Editorial de El Mundo,
12/09/2017.
La Audiencia Nacional imputó ayer a la filial europea del
ICBC (Industrial and Comercial Bank of China) por blanqueo continuado de
capitales procedentes de grupos criminales chinos con actividades en España.
Los hechos investigados revisten especial gravedad en tanto que hablamos de uno
de los mayores bancos del mundo y una de las instituciones más importantes de
la economía china, que además es de propiedad estatal.
Es desalentador comprobar cómo un gigante financiero como el
ICBC, sujeto al control de los supervisores nacionales de los países en los que
opera, así como de sus accionistas y de los reguladores bursátiles, pudo
participar en un escándalo como el que investiga la justicia española. El auto
de la Audiencia afirma que el banco se asentó en Madrid en 2010 con el
propósito de ser un instrumento para el blanqueo de dinero. El capital a
aflorar procedía de un mercado oscuro de exportaciones e importaciones con
China que proporcionaba suntuosos beneficios a grupos criminales.
A la vista de los hechos, es preocupante constatar que una
entidad pueda obtener ficha bancaria en España y operar de este modo en nuestro
mercado sin activar las alarmas. La Audiencia Nacional asegura que en el tiempo
investigado, la entidad no ejecutó ni una sola operación de préstamo o
hipotecas. Lejos de ello, su actividad fundamental fue dar soporte a
investigados en tramas conocidas como la operación Emperador o la operación
Snake.
Estamos ante una investigación que puede tener grandes
repercusiones (no podemos obviar que se trata de un banco estatal) y en la que
hay que llegar hasta el final porque lo sucedido no sólo afecta al
funcionamiento de la banca extranjera en España, también al comercio legal
contra el que han atentado estas mafias.
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