Por Íñigo de Barrón
El País, 15/11/17.
El secretario de la Asociación de Inspectores del Banco de
España, José Antonio Delgado Manzanares, ha lanzado en el Congreso de los
Diputados la crítica más dura conocida hasta ahora a la actuación del Banco de
España y ha extendido al BCE buena parte de los males. A lo largo de su discurso
en la comisión de investigación de la crisis financiera, Delgado apuntó entre
las responsabilidades del Banco de España "la captura del supervisor ante
la influencia de las propias entidades supervisadas" que se ha traducido
en "apartar de la inspección de determinadas entidades a los que
destapaban irregularidades".
Además, apuntó que en la época de las fusiones, el
supervisor permitió que casi todas las cajas presentaran "beneficios
ficticios" aunque tenían "pérdidas millonarias que les hubieran impedido"
realizar las uniones. "El Banco de España tenía las herramientas para
haber frenado la crisis, pero no lo quiso hacer", aseguró. Además, recordó
que el Banco Popular ha quedado en manos del Santander sin "informe de
inspección, solo con "un informe de una firma privada de auditoría".
La gravedad de las acusaciones de la Asociación de
Inspectores del Banco de España se basa en que representa a la mayoría de este
cuerpo y que lleva más de 10 años realizando advertencias de extrema gravedad
sobre las deficiencias en la supervisión, antes del estallido de la crisis. Al
inicio de su discurso dijo que era necesario "mirar hacia el futuro,
analizando con rigor las medidas que se precisan para que no se vuelvan a cometer
los mismos errores que han provocado devastadoras consecuencias para miles de
ciudadanos". Dijo que no querían hacer "una enmienda a la totalidad
de la actuación del Banco de España", aunque a continuación describió una
actuación irresponsable y cercana al delito.
Arrancó su mensaje afirmando que "los gestores han sido
los principales responsables de la crisis" y que deberían estar
"inhabilitados para ejercer cualquier función similar en el futuro",
pero lamentó que el Banco de España solo haya buscado castigos vía penal
"sin incoar expedientes sancionadores".
Pero las cargas de profundidad llegaron después. Comentó que
uno de "los temas más relevantes es la captura del supervisor ante la
influencia de las propias entidades supervisadas. La influencia de la industria
ha ido modulando la supervisión, de modo que con un supuesto buen clima de
diálogo, se ha ido relajando la aplicación de medidas correctivas sobre las
deficiencias observadas y se sustituyen actas de inspección por
recomendaciones".
Incluso afirmó que "esta negativa influencia de las
entidades en el supervisor es una de las causas (no la única) que explica"
la crisis "y que, lamentablemente, seguimos teniendo que denunciar en el
marco del Mecanismo Único de Supervisión", dependiente del BCE. "Se
aparta de la inspección de determinadas entidades a compañeros que destapan
irregularidades, deficiencias o déficits patrimoniales en dichas entidades que
se tratan de minimizar o de ocultar".
En resumen, afirmó, "se ha actuado de un modo excesivamente
suave con infracciones que podrían tipificarse de muy graves, que afectaban a
la solvencia y a la gestión; se ha sido laxo con las remuneraciones
estratosféricas de los gestores, sobre todo de cajas, muchas de las cuales han
sido nacionalizadas y sus directivos condenados penalmente".
Y lo más grave es que aclaró que esta situación "no
tiene visos de revertir en la actualidad por el proceso de concentración del
sistema financiero que convierte en sistémicas a las entidades, lo que, además
de hacer más difícil su control, implica un daño que puede causar una crisis
que crece exponencialmente, lo que implica que el poder de influencia de las
entidades sobre el supervisor se multiplica cuando la situación es saneada... y
también cuando no lo es".
La regulación en la
sombra
Según Delgado, la base de muchos problemas viene porque el
Banco de España realizaba "interpretaciones de la normativa, que en
realidad suponía no aplicar la normativa. Se mantuvo una especie de regulación
paralela, en la sombra, carente de base legal". Esta actitud permitió
desde 2010, se permitió que las pérdidas se cargaran contra los recursos
propios y no contra la cuenta de resultados. La consecuencia fue, en opinión
del secretario de la Asociación de Inspectores, que se evitó que "todas
las cajas que participaron en los SIP (fusiones frías) habrían declarado
pérdidas millonarias, que hubieran impedido las fusiones". En su opinión,
se hizo para evitar su intervención. Negó que el efecto de esta medida fuera
neutro, como han declarado los gobernadores del Banco de España que han
declarado con anterioridad en esta comisión.
Declarar los
"beneficios contables ficticios, que no eran reales, les permitió declarar
beneficios, pagar la obra social, intereses a los preferentistas y lo que es
más escandaloso, pagar bonus a los directivos y empleados de entidades en
crisis y con ayudas públicas". "Este quebranto supuso cargar contra
reservas 450 millones, de los que 110 millones fueron bonus", cantidad que
comparó con los 15 millones de las tarjetas black.
Delgado recordó que ha sido el FROB y los actuales gestores
los que han llevado a la Fiscalía a los gestores "y no nuestra casa".
Cargó con dureza contra las auditorías: "Ni una sola auditoría de las
entidades en crisis presentó un informe con salvedades", recordó. Este
asunto también se ha dado ahora con la quiebra del Popular. "No se ha
requerido un informe de inspección sobre la crisis del Popular. No se han hecho
los informes de fusión que consideramos imprescindibles. ¿Es admisible que una
decisión tan grave", en referencia a su liquidación, "sobre entidad
supervisada, se adopte basándose el informe de una firma privada de auditoría,
que además está oculto?", se preguntó. Y cuestionó, entonces, la utilidad
de la inspección del Banco de España y del BCE.
En las respuestas a los diputados, Delgado fue más lejos y
afirmó que un responsable de inspección del Popular, Ignacio Pardo, tuvo
problemas porque reflejó problemas en sus informes sobre el banco, "que
después no llegaban a los de arriba". El ponente dijo haber sufrido
represalias personalmente por parte de Margarita Delgado, antes responsable de
la supervisión en el Banco de España y ahora en el BCE, "por no ser
flexible y me apartaron de la inspección de Liberbank". Incluso comentó
que se elevó su caso a Ramón Quintana, también algo cargo en España y ahora
director general del MUS en Frankfort, "que no hizo nada".
Nueva regulación de
la inspección
Para evitar todos estos problemas, Delgado propuso a los
diputados el establecimiento de un marco regulatorio que garantice la
independencia de los inspectores, al tiempo que destacó la necesidad de una
revisión "con profundidad" del estatuto de la institución en materia
de supervisión.
"El punto de partida debe ser dotar a la función inspectora
de un adecuado marco regulatorio que garantice la independencia", afirmó
Delgado. Según explicó, entre los principios básicos debería encontrarse la
recuperación del "papel básico" del inspector, así como la
obligatoriedad de realizar un informe previo de inspección en los
procedimientos en los que se ejerzan potestades administrativas.
Además, destacó la necesidad de que exista un sistema de
acceso que "garantice la independencia" de los inspectores. "Se
debe potenciar el sistema de oposición como fórmula de entrada en la
inspección", señaló Delgado. El secretario de la Asociación de Inspectores
ha mostrado la "gran preocupación" de la misma por los cambios
introducidos en esta materia por la comisión ejecutiva de la institución, como
la mayor valoración de la "flexibilidad" del candidato.
"La flexibilidad malentendida ha sido una de las
principales razones que nos han llevado a la crisis", ha señalado, y ha
añadido que desde la asociación no entienden por qué estos cambios han sido
introducidos "con tanta urgencia" en la fase final del mandato de la
comisión. Delgado ha pedido "que se convoquen las plazas como
tradicionalmente se ha hecho" con el objetivo de proporcionar un
"máximo respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad".
Además, ha pedido que en ese marco regulatorio se regule la
coordinación de la institución con los órganos jurisdiccionales, para que los
inspectores puedan colaborar con la justicia "con las máximas
garantías".
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