Sin embargo, de todas estas horas, únicamente el 7,1% se
pagaron. Es decir, apenas 458.000 horas de las 6,4 millones que se acumulan en
el primer semestre, y que equivalen a más de dos horas al mes de media por cada
uno de los 400.000 asalariados de la industria financiera. El resto, es un
trabajo del empleado que no se remunera y que no tributa a Hacienda. Acorde a
estos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2008 y la
primera mitad de 2017 el volumen de horas extraordinarias trabajadas asciende a
139 millones, de las que se han pagado sólo el 11%. Quedan, por lo tanto, 123
millones de horas trabajadas ‘gratis’.
Las horas extra han disminuido en términos absolutos con los
despidos, aunque se mantienen en niveles superiores a 0,5 horas extras sin
remunerar por asalariado cada semana, o más de dos al mes. Según cálculos de
UGT que datan de 2014, se realizan en total cerca de 24 millones de horas no
retribuidas al año equivalentes a 14.000 nuevos puestos de trabajo.
“Nos hemos movilizado infinidad de veces frente a las
entidades y frente a la patronal, incluso hemos tenido una mesa de negociación
abierta con la Asociación Española de Banca (AEB) y con la Confederación
Española de Cajas de Ahorro (CECA) para intentar resolverlo en el ámbito del
convenio colectivo”, recuerda una fuente sindical. “Nuestra actual línea de
actuación está dirigida a que se produzca un cambio en el seno del Estatuto de
los Trabajadores”, añade esta misma fuente.
En concreto, los líderes sindicales del sector financiero
apuntan al artículo 35 del Estatuto del Trabajador, que regula las horas
extraordinarias como aquellas “que se realicen sobre la duración máxima de la
jornada ordinaria de trabajo”. Aunque el artículo contempla que deben
remunerarse con un salario que nunca será inferior al ordinario, los sindicatos
buscan que se modifique su redacción para blindar el pago de este trabajo
extra.
No obstante, los sindicatos reconocen que aún están
articulando cuál va a ser la estrategia para ello, después de que el Tribunal
Supremo estimara un recurso de Bankia contra la sentencia de la Audiencia
Nacional de tener que establecer un sistema de registro de la jornada diaria
efectiva, eximiendo finalmente a las empresas de esta obligación.
MÁS RECURSOS DE
CLIENTES
La banca ha hecho un esfuerzo por aumentar su eficiencia
durante la crisis, aunque sin renunciar a las quejas por los tipos bajos que,
según cálculos del Banco Central Europeo (BCE), han reducido sus ingresos entre
2008 y 2016 en más de 11.000 millones de euros sólo en España. Es lo que le han
pedido desde el propio organismo que preside Mario Draghi y desde otras
autoridades españolas y europeas: reducir costes ante la caída de la
rentabilidad de su negocio tradicional.
Y, asimismo, es lo que han hecho los ejecutivos de la banca
tras una amplia oleada de fusiones. Los bancos han metido la tijera durante la
crisis, con una tendencia que aún no ha expirado y que amenaza con recrudecerse
con la integración de Banco Popular en el Santander, que los ejecutivos de la
entidad presidida por Ana Botín planean llevar a cabo durante el próximo año y
medio.
Los bancos han destruido más de 84.000 empleos en la crisis,
de forma paralela al cierre de 17.714 oficinas en los últimos nueve años. Un
38% menos hasta dejar el número de sucursales en 27.404, mientras que el
adelgazamiento de las plantillas ha sido del 30% hasta los 194.293 empleados al
cierre del pasado año, según los últimos datos disponibles en el Banco de España.
Si se suman el resto de empresas del sector, como aseguradoras, gestoras,
brókeres y otras firmas de servicios financieros, el número de asalariados en
el sector promedió en el segundo trimestre una cifra de 403.700 empleados, un
15% menos que hace una década. Es, además, la única actividad que destruye
empleo en 2017.
Esto no quiere decir que se haya reducido la carga de
trabajo. Aunque la digitalización merma la actividad cara a cara con el cliente
en las oficinas tradicionales, la ecuación es la siguiente: la reducción de
infraestructuras -plantilla y sucursales- ha venido acompañada de un
crecimiento reciente de los recursos gestionados de los clientes. Tanto en
balance -cuentas corrientes, de ahorro o depósitos-, con un crecimiento del 7%
entre el segundo trimestre de 2016 y el segundo trimestre de 2017 en la banca
cotizada, como fuera de balance -fondos de inversión, planes de pensiones,
carteras gestionadas, seguros y otros productos-, donde el incremento es del
10% interanual.
“Las plantillas se ajustan cada vez más, lo que a su vez
provoca que aumente la carga de trabajo”, denuncian fuentes sindicales
consultadas por ‘Bolsamanía’. “En el horario de atención al público no es
posible realizar algunas tareas, que se desarrollan a puerta cerrada, a lo que
hay que añadir la necesidad de permanente formación y reuniones fuera del
horario laboral para coordinar campañas y trasladar directrices de arriba hacia
abajo”, añaden.
Esto se ha agravado en 2017 con la formación que exige la
normativa MiFID II, transposición a una directiva europea que regulará el
asesoramiento, la venta y la gestión de productos financieros. Los empleados
del sector necesitarán una acreditación para informar o asesorar, lo que exige
horas formativas. “Nos consta que, la mayoría de entidades, está manteniendo
conversaciones con la representación legal de los trabajadores con la finalidad
de encontrar soluciones prácticas a una problemática que afecta tanto a los
trabajadores como a las empresas”, sostiene José Luis Martínez Campuzano,
portavoz de la AEB. “Son las instituciones públicas, como el Ministerio de
Empleo, la Seguridad Social o la Inspección de trabajo, quienes deberían
intervenir”, aseveran desde un sindicato.
Disponible en:
No hay comentarios:
Publicar un comentario