Por Carlos Sánchez
Mato (Responsable
de Políticas Económicas de Izquierda Unida)
Público.es, 15/11/2017.
“Continuaremos la privatización de Bankia cuanto antes”, ha
manifestado el Ministro de Economía Luis de Guindos en referencia a la
reanudación de la desinversión de la entidad por parte del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), entidad propietaria del 67,2% del
capital. El Gobierno se sube encantado a la línea marcada por el Fondo
Monetario Internacional que muestra especial interés por acelerar la salida del
sector público de Bankia.
Parece necesario recordar que fue el Gobierno presidido por
el señor Rajoy el que nacionalizó BFA-Bankia en mayo de 2012 para evitar que
quebrara y, tras salvarla con una enorme cantidad de dinero público, comenzó a
privatizarla. De hecho, el Fondo de Reestructuración Bancaria ya enajenó el
7,5% de Bankia entre inversores institucionales por un importe de 1.300
millones de euros en febrero de 2014. Su intención es seguir desprendiéndose
del resto de las acciones con la excusa
de recuperar el dinero público empleado en evitar la desaparición de la entidad
pero es imprescindible mirar detrás del velo para descubrir quién gana y quién
pierde con la privatización de Bankia. Porque nacionalizarla ha costado 22.424
millones de euros pero las ayudas públicas que Bankia ha recibido y recibe son
muy superiores. Además de ese capital inyectado en la entidad, no se pueden
olvidar que hay otros instrumentos como avales, adquisición de activos por
parte del Sareb (el “banco malo”), compra de títulos, créditos fiscales y
préstamos del Banco Central Europeo (BCE).
Por eso no podemos permitir más trampas. La privatización no
garantizará que el Estado recupere el dinero empleado en sanearla ni tampoco
que se acaben las ayudas públicas, sino que éstas seguirán siendo
imprescindibles para que la entidad sea rentable para sus accionistas. Tampoco
se evitarán nuevos riesgos poniéndola en manos privadas, más bien todo lo
contrario. ¿Y qué volverá a ocurrir si existe quebranto? Pues ya lo sabemos
todos y todas. Que este recaerá sobre las espaldas del pueblo en forma de
rescate de esos que “no costarán ni un euro” y que terminarán siendo abonados
por la gente a través del presupuesto a costa de recortes en servicios
públicos.
Por eso es imprescindible impedir la privatización de
Bankia. Si el Gobierno sigue por el camino trazado, habremos enterrado una
enorme cantidad de dinero público en favor de las élites que terminarán siendo
los accionistas privados que ejercerán el control. Pero hay algo peor:
perderemos la oportunidad de poner una parte de los ahorros de la sociedad al
servicio de un verdadero desarrollo social. Por eso el grupo parlamentario
Unidos Podemos quiere instar, mediante una propuesta de resolución que se
suspendan los planes de desinversión.
Bankia debe constituir, como también defiende la Plataforma por una
Banca Pública, una entidad pública de carácter estatal, cuya gestión esté
participada por el Estado, las comunidades y los ayuntamientos, bajo unas
normas de gestión democráticas y transparentes, que sea un servicio público
vinculado a las políticas económicas y sociales de las administraciones
públicas. De esta forma sería posible que la gestión de los ahorros de la
sociedad depositados en estas entidades esté dirigida a la atención de las
necesidades sociales, el desarrollo de unos servicios públicos de calidad y de un
sector público productivo con el objetivo fundamentalmente puesto en la
creación de empleo.
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