Por Eduardo Bayona
Público.es,
02/02/2018.
¿Banco Popular tenía un problema de liquidez o estaba en
quiebra? ¿Resulta coherente liquidar una entidad financiera que los auditores
consideran viable con una inyección de 2.000 millones tras destinar al rescate
del sector 56.865 millones de los que se dan por perdidos 42.590 millones? ¿Y
cargar las pérdidas a los accionistas, mayoritariamente pequeños ahorradores,
que han visto volatilizarse sus inversiones?
El informe de auditoría realizado por Deloitte para la Junta
Única de Resolución (JUR) de la Comisión Europea, y que esta ha hecho público
este viernes, ha aumentado las dudas sobre la decisión del Ministerio de
Economía y la UE y ha mantenido las que existían sobre las valoraciones en las
que ambos organismos se apoyaron para tomarla.
El dictamen concluye que, en el peor de los casos, el
agujero de Popular alcanzaba los 8.200 millones de euros, aunque plantea dos
escenarios que apuntan a que era viable: en la “mejor estimación”, una
inyección de 2.000 millones, que es menos de lo que perdieron los accionistas
con la resolución ya que solo la última ampliación de capital alcanzó los
2.505, habría permitido salvarlo, mientras que la más favorable le asigna un
negocio potencial de 1.300.
Sin embargo, Economía y la JUR optaron por liquidarlo y
vendérselo al Banco Santander por un euro, algo que ha generado un aluvión de
procesos judiciales. Y que ya antes había levantado críticas como las de la
Asociación de Inspectores y Auditores Informáticos del Banco de España,
estupefacta ante la amplitud de las conclusiones y para la que resultaba
“difícil de aceptar que hoy en día cualquier entidad financiera, por grande que
sea, pueda verse abocada a la quiebra por un problema estrictamente de
liquidez".
Deloitte, no obstante, incluye en su informe dos datos de
calado susceptibles de afectar tanto a la calidad del informe como a las
decisiones tomadas a partir de él: tuvo que realizarlo en un plazo
“extremadamente corto”, solo dispuso de doce días desde que pudo acceder a
“información relevante” cuando lo normal es tener seis semanas y, además, no
tuvo acceso a "cierta información crítica". En ese sentido, advierte
del "alto grado de incertidumbre" d el informe, al que califica de
"provisional".
Un agujero que se
duplica según el escenario
El informe de Deloitte plantea tres escenarios sobre la
situación del banco (“mejor caso”, “peor caso” y “mejor estimación”) que sitúan
el agujero de Santander en una horquilla de 11.800 a 20.600 millones de euros.
Las valoraciones son similares en cuatro apartados, aunque la horquilla se
amplía de manera espectacular en otros dos.
Así, las pérdidas por activos inmobiliarios oscilarían,
entre 2.600 y 3.400; los impuestos pendientes, entre 2.700 y 3.000; los
intangibles, que incluyen el software y la propia marca, entre 2.200 y 2.500, y
las pérdidas del negocio, entre 400 y 500.
Sin embargo, el abanico de valoraciones se abre en tres
apartados directamente relacionados con el negocio inmobiliario: el agujero por
préstamos y las deudas pendientes de cobro se situaría entre 2.700 y 7.000
(3.500 en la “mejor estimación”) mientras la suma de las contingencias legales,
vinculadas a las perspectivas de condenas por cláusulas suelo y los bonos
convertibles entre otras, y de las derivadas del grupo empresarial y las joint
ventures arrojaría, según el caso, números rojos de 1.200 y 2.700 y 4.100.
Tres conclusiones con
9.500 millones de diferencia
A partir de ahí, y valorando en 10.800 millones los activos
al cierre del mes de marzo, Deloitte estima los descuadres, según el escenario,
en mil millones de euros o 9.800, para los casos extremos, y en 3.900 para la
“mejor estimación”.
A esta cifra le restan los auditores unos posibles “ahorros
de costes” que, una vez imputado el gasto necesario para ejecutarlos, irían de
1.600 a 2.300 millones.
Y eso, tras omitir por no estar cuantificadas “otras fuentes
de ajustes de valor, como revisiones de contratos y mejoras, le lleva a valorar
el agujero más probable en 2.000 millones de euros, mientras los casos extremos
darían 8.200 en números rojos o 1.300 en color negro.
La censura del Banco
Central Europeo
Los apartados referentes al grupo empresarial y las ‘joint
ventures’ aparecen censurados en el balance, lo mismo que numerosos pasajes de
la documentación hecha pública por la JUR.
La censura ha sido impuesta por el Banco Central Europeo
(BCE), que ha impedido a la JUR publicar los datos referentes a la fuga de
depósitos de Popular y a la inyección de liquidez de emergencia que recibió del
propio BCE la víspera de su resolución, informa Europa Press.
Deloitte desglosa las pérdidas en 785 millones por el Wizink
(banca electrónica), 142 por la inmobiliaria Aliseda, 403 en su división de
seguros (con Allianz), 106 en el Grupo Financiero Ve por Más y 88 en Targobank,
lo que da un total de 1.524.
“Con una inyección de
dinero habría podido seguir”
Una parte de ese agujero fue enjugada por Santander, que
tras hacerse con Popular cerró operaciones iniciadas por esta como colocar el
51% de las acciones de Aliseda, cuyos activos gestionará Blackstone en sociedad
con el banco de los Botín, o la venta por 497 millones de la participación en
TotalBank, transacciones que habrían modificado la valoración del banco
liquidado. Paralelamente, los auditores asignan un precio de venta de entre 119
y 150 millones a Popular Banca Privada y otro de 39 a su filial de Servicios
Financieros.
Popular declaró unas pérdidas de 12.218 millones al cierre
del primer semestre, una vez cerrada la resolución y su traspaso al Santander,
el cual, no obstante, palió ese agujero en apenas cuatro meses: a los 5.226
millones en deducciones fiscales que recibió con la compra se le suman los
7.702 que obtuvo en la ampliación de capital que lanzó para financiar la
operación y, también, las operaciones de TotalBank y Aliseda, en la que espera
obtener ingresos con la comercialización de pisos, casas y naves valorados en
10.000 millones y que antes habían estado anotados en el balance por 30.000.
“Es agua pasada. Preferiríamos que hubiera seguido como un
banco independiente, pero ahora ya no hay nada que hacer”, señala Joan Sierra,
responsable de la federación de Banca de CCOO.
“Popular tenía mal resuelto el problema de la liquidez, pero
creemos que con una inyección de dinero habría podido seguir adelante”, añade,
mientras recuerda las “importantes retiradas de dinero de entidades públicas”
que se dieron en vísperas de la intervención.
El informe de Deloitte califica de “significativa” la salida
de depósitos, aunque no da ninguna cifra al respecto y mantiene posteriormente
información oculta. También apunta que la posición de liquidez de Popular se
deterioró significativamente a partir de octubre de 2016.
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